Sobre qué Eugenia ha hablado.

Señor presidente, señor comisario, es evidente que el clima cambia y cambian nuestros territorios y nuestras vidas. En España, solo en 2022, se multiplicó por cuatro la media de incendios. Y, en la ecorregión del Mediterráneo, la temporada de incendios creció en un 54 %. Este año estamos enfrentando una sequía que es la peor desde hace al menos quinientos años. El problema no es coyuntural —ya se ha dicho aquí— y su impacto es desigual. Se modula según criterios geográficos, económicos y sociales. Unos se ven más afectados que otros. Nuestro sector agroganadero está desolado. Por eso, junto a las medidas de mitigación del cambio climático, hay que articular una política solidaria y una estrategia frente a la desertificación —también se ha dicho aquí—. Hay que ir más allá de la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y reforzar la política de cohesión como mecanismo de solidaridad entre regiones. El papel de los poderes públicos en la protección de los recursos naturales es esencial y hay que garantizar el derecho al agua como un bien común, no como una mercancía. Sin agua no hay existencia posible sobre este planeta. Sorprende que no seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre evidencias tan simples.

Señora presidenta, suben los precios de los cereales y aumentan los gastos del combustible, del transporte y de la logística. Además, hay quien se aprovecha y especula con los productos agrícolas y alimentarios, precisamente porque los mercados permiten ese tipo de comportamientos. Esto afecta gravemente a los agricultores y a las familias con rentas más bajas en Europa, pero también a los países enteros, que pueden acabar enfrentándose a situaciones de hambruna. Tenemos que adoptar medidas inmediatas para aliviar esta situación y frenar los catastróficos efectos que está teniendo la reducción de las exportaciones ucranianas. Pero no olvidemos que esta situación es, ante todo, el resultado de un modelo productivo insostenible y dependiente que deberíamos cambiar. Necesitamos garantizar la soberanía alimentaria, acabar con la especulación, proteger la agricultura familiar de pequeña escala, que produce alrededor del 80 % de los alimentos a escala mundial, promover condiciones laborales dignas en el campo y cadenas de suministro cortas, y acabar con la concentración empresarial en el ámbito alimentario, que nos empobrece. Aquí estamos para garantizar derechos y el derecho a la alimentación tiene que ser ahora —tendría que ser ahora— nuestra prioridad.

–Señor presidente, señora comisaria, todos somos seres necesitados e inacabados, todos hemos sido niños y, con suerte, todos seremos ancianos. Es el momento de asumir que tenemos una deuda de vínculo con quienes nos cuidan y nos han cuidado. Una deuda que no es solo material, sino también afectiva, y de la que son acreedoras fundamentalmente las mujeres. En Europa, más de siete millones y medio de mujeres han salido del mercado laboral para cuidar, frente a 450 000 hombres y, por cuidar, casi nueve millones de mujeres trabajan a tiempo parcial, frente a 560 000 hombres. Después nos quejamos de la falta de empatía que exhiben muchos varones: a cuidar y a querer se aprende cuidando y queriendo. He abogado durante años por un pacto europeo de cuidados y estoy contenta porque este informe avanza hacia un modelo en el que los varones y las instituciones ocupan el lugar que les corresponde. Tenemos que prestar servicios de calidad que garanticen el bienestar y la autonomía de quienes los necesiten. Pero eso no puede lograrse si no se valora y se paga el cuidado lo que vale. Las mujeres dejan de percibir 287 000 millones de euros anuales por cuidados no remunerados. No lo olvidemos: a cuidar y a querer se aprende cuidando y queriendo.

El derecho al aborto es gratuito cuando se puede ejercer, y no se puede ejercer en un montón de hospitales públicos porque, insisto, en la mayor parte de ellos o en muchos de ellos se practican objeciones de conciencia que son claramente ilegales, como se sabe y ya se ha descubierto hace muchísimo tiempo, de manera que la mayor parte de esas mujeres tienen que ser derivadas a centros privados donde tienen que pagar por abortar.

A mí no me consta que esas mujeres reciban financiación para abortar; más bien tienen dificultades para abortar, como ya sabemos; especialmente en la sanidad pública, porque muchísimos médicos objetan, sin tener derecho a la objeción ninguna institución sanitaria en su totalidad. Muchas de ellas tienen que desplazarse de unos lugares a otros muchos kilómetros para poder abortar —algo que se les tiene reconocido como derecho—, de manera que no reciben financiación para abortar, más bien tienen dificultades. Y por supuesto, estoy de acuerdo con que se ayude a las mujeres que quieren tener hijos a tenerlos: para eso están las políticas sociales, que muchas veces su partido —como usted sabe, señora De la Pisa Carrión— pone en dificultades, porque de hecho son ustedes los que recortan políticas sociales en la Comunidad de Madrid y en otros lugares.

Señora presidenta, 86 millones de mujeres pueden ver limitado su derecho al aborto en los Estados Unidos: veintiséis Estados amenazan con delirantes leyes de «latido fetal» y en algunos se prevén ya suculentos estímulos para quienes denuncien y sanciones carcelarias para quienes incumplan; en esos Estados no habrá financiación para garantizar derechos sexuales y reproductivos, porque a la sentencia del Supremo ha de sumarse la ley mordaza global y la enmienda Helms, así que la pobreza será una agravante. Se está librando una guerra global contra las mujeres y el «sicariado» es, en muchos casos, un poder judicial fuera de control o sometido a las directrices de Gobiernos autoritarios. Ayer fue Polonia; hoy, los Estados Unidos; mañana, España. Está claro que, si no nos blindamos, El cuento de la criada será una profecía autocumplida. Tenemos que incorporar el derecho al aborto a nuestras constituciones, como se ha hecho en Chile, y también a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para distinguirlo claramente del derecho a la salud. Las feministas somos las grandes defensoras de la vida, pero no de la vida esclava y sumisa que quieren adjudicarnos los señores y señoras de la misoginia y el odio. Escuchen a las mujeres a las que se les ha obligado a parir hijos de sus violadores. Les interesan los niños, pero solo antes de nacer. Sabed que ninguna mujer será vuestra. (La oradora acepta responder a una intervención realizada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»)

Señor presidente, el Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea cuyos miembros son elegidos por sufragio directo. Sin embargo, los ámbitos en los que puede ejercer el derecho de iniciativa son sumamente limitados y evidencian un desequilibrio entre las instancias que debe corregirse. El Consejo se niega a negociar el derecho de investigación, dispone de una mayor capacidad legislativa —a pesar de representar los intereses nacionales y no los del conjunto de la Unión— y a menudo bloquea los avances parlamentarios. Quienes quieren volver al Estado nación deberían tomar nota de este detalle. Lo cierto es que el Parlamento es la instancia europea por definición, porque es donde reside el cuerpo y el altavoz de la ciudadanía. Y es, además, el espacio más deliberativo y hoy el más progresista. Merecería tener una capacidad legislativa directa y real. Los Estados han sido ya superados por la propia medida de las cosas. Los retos que nos aguardan exigen descentralización y federalismo, diferentes instancias políticas coordinadas entre las que se distribuyan las competencias para tomar decisiones. Hoy, más que nunca, es imprescindible la capilaridad, la pluralidad y la voz matizada del Parlamento Europeo.

Señor presidente, señora comisaria, doscientas mil mujeres de consuelo o mujeres de solaz fueron convertidas en esclavas sexuales por el ejército japonés antes y durante la Segunda Guerra Mundial. A muchas las mataron, otras se suicidaron y las sobrevivientes fueron estigmatizadas. En la antigua Yugoslavia las violaciones sistemáticas y los embarazos forzosos se utilizaron como una forma de limpieza étnica. El genocidio contra la comunidad yazidí a manos del autodenominado Estado Islámico se saldó con miles de mujeres y niñas raptadas, esclavizadas, torturadas, violadas y asesinadas. En Nigeria son habituales los secuestros de niñas en edad escolar a manos de grupos armados, los matrimonios prematuros y los embarazos precoces. La violación, la esclavitud sexual, la mutilación y otras formas de tortura son moneda de cambio en el conflicto armado del Tigré occidental en Etiopía. Yemen, Siria, Afganistán, en todos los conflictos bélicos, el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla, y Ucrania no es ni será una excepción. También allí las mujeres y las niñas son botín de guerra y la violación es una estrategia de terror y tortura que dejará huellas imborrables. Quienes escapan de Ucrania, en un 90 % mujeres y niños, se enfrentan riesgos similares en las zonas de tránsito y destino, en algunas de las cuales no se respetan los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres desplazadas son, además, especialmente vulnerables, porque en la mayoría de los casos sostienen la vida y cuidan de quienes son más vulnerables que ellas. Hoy estamos a tiempo de frenar la rueda implacable de la historia. Pongamos en marcha recursos de acogida. Ofrezcamos oportunidades de estudio y empleo a quienes buscan refugio. Esforcémonos con las niñas que tienen menos probabilidades de acceder a la educación y se exponen a la violencia sexual, el tráfico de personas y la trata. Facilitemos a las mujeres mecanismos de denuncia cuando son objeto de violencia, buenos servicios de salud física, psicológica, sexual y reproductiva, métodos contraceptivos de emergencia y una atención adecuada en caso de aborto. Atendamos a las víctimas y no olvidemos a los victimarios, porque los delitos sexuales que se han perpetrado en Ucrania son crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad, y, como tales, deben ser perseguidos y sancionados.

Señora presidenta, vivimos momentos de incertidumbre, llevamos dos años haciendo frente a la pandemia y hemos logrado que la Europa social salga fortalecida, pero la monstruosidad de la guerra ha hecho que vuelvan los fantasmas de la austeridad económica y la pesadilla ultraderechista de los enclaves seguros (la religión, el Estado nación y la familia convencional). Europa se tensiona, otra vez, entre la política de la esperanza y la del miedo; entre un mañana luminoso en el que quepamos todos y los atavismos que siempre representan el futuro como amenaza. La nuestra no puede ser ni la Europa de los mercaderes ni la del temor de su dios, sino la Europa de los cuidados, la democracia y la sostenibilidad de la vida. Por eso es tan importante que modifiquemos los tratados: para reforzar el pilar social europeo, constitucionalizar las exigencias feministas y ambientales, articular mecanismos reales de participación, evitar los vetos en el Consejo y darle al Parlamento la iniciativa legislativa que merece. Porque es aquí donde se sientan los ciudadanos. Nunca más las mercancías frente a las personas. Nunca más los pocos frente a los muchos. Ni un gobierno invalidando las decisiones de los demás. Es el momento de la Europa social, feminista, democrática y federal.

Señor presidente, la comunidad gitana sufre discriminación en Europa y ha sido criminalizada desde tiempo inmemorial. Ahora, con la brutalidad de la guerra, parece que, lejos de atemperarse, esa criminalización se endurece y se agrava: en Ucrania, los gitanos son el objetivo de grupos militares y milicianos de ambos bandos del conflicto, y sabemos que las pérdidas humanas se han registrado, sobre todo, en las regiones donde coexisten diferentes etnias. En Polonia, Moldavia o Eslovaquia se ejerce una solidaridad selectiva que jerarquiza en función de prejuicios y estereotipos racistas y que es abiertamente antigitana: sorprende el silencio de Europa frente a semejante violación del derecho de asilo y refugio. Hay que asumir que los romaníes, muchos de los cuales pueden estar indocumentados en Ucrania, enfrentan vulnerabilidades específicas, y debemos redoblar su protección. Es en las situaciones de emergencia cuando tenemos que demostrar nuestro verdadero compromiso con el Derecho internacional y de la Unión.

Señora presidenta, en Polonia y Hungría se viola sistemáticamente el Estado de Derecho. Llevamos años denunciándolo. Los procedimientos de infracción se iniciaron en 2017 y 2018 por falta de independencia judicial y, en el caso de Hungría, además, por estrangular a la prensa. Pero no podemos suspender su derecho a voto en el Consejo, salvo que ellos mismos estén de acuerdo, porque rige la sacrosanta regla de la unanimidad. Nos hacemos trampas al solitario y eso nos resta credibilidad. Orbán, autócrata, populista ultraconservador y amigo de Putin, acaba de ganar otras elecciones contra los burócratas de Bruselas —eso ha dicho—. Pues es justo Bruselas la que tiene que asegurarse hoy de que no utilice los fondos de todos en su particular lucha contra los derechos humanos. Por eso es tan importante que, aunque tarde, la Comisión active por fin el mecanismo de condicionalidad. Mientras nos lo pensábamos, se ha perseguido a personas LGTBIQ, a mujeres y a migrantes, han desaparecido medios independientes y se ha cancelado la separación de poderes. La acogida selectiva de refugiados ucranianos no puede ser ahora una moneda de cambio ni servir para blanquear sus políticas represivas. Como ven, cada minuto perdido ha tenido sus consecuencias. Tomemos nota.

Señora presidenta, tengo una hija de doce años. Podría haber sido una de las que se manifestaban en Afganistán para ir a la escuela. Una de las golpeadas, detenidas o desaparecidas. Aún no sabe qué quiere ser de mayor, pero cultiva sus sueños e imagina un sinfín de mundos posibles. No hay nada más sádico que controlar a las mujeres amputándoles el futuro desde la infancia; robándoles el mañana para anular su personalidad y esclavizarlas. Antes de la vuelta del régimen talibán, 88 000 mujeres estudiaban en la universidad. Un porcentaje importante de ellas trabajaba y ocupaba también cargos públicos. Hoy, la mayoría no han podido volver a sus puestos de trabajo y no sabemos si algún día lo harán. El país se empobrece triturando el talento de las mujeres, pero la pulsión por dominarlas es tal que el 85 % de los varones sigue considerando que no deben trabajar. No les importa ser más pobres si eso les asegura su particular servidumbre laboral y sexual. Por eso no quieren que las niñas vayan al colegio, porque es allí donde empiezan a construirse como mujeres en un mundo sin dueños.

Señora presidenta, señor comisario, medidas excepcionales para situaciones excepcionales. El sector primario acumula pérdidas desde hace años y hoy se enfrenta a la escalada de precios del combustible, la electricidad y los fertilizantes. Una escalada que se está traduciendo ya en paros, desabastecimiento y crisis alimentaria. Había que lanzar un cabo al que agarrarse sin perder el norte y esa era la idea inicial de esta resolución hasta que el PPE ha intentado boicotearla en el último momento. Parece que se olvida de que esta situación no es solo el producto de una guerra, sino de un modelo productivo insostenible y dependiente. Dependencia energética, estructural y endémica; dependencia del mercado global y dependencia de químicos para producir alimentos porque hemos devastado nuestros territorios. Si no hubiéramos llegado tarde a los diagnósticos y a las soluciones, no seríamos tan vulnerables ni estaríamos al albur de los caprichos de un sátrapa. Así que, cuidado, porque no se trata de borrar las huellas, sino de aprender la lección. La Estrategia «de la Granja a la Mesa» no es un error que vayamos a enmendar; el error ha sido no haberla implementado mucho antes. Hoy toca estar con los agricultores, los ganaderos y los pescadores. Pero lo urgente, que lo es ─y mucho─, no es incompatible con lo importante.

Señor presidente, en cualquier revisión del marco jurídico de seguridad y salud en el trabajo, hay que tener en cuenta que las trabajadoras son las grandes excluidas. Por eso, quiero plantear dos propuestas muy simples. En primer lugar, hay que dar una respuesta firme al acoso laboral, un fenómeno que, lejos de resultar circunstancial, ilustra un problema estructural de nuestros centros de trabajo, alimentado por la tolerancia, el desequilibrio en las relaciones de poder, la ausencia de espacios seguros y, sobre todo, la falta de políticas de prevención y paridad de género. Es hora de superar el bloqueo a la ratificación del Convenio 190 de la OIT. En segundo lugar, sobre el teletrabajo, que, lejos de contribuir a la conciliación, ha añadido nuevas cargas en la espalda de las mujeres, agravando los estereotipos de género, empeorando sus dobles y triples jornadas y dificultando su desarrollo profesional y salarial. Así que es muy importante, en línea con las medidas adoptadas en países como España, que tengamos una directiva que establezca estándares mínimos para el teletrabajo y que contemple también los desafíos específicos que afrontan las mujeres.

Señora presidenta, si algo bueno ha traído la dramática excepcionalidad que vivimos desde hace ya dos años, es que ha abierto una ventana de oportunidad para el desarrollo de políticas no alineadas con la ortodoxia ordoliberal que ha dominado hasta ahora el marco de gobernanza económica de la Unión Europea. Es algo que queda bien ilustrado en la suspensión misma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por eso, creo esencial que este Parlamento aproveche este pequeño espacio que se ha abierto para defender una transformación radical del Semestre Europeo y de las reglas de gobernanza económica, para dejar atrás un mecanismo que acarreó la degradación de las condiciones de existencia de la mayoría de la población trabajadora y el incremento exponencial de la desigualdad social. Frente a esa imagen, que permanece aún en nuestra retina, se trata de defender la incorporación de mayores consideraciones sociales que lo acerquen a parámetros equitativos e igualitarios, en línea con las expectativas democráticas de la ciudadanía. De no hacerlo, habremos perdido una oportunidad de oro para transformar un instrumento que podrá volver a utilizarse como mecanismo para disciplinar a nuestras sociedades y tensionar nuestras democracias.

Señor presidente, hoy es 8 de marzo y tenemos que pararnos a pensar, una vez más, en los retos que tenemos pendientes las mujeres: acabar con las violencias machistas, garantizar los derechos sexuales y reproductivos, fomentar el liderazgo de las mujeres y apostar por una acción humanitaria con perspectiva de género, por ejemplo. Y vamos a trabajar en ello, aunque las fuerzas de extrema derecha, que también se sientan en este Parlamento, estén determinadas a impedirlo. Lo digo porque el Plan de Acción, del que hoy informamos, ha sido vetado por cuatro Gobiernos en el Consejo, que dicen rechazar el término «género»: siglos de reflexión y lucha feminista ventilados de un plumazo. Por supuesto, nos tendrán enfrente. No lograrán imponernos su marco de sinsentido ni sus regresiones. No retrocederemos en la lucha por la igualdad de género. Avanzaremos en un enfoque interseccional que sea transformador y articularemos una agenda constructiva y de futuro que refuerce la representación de las mujeres. Lo haremos hoy por las mujeres ucranianas y por todas las que luchan por la paz en el mundo, las mujeres que son botines de guerra, hoy más que nunca. Las feministas seguiremos avanzando con férrea voluntad y determinación hasta lograr que las mujeres vivan las vidas que quieran y merezcan vivir. Por eso, exigimos recursos efectivos, profesionales formados en perspectiva de género y un presupuesto que nos permita planificar nuestros objetivos y nuestras acciones, llevar a cabo actuaciones concretas y evaluar su impacto. El próximo 8M no queremos seguir leyendo que en Europa las mujeres caminamos a paso de tortuga o que tendremos que esperar sesenta años para habitar un mundo de iguales.

Señor presidente, hace ya años que la transversalidad de género dejó de ser una herramienta novedosa para promover la igualdad entre mujeres y hombres. En la Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Nairobi en 1985, se instó a su implementación y, diez años después, la Plataforma de Acción aprobada en Pekín la asumió como estrategia para combatir sin paliativos las discriminaciones múltiples e interseccionales que sufren las mujeres. Hoy conocemos las posibilidades que ofrece, pero también sabemos que la transversalidad de género puede quedarse en nada si se aplica de manera fragmentada y parcial, si no existe un compromiso real y se aplica de manera mecánica. En un momento de crisis e incertidumbre como el que vivimos, en el que la guerra viene a sumar más desequilibrio a la situación generada por la pandemia y a las desigualdades estructurales, es más necesario que nunca dotar de contenido y poner en valor la transversalidad de género. Hoy podría imponerse la normalidad de una lógica belicista que incremente el gasto militar y reduzca el gasto social, y en ese marco serán las mujeres quienes más sufran. Es momento de reconocer la diversidad, la redistribución de oportunidades, poder y recursos y apostar por la representación igualitaria de mujeres y hombres —que ya toca—. Esta apuesta por la igualdad reduciría, además, las violencias machistas, que no son sino una manifestación brutal de discriminación y opresión. Este Parlamento no es solo un empleador de cientos de trabajadores y trabajadoras, a los que debe garantizar un empleo en condiciones de igualdad, sino que es también un espejo en el que se miran a diario los Gobiernos de toda Europa. Y debemos dar ejemplo.

Señor presidente, señor comisario, que los trabajadores y las trabajadoras deben estar protegidos contra las enfermedades y, en particular, contra las enfermedades laborales, es un derecho reconocido en la propia Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Quiero señalar especialmente a las mujeres, porque han sido las grandes olvidadas en materia de prevención de riesgos laborales. El informe que hoy debatimos ha logrado un avance importante en esta materia al incluir las sustancias tóxicas para la reproducción en la Directiva. Un logro fundamental, desde un enfoque de género, porque la exposición a estas sustancias se da en sectores altamente feminizados, como el de la limpieza y la enfermería, y porque afecta de forma particular a la salud reproductiva de las mujeres. La exposición se da también en otros sectores, quizás no tan feminizados, pero donde las mujeres se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como el de las temporeras que trabajan en el campo. Este informe es un paso adelante para las mujeres, los sanitarios, los trabajadores de la industria, miles de asalariados que ven reforzados sus derechos laborales y su derecho a la salud, porque nadie —ya se ha dicho aquí— tiene que enfermar o morir para ganarse la vida trabajando.

Señor presidente, señora comisaria, atajar la crisis climática desde un enfoque ecofeminista debería ser una prioridad en la próxima sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Las mujeres son quienes más sufren los efectos de la emergencia climática por varios motivos: son las principales productoras de alimentos a escala mundial, aunque tienen menos tierra en propiedad que los hombres y, cuando la tienen, sus explotaciones son más pequeñas; tienen menos acceso al agua y a derechos básicos como la vivienda y la sanidad; son más pobres, porque dedican más tiempo al cuidado no remunerado y tienen peores condiciones laborales; y en muchas partes del mundo se les impide llegar a espacios de poder y tomar decisiones. Sin embargo, paradójicamente, son las mujeres las que están llamadas a liderar la transición ecológica que necesitamos, por sus saberes, por sus aprendizajes y por las habilidades que han desarrollado cuidando de los bienes comunes y del nudo de relaciones humanas que hay alrededor de ellos. Las mujeres mantienen unidos los vínculos entre las personas, y entre ellas y la tierra, fijan población al territorio y garantizan su conservación. Saben que dependemos unos de otros tanto como de los recursos materiales y energéticos que nos permiten sostener la vida. La cultura del cuidado es la de las mujeres y es la única que garantiza nuestra supervivencia, porque el colapso ambiental que estamos viviendo es también el de los valores que lo han provocado: la dominación, el expolio y el crecimiento sin límites. Sin mujeres, no hay vida sostenible en este planeta. Aprendamos de ellas.

Señora presidenta, señora comisaria. Está claro que la centralidad del bienestar animal por la que apuesta la estrategia «De la Granja a la Mesa», por ejemplo, responde a una cuestión ética, pero no solo. En tanto los animales están dotados de capacidad de sufrir tenemos algunos deberes contraídos con ellos, el más básico de los cuales es el de no torturarlos. Que un animal no es una piedra, ya lo decía Jeremy Bentham hace más de dos siglos. Pero es que el maltrato animal está asociado también a la contaminación de los acuíferos y de la tierra, a la proliferación de enfermedades, y al retroceso y el abandono del campo. O sea, no hablamos solo de bienestar animal sino de ganaderos locales empobrecidos por la competencia desleal de las macrogranjas y de gente desplazada por la basura que generan. El informe de ejecución que debatimos hoy es muy condescendiente con el expolio de la agroindustria y muy poco crítico con sus persistentes violaciones de la normativa europea. Y nosotras queremos apoyar la ganadería extensiva y familiar, fijar población al territorio y favorecer el desarrollo rural. Sin bienestar animal no hay cambio en el modelo productivo, ni en el sistema alimentario.

Señora presidenta, más del 90 % de los abortos practicados en España desde 2010 se han derivado a clínicas privadas, debido en gran medida al uso abusivo de la objeción de conciencia. Hace unos días, una asociación ultracatólica colocaba anuncios en varias ciudades españolas animando a rezar delante de las clínicas donde se practican abortos, es decir, haciendo un llamamiento público para acosar a las mujeres que acuden a estos centros para interrumpir su embarazo. Históricamente, la medicina ha pasado por alto muchas dolencias femeninas asociadas a nuestra actividad sexual y capacidad reproductiva, porque los estudios los realizaban científicos varones sobre pacientes varones, extrapolando las conclusiones a las mujeres sin tener muy en cuenta las diferencias biológicas. Son solo tres ejemplos de cómo nuestros derechos sexuales y reproductivos siguen sin estar garantizados, y esa desprotección afecta a nuestra salud y a nuestra autonomía. Y cuando están garantizados, muchas veces no son accesibles por falta de recursos públicos y educación sexoafectiva, o porque algunos quieren santificar su vida a costa de arruinar la nuestra. A pesar de que este Parlamento ha dicho que restringir el derecho al aborto es una forma de violencia de género y una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, los discursos antifeministas y antielección tienen cada vez mayor presencia en las instituciones europeas. Esta semana escuchamos a Roberta Metsola comprometerse con las posiciones mayoritarias de esta Cámara y a Emmanuel Macron pedir que el aborto se incluyera en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Solo espero que estas palabras se conviertan en hechos. Termino y añado: los derechos sexuales y reproductivos sí son derechos humanos y no son solo servicios sanitarios. Por eso son competencia de la Unión Europea.

Señor presidente, una de cada tres mujeres adultas europeas ha sufrido violencia física o sexual y un 55 % ha sido víctima de alguna forma de acoso. No solo las mujeres y las niñas lo sufren, pero representan el 90 % de las víctimas de acoso sexual y esta forma de violencia machista limita la vida y vulnera los derechos de las mujeres. Que el 75 % de las mujeres que desempeñan profesiones cualificadas hayan sido acosadas sexualmente, explica, entre otras cosas, los techos de cristal y las brechas de género en los puestos de poder y toma de decisiones. El primer paso para combatir el acoso es visibilizarlo, como nos mostraron las miles de mujeres que se sumaron al «Me Too» Y, después, hay que actuar, sin victimizar, ofreciendo protección y apoyo a quienes lo sufren. Es importante recordar que en las violencias machistas no existe un perfil de víctima ni de victimario, y que sucede en todos los lugares, incluido en el contexto parlamentario: el sexismo, el acoso y la violencia contra las mujeres que trabajan en los Parlamentos de toda Europa están muy extendidos y las que adoptan posturas sobre igualdad y violencia de género lo sufren particularmente. Muy pocas víctimas lo denuncian. Aunque algunos parlamentos cuentan con procedimientos de queja o han realizado investigaciones internas a raíz del «Me Too», la mayoría son manifiestamente insuficientes. El Parlamento Europeo no es la excepción. La Resolución que votamos hoy es la tercera desde 2017, cuando las víctimas empezaron a contar sus historias. Se han adoptado algunas medidas insuficientes y, por ello, pedimos intensificar los esfuerzos para prevenir el acoso sexual, por ejemplo, con formaciones obligatorias, protección a las denunciantes, las víctimas y los testigos frente a la victimización o las represalias, mecanismos profesionales destinados a apoyar y ayudar a las víctimas de acoso sexual, mejoras en la composición de los comités encargados de gestionar las denuncias de acoso o una evaluación independiente de las medidas actuales. Nos preocupa especialmente que las víctimas de acoso sexual son a menudo personas que ocupan los puestos más vulnerables en el Parlamento, incluidos jóvenes profesionales, becarios, asistentes parlamentarios y agentes contractuales. No pedimos otra cosa que tolerancia cero frente al acoso y el máximo compromiso tanto del Parlamento como del resto de instituciones de la Unión Europea. Y, sin embargo, no quiero dejar pasar por alto el hecho de que el Partido Popular Europeo haya presentado una enmienda para tratar de aplazar una solicitud tan simple como efectiva: la naturaleza obligatoria de la formación contra el acoso. Demuestra lo poco que le importan los derechos de las mujeres que trabajamos en este Parlamento, sus propias compañeras. No quiero ni imaginar lo poco que les importan las que están fuera.

Señora presidenta, parece que el Parlamento Europeo está en Varsovia, porque ya hemos perdido la cuenta de los debates que se han producido en esta Cámara sobre Polonia. Hace unas semanas, el Tribunal Constitucional polaco declaró que parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos era incompatible con la Constitución polaca. Parece que esta era su respuesta a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que cuestionaba la legalidad de su nombramiento. Señores togados de supuesta alta alcurnia, embarrados en el juego infantil «donde las dan las toman». Jugando con los derechos que fundamentan la cultura política de la Unión Europea: la cultura de los derechos, no la de la cristiandad. Ahora, el Gobierno polaco, tras prohibir de facto el aborto, nos sorprende con un ejercicio jurídico propio de la Santa Inquisición: un registro obligatorio de embarazos y abortos para vigilar a las mujeres. ¿Qué será lo siguiente? ¿Legislar sobre el derecho de pernada? Está claro que unos y otros están determinados a boicotear el Derecho de la Unión y a usar a sus ciudadanos como escudos humanos para mantener su particular pulso contra el siglo XXI.

Señora presidenta, no sé si muchos de ustedes se habrán fijado en el mensaje que aparece en la primera página de todos los informes que aprobamos en el Parlamento Europeo: «Unida en la diversidad». Cada vez que me tropiezo con esta frase es, sobre todo cuando estamos trabajando en algún informe sobre el retroceso de los derechos de las mujeres o sobre la persecución por parte de algunos gobiernos a las personas LGTBIQ, me digo a mí misma que quizá deberíamos grabarla en piedra por toda la Unión como los hitos romanos que marcaban los caminos. La Guía del lenguaje inclusivo de la Comisión simplemente trasladaba al lenguaje oficial una diversidad que ya existe en la Unión Europea. Que no siempre hayamos tenido palabras para describirla no quiere decir que no haya sido desde el inicio de los tiempos así. Quienes han pedido la retirada de esta Guía con la burda excusa de que cancelaba la Navidad, no están librando una guerra contra el lenguaje inclusivo: están librando una guerra contra la realidad y contra la vida. Solo pedirle a la comisaria, que por desgracia hoy no está en este debate, que sea más ambiciosa en las medidas que propone para luchar por la igualdad. Pero hoy quiero mandarle mi apoyo y decirle que no se deje amedrentar por la extrema derecha y sus fabricantes de bulos. Desde aquí recomiendo la Guía a todas las personas que se dediquen a la comunicación, la educación y la política, y a cualquiera que quiera sencillamente emplear las palabras más adecuadas para describir y entender el mundo en el que vive. Felices fiestas.

Señora presidenta, según el EIGE, a la Unión le quedan 60 años para lograr la igualdad. Los avances siguen siendo lentos; se han estancado o, incluso, han retrocedido en determinadas regiones y países. En materia de violencia machista, continúan los obstáculos y, con ellos, las dificultades para perseguir los delitos y reparar a las víctimas. La ratificación del Convenio de Estambul sigue paralizada y algunos amenazan con retirarse. Espero que la propuesta de directiva de la Comisión sea verdaderamente ambiciosa. Al mismo tiempo, los derechos sexuales y reproductivos se han visto amenazados en países como Polonia o Hungría, mientras damos respuestas tibias al avance antifeminista de la extrema derecha. Las brechas salariales y de pensiones siguen incrementándose y, por tanto, contribuyen a la feminización de la pobreza, incluida la pobreza energética. Las mujeres tienen más trabajos no remunerados, mal pagados e infravalorados. Así que necesitamos que se aprueben cuanto antes las Directivas de salario mínimo y de transparencia salarial. Casi ocho millones de mujeres de entre 20 y 64 años están directamente fuera del mercado laboral porque se dedican a cuidar, frente a medio millón de hombres. Y las que cuidan dentro del mercado lo hacen en condiciones de precariedad. Es urgente paliar la brecha de cuidados y espero que la Estrategia de cuidados esté a la altura. Ahora, que la crisis nos ha dejado en peor lugar, espero también que las medidas de recuperación, la transición digital y ecológica tengan en cuenta a las mujeres. Lo que no quiero es estar aquí sentada el próximo año esperando exactamente las mismas cosas.