Sobre qué Eugenia ha hablado.

Señor presidente: María Isabel, Erika, Mónica, Zuita, Pamela, Amal, María de los Ángeles, María Pilar, Hazna, África, Consuelo, Alicia, Rocío, Nicoleta, María Teresa, Betty, Lucía, Jordina, Mari Cruz, Mari Carmen, Conchi, Flora... algunas de las 37 mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas, por quienes decían quererlas. Y mientras, en la Unión Europea, a pesar de los esfuerzos de este Parlamento, sigue paralizada la ratificación del Convenio de Estambul, la Comisión plantea dudas sobre la violencia de género como eurodelito y hay controversia sobre el alcance de la propuesta legislativa que pretende plantear. Solo espero que la Comisión no dé alas a los negacionistas y a los Gobiernos de extrema derecha que nos boicotean en el Consejo. Esos Gobiernos y sus aliados son los que amparan la cultura de la violación, los que avanzan sobre los cuerpos de las mujeres en su particular «cuento de la criada», convencidos de que somos propiedad de varones, Estados o iglesias. Miles de mujeres esperan nuestra respuesta y no podemos dejarlas solas.

Señor presidente, garantizar una educación y una formación inclusiva y de calidad exige un sistema educativo justo y bien financiado que acabe con el sexismo y con el clasismo. Por ejemplo, para poner fin a la brecha de género y romper los techos de cristal en el ámbito científico y académico, hay que financiar las investigaciones lideradas por mujeres o equipos paritarios, erradicar prejuicios y estereotipos de género, fomentar modelos femeninos positivos en todos los niveles de la educación, facilitar que los centros de investigación y las universidades tengan planes de igualdad, y procurar que las viejas jerarquías universitarias cambien radicalmente: la universidad es un lugar no solo envejecido, sino también masculinizado y científicamente sesgado, en el que, hasta hace poco, los estudios de género no solo no contaban, sino que descontaban. Además, la educación no puede depender de un sistema de microcredenciales que precarice los itinerarios formativos y dificulte la obtención de las titulaciones que garantizan el ascenso social. Necesitamos más inversión pública y más implicación de los centros educativos, y, en el trabajo, por supuesto, más corresponsabilidad del sector empresarial.

Señora presidenta, con su lucha, las mujeres polacas nos han dado una lección que deberíamos recordar porque la ultraderecha está obsesionada con las políticas natalistas en toda Europa. Por ejemplo, el Partido Popular español presentó hace unos años un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto de 2010 para atacar la libertad de las mujeres, acabar con la educación sexoafectiva y ampliar un régimen de objeción de conciencia del que ya abusan decenas de hospitales; como aún no se ha resuelto, ahora sueñan con volver a la legislación restrictiva que teníamos en 1985. Esta misma semana, esta Cámara ha debatido sobre el Estado de Derecho en Polonia. Pues bien, la prohibición del aborto por parte de un Tribunal Constitucional nombrado a dedo por el Gobierno está completamente fuera de este marco: el aborto es un derecho, no solo un servicio sanitario, y, allí donde se viola, se viola el Estado de Derecho, sea en la Polonia de hoy o en la España del mañana; por eso, quienes nos quieren al servicio de la familia, la patria, la nación y la religión nos tendrán enfrente. (Aplausos)

Señor presidente, señor Morawiecki, tiene usted cierta confusión sobre el sistema de fuentes del Derecho comunitario. La Unión Europea, en efecto, no es un Estado, pero tampoco es un club de lectura o un matrimonio mal avenido. ¿Cree que sin el principio de primacía, sin la obligación de aplicar íntegramente el Derecho de la Unión tendría usted derecho a vetar a otros Gobiernos en el Consejo Europeo? ¿O es que cree que puede someter a los demás o recibir fondos sin cumplir sus obligaciones? El suyo es un gobierno free rider que pretende ir por libre, un gobierno subversivo y ventajista con tendencias autoritarias. No me sorprende que cuestione los valores fundacionales de esta Comunidad cuando no le interesan, porque ya cuestiona los propios por las mismas razones cuando elige a dedo a los jueces del Tribunal Constitucional para que sigan sus dictados, declara zonas libres de ideología LGTBI o viola los derechos de las mujeres. Señor Morawiecki, está perjudicando a su pueblo con absurdas fantasías megalómanas, propias del siglo XIX. El tiempo de los superestados ya pasó y Polonia necesita los Fondos europeos —insisto, europeos— para salir de la crisis.

Señora presidenta, todos los agricultores saben que cada vez tienen que invertir más para ser más pobres: más plaguicidas, pesticidas y fertilizantes en un suelo cada vez más erosionado, sin agua ni nutrientes. Mañana podemos empezar a cambiar eso. Podemos cambiar nuestra manera de producir, distribuir y consumir para evitar las crisis hídricas y alimentarias que ya sufrimos hoy. El cambio que necesitamos todos tiene que ser también una oportunidad para nuestros agricultores y ganaderos, para mejorar su posición en la cadena alimentaria y permitirles cultivar y criar de una forma más cercana, rentable y saludable. Ellos no pueden ser los paganos, todos los actores de la cadena alimentaria tienen que responder. Hay que mejorar la vida de quienes se ocupan de alimentarnos todos los días: incrementando su renta, evitando el vaciamiento de las zonas rurales y limitando el oligopolio de las grandes cadenas de distribución. Nos guste o no, la transición alimentaria ya no es una alternativa, sino un dato, y lo que tenemos ahora es la oportunidad de hacer de la necesidad virtud. Por supuesto, todo esto exige también una mayor coherencia en las políticas públicas, incluida la política comercial de la Unión Europea, evitando que el futurismo tecnológico de la digitalización se convierta en una carga más. El debate sobre la Estrategia «De la Granja a la Mesa» evidencia que los alimentos son políticos y que la discusión va mucho más allá de reducir emisiones o evitar pérdidas de nutrientes; de hecho, el informe que votamos mañana es un paso imprescindible en la defensa del derecho humano a una alimentación adecuada para todos y todas.

Señora presidenta, cuando se prohíbe el aborto, como estamos viendo en Texas —si un juez no lo evita—, se ponen en riesgo la vida y la salud física y psicológica de las mujeres, que tienen que recurrir a abortos clandestinos e inseguros. Se fomenta la desigualdad y la discriminación, porque son las mujeres las que paren y las que afrontan mayores dificultades cuando tienen hijos. Se limita su autonomía para decidir libremente cuándo y cuántos hijos tener. Se vulnera su derecho a la libertad religiosa y de conciencia, porque muchas de las leyes que restringen el aborto —lo estamos viendo aquí— están basadas exclusivamente en las doctrinas de la fe. Los que podrían llamarse «pro algunas vidas» dicen defender el derecho a la vida del no nacido, pero su oposición al aborto tiene más que ver con la sacralidad de la familia convencional, en la que el papá es el propietario y la mamá la propiedad. La mamá es una máquina reproductora sin capacidad para decidir sobre su propia vida ante embarazos no deseados. Los «pro algunas vidas» utilizan, además, argumentos demográficos y racistas para adjudicarnos el rol de paridoras a tiempo completo, dado que, según ellos, los hijos propios son siempre mejores que los de los migrantes, de manera que las mujeres tienen que parir para evitar la degeneración de la progenie nacional. La vida de las mujeres ha de ponerse al servicio de sus hijos, su raza y su nación. Como feminista, reivindico el papel esencial de las mujeres en el sostenimiento de la vida y el cuidado de los vínculos, pero no de los vínculos que nos quieren imponer los fundamentalistas religiosos, sino de los que nosotras escogemos y aceptamos libremente, fuera de nuestros úteros.

Señor presidente, un maltratador nunca, —insisto— nunca, es un buen padre. Por eso resulta sorprendente que, cuando las mujeres denuncian violencia contra ellas o sus hijos, se entreguen custodias exclusivas a los padres maltratadores. Sorprende que no se escuche a los niños que sufren violencia y se asuma que están siendo manipulados por sus madres, a pesar de contar con informes médicos y psicosociales que acreditan lo contrario. En España, entre 2013 y 2021, 42 niños fueron asesinados a manos de sus padres maltratadores con el único fin de hundir a sus madres. El síndrome de alienación parental es una farsa repugnante. Tenemos que ratificar el Convenio de Estambul y aplicarlo; asumir que la violencia de género es un eurodelito; articular una directiva marco sobre este asunto; obligar a los Estados a transponer y aplicar la Directiva sobre los derechos de las víctimas; mejorar la cooperación en casos transfronterizos; favorecer la investigación y obtener financiación, entre otras cosas, para combatir el negacionismo de esos que dicen defender a la familia. Esto es defender a la familia. Basta de hipocresía y de falsa moral cristiana.

Señor presidente, que la pandemia ha tenido consecuencias devastadoras ya lo sabemos. La pregunta ahora es si vamos a aprovechar la recuperación para luchar contra las desigualdades que se han acentuado durante este año. Si la respuesta es sí, necesitamos más justicia social con salarios mínimos suficientes, un seguro europeo de desempleo, la suspensión definitiva del Pacto de Estabilidad y medidas de protección social, como los ERTE en España. Más justicia fiscal, acabando con los paraísos fiscales y el dumping entre Estados y dentro de ellos, y apoyando el impuesto mínimo de sociedades del 15 %, algo que llevamos años diciendo. También necesitamos menos brechas de género en los salarios, las pensiones y el reparto de los cuidados; esperamos que la futura estrategia europea de los cuidados sirva para acabar con ellas. Y, por último, es necesaria una transición ecológica que cambie de verdad nuestra forma de producir y consumir con más soberanía energética y alimentaria y que no sea un negocio para los de siempre. Todo esto hace falta, si la respuesta es sí. Si la respuesta es no, pues mejor nos vamos a casa.

Señor presidente, un sistema alimentario que deja a más de 800 millones de personas hambrientas y económicamente desamparadas en el mundo y que, al mismo tiempo, provoca formas de malnutrición como el sobrepeso es un sistema enfermo. Que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» asuma este diagnóstico y apueste por una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles a partir de objetivos medioambientales, sociales y de salud pública está muy bien, pero apunto tres cuestiones. En primer lugar, la soberanía alimentaria no es compatible con el furor minero. O producimos alimentos o perforamos la tierra. El derecho a la alimentación nos obliga a repensar el modelo de transición energética basada en minerales críticos. En segundo lugar, tenemos una política comercial depredadora que apuntala el agronegocio, expulsa a los pequeños agricultores y profundiza nuestra huella ecológica. Un sistema alimentario sostenible no puede reducirse al corralito europeo, sobre todo si dependemos, como es el caso, de alimentos importados. Y, para terminar, de nada sirve tener una estrategia muy exigente con los productores europeos si los productos importados que consumimos no cumplen con las mismas exigencias.

Señor presidente, la violencia de género está reconocida y perseguida de forma insuficiente y desigual en la Unión Europea. Muchos países no han ratificado el Convenio de Estambul o amenazan con salirse; la mayoría no diferencia entre violencia doméstica y violencia de género, o ni siquiera considera la violencia doméstica como un delito; y los pocos que contemplan la violencia de género no la definen del mismo modo. Actualmente, España es el país más avanzado en este sentido, pero si miramos a nuestro alrededor, la disparidad legislativa es tal que: carecemos de datos suficientes y comparables; no tenemos herramientas jurídicas para proteger, apoyar y reparar a las víctimas de manera adecuada; no contamos con recursos, financiación ni profesionales suficientes; y, como no hay cooperación entre Estados, los agresores pueden campar a sus anchas por un país de la Unión, mientras la justicia les persigue en otro. Es incomprensible que los crímenes contra las mujeres se consideren menos graves que delitos como la corrupción o la delincuencia informática, que sí se persiguen de forma más homogénea, coordinada y con más recursos. Por todo esto, la violencia de género tiene que ser un «eurodelito», por su extrema gravedad, por su dimensión transfronteriza y porque solo se puede acabar con ella si tenemos criterios comunes. Sabemos que el camino es largo y que algunos partidos, gobiernos y lobbies negacionistas intentarán evitarlo a toda costa, pero la votación de este jueves es el primer paso para lograrlo.

Señora presidenta, señor comisario, oímos hablar de flexibilidad y optimización, de recursos, de desarrollo tecnológico y nuevas fórmulas de empleo, pero la realidad pulveriza la ingeniería publicitaria de la economía de plataformas, un modelo construido para el dumping fiscal y el dumping social, o sea, a partir de la negación de los derechos laborales y la elusión de impuestos. Por eso, en primer lugar, hay que reconocer la presunción de laboralidad de nuestros trabajadores en línea con la jurisprudencia europea: que, a estas alturas de la lucha, nuestra lucha no sea ampliar nuestros derechos, sino reconocernos como trabajadores, ya nos dice algo. Los abultados beneficios de estas empresas salen de la precariedad y la temporalidad de sus contratos, es decir, de la explotación de sus trabajadores. En segundo lugar, la gestión de los algoritmos tiene que ser transparente, porque esos algoritmos hoy vigilan, discriminan y vulneran derechos individuales y colectivos, pero nadie responde por ellos. Y, en tercer lugar, con la economía de plataformas se están reduciendo nuestros ingresos fiscales y por cotizaciones. O eso se corrige o no habrá equilibrio financiero ni protección social para nadie.

Señora presidenta, para afrontar el envejecimiento en Europa necesitamos un pacto por los cuidados y una fuerte inversión pública en servicios sociales, sin perder de vista la perspectiva de género. Pensar en las mujeres, pero no para socavar su autonomía reproductiva y convertirlas en máquinas paridoras al servicio de la patria, sino para darles una vejez mejor de la que tienen. Porque nuestras abuelas, las grandes cuidadoras, viven peor que sus homónimos varones. Sufren la precariedad, el paro y la brecha salarial cuando son jóvenes y la de pensiones cuando son mayores. Muchas viven solas y tienen más dificultad para acceder a servicios sanitarios, cuidados de larga duración o a una vivienda digna. Cuando analizamos el envejecimiento de la población, tenemos que pensar en la desigual distribución de las tareas de cuidados y en la penalización laboral de la maternidad, más que en la prohibición del derecho al aborto o en esas políticas familistas que usan el cuerpo de las mujeres en edad reproductiva para abandonarlas después a su suerte. La clave está en cuidar de ellas, de quienes nos cuidan, pero en todos los momentos de su vida.