Sobre qué Nacho ha hablado.

Señor presidente, señor Borrell, el resultado real de la operación por el mar Negro ha sido de diez millones de toneladas. Sin embargo, el resultado diplomático y de imagen para Turquía ha sido enorme. Aparece Turquía como el gran benefactor del tercer mundo, haciendo un papel que tiene unos réditos diplomáticos. ¿Cuál ha sido el resultado real de nuestros corredores de solidaridad? A pesar de ese coste que usted decía, a pesar de los cuellos de botella, hemos sacado quince millones de toneladas. Quince millones de toneladas por nuestras vías terrestres, diez millones por el mar Negro. Y, sin embargo, el rédito diplomático de esta enorme operación, con los costes que usted ha dicho, es mucho menor. Es más, Rusia ha conseguido, al menos durante algún tiempo, meter la imagen de que los problemas en algunas partes, por ejemplo, de África, tenían que ver con nuestras sanciones y no con el hecho de la guerra. Por no hablar del margen que ha ganado Turquía para, seguramente, hacer una política exterior diferente. Señor Borrell, ¿cómo es posible que una operación de este coste y de este beneficio no tenga la misma repercusión en términos diplomáticos que está teniendo la de Turquía?

Señora presidenta, seguimos en la bruma. No sabemos si esto es una expectativa de lo que podría llegar a ser o es siempre un talking show, pero hay que recordar que muchas cosas en Europa empezaron siendo un talking show, como la propia Unión Europea. Hacen falta tiempo y un par de crisis. Pero para ello hay que resolver algunas dudas. ¿Esto va de valores o va de realpolitik? A valores se refirió Macron, a valores se refirió la señora Truss; pero estuvieron allí Turquía, Azerbaiyán o Serbia, lo que hace pertinente una pregunta: ¿a medio plazo es compatible la foto de Praga con la foto de Samarcanda, la foto de los autócratas? A la vuelta de la cumbre, el señor Michel ya no habló de valores, solo de intereses, y eso tiene un riesgo, comisario: que por ampliar el círculo alrededor o contra Rusia nos arriesguemos a rebajar nuestras exigencias democráticas. Pero tampoco parece una organización de seguridad, a pesar de que la guerra haya sido su desencadenante, porque ahí hay amigos de Rusia y porque un sistema de seguridad en el que no estén la OTAN y los Estados Unidos, seguramente, no sea muy realista. Por tanto, sigue siendo un objeto político no identificado y voy a permitirme coincidir con usted, sin que sirva de precedente: esto es, de momento, una oportunidad.

Señor presidente, este es un buen ejemplo de lo que podrían llegar a ser las urgencias de derechos humanos en esta Cámara. Una llamada de atención y no un campo de batalla para estériles batallas partidistas. Nos arrojamos, a veces, las urgencias de derechos humanos unos grupos a otros, y eso no ayuda mucho a la situación que tratamos. Agradezco el tono de la negociación, siempre constructivo, con el objetivo de poner a Haití en la agenda. Es un asunto del que se habla poquísimo porque en muchas partes del mundo algún país tiene bandas violentas. En Haití son las bandas las que tienen un país: la sucesiva desaparición de las instituciones públicas y el vacío de poder ha empoderado a unas bandas que comenzaron al servicio de las élites políticas y ahora tienen a estas élites a su servicio. En Haití hablar de crisis económica es un eufemismo. Es la pobreza más absoluta, y no la enmascaremos. Por tanto, vacío de poder político. Pobreza. Y las bandas dirigiendo el país. La tormenta perfecta. Al menos, creemos conciencia.

. – Señora presidenta, señora comisaria, sustituyo en este turno a la negociadora de mi grupo en este informe, la colega Bettina Vollath, que ha dejado estos días el Parlamento. Quiero agradecerle su trabajo en este informe y en muchos otros de la Comisión DROIT y desearle mucha suerte en su futuro. También deseo agradecer su actitud y ambición al colega Urbán. Este podía haber sido un papel más de relleno y previsible en nuestro orden del día y, sin embargo, no lo es gracias a esa ambición que él mismo ha expresado en su informe, no solo en su discurso precedente, no solo por esa bien conectada idea del derecho al saneamiento y el derecho al agua. Creo que también hay muchas ideas que tenemos que explorar: el acceso no discriminatorio al agua, las acciones anticipatorias y preventivas, el agua en los campos de refugiados —a la que él no se ha referido— o la diligencia debida de las empresas europeas en su manejo del agua en su actividad en el resto del mundo. Este es un problema a escala mundial y, por tanto, los análisis y las soluciones tienen que ser globales.

Señor alto representante, el grado de compromiso de los factores regionales en el conflicto puede medirse gráficamente con ese horrible vídeo del que hemos hablado, no de ejecuciones, sino de asesinatos, y sea cual sea la fecha de ese vídeo. La sociedad internacional tuvo que admitir, qué remedio, que Rusia y, en menor medida, Turquía actuarían como fuerzas interpuestas. Pero Rusia está lógicamente en otra cosa y Armenia ha sido abandonada a su suerte por su teórico socio y protector. Rusia envió tropas a Kazajistán por un problema interno, pero no envió ninguna ayuda a Armenia ante una invasión militar. Tampoco Turquía, tan activa y ruidosa en tantas ocasiones en asuntos exteriores, ha dado ninguna muestra de sus recientes y publicitadas capacidades mediadoras, solamente frases belicosas. Los mismos drones que protegen a Ucrania atacan a Armenia; buen ejemplo de esa actitud, difícil de entender, a veces, de nuestros socios turcos, reitero, socios turcos en la OTAN. Y Turquía, además, es candidata a la adhesión a la Unión. Sobre Turquía, creo, señor Borrell, que tenemos algunas mayores capacidades de presión que sobre otros actores. ¿Se plantea algún tipo de medida en este sentido?

Señor presidente, quiero agradecer el trabajo de los ponentes alternativos. Este es un dosier complicado, endemoniado, pero la verdad es que trabajar con ellos lo ha hecho muy fácil. Nuestro compromiso, señorías, es con un país, no es con un Gobierno. Y cuando pensemos en la relación con el país, pensemos en su sociedad civil, porque somos de lo poco que le queda a esa sociedad civil. No lo olvidemos cuando hablamos de Turquía. Como yo suelo decir: Turquía no es Erdoğan y Erdoğan no es Turquía. Y vamos a esta diplomacia de bazar del veto a Suecia y Finlandia de la OTAN, que es un veto irresponsable, porque es un regalo político para el Kremlin. ¿Piensa Turquía que Suecia y Finlandia están felices de incorporarse a una alianza en la que uno de sus miembros tiene misiles rusos del mismo tipo que teóricamente podrían ser utilizados contra ellos? ¿No es una burla que Turquía se permita dar lecciones a Suecia sobre su legislación antiterrorista cuando hay un clamor universal por el uso que hace Turquía de la suya? Quizá Turquía está perdiendo su penúltima oportunidad, pero habrá sido este Gobierno, no lo olvidemos, no la sociedad civil turca.

Señora presidenta, señorías, el informe periódico sobre los países candidatos describe sus progresos en el acercamiento a los estándares europeos de todo tipo, y en su núcleo, como es obvio, está el examen de la situación de los derechos y libertades y el Estado de Derecho; no es banal recordarlo en un ambiente en el que los principios y valores suelen ceder a las consideraciones crudamente geopolíticas. La Unión Europea sigue siendo un club de democracias avanzadas, como lo demuestran, más que negarlo, las medidas contra los socios actuales que se desvían de ese principio. Esta introducción es muy conveniente cuando hablamos de Turquía porque allí todo parece basarse en un cálculo equivocado: puesto que somos útiles desde el punto de vista geopolítico, toda crítica occidental debe ceder y hay que acelerar el proceso de adhesión. Esto es un desenfoque muy perjudicial; lo es, espero, para todas las instituciones, pero desde luego lo es para este Parlamento, y, por eso, en el corazón del informe está la desastrosa situación actual de los estándares democráticos en Turquía, pero es más grave: no se trata solo de ese lamentable nivel, sino de que la tendencia consolidada es a empeorar. Otros sistemas autoritarios lo son porque no han madurado lo suficiente o porque han parado su impulso democratizador; en el caso de Turquía no se trata de eso, sino de una deliberada regresión desde una situación mejor: la mayoría de los turcos adultos han vivido una Turquía mejor, una Turquía más democrática, más avanzada, más abierta, menos aislada; una incipiente democracia no es en Turquía una aspiración intelectual, sino la experiencia vital de varias generaciones de turcos, turcos y turcas que ven como sus esperanzas democráticas se van por el sumidero en una espiral autoritaria que parece no tener fin. Un carácter autoritario que es, a estas alturas, cuando todas las coartadas han desaparecido, una política de Estado plenamente deliberada, programada y ejecutada con aterradora frialdad por la élite gobernante: represión sobre una sociedad cada vez más desarmada, sectariamente informada y mantenida con dosis mediáticas patológicas de un nacionalismo que pone por encima de los derechos y la felicidad de los ciudadanos los derechos de la nación. El núcleo del informe refleja esta situación; además, en los últimos días hemos tenido que añadir nuevos casos de violación de derechos y, si esperáramos dos semanas, tendríamos otro puñado de nuevos casos, algunos incluso anunciados: en unos meses es probable que se ilegalice el tercer partido del país, el HDP, que votaron casi seis millones de ciudadanos y que consiguió cien alcaldías, y todo para ir más cómodamente a las elecciones. Si en esas elecciones futuras se confirma esa tendencia, yo no creo personalmente que el proceso de adhesión pueda sobrevivir cinco años más, por más que ese sea el mejor resorte que tenemos para defender a esa sociedad civil. El informe examina también otros aspectos de la relación y en el periodo examinado ha habido un mejor tono que en el periodo anterior y se han hecho algunos modestos progresos, pero, de nuevo, en las últimas semanas las tensiones y las declaraciones agresivas sobre Grecia han vuelto a estar sobre el tapete, lo que refuerza una impresión de imprevisibilidad que ayuda a comprender el costosísimo aislamiento político de Turquía. Luego, la guerra ha ofrecido a Turquía una oportunidad para reivindicarse como un actor importante en materia de seguridad: el intento mediador de Turquía fue bienvenido, aunque haya fracasado, pero lo que no puede hacer Turquía es pretender que, dado ese papel geopolítico, es el momento de acelerar la represión, intentando rebajar las críticas externas; en realidad, lo que está haciendo Turquía es malgastar su escaso crédito internacional, reforzar su mala imagen y subrayar su aislamiento, y este Parlamento, desde luego, no se va a callar ante atropellos como los de Kavala, Kaftancıoğlu, Kılıç o la Universidad Boğaziçi, sea cual sea el papel geopolítico de Turquía. Un papel, por cierto, nada claro a estas alturas; no es solo no seguir las sanciones, es invitar expresamente a los cleptócratas del Kremlin a disfrutar e invertir en la costa turca, a emitir tarjetas de crédito para los ciudadanos rusos por miles, al aumento exponencial de los vuelos entre Rusia y Turquía, al paso por los estrechos de mercantes civiles que pueden llevar armamento o a la falta de progreso en la exportación de los cereales de Odesa: medidas que, tomadas en su conjunto, se parecen mucho a un sistema para sortear las sanciones. Si la guerra marca claramente la división entre democracias y sistemas autoritarios, es obvio que Turquía no está en nuestro campo, porque el modelo de sociedad que ofrece es el modelo ruso; si la guerra marca claramente la división entre países que defienden unas relaciones internacionales basadas en el Derecho y no en la fuerza de las armas, es obvio que Turquía, con sus operaciones en Nagorno Karabaj, en Irak o en Siria, no está en nuestro campo; si la guerra marca claramente la división entre aliados militares y rivales, es obvio que Turquía, con su irresponsable veto a Suecia y Finlandia, está haciendo un regalo al Kremlin. Termino, señora presidenta. Turquía no tiene un problema con Suecia y Finlandia: Turquía tiene un problema con cualquier democracia, y eso es lo que demuestra este informe.

Señor presidente, la agresión a Ucrania representa del modo más dramático la contraposición de dos modelos de sociedad y de dos actitudes respecto de la centralidad del Derecho internacional. Esto tiene que ser evidente también en la diferente aproximación a las consecuencias penales de la agresión rusa. Nosotros —y, en este «nosotros», por supuesto, incluyo a Ucrania— tenemos que ser extremadamente cuidadosos en nuestros procedimientos. Tenemos que ser decididos, dada la gravedad de los hechos, pero también tenemos que ser irreprochables, ejemplares, transparentes y conducirnos siempre anclados en la legalidad. Cualquier error en este ámbito será más gasolina para la maquinaria rusa de desinformación respecto de Ucrania y del mundo occidental. Señor comisario, este Parlamento, como autoridad presupuestaria, aprobó hace dos años la creación de un observatorio europeo de la lucha contra la impunidad. La Comisión ha arrastrado los pies durante dos años y solo tiene, al parecer, un estudio, y en esta situación el observatorio de la lucha contra la impunidad de la Unión Europea hubiera sido muy útil. La Unión Europea tiene que dotarse de ese observatorio y de otros mecanismos que, aunque no sean permanentes, puedan activarse inmediatamente en situaciones como la que estamos viviendo.

Señor presidente, el proceso Kavala ha culminado con la sentencia más grave posible, cadena perpetua agravada, sobre una persona que hasta hace pocos años era un filántropo prácticamente desconocido para su opinión pública. Un proceso que, además, ha arrastrado a otros siete ciudadanos, igualmente inocentes, en la misma ola de ciega venganza. Las autoridades turcas eran perfectamente conscientes de las consecuencias políticas de su resistencia a liberar a Kavala por orden de un tribunal de justicia que forma parte del sistema judicial turco por decisión de la propia Turquía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Cuando un sistema político, cuando todo un sistema político culmina en una sola persona, en un vértice sin balances y contrapesos, al final todo puede reducirse a prejuicios o manías personales, pero eso contamina a todo el Estado y a su imagen internacional. Es el actual Gobierno de Turquía el que ha decidido deliberadamente dinamitar cualquier perspectiva para retomar el proceso de adhesión. No ha sido este Parlamento, ni la Comisión, ni el Consejo, ni los Estados miembros. El actual Gobierno turco se ha cerrado esa puerta, una puerta que no se podrá abrir con esta Turquía. Hay muchos aspectos de la relación en los que podemos seguir trabajando con Turquía, pero no, desde luego, en el proceso de adhesión. Lo que no vale es aprovechar el papel de mediación en la guerra como una coartada para acelerar el proceso autoritario doméstico. No, al menos, esperando el silencio de este Parlamento. Y, espero, que tampoco el silencio de la Comisión o del Consejo. Liberen a Kavala y reviertan la actual tendencia destructiva de una no tan lejana democracia naciente en Turquía.

Señora presidenta, quiero agradecer la iniciativa y liderazgo de Raphaël Glucksmann y el trabajo de la señora Kalniete y de los ponentes alternativos, incluido mi camarada Andreas Schieder. Yo quiero comentar un aspecto en el que he insistido durante mi trabajo en la comisión, que es la interferencia en los procesos electorales. Procesos electorales: no el día de las elecciones, ni siquiera solo la campaña, sino el largo periodo de un proceso electoral, porque, como he tenido ocasión de explicar en muchas ocasiones de observación electoral, democracia es lo que pasa entre elecciones y una elección correcta no salva un proceso electoral en el que no haya habido igualdad de condiciones. Es algo a lo que se apuntan mucho los regímenes iliberales, pretendiendo que la urna lo cura todo. La interferencia en los procesos electorales, de la que tenemos sobrados ejemplos, es especialmente peligrosa por muchos motivos. Primero, porque el objetivo es tener efectos inmediatos en el voto de los ciudadanos, condicionarles. Pero el segundo objetivo es deslegitimar nuestros procesos electorales. No es necesario manipular un recuento electoral, pues introducir la duda sobre la limpieza de unas elecciones contribuye a ese mismo objetivo. Es un mecanismo que se basa, además, en que no todos los ciudadanos siguen la política diariamente. Muchos ciudadanos se reenganchan a la política cuando llega un período electoral y en ese momento, en el que hay más apetito por la información política, existe una mayor vulnerabilidad. Tenemos que adaptar nuestros mecanismos de observación electoral a este nuevo tipo de crecientes amenazas, más discretas que la desinformación publicada, porque es información basada en el profiling que acaba en el teléfono móvil de cada ciudadano y es más difícil de seguir. Por tanto, usemos todo nuestro arsenal para luchar contra la interferencia maliciosa, también y especialmente durante los procesos electorales.

Señor presidente, señor vicepresidente, quiero especialmente agradecer al señor Lagodinsky su constancia, porque coger un dosier atascado desde los años 80, encarrilarlo, resucitarlo y conseguir los acuerdos políticos necesarios para volver a ponerlo en la mesa de la Comisión y del Consejo me parece que tiene un gran valor. Él decía que este es el momento justo. En España decimos «más vale tarde que nunca». Porque los problemas que este dosier quiere arreglar ya eran obvios en los años 80. Ya se sabía que ese bosque de reglamentaciones diferentes entre los países dificultaba enormemente la funcionalidad europea de estas asociaciones en aspectos fiscales, de inscripción, de registro y de control. Por lo tanto, vamos a dejar de hablar mucho de la sociedad civil y hacer lo que esa sociedad civil necesita. Señor vicepresidente, la Unión Europea se dio muchísima prisa en regular los partidos políticos europeos. Nos dimos mucha prisa porque era nuestro dosier, pero no lo hemos conseguido con las fundaciones y no lo hemos conseguido con las sociedades de este tipo. Por tanto, hagamos que esas reticencias que usted expresaba y esa timidez se resuelvan. La sociedad civil europea no va a esperar otros treinta y cinco años para que sus necesidades sean resueltas por este Parlamento. Y, por favor, no se escondan detrás de la subsidiariedad. Ninguna regulación nacional puede sustituir a un estatuto europeo. Por tanto, nadie puede considerar violada la subsidiariedad por una normativa europea de este tipo.

Señora presidenta, señor Borrell, quisiera felicitar a la ponente y a los colegas que han trabajado en el dosier, porque me parece que, de nuevo, refuerza una posición ya clásica de este Parlamento, y es precisamente de lo que yo quería hablarles, porque parece haber un perverso reparto de papeles entre las instituciones de la Unión. Un perverso reparto de papeles que parece reservar casi en exclusividad al Parlamento, la defensa de los derechos humanos en el mundo. Mientras que el Consejo, en muchas ocasiones, se considera completamente ajeno a este enfoque y a veces se abona a una realpolitik dura en la cual este tipo de asuntos de derechos humanos resulta molesto. Un ejemplo: la oferta de una agenda positiva a Turquía (octubre de 2020), sin ninguna referencia a la situación de derechos humanos en ese país. Es verdad que luego el señor Borrell corrigió el asunto en marzo de 2021. Y, aunque tampoco está tan lejos de la posición del Parlamento, también la Comisión a veces parece dejarnos ese papel de denuncia de los derechos humanos al Parlamento. Algunos desmanes del comisario Várhelyi en las relaciones con Israel o con los palestinos son una buena prueba. Algunas embajadas, señor Borrell, cuyo modelo de diplomacia económica está olvidando la agenda de derechos humanos. Quiero decir que la defensa de nuestros valores y nuestros principios es una tarea constitucional de la Unión. De la Unión. Y, por tanto, de todas sus instituciones. No es una tarea exclusiva de este Parlamento. Un Parlamento en el que algunos riesgos estamos corriendo ya, uno lo ha dicho el señor Pineda. Este Parlamento solo se encarga de alguna agenda de derechos humanos. La derecha del Parlamento impide que se traten otros asuntos. ¿Otro riesgo? La ubicación en el Pleno de las urgencias en materia de derechos humanos al final de la noche del miércoles. Lo hemos corregido en esta ocasión. Espero que sea una corrección para siempre. Y, finalizo, presidenta, gracias: el propio estatus de la Subcomisión de Derechos Humanos, que debería ser una comisión de pleno derecho. (Aplausos)

Señor presidente, el Parlamento Europeo envía, con esta Resolución acordada por los principales grupos, un mensaje claro al pueblo y a las autoridades kazajas: un mensaje de solidaridad con la sociedad kazaja, que afronta una crítica situación económica, agravada por la pandemia, y una elevación de los precios en un contexto político de falta de libertades y de corrupción que dura ya décadas, una combinación de hartazgo y desesperanza que se ha traducido en las mayores protestas en la historia del país. Y un mensaje, también, el del Parlamento de condena a la violencia: la perpetrada indiscriminadamente por las fuerzas de seguridad en la represión de las protestas, con una incalificable llamada del presidente Tokáyev a disparar sin aviso a las personas que estaban en la calle, la cual le acompañará, desgraciadamente, toda su vida política, y también la violencia de unos grupos armados de origen sospechoso que se sirvieron de las manifestaciones para sembrar el caos y que fueron la excusa precisamente para esa brutal represión. Es difícil saber algunos detalles de lo que ha pasado y por eso es importante que haya una investigación internacional; yo creo que seguramente la OSCE, al ser Kazajistán miembro de esa organización, sería el agente internacional más capacitado. Si es cierto que esto ha sido una lucha de clanes, aparentemente el presidente Tokáyev ha salido reforzado, librándose de la sombra de su antecesor, Nazarbáyev: ese sería el momento de demostrar esa supuesta voluntad reformista implantando un programa de reformas económicas y políticas democráticas rápido y profundo. Y la Unión Europea tiene que ser muy exigente: 225 muertos, 10 000 detenidos y, además, la represión contra los activistas de derechos humanos en una vuelta de tuerca a esa situación autoritaria. Y ello, con una enorme falta de coherencia: si las manifestaciones pacíficas fueron instrumentalizadas por grupos armados con alguna agenda política, por terroristas, ¿dónde están los terroristas?, ¿por qué se detiene a los dirigentes de derechos humanos que, teóricamente, se manifestaron pacíficamente? Es el momento de imponer sanciones a los responsables de estas graves violaciones y es el momento de que nuestra Delegación tenga una excelente comunicación con la sociedad civil y abandonemos esa idea de la diplomacia silenciosa que hasta ahora hemos seguido en Kazajistán.

Señora presidenta, no es siempre la guerra híbrida, a veces son actores híbridos en conflictos tradicionales o convencionales los que aceleran esa huida del Derecho en un marco internacional de legislación sobre la guerra ya de por sí débil y frecuentemente incumplido. Pero sean cuales sean los actores y sean cuales sean las etiquetas superpuestas con las que se van ocultando, al final de la cadena de comando y de pago hay siempre un poder político; hay un Gobierno; hay un Estado. Estos actores híbridos son ejecutores de políticas que se deciden en despachos oficiales. Muchos de los colegas han hablado de esa cadena de impunidades. Me gustaría preguntarle, señora comisaria, ¿sabe usted que este Parlamento aprobó la creación de un observatorio contra la impunidad en materia de derechos humanos y que la Dirección General de Presupuestos ha boicoteado la creación de ese observatorio contra la impunidad? ¿Es consciente la Comisión de que puede estar siendo, seguramente sin querer, cómplice de tantas impunidades en materia de derechos humanos en el mundo? Señora comisaria, por favor, transmita la indignación de esta autoridad presupuestaria que ordenó a la Comisión crear un observatorio contra la impunidad para este y otros muchos casos.

Señor presidente, algunos diputados han expresado aquí sus experiencias personales y políticas en la cooperación transfronteriza. Es mi caso, y por eso también sé que los avances de la cooperación transfronteriza siempre encuentran inicialmente recelos y reticencias en los ministerios y en las capitales —un ambiente de sospecha—. Por eso es bueno recordarles a los Gobiernos que Europa se ha construido jurídicamente con tratados entre las capitales, pero se ha cosido y se ha legitimado socialmente en cada frontera. Y que la lógica y la inercia histórica de Europa son precisamente la superación de los efectos indeseados de las fronteras y que en esas fronteras hay muchos actores no estatales: regiones, municipios, sociedad civil, que esperan sensibilidad para con sus problemas. La Comisión y el Parlamento deben insistir en esta fórmula y el Consejo debe saber que sus reticencias serán barridas por la inercia de la construcción europea. Nos dicen los Gobiernos que hay otras formas de solucionar estos problemas. ¿Por qué no lo han hecho durante decenios? ¿Por qué seguimos hablando de problemas que ustedes dicen que podrían haber resuelto? ¿O es que la subsidiariedad es la excusa para la inacción? La Comisión debe continuar con este proyecto y el Parlamento debe darle todo su apoyo político.

Señora presidenta, señora comisaria, el problema sigue allí, me refiero a que no hemos conseguido bajar ese enorme número de personas en Turquía, y parece que el problema va a agravarse y no hay perspectivas realistas de que esas personas puedan volver, por ejemplo, a Siria o a Afganistán. Por eso hay que tener un especial cuidado en las garantías del retorno, siempre bajo el asesoramiento de las Naciones Unidas. Y una cuestión, señora comisaria, que es el balance entre lo que es dinero para fines humanitarios y dinero para cooperación al desarrollo. Porque, siguiendo la tesis afgana, hay que mandar dinero humanitario sin tener en cuenta la calidad democrática del sistema político. Es el caso de Afganistán. Pero, cuanto menos dinero vaya a lo humanitario y más a la cooperación, más condicionalidad democrática habrá que tener. Por lo tanto, apoyo la continuidad de estos fondos en el caso de Turquía, pero con algunas garantías: reforzar una base jurídica debilísima —el acuerdo de 2016— y garantizar una gestión siempre por nuestra delegación, las instituciones internacionales y las ONG. Señora comisaria, salga aquí y repita: «No se está transfiriendo dinero al Tesoro turco. Se está gastando dinero en Turquía». Porque diez diputados han dicho: «dinero a los bolsillos de Erdogan». Y parece que nadie les dice que esa situación no es la real. Y, finalmente, puesto que todo el dinero va a ser dinero de la Unión, mucho mayor control de este Parlamento.

Señora presidenta, un sistema de partido único en el siglo XXI es una anomalía histórica, es una antigualla y es un sistema no democrático. Como la Unión Europea tiene entre sus funciones promover la democracia, tenemos que ser muy críticos con ese sistema político para proteger a los ciudadanos e intentar ayudar a provocar cambios pacíficos. Para respetar los derechos de los ciudadanos, piensen lo que piensen. Ser contrarrevolucionario es un derecho, como serlo, y, por tanto, un derecho a pensar, a opinar y a expresarse pacíficamente, y se espera que las autoridades protejan esos derechos. Haber enviado a unos ciudadanos contra otros en la calle es una tremenda irresponsabilidad. Por tanto, mantengamos una visión crítica con el sistema y protectora de los ciudadanos. ¿Con qué instrumentos? Nuestro gran debate. Para nosotros, el Acuerdo de diálogo político sigue siendo la mejor opción para abordar esta situación, pero no para ponerlo en una hornacina y que no sirva para nada sino para usar todos sus mecanismos. Por ejemplo, el Decreto 35 y la Resolución 105 tienen que ser ya puestos por la Unión Europea en la agenda del próximo diálogo con Cuba en materia de derechos humanos. Y se tiene que acabar con el embargo, no solo porque el embargo es obviamente injusto, sino porque es la gran coartada del régimen para provocar la sensación de una sociedad y un país sitiado que tiene que defenderse de enemigos que le rodean. Por tanto, debemos mantener un diálogo crítico sobre Cuba con los Estados Unidos, y los Estados Unidos y la Unión Europea deben ayudar a que los cambios para los cubanos sean mucho más pronto y mucho más profundos.

Señora presidenta, querría recabar la atención sobre un aspecto del que se ha hablado poco: la consideración de Pegasus como un software de uso militar o un «military grade de spyware» porque, efectivamente, si para vender Pegasus hacen falta los permisos de un arma, es porque Pegasus es un arma más en esta guerra híbrida. Y, sobre el manejo internacional del comercio de armas, hay una gran experiencia histórica con armas convencionales, con armas nucleares, con armas biológicas y químicas. Ese es el camino que tenemos que emprender con las armas digitales que forman parte de esta guerra híbrida. Y es verdad que el problema es que mientras llega una regulación internacional, mientras llega la moratoria global en la venta, en la transferencia y en el uso, son necesarios una transparencia absoluta en las licencias comerciales, el uso de los mecanismos domésticos de cada país, informes públicos más frecuentes y la debida diligencia por parte de las empresas creadoras o comercializadoras, y aquí, en la Casa europea —se ha dicho—, crear una verdadera cultura de la seguridad en cada institución. También una cultura de la inteligencia compartida. Y, hoy, la señora Von der Leyen lo ha dicho desde esta tribuna: tenemos que compartir inteligencia, todos los servicios de inteligencia europeos, mientras creamos una inteligencia propia de la Unión Europea, y considerar la soberanía digital tan sagrada como la soberanía geográfica.

Señora presidenta, señor Borrell, aun a riesgo de parecer pesado, insistiré en una idea: no seremos un actor global si no tenemos unos servicios de inteligencia propios. Y comprendo que es muy difícil pensar en ello cuando Dinamarca espía a la canciller alemana por encargo de los Estados Unidos. Pero lo que me extraña es que nadie haya reaccionado a su anuncio de hoy, muy importante. ¿Cómo vamos a examinar la situación sobre el terreno? Usted lo ha despejado hoy: vamos a volver a poner en marcha nuestra representación. Y es políticamente muy importante porque evita tener que descansar, para esa tarea, en las embajadas por ejemplo de Qatar, de Pakistán o de Turquía, dándoles de nuevo una capacidad de influencia sobre la Unión Europea, que yo creo que es bueno que evitemos. Yo creo que hay un clima muy pasional y muy de shock por las imágenes que hemos visto del aeropuerto de Kabul, pero el análisis y la revisión de nuestro modelo de promoción de la democracia no puede hacerse en este clima tan caliente: nuestro análisis sobre el papel de lo militar, nuestro papel de construcción institucional fuera y el papel de las élites locales —muchas veces corruptas— y nuestro modelo de promoción de la democracia tienen que revisarse, pero yo creo que no tiene que hacerse como una reacción pavloviana a las imágenes, desgraciadas, del aeropuerto de Kabul.

Señora presidenta, coincido con las apreciaciones de satisfacción que han hecho los demás diputados. Coincido con algunas de las reivindicaciones de este Parlamento expresadas por David McAllister, por Maria Arena y por otros diputados. Y reconozco la limitación que tiene el alto representante para actuar en este marco, en el que sigue necesitándose esa unanimidad que a veces se convierte en simple veto. Yo querría hablar de la coherencia del mecanismo. Coherencia con otros mecanismos de sanción, de tal manera que no solo se elija para asuntos de derechos humanos este, evitando otro tipo de sanciones. Coherencia con las políticas nacionales, y esto es muy importante: no puede ser que la cara de las sanciones sea la cara del señor Borrell y por debajo de la mesa los Estados estén haciendo una política contemporizadora con algún Gobierno al que la Unión Europea haya sancionado. Y coherencia en los objetivos: situaciones de derechos humanos similares deben tener un tratamiento sancionatorio similar, salvo que queramos hacer un sistema de sanciones en materia de derechos humanos excepto cuando nuestros intereses comerciales nos obliguen a otra cosa. Por tanto, coherencia para que el mecanismo, incluso con estas limitaciones actuales, funcione en el sentido que quiere este Parlamento.

Señora presidenta, hablamos, señor Borrell, de injerencias en procesos democráticos, y no hay proceso democrático más trascendente que las elecciones. Por eso, mi propuesta en esta comisión y a usted es que hay que individualizar y tratar específicamente los riesgos de las injerencias en las elecciones, en las elecciones en sentido lato: en el proceso electoral. Por su trascendencia y también por la existencia de una mayor vulnerabilidad. Muchos ciudadanos conectan con la política en período electoral, desconectan y vuelven a conectar, y en ese momento son mucho más vulnerables, con una mayor avidez por la información política y con una mayor exposición a esa desinformación. El objetivo de estas injerencias —lo hemos dicho muchas veces— no es cambiar las cifras del voto emitido. Eso es muy difícil. Es deslegitimar el proceso electoral en sí. La única cifra que interesa a quienes interfieren en las elecciones es la cifra de una creciente abstención, porque les servirá para deslegitimar a democracias maduras. Y por eso, señor Borrell, también hay que cambiar la forma de hacer observación electoral. Antes y después de una votación están los nuevos riesgos para la integridad electoral y por eso tenemos que estudiarlos y plantear nuevas formas de defendernos en las elecciones frente a estas injerencias extranjeras.

Señora presidenta, señor Borrell, es un placer que venga usted a este debate, porque es usted un político y, por tanto, es capaz de dar respuesta en su segunda intervención a lo que aquí decimos, que es algo que debo lamentar que no siempre sucede. Yo le voy a hablar del telón de fondo de lo que es la llamada «oferta de una agenda positiva» por el Consejo a Turquía, y quiero agradecer la sintonía enorme existente entre los grupos de esta Cámara, porque todo el mundo ha entendido que no se trata de apoyar o no la agenda política particular del HDP, sino su derecho a defenderla, su derecho a expresarla pacíficamente y su derecho a participar en las elecciones y pedir el apoyo electoral y a defender las instituciones. Sin embargo, como una parte más de una decidida política de desmantelamiento de todos los checks and balances del sistema político, la idea y el objetivo es acabar con cualquier mínima burbuja crítica en la vida pública turca, tanto en la sociedad civil como en las instituciones; unas instituciones ya reducidas al mínimo por una interpretación autoritaria del sistema presidencial. La masiva suspensión de inmunidades parlamentarias es una línea de ataque. La utilización de la Fiscalía y de los tribunales es la segunda, por la simple crítica política. El líder del principal partido de la oposición tiene una acusación, con una petición de cuatro años de cárcel, por decir «el supuesto presidente» para referirse al señor Erdoğan. La estrategia contra el HDP es un poco más elaborada, siempre con la cobertura extensiva de la legislación antiterrorista: prohibir el partido e ilegalizarlo e inhabilitar a casi 500 líderes de ese partido para evitar que pueda ser refundado, como ya pasó en el pasado, y hacerlo cerca de unas elecciones. Es injusto y es antidemocrático ⸺sí, señor Borrell⸺, y es un grave error político. Como usted y yo, que somos españoles, sabemos por nuestra experiencia histórica, mantener a las personas que decidieron abandonar una vía violenta en las instituciones es clave para resolver el conflicto. Mantener al HDP en el juego institucional es clave para superar el conflicto kurdo de un modo democrático y definitivo. Pero, entretanto, señor Borrell, tenemos que defender su derecho a actuar como tales partidos y eso debe formar parte del marco de la llamada «agenda positiva» ofrecida por el Consejo a Turquía.