Sobre qué Eugenia ha hablado.

Señor presidente, señora comisaria, no cabe duda de que esta ha sido la legislatura de las mujeres. Hemos ratificado el Convenio de Estambul, hemos reclamado la violencia de género como eurodelito, la reforma de los Tratados para incorporar los derechos sexuales y reproductivos y la violencia de género o la inclusión del aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Acabamos de aprobar la modificación de la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y mañana será el turno de la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. No podíamos continuar con datos insuficientes, sin tipos penales homogéneos o herramientas comunes para prevenir, proteger y apoyar a las víctimas. La violación queda fuera de la parte penal, no así de la parte preventiva y de apoyo a las víctimas, porque Francia y Alemania nos han querido vender como problema jurídico lo que no es sino una incoherencia, una arbitrariedad y una gran falta de compromiso con mujeres y niñas. Pero es solo cuestión de tiempo. Dejamos una Europa más feminista y esa semilla acabará dando sus frutos. Esta Directiva cambiará la vida de millones de víctimas, frenará el negacionismo de género e impedirá las regresiones con las que algunos sueñan. Hoy estamos salvando la vida y cuidando la salud de todas las mujeres europeas. Y podemos estar orgullosas. Gracias, compañeras. Viva el feminismo.

Señor presidente, ya se ha dicho aquí: cuando hablamos de trata, la mayoría de la gente suele pensar en víctimas de explotación sexual porque son la mayoría. Buena parte de ellas son mujeres y niñas. También se piensa en aquellas a las que se obliga a cometer actos delictivos o de mendicidad porque son más visibles. Pero no olvidemos que esta Directiva persigue también la explotación laboral, que se practica a veces en los mismísimos salones de las casas o en los negocios propios. Hay internas esclavizadas que han sido literalmente secuestradas, encerradas sin documentación y sin cobrar salario alguno con la idea de que bastaba darles cama y comida como si fueran mascotas. Hablamos también de temporeras que han sufrido trabajos forzosos en el campo y que, en muchos casos, han sido objeto —además— de violencia sexual. Se trata de gente de cuya situación irregular se saca provecho económico y con la que se mercadea como si fuera un despojo. Hay miles de personas sometidas a un permanente círculo de violencia sexual o laboral, deshumanizadas y cosificadas, convertidas en una mercancía segura y perdurable. En fin, está claro que el egoísmo y la codicia alimentan la crueldad, la cultura predatoria y esclavista. Y eso no se frena solo con una ley, por más integral que sea. Hay que dotarse de una sólida arquitectura legislativa. Por eso es tan importante que esta Directiva se contemple en conexión con la Directiva sobre la lucha contra la violencia, con el Convenio de Estambul o con el Convenio 190 de la OIT —por ejemplo—, en los que también hemos trabajado en estos años. Aunque a veces es difícil, hay que seguir creyendo en la humanidad para salvarla. Y yo confío en que mañana daremos un paso en la dirección correcta. No habría mejor broche para poner fin a esta legislatura. El mundo podría ser un poco mejor a partir de mañana. Gracias otra vez, señora comisaria. Gracias, Malin. Gracias a todas las ponentes alternativas. Espero de verdad que mañana todo empiece de nuevo.

Señora presidenta, han pasado doce años desde que se aprobó la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, y había que reformarla porque la trata se hacía cada vez más sofisticada y nuestros medios para combatirla eran cada vez más rudimentarios, ineficaces para detectar y perseguir la barbarie, identificar a las víctimas, protegerlas, apoyarlas y repararlas. Ni siquiera hemos logrado disminuir la demanda. Así que la Comisión decidió hacernos una propuesta que nosotras —creo— hemos mejorado con audacia y ambición. Logramos el apoyo de una amplia mayoría de las dos comisiones implicadas y nos hemos guiado por este fuerte mandato. La muestra es que el texto que vamos a votar en este Pleno lleva su sello y su rúbrica. Al matrimonio forzado y la adopción ilegal que la Comisión incorporaba como formas de trata, nosotras hemos conseguido sumar la gestación subrogada cuando se cumplen los requisitos del tipo penal de la trata. No vamos a negar que eso exigió un esfuerzo de pedagogía, pero esta forma de explotación reproductiva se va a perseguir en Europa. En España, una pareja violó a una migrante extremadamente vulnerable para que se quedara embarazada a cambio de 20 000 EUR porque la inseminación artificial era más cara. La Fiscalía entendía que era un caso de trata, pero tenía dificultades para encajar la conducta en la gestación subrogada. Se pagaba por violar y robar un bebé. La trata es tortura y la tortura no es solo patrimonio de los Estados. El Parlamento ha incorporado también la dimensión en línea: ofertas engañosas, ignorancia, coacción, necesidades económicas, etc., que ahora se convierten en un negocio digital que hay que erradicar. Y la difusión no consentida de imágenes, vídeos o material similar de naturaleza sexual agravará las penas. El Consejo se opuso a las sanciones obligatorias para las personas jurídicas que se benefician de la trata, pero gracias al trabajo de este Parlamento se fortaleció su exclusión de los procedimientos de licitación, subvenciones, concesiones y licencias. Y se acabaron los permisos y las autorizaciones. Que tomen nota los clubs de alterne, los prostíbulos en los que no se cumple con la legalidad. Los hay por doquier, y buena parte de ellos son agujeros negros en los que no se distinguen unos servicios sexuales de otros, ni quién los presta, ni en qué condiciones. Sabemos que hay personas que no están allí porque quieren. Y no olviden que —según esta Directiva— si se solicitan los servicios sexuales de esas personas sabiendo que son víctimas de trata, se está cometiendo un delito. Es algo que hay que tener presente, por ejemplo, si se está frente a una niña. El Parlamento amplió también el principio de no enjuiciamiento ni imposición de penas a las víctimas por su participación en actividades criminales incorporando otras actividades ilícitas. Si te pagan 4 000 EUR por transportar droga, eres víctima de trata, pero si te obligan a prostituirte en la calle, también lo eres. No puedes sufrir una sanción de 30 000 EUR que, además, incremente la deuda que tienes con tu proxeneta, como sucede en España con la ley mordaza. Si hay algo grave en Derecho sancionatorio es confundir víctimas y victimarios, perder de vista que el victimario es el que debe pagar por lo que hace y la víctima la que debe ser compensada por lo que sufre. Esta Directiva plantea que la asistencia y el apoyo a las víctimas sean siempre especializados y se ofrezcan con un enfoque de género, infancia, discapacidad y centrados en quien lo necesita. Y, si hay discriminación interseccional, exige redoblar los esfuerzos. Pero está claro que no vamos sobrados de capacitación y sensibilidad. La impunidad de la que gozan los proxenetas y los tratantes tiene que ver también con el modo en que los hemos normalizado, por ignorancia o mala fe, y con la xenofobia y el racismo. Por eso había que cambiar el trato que se le ha venido dando a quienes necesitan protección internacional. Las fronteras son un limbo si hablamos de derechos humanos, un nicho para cazar a personas mercancía y un auténtico negocio de la muerte. Poco se puede hacer contra la trata si no se respeta el derecho de asilo y refugio. Las instituciones han estado demasiado ausentes por demasiado tiempo. Por eso, hemos creado la figura del coordinador nacional contra la trata y podrán establecerse organismos independientes que monitoreen la implementación y el impacto de esta Directiva. Los planes nacionales serán obligatorios, y se acabó aquello de no saber nada. Habrá estadísticas para evaluar si la lucha contra la trata está funcionando o no. Así que creo, querida Malin, que hemos hecho un buen trabajo del que podemos estar orgullosas. Y a nuestras queridas ponentes alternativas, muchísimas gracias.

Señor presidente, en lo que se refiere al derecho al aborto, la Unión Europea tiene una deuda pendiente con las mujeres. Porque se sigue tolerando a quienes se escudan en competencias estatales en materia de salud para obstaculizar el acceso al aborto legal y seguro, retrasar su ejercicio o promover cazas de brujas; a quienes, en su férrea defensa de la vida del no nacido, apoyan prácticas que constituyen tortura y tratos inhumanos y degradantes. Y ya sabemos que tras esa defensa lo que se esconde realmente es la sacralidad de la familia convencional, donde papá es el propietario y mamá la propiedad. Se acabaron las medias tintas. Hay que incorporar el derecho al aborto a la Carta de los Derechos Fundamentales como un derecho autónomo vinculado a la vida y a la dignidad. Y los Estados tienen que constitucionalizarlo. Ahí está el aviso a navegantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con las políticas antiabortistas de Polonia. Por Izabela, por Dorota, por Justyna, por Andrea, por Antonia. Por las que ya no están. Por ellas, por nosotras y por las que vendrán.

–Señor presidente, señor comisario, le pese a quien le pese, durante los últimos cuatro años hemos visto que hay vida más allá de los dogmas neoliberales. Frente a la austeridad y sus graves consecuencias sociales, la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ofreció oxígeno a nuestros Gobiernos para poder amortiguar las consecuencias de las sucesivas crisis. Y, sin embargo, hoy constatamos que, a pesar de que la excepcionalidad se cronifica y de que las necesidades de inversión se multiplican, la Unión Europea ha decidido regresar a la cantinela de siempre. Ha vuelto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y nos ofrecen un nuevo marco económico de gobernanza que no es más que el mismo perro con diferente collar. Por supuesto que apoyamos reformar el Semestre para que integre los principios del pilar social y evalúe los riesgos para la convergencia social. Pero precisamente por eso, insistimos en que, sin una transformación radical de las reglas de gobernanza económica, ese mecanismo seguirá siendo el palo con el que disciplinar a nuestras sociedades y tensionar nuestras democracias. Es evidente que no aprendemos de nuestros errores.

Señor presidente, señores del Partido Popular, me temo que han elegido un mal día para este debate, aunque para ustedes ninguno hubiera sido bueno: casos Bárcenas, Gürtel, Púnica, Palma Arena, Lezo, Erial, Kitchen, Taula, Tandem... Se me acaba el minuto. Hoy tienen en Madrid a la señora Díaz Ayuso, que es un auténtico prodigio: su padre, su madre, su hermano y ahora su novio se han visto envueltos en irregularidades relacionadas con la Administración que ella misma preside. ¿Van ustedes a cuestionarla? Está claro que la pandemia fue un desastre para todos y un botín para unos pocos. Pero ¿por qué el Partido Popular rechaza una comisión en el Congreso que investigue todos los casos? ¿Y para qué los traen a un Parlamento desde el que no se puede hacer nada? Miren: corruptos fuera. Ni unos ni otros, ni escaños para protegerse, ni jueces a su servicio, ni indultos de amiguetes. Organismos independientes y mecanismos que controlen la contratación pública y el uso de los fondos europeos. Investigación, juicios y leyes exigentes que se apliquen con contundencia. Y háganse un favor: desháganse de sus golfos, sus chorizos y sus saqueadores.

Señor presidente, señora comisaria, en Europa la mayor parte de quienes sufren violencia y acoso en el trabajo son mujeres. Trabajan en el sector servicios o en sectores informales, tienen un contrato precario, son migrantes, se postulan a un empleo o son aprendices. Es decir, son vulnerables por razón de sexo, clase social o procedencia. Si eres mujer, al abuso laboral tienes que sumar el sexual. Si, además, eres pobre y migrante, trabajar puede suponer un calvario. El 55 % de las mujeres en la Unión Europea han sido acosadas sexualmente y en el 32 % de esos casos el acosador era su jefe, un colega o un cliente. Aunque no solo hay abuso de poder. El acoso se da también en las relaciones horizontales, incluso en las que consideramos privadas o íntimas. Por eso el Convenio n.° 190 es tan ambicioso. Protege a quienes trabajan, pero también a quienes buscan trabajo o han sido despedidos en el sector público, privado, informal, rural o urbano. Amplía el acoso a todas las relaciones, a las reuniones fuera de la oficina, los viajes de trabajo, los cursos de formación laboral o las comunicaciones digitales y entra hasta el salón mismo de nuestras casas. Hoy tenemos que dar las gracias a las miles de mujeres, actrices, deportistas, empleadas de hogar, trabajadoras agrícolas o de hoteles que, desde 2017, han ocupado el espacio público a escala planetaria para gritar «se acabó». En España, «se acabó» en el fútbol femenino —gracias, querida Jenni Hermoso— y ahora le ha tocado al cine. Jefes, compañeros, colegas, señores diputados..., no somos vuestras sirvientas y ya no os tenemos miedo. Hoy en Europa también «se acabó».

Señor presidente, me temo que los acuerdos con Chile pecan de los mismos defectos que el resto de los tratados de libre comercio que conocemos: socialización de pérdidas y privatización de beneficios tanto allí como aquí. A uno y otro lado del océano, los perdedores y los ganadores son los de siempre porque se priorizan inversiones y flujos comerciales extractivistas que vulneran derechos sociales y ambientales en un sitio y hunden los precios en el otro. Nos lo están diciendo los agricultores. Con estos acuerdos ganan sobre todo los oligopolios, a costa de los pequeños y medianos productores, y se estimulan prácticas especulativas. Con Chile se ha hablado mucho de cláusulas espejo y capítulos de sostenibilidad, pero esos capítulos no son vinculantes y quedan postergados a perpetuidad. Si no se garantizan normas idénticas en las importaciones, seguirá habiendo dumping, explotación laboral y ambiental y un consumo barato que se apoya en la pobreza y las desventajas que sufren otros. Vamos a votar en contra de estos acuerdos porque sé que se han trabajado pero, aún modernizados, me temo que seguirán haciendo más pobres a los pobres y más ricos a los ricos.

Señor presidente, con el sistema de indicaciones geográficas, nuestros agricultores pueden apostar por productos de calidad y obtener un precio más justo por ellos, mejorando su posición en la cadena de valor. No es que esto solucione todas las demandas del campo, pero, frente a la idea de la agricultura como una simple industria extractiva, favorece a la agricultura familiar y social y le ofrece herramientas para resistir al expolio de los fondos de inversión. La reforma que hoy aprobamos refuerza, además, el papel de las agrupaciones de productores, mejora los mecanismos de protección y garantiza que la del vino siga siendo una política agraria en el marco de la PAC. En España, gracias a las denominaciones de origen, hay bodegas pequeñas arraigadas en el territorio que generan empleo, se adaptan al entorno y lo conservan. Las indicaciones geográficas no son esos derechos de propiedad intelectual con los que cada uno se apropia de lo que produce: porque no solo valoran el producto, sino la forma de producirlo, que por su carácter muchas veces tradicional y situado, entronca con el saber colectivo de las zonas rurales. La supervivencia del campo depende también de la sabiduría de quienes lo viven y lo trabajan. Es verdad que, en esta reforma, las medidas de sostenibilidad no son las que marcaba la Estrategia «De la Granja a la Mesa», porque algunos siguen empeñados en confrontar al campo con la conservación del suelo, el agua, los nutrientes y la biodiversidad. Pero, a pesar de eso, hemos dado un paso adelante en favor de los agricultores. Confiemos en que otros puedan hacer mañana lo que hoy no hemos podido lograr.

Señor presidente, estamos ante la última Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de nuestro mandato y el tema no puede ser más apropiado considerando los tiempos que corren: brecha salarial, de pensiones, de cuidados; violencias machistas; privatización de los servicios más básicos; cambio climático; crisis energética; discriminación interseccional; obstáculos para acceder a los derechos sexuales y reproductivos; tratados de libre comercio con consecuencias nefastas para la vida de millones de mujeres y niñas y un largo etcétera. Las causas y consecuencias de la feminización de la pobreza están más que claras y, huelga decirlo, no se resuelven con medidas puntuales y descontextualizadas. Estamos en lo de siempre: no necesitamos inventar la rueda; lo que hace falta es voluntad política para, entre otras cosas, avanzar en el pilar social europeo con medidas de corte feminista; contar con unos presupuestos de la Unión Europea que incorporen con seriedad la perspectiva de género; priorizar las inversiones en infraestructuras sociales y fortalecer los servicios públicos; avanzar en la estrategia de cuidados; contar con una política exterior feminista ambiciosa que nada tiene que ver con la política de la guerra o el cierre de fronteras; implementar la Directiva de transparencia salarial y de conciliación y —si todo sale bien—, en las próximas semanas, la de trata y violencia de género. Y en esta agenda los que sobran son los negacionistas de la violencia de género y del cambio climático, que no quieren entender las razones por las que las mujeres somos más pobres. Ojalá en esta CSW se abran nuevos horizontes de libertad e igualdad para mujeres y niñas en todo el mundo.

Señor presidente, España es el segundo país europeo con mayor estrés hídrico. El 75 % de nuestro territorio está amenazado de desertificación y el 44 % de nuestros acuíferos degradados por sobreexplotación o contaminación. Sufrimos una sequía de larga duración desde diciembre de 2022. Hoy Cataluña atraviesa la peor sequía jamás registrada tras cuarenta meses seguidos sin apenas lluvias y regiones como Andalucía o Extremadura —que es mi casa— transitan una senda similar. Tenemos que adoptar medidas que vayan más allá de la eficiencia, el ahorro y las nuevas infraestructuras. Y, sobre todo, no podemos pedir a la gente que consuma menos agua y a los agricultores que pierdan sus cosechas mientras se privatiza el agua, proliferan el regadío y los cultivos intensivos, se permiten los pozos ilegales y se apuesta por minas de litio que desertifican el territorio. Queremos una estrategia europea que cambie el modelo productivo y garantice el derecho humano al agua. En fin, echarle un poquito de ganas, coherencia y sentido común, porque la gente está harta ya de inflar los bolsillos de quienes nos dejan sin recursos. No me extraña que muchos agricultores estén hoy bloqueando las calles con sus tractores.

Señor presidente, diez años después de la aprobación de la Directiva sobre contratación pública, sabemos que prácticamente la mitad de los procedimientos de licitación en la Unión Europea se siguen resolviendo exclusivamente sobre la base del precio. Cuando se introducen criterios de sostenibilidad, su contenido está limitado por la interpretación que se hace de la libre competencia y, además, como tienen que estar vinculados al objeto del contrato, se excluyen cláusulas generales sobre derechos humanos, derechos de los trabajadores o de las mujeres. Vaya..., que es fácil boicotear la Directiva por la puerta de atrás, obviando que el dumping social también es una forma de competencia desleal. Hablamos de un instrumento que representa casi el 15 % del PIB europeo, así que ya va siendo hora de asumir la necesidad de su reforma, señor comisario, y de reconocer que, sin la imposición de obligaciones, no va a cambiar nada y que muchos otros objetivos de esa Europa social que con tanto boato se pregona —como la tasa de cobertura de la negociación colectiva, por ejemplo— no son más que eslóganes vacíos si no contamos con instrumentos que los hagan efectivos.

Señora presidenta, bienvenido, señor presidente Sánchez, las expectativas sobre esta Presidencia eran enormes y se ha vivido como una oportunidad para el progreso social, a pesar de que las derechas «muchoespañolas» de esta Cámara la hayan intentado boicotear. Hoy hacemos balance y Europa es más social, verde y feminista de lo que era. Se ha fomentado el diálogo social, la democracia en el trabajo, la seguridad y la salud laboral, los cuidados, la Ley de Restauración de la Naturaleza o la negociación colectiva verde. Claro que siempre se puede ir más allá. Nos llevamos el Convenio n.º 190 de la OIT, pero podríamos dejar debilitada la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres si no incorporamos el «sí es sí». El énfasis en las autonomías estratégicas se ha hecho depender en exceso de acuerdos comerciales cuestionables como el de Mercosur, y la urgencia por avanzar en el Pacto sobre Migración puede poner en peligro el derecho de asilo. Se ha pactado la reforma del mercado eléctrico que impulsa las renovables, pero corremos serios riesgos de sustituir minas de carbón por minas de litio o campos fértiles por megaparques solares. Con todo, podemos estar orgullosos. En España y en Europa, a las derechas solo se las combate con políticas sociales. El ruido no mejora la vida de nadie.

Señor presidente, queremos vivir mejor, con seguridad y salud en el trabajo, pero también con tiempo para cuidar, conciliar y ganar autonomía. Las transformaciones tecnológicas no pueden servir para camuflar nuevas formas de explotación: horarios maratonianos, casas convertidas en fábricas, presión continua, estrés, ansiedad, abandono, soledad. El compromiso de la Comisión es bienvenido, pero tiene que presentar cuanto antes una propuesta de Directiva sobre teletrabajo y derecho a la desconexión que permita superar el bloqueo al que nos ha abocado una patronal estrecha de miras; una propuesta que reconozca la naturaleza voluntaria y reversible del teletrabajo y que garantice la igualdad en las condiciones laborales, la prevención de los riesgos para la salud mental y la protección del derecho a la vida privada. Y, con más razón y celeridad, debería facilitar la aplicación del acuerdo sectorial de administraciones públicas, que lleva un año congelado, adoptando las correspondientes iniciativas legislativas. Para que el trabajo no sea alienante, sino una fuente de emancipación, hay que trabajar menos. Necesitamos tiempo para ser libres, no para seguir siendo siervos y esclavos de unos pocos. Y la tecnología tiene que ayudarnos a lograrlo, por más que la patronal quiera seguir abundando en los esquemas laborales del siglo XIX.

Señor presidente, hoy celebramos el último Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de este mandato y tengo sentimientos encontrados. Desde la Comisión de Derechos de las Mujeres hemos hecho un esfuerzo ímprobo por sancionar a los maltratadores y proteger a las víctimas, pero, a pesar de nuestra insistencia, no hemos logrado, por ejemplo, que se tramitase la incorporación de la violencia de género como eurodelito y eso ha lastrado, en parte, a la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres que tenemos entre manos, Directiva que, aun con sus limitaciones, tenemos que sacar adelante. ¿Cómo puede ser que tengamos Estados que se resistan todavía a incorporar la violación como tipo penal? No podemos permitirnos una Directiva que esté por debajo de los estándares del Convenio de Estambul. Si hay relaciones sexuales sin consentimiento, hay violación. ¿Qué parte no se ha entendido? Sí es sí. Es simple. Estamos modificando también la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata porque sabemos que apenas se sanciona a los tratantes y no se repara a las víctimas. Y resulta que las resistencias persisten. Las mujeres tenemos que lidiar a diario con la misoginia y el negacionismo de la extrema derecha, sus aliados y sus numerosos amigos. Y es una terrible señal que tengan cada vez más presencia en las instituciones. En España, Vox ha ordenado a sus concejales que revienten los actos institucionales por el 25-N. ¿Cómo puede permitirse semejante pedagogía de la crueldad y la psicopatía? Aterra esa indiferencia selectiva frente a los asesinatos. Nosotras sabemos que nuestras conquistas son precarias, pero ellos han de saber que hemos sobrevivido ya a muchos retrocesos y que somos el motor de la historia. ¡Aquí estamos las feministas!

. – Señor presidente, tercera entrega de la parodia que lleva representando el Partido Popular en esta Cámara desde el principio de la legislatura. Lleva por título: «España se rompe y el Gobierno es ilegítimo, salvo que sea el mío». Sonroja, avergüenza y apena, pero ya no sorprende. Señorías del Partido Popular, retengan esta idea: España sería Polonia si ustedes gobernaran, pero no gobiernan. Controlen sus frustraciones y aprendan a perder. La amnistía es un mecanismo extraordinario, pero no es ajeno a nuestra tradición jurídica. Está plenamente normalizada en Europa y avalada por sus tribunales, y en España se utiliza desde hace más de un siglo. Se adapta a nuestro sistema constitucional y en nuestra democracia se inició con la amnistía de 1977, refrendada por los tribunales. Claro que a ustedes no les gustó la Constitución, ni tampoco esa amnistía. Les gustan más las amnistías fiscales o los indultos masivos sin control parlamentario. Recuerden que, en un solo Consejo de Ministros, el señor Aznar indultó a 1 400 personas, más de las que podría amnistiar ahora una ley que exigiría amplísimas mayorías. Por cierto, han indultado ustedes delitos abyectos. Esta ley española es un instrumento para desandar un camino que nunca se debió transitar, necesario para garantizar la convivencia. No ataca al Estado de Derecho, sino que lo garantiza frente a quienes lo banalizan y creen que pueden usar a los jueces a su antojo. Han conseguido que el Consejo General del Poder Judicial ya no sea digno de su nombre. A nosotros nos interesa el diálogo y lo que les interesa a ustedes ya lo hemos visto en estos días: las algaradas, el odio y la polarización.

Señor presidente, señora comisaria, hay aquí dos hechos que están claros y son incontestables. Uno, la situación de las mujeres refugiadas procedentes de Ucrania es preocupante en lo que respecta a su salud y a sus derechos sexuales y reproductivos. Dos, la Unión Europea tiene margen de maniobra para abordar muchas de las barreras a las que se están enfrentando estas mujeres. La lista de agravios es larga: incumplimiento del derecho a recibir atención médica en el marco de la Directiva de protección temporal, retrasos en el acceso a la atención sanitaria, atención deficiente con consecuencias directas para su salud y bienestar, cargas financieras, falta de acceso a la información en idiomas que sean comprensibles para ellas, racismo institucional y discriminación interseccional. Toda una carrera de obstáculos para acceder a la anticoncepción, la atención prenatal y el aborto. Es intolerable que la única salida para estas mujeres sea la de volverse al mismo lugar del que vienen huyendo, la de verse abocadas a continuar con un embarazo no deseado o asumir una maternidad forzada. ¿De qué sirven nuestras Directivas? Actuemos de una vez y tomémonos en serio a nosotros mismos. Y, sobre todo, dejemos de jugar con la vida de la gente.

Señor presidente, señora comisaria, espoleada por el cambio climático, la Unión Europea se enfrenta a una auténtica crisis del agua, en forma de sequías e inundaciones, pero también tiene un grave problema de contaminación, porque los vertidos sin depurar afectan a la flora, a la fauna e incluso a la salud de las personas. Algunas comunidades autónomas y entidades locales en España son un buen —mal— ejemplo de ello. Y es que la situación, en comunidades autónomas como Andalucía o Extremadura, ilustra cómo la insuficiencia de las infraestructuras de depuración posibilita agresiones medioambientales graves sobre las masas de agua. De ello puede ser también un ejemplo un fenómeno como el de la eutrofización del Mar Menor, provocado por la conjunción de procesos intensivos de agricultura con la turistificación y el urbanismo descontrolado, y que solo la respuesta ciudadana está logrando enfrentar gracias a la movilización de los murcianos. La nueva Directiva plantea, pues, importantes desafíos para las depuradoras, en términos de adaptación a las infraestructuras, y eso hay que financiarlo. Por eso, me gustaría insistir en la necesidad de no diluir el sistema de responsabilidad ampliada del productor previsto en la propuesta inicial de la Comisión. Se trata, en definitiva, de que la financiación necesaria para asumir las nuevas obligaciones recaiga, principalmente, en las empresas, en las que se originan la mayor parte de macrocontaminantes y microcontaminantes, y no en el precio del agua. Porque el camino hacia una economía circular tiene que ser también socialmente responsable.

Señora presidenta, señor comisario, en Europa vivimos una crisis de vivienda generalizada que no solo afecta a los sectores más vulnerables. Los precios desorbitados —fruto de la especulación inmobiliaria y la inflación—, combinados con salarios ridículos, dejan a la gente literalmente a la intemperie. Hay que aumentar la inversión en vivienda pública y cooperativa no especulativa, limitar el alquiler turístico, cambiar la política fiscal de desgravaciones a la inversión extranjera. Pero sobre todo, hay que apostar por una limitación del precio de los alquileres. En España no se ha hecho —muy a pesar de nuestros esfuerzos—, y un 39 % de los arrendatarios y casi el 50 % de los menores de treinta y cinco años destinan al pago de la vivienda el 40 %, o más, de sus ingresos. Y algo similar sucede en Grecia o Portugal. El contraste con países en los que se ha regulado el mercado del alquiler es evidente. En Finlandia el porcentaje se sitúa en algo más del 15 %; en Austria, del 16 %; en Alemania, del 13 %. Nadie debería destinar más del 15 % de sus ingresos a guarecerse. El acceso a la vivienda es una necesidad y es un derecho. Tenemos que dejar de mercadear con la vida. No estamos aquí para garantizar los beneficios desmedidos de unos pocos.

Señor presidente, una relación sexual no puede ser objeto de un contrato laboral, ni aun cuando exista consentimiento, porque ese contrato supone siempre una violación de la libertad sexual. Y de la misma forma que nadie puede darse libremente en esclavitud, no puede apelarse a la libertad sexual propia para dejarla en manos de un tercero. Quienes defienden que la prostitución es un trabajo, precarizado y feminizado, como tantos otros, olvidan, además, que no es lo mismo trabajar con tu cuerpo, aun en condiciones de explotación, que que tu cuerpo sea el lugar de trabajo. Una mujer en situación de prostitución no puede ser una trabajadora asalariada porque ella misma es el medio de producción. No es que mi cuerpo sea mío, es que mi cuerpo soy yo, decían algunas feministas. Y la identidad es inalienable, no puede hacerse de ella un producto del que obtener un beneficio. La prostitución no es solo una institución radicalmente capitalista, sino que no existiría si no existiera el patriarcado, porque lo único que le da sentido es la fantasía masculina de la dominación. Normalizarla supone institucionalizar los privilegios sexuales de los que gozan los varones y consolidar la subordinación estructural de las mujeres. La prostitución es una escuela de egolatría, narcisismo y psicopatía en la que se enseña que las mujeres son simples entes biológicos de los que disponer a voluntad y en la que se practica la pedagogía de la crueldad. Su normalización empodera a los varones y agrava la vulnerabilidad de las mujeres. Para ellas, no es ni será nunca una fuente ni de derechos ni de ciudadanía. Por eso, como feminista que soy, votaré a favor de este informe.

Señor presidente, asistimos atónitos a una nueva ola de represión al cumplirse un año del asesinato de Mahsa Amini. Sus familiares tampoco han visto cumplido su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. La situación en el país es muy grave: represión de las protestas, detenciones, encarcelamientos arbitrarios, violencia sexual, tortura, desapariciones forzadas. La violencia y discriminación que sufren las mujeres es desoladora. El castigo por dejarse ver sin velo incluye prisión y latigazos. Se ha denunciado el uso de tecnologías de reconocimiento facial para identificar y detener a mujeres y niñas que incumplen las leyes discriminatorias y cientos de empresas han sido cerradas precisamente por negarse a aplicarlas. Las mujeres no tienen derecho a la educación y muchas niñas han sido envenenadas en las escuelas. Tampoco pueden acceder a servicios bancarios o transporte público. El proyecto de Ley de Apoyo a la Familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el hiyab es el último despropósito. Una barbaridad que la ONU ha calificado como una forma de apartheid de género. Frente al grito «mujer, vida y libertad» de miles de mujeres que se rebelaron, el régimen iraní ha instaurado un régimen de terror. Sin embargo, la memoria de Amini y la revuelta de las iraníes sigue viva todavía. Vencerán. Venceremos.

Señora presidenta, según la OIT, si aumentará la temperatura un grado y medio, España perdería cada año cerca de 7 700 puestos de trabajo y en algunos sectores precarizados con alta siniestralidad, como el de la construcción o la agricultura por ejemplo, no se hablaría ya de perder el trabajo, sino de perder la vida y la salud debido al calor, al estrés térmico y a otros riesgos asociados al cambio climático. Está claro que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, no basta con simples directrices, necesitamos normas vinculantes, también instrumentos como el Convenio 184 de la OIT. En España, gracias al Ministerio de Trabajo, la jornada laboral se tiene que adaptar a las condiciones meteorológicas cuando son extremas. Se ha optado por la prevención sobre una evaluación de riesgos laborales que considera tanto las características del trabajo como del trabajador. Ahora queremos poner en marcha una estrategia nacional que incluya medidas de este tipo, porque cualquier trabajo que no se adapte al cambio climático será un trabajo en precario y porque, si no apostamos seriamente por esa adaptación, se impondrán las salidas ecofascistas que hemos visto en Texas, donde los trabajadores no pueden dejar de trabajar ni para beber agua.

Señora presidenta, el regadío en España supone ya más del 85 % del consumo total de agua y la superficie regada ha seguido aumentando en los últimos años. La mayor eficiencia en el riego no ha contribuido a reducir su consumo, sino a aumentarlo, más y más en un mundo en el que cada vez hay menos. Esto es lo que pasa cuando se concibe el agua solo como un factor de producción, que se alimenta su gestión irresponsable y medioambientalmente insostenible. La desertificación y la degradación de las tierras constituyen amenazas actuales y crecientes en la Unión Europea y son consecuencias, en buena parte, de esta visión distorsionada y miope. Las tres cuartas partes de mi país están en riesgo de desertificación, un proceso que se ha acelerado en los últimos veinte años y en el que influyen las sequías, las altas temperaturas, los incendios, la sobreexplotación de aguas subterráneas, la agricultura intensiva de regadío o un irresponsable desarrollo urbanístico. Ahora lo estamos viendo en Doñana, donde una propuesta legislativa del Partido Popular amenaza con desecarlo todo, al declarar regable una zona sin agua para favorecer a unos pocos. Una propuesta fantasiosa que dejará sin futuro a la zona y sus productos. Por este tipo de cosas, es vital que, desde la Unión Europea, se tenga una clara idea de lo que supone una mala política del agua y se adopten las medidas adecuadas. Medidas coherentes, como nos exigió el Tribunal de Cuentas, en las que se contemple también el medio y largo plazo. No se trata solo de revisar nuestra política de aguas con la Directiva marco o la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, sino que hace falta avanzar por la senda del Pacto Verde que algunos quieren desmantelar. Sigue extendiéndose la errónea idea de que los agricultores no se benefician de las prácticas ambientales, pero en las zonas cerealísticas, por ejemplo, el Sol ha quemado la Tierra también por exceso de química y la ausencia de fauna y flora ha roto el ciclo que garantizaba la reservas de agua. Es verdad que en España se han hecho algunas cosas bien, pero aún tenemos que acabar con la sobreexplotación de nuestros acuíferos, su contaminación por exceso de nitratos, la degradación del suelo o la pérdida de biodiversidad. Y no engañemos a los agricultores, porque si no hacemos todo esto los estaremos condenando al desierto, más en el sur que en el norte, claro, pero estaremos generando pobreza, desplazamientos y desesperación. Si no conseguimos mirar más lejos, es eso lo que nos espera.

Señora presidenta, niños a la carta. La gestación subrogada es una práctica eugenésica que consiste en dividir el papel de la madre en tres —adoptiva, gestante y donante—, y en buscar óvulos con una carga genética determinada y senos maternos de mujeres con una personalidad concreta. En algunos países incluso se puede obligar a la gestante a abortar o no abortar, en ciertos casos, a alimentarse de tal o cual manera, o a hacer o no ejercicio, porque el que llaman «servicio de gestación» se ha de desarrollar con todas las garantías para que no resulte defectuoso el producto resultante. A esto se suman las condiciones de desigualdad económica en las que suelen darse estas transacciones, agravadas por la incorporación de un sinfín de intermediarios. Finalmente, no deja de resultar curioso que con la gestación subrogada se apele muchas veces a la transgresión de la familia tradicional, cuando esa transgresión acaba derivando en un núcleo familiar también convencional, solo que articulado a partir del exclusivo vínculo biogenético de un padre, sin madre. No nos engañemos, la gestación subrogada no dota de agencia a las mujeres, más bien las invisibiliza y las explota, especialmente si son vulnerables.

Señor presidente, más allá de las buenas palabras, la eventual Recomendación que apruebe el Consejo tiene que servir para promover un diálogo social efectivo. Y eso solo se consigue incluyendo mecanismos de garantía, procedimientos de infracción, condena de conductas antisindicales y promoción de incentivos en la contratación pública. O promoviendo la negociación sectorial como ámbito de negociación prioritario para los trabajadores. Hay que reconocer que, en su momento, fue un error apostar por la bajada de salarios y costes laborales. Un error que se sufrió en España con la reforma laboral del Partido Popular, alentada por la anterior Comisión. Por suerte, hoy sabemos que las cosas pueden ser de otra manera gracias a los numerosos acuerdos sociales que se han implementado en el marco de los ERTE, el trabajo de plataformas o la subida del salario mínimo. Y esta es la lección que no podemos olvidar. El papel del diálogo social y la negociación colectiva está constitucionalizado en los Tratados. Pero, sin voluntad política y ambición en la Recomendación del Consejo, todo será papel mojado. Ya lo vimos en la sentencia Laval o en la reciente interpretación del artículo 155 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Así pues, estamos avisados.