Sobre qué Eugenia ha hablado.

Señor presidente, el acoso es una vulneración de derechos humanos que deteriora la salud física, psicológica y sexual de las personas, su autoestima y su entorno; impide que las víctimas accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente, sobre todo si son mujeres. Una vulneración de derechos que apenas se denuncia, entre otras cosas, porque está normalizada, porque se usan estereotipos que culpabilizan a las víctimas, por miedo a las represalias, a la revictimización o a la pérdida del trabajo. Una conducta que se sigue viendo hoy como un problema particular de quien la sufre. El Parlamento Europeo no es un lugar seguro, y las medidas adoptadas hasta el momento son insuficientes. Llevamos años pidiendo formación obligatoria, auditorías externas, más datos y mayor transparencia, procedimientos más cortos, asesores confidenciales, mediadores externos, sanciones contundentes… y aquí seguimos. Apenas conocemos nada de lo que pasa en nuestros pasillos y despachos porque demasiadas veces hay una estructura de poder anquilosada que se sostiene sobre el abuso, el silencio y la impunidad; pero no hay mal que cien años dure. Pueden estar seguros de que vamos a acabar con ella.

Señora presidenta, señor comisario, las indicaciones geográficas son un instrumento de desarrollo rural enormemente útil. Generan valor añadido en los productos agrícolas, benefician a los productores primarios y contribuyen al sostenimiento del empleo. Permiten que nuestra sociedad comprenda que las cosas no solo valen por sí mismas, sino también por la forma en que se producen, por sus vínculos con el territorio, las mejores tradiciones y el saber común. Por eso, las indicaciones geográficas no se limitan a proteger un nombre, sino que son, sobre todo, un instrumento de política agraria. El sistema que hemos tenido hasta ahora ha dado muy buenos resultados, pero este informe los mejora. Refuerza el papel de las agrupaciones de productores, mantiene al sector vitivinícola en el marco de la política agrícola común, adjudica a la EUIPO el papel adecuado y deja claro que, cuando hablamos de indicaciones geográficas, no hablamos solo de marcas en competencia, sino de las personas que hay detrás, las actividades que comparten y los recursos que sostienen, que no se trata solo de regular mercados o adjudicar precios, sino de proteger bienes inmateriales de valor incalculable. Quizás hubiera faltado una apuesta más contundente en favor de la sostenibilidad, pero felicidades, señor De Castro, y felicidades a todos los ponentes. Ha sido un gran trabajo y votaremos a favor.

Señora presidenta, señor comisario, un reciente informe del ETUI muestra que la escasez de trabajadores es mayor en los sectores y perfiles no cualificados. Sabemos que el 39 % de los trabajadores adultos en la Unión Europea están sobrecualificados. En España, más del 29 %. O sea, que no faltan trabajadores cualificados sino más bien empleos de calidad, buenas condiciones de trabajo con carreras profesionales estables e inversión en formación. Falta que las empresas se responsabilicen, porque también ellas se benefician de los procesos de actualización de las capacidades. Y falta, por supuesto, una buena formación profesional reglada y un mayor papel de los servicios públicos de empleo. Pero nada de esto funcionará si no se vinculan las estrategias de cualificación y las de creación y mantenimiento de empleos de calidad, porque sin trabajo cualificado no hay empleo estable y sin empleo estable no hay trabajadores cualificados. No hay derecho a la educación, a la formación y al aprendizaje permanente sin buenos salarios y seguridad en el empleo, y el mercado laboral será más competitivo y más rentable con trabajadores formados que puedan diseñar su propio plan de vida.

Señora presidenta, hoy es un día histórico. Después de años luchando por la ratificación del Convenio de Estambul por la Unión Europea, estamos literalmente a un paso de que se haga realidad. No me cabe duda de que mañana el Parlamento dará su consentimiento con una amplia mayoría y dejará toda la responsabilidad en manos del Consejo. Aunque la ratificación tiene un ámbito de acción limitado, en ese ámbito el Convenio será de obligado cumplimiento, incluso para los Estados que se han negado a ratificarlo, de manera que su incumplimiento exigirá la adopción de medidas, y estaremos atentas. Lamentablemente, esa tenaz resistencia no permitirá su aplicación integral y homogénea en toda la Unión. Así que seguirá habiendo víctimas de primera y de segunda, pero no vamos a desfallecer. Por eso vamos a aprobar la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la reforma de la Directiva sobre la trata, previsiblemente bajo la Presidencia española. Porque si nos cierran una puerta, abriremos una ventana. El Gobierno de España ha sido ejemplar en este terreno y desde aquí vamos a trabajar para que no se rebajen expectativas. Ya hemos tenido que renunciar a la calificación de la violencia de género como eurodelito y no cederemos más. Hoy empieza un camino que no debe tener retorno. Llegamos tarde a la vida de muchas mujeres, a la de las asesinadas, violadas, golpeadas, maltratadas, abandonadas, a las que dejamos solas, dentro y fuera de nuestras fronteras. Ojalá pudiera recitar aquí todos sus nombres para honrarlas y repararlas porque hemos llegado aquí también por ellas. Y hoy, por ellas y por todas las mujeres, gritamos: ¡Nunca más!

Señor presidente, setenta años después de haber consagrado la igualdad retributiva, la brecha salarial de género persiste en la Unión Europea. Como sabemos que la opacidad forma parte del problema, esta Directiva, que por fin reconoce derechos de información a todos los trabajadores, es un gran paso adelante. Lo sorprendente es que nos haya costado tanto, nos haya faltado ambición y sigamos llegando tarde. Parte de las obligaciones de esta Directiva, las de información sobre la brecha y evaluación retributiva, dejan fuera al 99 % de las empresas europeas porque obliga únicamente a las de más de cien empleados y solo pasados ocho años. Sí, ya sabemos que, si por la Comisión y el Consejo hubiera sido, no estaríamos hablando de obligar al 1 % sino al 0,2 %, de manera que algo hemos conseguido. Pero nos hemos quedado muy por detrás de la legislación española, por ejemplo, donde tenemos normas más progresistas, con un umbral de cincuenta trabajadores combinado con planes de igualdad y, lejos de haber generado cargas adicionales a las empresas, se ha facilitado una cultura empresarial socialmente más justa y económicamente más rentable. Pagar lo mismo por el mismo trabajo no es una carga burocrática, es una obligación jurídica y moral. En Europa avanzamos, pero queda mucho por hacer en favor de las mujeres.

Señora presidenta, Justyna, en Polonia, Vanessa, en Andorra, y muchas otras, a las que aún no hemos puesto nombre, sufren una persecución penal y judicial por ayudar a otras mujeres a abortar. No importa cuál sea la condena finalmente, no importa si hablamos de cárcel, de multas o de trabajos en beneficio de la comunidad. Son mujeres que viven amenazadas por defender los derechos sexuales y reproductivos de otras mujeres. Todas ellas son víctimas de castigos ejemplarizantes, porque con la criminalización de la solidaridad y la compasión lo que se busca es atemorizarnos, adoctrinarnos y domesticarnos como si fuéramos niñas. Todas ellas son víctimas de acoso, violencia y discriminación sin que se las haya protegido nunca legalmente. La sororidad no es un delito y el aborto es un derecho. Hace unos años, el Consejo Constitucional francés consagró el principio de la fraternidad, entre otras cosas, porque lo que sí constituye un delito es la omisión de socorro. Queremos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Señora presidenta, esta Comunicación de la Comisión era tan necesaria como esperada, porque en este momento no podemos dejar de lado a nuestros agricultores, que son el eslabón más débil y explotado de la cadena alimentaria. Hay que garantizarles los suministros, reforzar el presupuesto de la PAC y recurrir a las fuentes presupuestarias que hagan falta para aumentar fondos y reducir deuda, por ejemplo, aplicando un gravamen a las empresas de fertilizantes que, solo en los dos últimos años, han multiplicado por cuatro sus beneficios. Mientras en el campo se bracea para llegar a fin de mes, parece que hay algunos pocos que se están forrando. Finalmente, hay que contar con una estrategia a largo plazo que garantice tanto la sostenibilidad como la seguridad alimentaria, promoviendo, por ejemplo, los fertilizantes orgánicos y reduciendo la química en nuestras tierras. Por eso no se entiende que el Parlamento pretenda revisar la Directiva sobre nitratos, que parece morir antes de nacer y apenas se ha aplicado, porque el problema es el de los precios y la escasez de fertilizantes químicos y no la falta de nutrientes en el suelo.

Señora presidenta, la transición verde digital podría estar muy bien si la pagáramos entre todos, si fuera justa y ajustada a los límites del planeta, que salvo terraplanismo, están bastante claros, pero no si sustituimos minas de carbón por minas de litio o campos fértiles por megaparques eólicos; no si convertimos unos territorios en las nuevas colonias de otros fragmentando el mapa europeo; no si sacrificamos la vida y la salud de los más pobres para incrementar las ganancias de los de siempre, los que antes eran especuladores del ladrillo y ahora son extra activistas; no si estresamos aún más a las zonas despobladas para ocupar las tierras y echar a la gente que quede como si esto fuera la conquista del Oeste; no si eliminamos las exigencias ambientales para favorecer, paradójicamente, al medio ambiente, porque la voracidad y la velocidad no son sostenibles. Transición verde digital en Extremadura, mi región, en España; megaminería; macrominería de litio; macrociudad del ocio; macro azucareras; macrofotovoltaicas; megaregadíos; cultivos intensivos; megafábricas de residuos tóxicos industriales, gigantes vertederos: una fiesta. En fin, transición ecológica sí, pero así no.

Señor presidente, señora comisaria, la apuesta de la CSW por la innovación y el cambio tecnológico está muy bien, pero no hay que olvidar el uso violento que puede hacerse de ciertas tecnologías, que sufren mayoritariamente las mujeres y niñas. Una de cada diez europeas ha experimentado alguna forma de ciberviolencia desde los 15 años de edad. El 52 % de las jóvenes y las niñas de este mundo ha sufrido abusos en línea, una de cada cinco niñas ha abandonado o reducido significativamente el uso de plataformas de redes sociales tras ser acosadas, una de cada diez ha modificado la manera de expresarse. Esas cifras se incrementan exponencialmente cuando son objeto de ataques por razón de raza, etnia, identidad de género y orientación sexual. Y en Europa las parlamentarias tampoco se salvan. En fin, en los avances tecnológicos no podemos subestimar estos datos, porque tan importante es garantizar el acceso a la tecnología como su uso adecuado. Por eso, estoy contenta del esfuerzo que se está haciendo en el marco de la actual propuesta de Directiva sobre violencia contra las mujeres para acabar con la ciberviolencia. Lo que sí lamento es no poder acudir a la reunión de la CSW porque mi Grupo no está representado, a pesar del esfuerzo del señor Biedroń y del ingente trabajo que hago y he hecho siempre por y para las mujeres.

Señora presidenta, señora comisaria, en estos casi cuatro años de legislatura han sido innumerables las veces que hemos hablado de la importancia de que la Unión Europea ratifique de una vez por todas el Convenio de Estambul. Innumerables las veces que hemos condenado los bulos, las mentiras y las campañas de desinformación de una extrema derecha nostálgica del medievo. Hemos asistido atónitas a la salida de Turquía del Convenio y a las amenazas de Polonia, un Estado de Derecho fallido que se sienta en el Consejo. Hemos visto cómo se ha rechazado la calificación de la violencia de género como eurodelito, a pesar de la pelea y la posición del Parlamento y el modo en que eso ha lastrado la propuesta de Directiva en la que trabajamos ahora, porque nos ha dejado sin base legal para ser más ambiciosas y ha sacrificado así la vida de miles de mujeres en Europa. Dicho esto, la buena noticia es que no se necesita unanimidad para ratificar el Convenio de Estambul. La mala es que los gobiernos progresistas no han luchado lo suficiente y ahora nos podemos encontrar con la paradoja de que sea la presidencia sueca quien protagonice su ratificación. Purplewashing: marketing para un Gobierno condicionado por la extrema derecha que está a cinco minutos de robarnos la cartera. Porque no solo es importante que se ratifique el Convenio de Estambul, sino que ha de hacerse desde un enfoque feminista que aborde con seriedad las violencias machistas. Ya que llega tarde, al menos que se haga bien.

Señor presidente, señor comisario, este Parlamento apuesta claramente por la democracia en el trabajo y por una revitalización de los derechos de información, consulta y representación de los trabajadores; una prioridad también para el Ministerio de Trabajo en España y para su titular, Yolanda Díaz, que sin ninguna duda tendrá su lugar en la próxima Presidencia del Consejo. Se trata de algo imprescindible en un momento crítico. Por eso, el Derecho social europeo es hoy más laborista que ayer. Ahí está la Directiva sobre salarios mínimos, la Directiva sobre transparencia retributiva, la Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales o la iniciativa sobre el fortalecimiento del diálogo social; laborismo que favorece también a las empresas, porque la democracia en el trabajo se traduce en eficiencia económica y estabilidad en el empleo. Reforzar los derechos de información y consulta de los trabajadores reduce la tasa de abandono, aumenta la empleabilidad, evita despidos, mejora el rendimiento productivo y el valor económico de la empresa. Por eso, es tan importante que se reforme y actualice esta Directiva. En el mundo laboral, señor comisario, trece años son una eternidad. La propuesta que recoge el informe asume ese diagnóstico en el que coinciden, además, sindicatos, expertos y academia. Ahora solo queda que la Comisión lo asuma también. Y, ¿cuáles son las propuestas? Introducir un mecanismo de suspensión automática de las decisiones empresariales que no hayan sido consultadas previamente con el comité de empresa y reconocer el derecho a una respuesta razonada, para que pueda haber un control jurisdiccional adecuado de todo lo que se decida; mejorar el acceso a los mecanismos de impugnación jurisdiccionales o no, con un régimen de costas judiciales favorables y con el reconocimiento claro de la legitimación activa; asegurar la aplicación de la Directiva mejorando el sistema de sanciones y condicionando la contratación pública a su cumplimiento efectivo; ensanchar el contenido de los derechos de información; reconocer obligaciones más estrictas en cuanto a la periodicidad de las reuniones de los comités e incorporar expertos que asesoren a los representantes de los trabajadores; simplificar el régimen actual y ofrecer una mayor seguridad jurídica, acabando con las distintas tipologías de comités y apostando por unos estándares mínimos para todos los órganos, con independencia de su momento de creación. En definitiva, hacer valer los derechos de participación de los trabajadores, garantizando un diálogo social inclusivo a todos los niveles. Yo creo que resulta evidente el margen de mejora en el marco jurídico del comité de empresa europeo y hay justificaciones de sobra para defender modificaciones de calado en el modelo empresarial, para que sea socialmente más responsable y económicamente más inteligente. Señor comisario, no dejemos pasar la legislatura, no perdamos esta oportunidad, porque en el Parlamento hay consenso. Sé que en España vamos a luchar por llevar la democracia a los lugares de trabajo, porque el trabajo no es una mercancía, sino una relación humana basada en derechos. Y confiamos en usted, señor Schmit.

Señora presidenta, señor comisario, este debate está instrumentalizado por las ambiciones electoralistas de un partido sedicioso que lleva cuatro años incumpliendo la Constitución, que no reconoce los resultados electorales y que pretende difundir la idea de que el Gobierno español es ilegítimo solo porque no es el suyo. Todo el mundo sabe que el Partido Popular es el que ha impedido la renovación del Consejo General del Poder Judicial en España y que no es la primera vez. Se ha bloqueado tres veces desde que se aprobó la Constitución en 1978 y siempre lo ha hecho el Partido Popular: en 1996, durante ocho meses; en 2008, un año y diez meses; y, ahora, cuando llevamos cuarenta y nueve meses de bloqueo. Su modus operandi es siempre el mismo: patrimonialista y oportunista. Primero colonizan el Poder Judicial y, cuando las cosas no les son favorables, bloquean su renovación. En esta ocasión se blanquean exigiendo un cambio normativo para cumplir con el mandato constitucional y dicen que ese cambio lo exige Europa. Pero en Europa hay modelos muy distintos y la Comisión nos ha recomendado únicamente que se proceda de inmediato a la renovación del Consejo, que es lo que impide el Partido Popular. El Consejo de Europa ha dejado claro que son tan válidos los mecanismos de elección a través de órganos de representación política como por parte de los miembros de la carrera judicial, asumiendo que todo tiene sus riesgos, como ya apuntaba el Tribunal Constitucional español en 1986, que no fue ayer. Tan mala es la politización como el corporativismo. Como dice la Comisión de Venecia, aquí lo importante es garantizar que los jueces son autónomos y que no trabajan al dictado de un partido, que es lo que impide el Partido Popular. En fin, aunque están empeñados en que España sea Polonia o Hungría, no hay comparación posible, porque en España es la oposición, y no el Gobierno, la que pretende controlar a los jueces y porque nuestro Poder Judicial es resiliente y sigue contando con garantías efectivas. A pesar del Partido Popular, este Gobierno se ha puesto a la cabeza de Europa en protección y garantía de derechos fundamentales y en políticas sociales.

Señora presidenta, Mohamad y Sayed, dos jóvenes de veintiuno y veintiséis años, fueron ejecutados después de haber sido golpeados y torturados por protestar contra el Gobierno iraní. Ali Reza, un ciudadano británico-iraní, fue asesinado en la horca acusado de espionaje. Decenas de manifestantes han sido condenados y esperan ser ejecutados. Cientos de personas han fallecido en las protestas por alzar la voz contra la muerte violenta de Mahsa Amini, que no llevaba el velo como se suponía que debía llevarlo. El uso de la pena de muerte contra manifestantes y disidentes no es una novedad en Irán. Tampoco la violencia, la discriminación sistemática que sufren las mujeres, las personas LGTBI, las defensoras de derechos o las minorías étnicas y religiosas. La impunidad ha sido y es total. Por las periodistas Nilufar y Elahe, detenidas por informar; por Nasrín, abogada y defensora de los derechos de las mujeres, condenada a 38 años de prisión y 148 latigazos; por quienes continúan arriesgando su vida en la lucha por los derechos humanos; por todos ellos y todas ellas, seguiremos en pie. Admiración, respeto y solidaridad con el pueblo iraní.

Señora presidenta, señor comisario, el coste de la vida sube y los gobiernos tienen que actuar, que para eso están. En España ya lo estamos haciendo. El tope a la subida de los alquileres, el apoyo a los hipotecados más vulnerables, la subida de las pensiones, la solución ibérica al tope del gas, la gratuidad en el transporte ferroviario y el descuento de los carburantes son medidas que ya alivian la situación de hogares, trabajadores y pequeñas empresas. Todo esto se acompaña de medidas fiscales, como los gravámenes a la banca y a las eléctricas y la presión a los grandes patrimonios para que contribuyan o a quienes obtienen enormes beneficios con cada crisis. Se trabaja, además, para contener el precio de la cesta de la compra y, a pesar de la oposición empresarial, se baraja una subida del salario mínimo que pueda igualar a la del IPC. Son medidas que están sirviendo de ejemplo en Europa y que deberían seguir quienes hoy se oponen a poner un tope al gas. Lo que está claro es que subir los tipos de interés no es la solución.

. – Señor presidente, señor comisario, aunque la Garantía Infantil Europea se estableció en junio de 2021, no se ha aplicado íntegramente y su dotación presupuestaria no es la adecuada. Tenemos casi 18 millones de niños y niñas pobres en Europa. El 22 % no desayuna antes de ir al cole y muchos comen solo porque van a la escuela. Se nos llena la boca defendiendo a la infancia, pero solo para los próximos cinco años nos faltarían, al menos, 20 mil millones de euros más. El dinero convierte las buenas intenciones en buenos hechos. Sin presupuesto, esas intenciones ni siquiera son creíbles. España es uno de los cuatro países de la Unión con las tasas de pobreza y riesgo de exclusión social más elevadas y la pandemia ha agravado las desigualdades. Solo en la Cañada Real, en Madrid, por ejemplo, más de 1 800 niños y niñas viven sin luz eléctrica y llevan años pasando frío. Por eso es tan importante que nuestro Gobierno haya aprobado ya el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea, un plan que fija medidas para los niños y niñas y adolescentes, para que estos puedan acceder a seis derechos básicos: a la educación y el cuidado desde los primeros años de su vida, a la educación y a las actividades extraescolares, a al menos a una comida saludable por día lectivo, a la asistencia sanitaria, a una vivienda adecuada y a una alimentación saludable. Nuestros niños no son solo garantías y herramientas de futuro; son personas reales y completas que viven su propio presente. Y así como nuestro futuro depende de ellos, su presente depende hoy de nosotros. Solamente tenemos que hacer bien nuestra parte.

Señora presidenta, señora comisaria, en Europa hay 137 millones de personas viviendo en zonas rurales, el 30 % de nuestra población. Gracias a esa gente comemos, bebemos y respiramos. Todos nosotros nos sostenemos sobre sus hombros. Sin ellos no hay soberanía alimentaria, ni autonomía energética, ni lucha contra el cambio climático. Sin ellos no hay nada. Da igual lo que programemos aquí. Sin embargo, la brecha territorial que sufren es tremenda: carencia de servicios públicos, desde saneamiento hasta colegios o centros de salud; brecha digital; brecha de género; falta de movilidad; malas condiciones de trabajo y falta de ingresos. Todo lo que ellos producen lo pagan finalmente más caro. A eso hay que sumar los retos que vienen afrontando ya desde hace décadas: desertificación, despoblación y megaproyectos que acaparan tierras, chupan recursos y generan residuos. Yo soy de Llerena, un pueblo al sur de Badajoz, en España. Un lugar pequeño en el que se pelea a diario por mantener abierto un hospital comarcal. Hay otros pueblos similares que se levantan contra gigantes vertederos, minas a cielo abierto, megaparques solares en tierras fértiles o desecación de sus pantanos. A eso le llaman inversión. Soportamos en pie los continuos delirios de grandeza que se gestan en grandes urbes y en despachos como estos. Delirios ecocidas, homicidas y suicidas. Porque es irracional, además de injusto, despreciar a quienes pisan la tierra, cultivan lo que comemos, mantienen nuestros acuíferos y cuidan nuestras raíces. Ya es hora de reconocer al campo lo que hace por nosotros, de ponerlo en valor y pagarlo. Deberíamos darle las gracias sólo por existir, por ser, por estar y, sobre todo, por resistir. De su supervivencia depende la nuestra. Hoy hemos dado un paso.

Señora presidenta, señora comisaria, hace cuarenta años, el movimiento feminista latinoamericano eligió el 25 de noviembre para recordar el asesinato de las hermanas Mirabal. Y, desde entonces, cada año recordamos las múltiples violencias que sufren las mujeres en todo el mundo. En Polonia, Justyna, víctima de violencia institucional, condenada por auxiliar a quienes necesitaban interrumpir su embarazo de forma segura. En El Salvador, Lesly Ramírez, condenada a cincuenta años de cárcel por un aborto espontáneo. En España, María Sevilla, víctima de violencia vicaria, una de las madres protectoras condenada por denunciar la violencia sexual que sufren o sufrían sus hijos e hijas, o Beatriz Zimmermann, madre de Olivia y Anna, asesinadas por su padre y arrojadas al mar. En la República Checa, Elena Gorolavá, una de las mujeres gitanas que en distintos países de Europa han sufrido esterilizaciones forzadas. En México, Debanhi Escobar, feminicidio, desaparecida durante meses, a la que se encontró finalmente asesinada en una cisterna. En Afganistán, Helena Hofiany, jueza, hoy refugiada, que arriesgó su vida combatiendo el fundamentalismo misógino. En Irán, Mahsa Amini, torturada hasta la muerte por no llevar el velo adecuadamente. Por todas ellas, por todas las mujeres y las niñas torturadas, violadas, masacradas, asesinadas en cualquier rincón del mundo, siempre en pie, siempre en lucha.

Señora presidenta, la ausencia de las mujeres en las empresas ha sido el fruto de decisiones sesgadas, prejuiciosas e injustas. Decisiones que explican la brecha de género en el empleo, en el salario y en las pensiones, los techos de cristal y los techos de cemento. Hemos sufrido barreras que nos han obligado a esforzarnos mucho más para competir, aún estando mejor preparadas, y que nos han obligado a elegir entre nuestra vida personal, familiar y laboral para que los varones no tuvieran que hacerlo. Hoy sabemos que esta injusticia ha tenido además un efecto negativo sobre el propio desempeño de la economía, porque la feminización de la empresa garantiza sostenibilidad, seguridad, realismo, flexibilidad, cooperación, responsabilidad, confianza, empatía y promoción del consenso. El liderazgo de las mujeres cambia la cultura empresarial y ese cambio incrementa la innovación, la competitividad y la rentabilidad. Resulta que no es el éxito el que nos hace felices, sino la felicidad la que nos asegura el éxito. En fin, no nos están regalando nada. Somos más bien nosotras las que regalamos al mundo, como llevamos haciendo desde hace siglos, y ahora se trata de recibir algo a cambio. Solo y exclusivamente lo que nos merecemos.

Señora presidenta, señora comisaria, esta mañana hemos hablado aquí sobre el blanqueamiento de la extrema derecha antieuropea y me parece oportuno comenzar mencionando que el origen de este debate es una propuesta del Grupo ID para hablar sobre violencia contra las mujeres, sin mencionar que es violencia de género, o sea, sin dejar claro que son las mujeres quienes la sufren y los hombres quienes la ejercen, sin referirse al Convenio de Estambul ni a la propuesta de Directiva de la Comisión. Afortunadamente, otros grupos hemos reaccionado para evitar que las antifeministas usen a las mujeres víctimas de violencia para colar sus excentricidades. Dicen que se preocupan por las mujeres, pero, ¿a quién quieren engañar? ¿Acaso creen que somos tontas? Nos matan por ser mujeres, pero la extrema derecha dice que la violencia no tiene género, que es la ideología de género la que origina la violencia y que los hombres sufren persecución a manos de las feministas. Se les llena la boca pidiendo sanciones para los agresores, pero solo si son extranjeros, porque, en su ficción particular, esos agresores no pueden ser esposos, padres, hombres blancos, ricos y nacionales, españoles muy españoles. Esos, si matan, es solo por amor o en legítima defensa. Dicen estar con las mujeres, pero solo si son reinas del hogar y se acomodan a sus estereotipos. No pelean por las mujeres, sino solo por sus mujeres. Se sientan en esta Cámara para oponerse al Convenio de Estambul o a la violencia de género como eurodelito y van a intentar minar la Directiva de la Comisión. Y, si algo prospera, utilizan al Consejo para bloquearlo. Señores y señoras de la extrema derecha, ya está bien. A otro perro con ese hueso, que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Señor presidente, señor Buxadé, me ha facilitado la intervención porque yo justo iba a empezar con esta campaña de la extrema derecha en España. Si te sales del caminito marcado del pensamiento único, serás cualquier cosa, pero también facha. Y sigue. Si decides hablar bien de nuestra historia: facha. Si crees que España es más fuerte unida: muy facha. Si crees que las víctimas del terrorismo merecen respeto: muy facha. Si piensas algo tan lógico como que el hombre es hombre y la mujer es mujer: facha. Que defiendes la vida y la familia: facha. Esta es una de las campañas, de las simpáticas campañas, de la extrema derecha en España. Una campaña que se apropia de tu familia, de tus abuelos, de tus hijos, de tu identidad sexual y hasta de tu madre. La extrema derecha juega a distorsionar ironizando para homologarse, pero se opone a las leyes LGTBIQ, a la educación sexual, a las leyes de la infancia, a la memoria democrática o a los servicios públicos que necesitan los más vulnerables. Digámoslo claro: el racismo no es normal, no es normal el clasismo, ni la xenofobia, ni el machismo y, sí, en efecto, es fascismo y no se puede normalizar porque ha generado y genera víctimas.

Señor presidente, señor comisario, el aumento del coste de los fertilizantes, agravado por la guerra de Ucrania y el eventual cierre de muchas de sus plantas de fabricación, amenaza las cosechas de las próximas campañas agrícolas, y la fuerte dependencia externa que tiene Europa tampoco ayuda. A corto plazo, lo más importante es proteger a nuestros agricultores, que siguen siendo el eslabón más débil de la cadena alimentaria. Hay que distribuir el aumento de costes a lo largo de toda esa cadena para que los distribuidores con beneficios astronómicos asuman también las consecuencias. Hay que diversificar los mercados y, si es necesario, levantar temporalmente las medidas antidumping para satisfacer las necesidades de abastecimiento. A medio plazo, deberíamos utilizar más fertilizantes orgánicos, porque son más cercanos y ofrecen una alternativa frente a la dependencia del gas. Finalmente, a largo plazo, hay que aplicar la Estrategia «De la Granja a la Mesa», que es el único marco que nos garantiza soberanía alimentaria y resiliencia frente a las crisis, porque impide, entre otras cosas, la sobreutilización de fertilizantes. El campo exige creatividad, paciencia y sensibilidad, y, para acertar, hemos de diseñar nuestras políticas adaptándonos a las circunstancias concretas y al paso del tiempo.

Señor presidente, en las últimas décadas se ha pasado de la promesa de futuro que suponía la emancipación digital a una especie de nueva civilización basada en la organización algorítmica de la sociedad. Empresas y administraciones de todo el mundo se esconden tras una mente tecnológica para que sus decisiones sean más objetivas y eficientes. Pero en esa mente anidan los prejuicios y las aberraciones que pretenden ocultar. Las máquinas que nosotros mismos creamos no son mejores que nosotros, porque la mayoría de los datos de los que disponen están sesgados y reproducen patrones discriminatorios de los que nadie suele hacerse responsable. La policía predictiva, la asignación de ayudas sociales o la recogida de datos biométricos, por ejemplo, están racializadas y la discriminación estructural que generan obstaculiza el acceso de ciertas personas a derechos, bienes y servicios. La inteligencia artificial refuerza el lugar privilegiado de los blancos y margina a negros y gitanos, por ejemplo, de manera que desempeña un papel clave en las relaciones de poder. Tras una apariencia de neutralidad desde el punto de vista de las máquinas, hay personas a las que se persigue por lo que son y no por lo que hacen, aunque buena parte de ellas ni lo sabe ni sabría señalar a un culpable. Es evidente que de todo esto podría hacerse un buen uso, pero en Europa no tenemos los instrumentos para exigirlo. Desde el Parlamento hemos pedido muchas medidas: incorporar el enfoque interseccional en los algoritmos, recopilar datos desglosados por origen racial y étnico, prohibir los perfiles raciales, realizar estudios de impacto de derechos humanos, implementar controles de conformidad y supervisión humana o rendir cuentas. Con todo, seguimos corriendo todavía detrás de nuestra propia sombra.

Señora presidenta, señora comisaria, según el Eurobarómetro, una mayoría de europeos considera que la discriminación de las personas gitanas está muy extendida en su país. Esta percepción está más que contrastada con datos e informes nacionales y europeos. En la Unión Europea las personas gitanas se enfrentan cada día a la discriminación y al angitanismo: cuando van a la escuela, entran en una tienda, hacen una entrevista de trabajo o tratan de acceder a una vivienda —por no hablar del acceso a la justicia—. Necesitamos urgentemente políticas que aborden los estereotipos, los prejuicios, el racismo estructural o la violencia institucional a la que los gitanos están sometidos. Necesitamos instrumentos ambiciosos, como ese plan de acción europeo que votaremos mañana. Necesitamos una mayor coordinación, que los Estados hagan un uso pleno de la financiación disponible, que la Comisión evalúe las medidas adoptadas y que actúe como guardiana de los Tratados en caso de vulneración de derechos en determinados Estados. El racismo y el antigitanismo son las causas fundamentales de que los gitanos no sean reconocidos en la práctica como ciudadanos de pleno derecho, de que se vean abocados, en muchos casos, a la pobreza y la exclusión social y de que no se reconozcan las aportaciones del pueblo gitano. La lucha contra el racismo y el antigitanismo, que también estamos viendo en este debate, tiene que ser transversal y es imprescindible que aparezca en todos los principios del pilar social europeo. En España, por ejemplo, se va a incluir el antigitanismo como delito de odio en el Código Penal y se ha creado en el Congreso una Subcomisión para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo. Se ha incluido la historia y la cultura gitana en los libros de texto de la enseñanza secundaria obligatoria y se ha incorporado un apartado específico de memoria gitana en la nueva Ley de Memoria Democrática, reconociéndose así el papel de la memoria colectiva en las vulneraciones de derechos que se siguen produciendo. Ojalá sigamos esta estela en el resto de Europa.

Señor presidente, un Estado de Derecho exige separación de poderes y protección de los derechos fundamentales. Y es evidente que en Hungría no se da ni una cosa ni la otra. Acabamos de saber que el Gobierno húngaro obligará a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar. Una forma de trato cruel, inhumano y degradante, una medida que retrasa la interrupción del embarazo, incrementa las complicaciones y genera más sufrimiento a las mujeres, que no están haciendo deporte ni en una fiesta. Es un ejercicio de sadismo que obstaculiza el acceso a un aborto legal y seguro. Una cruzada natalista que es un paso previo a la restricción del aborto, como ocurrió en Texas. Quieren controlar nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros afectos. Pero no somos sus incubadoras, ni las guardianas de sus familias, sus iglesias o su purismo racial. Seguiremos peleando para que el derecho al aborto se incorpore en la Carta de los Derechos Fundamentales. Espero que esto llegue pronto y esta cruzada contra las mujeres se acabe para siempre.

Señor presidente, señor comisario, sabemos que las subidas del salario mínimo se las ha comido la inflación y los trabajadores han perdido poder adquisitivo. La pobreza laboral se está agravando y afecta sobre todo a las mujeres. Las perspectivas no son buenas, con una inflación galopante y con una respuesta por parte del Banco Central que puede enfriar la economía y tener un impacto muy negativo sobre el empleo. Esta Directiva es esencial. Es esencial para revertir la devaluación salarial que se ha dado, por ejemplo, en España. Y es esencial también para las mujeres porque reduce la brecha salarial de género, facilita la conciliación y amortigua la feminización de la pobreza. Pero tenemos que forzar a las empresas a que se sumen a este esfuerzo que vamos a hacer todos. Y en España les hemos pedido responsabilidad. En un contexto polarizado, la negociación colectiva es la única fórmula. Forcemos a las empresas también desde Europa.