Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señor presidente, presidenta Von der Leyen, primer ministro Morawiecki, los ciudadanos polacos, la ciudadanía polaca que nos sigue sabe bien que ha sido la infatigable exigencia de este Parlamento Europeo la que ha traído al debate, una y otra vez, el continuado desafío del Gobierno que preside, bajo la batuta de Jarosław Kaczyński, al Derecho de la Unión Europea y a sus valores fundacionales. ¿Y sabe por qué? Porque este Parlamento Europeo les representa. Representa a la ciudadanía europea de la ciudadanía polaca, y representa el compromiso de Polonia con la Unión Europea, que es una unión de derechos y obligaciones que nos vinculan a todos por la misma ley. Y, por eso, resulta ridícula e hipócrita la retórica del agravio comparativo. ¿Sabe por qué? Porque su gobierno es un caso único de incumplimiento contumaz de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia, como la que declara incompatible con el Derecho europeo esa Cámara disciplinaria que impone sanciones a los jueces que aplican el Derecho europeo; porque su gobierno es un caso único en el que el fiscal general es al mismo tiempo ministro de Justicia, y ha sido el Gobierno que usted preside el que ha pedido al Tribunal Constitucional polaco, declarado ilegítimo por el Consejo de Europa, que declare nada menos que los artículos 1, 2, 4 y 19 del Tratado de la Unión Europea son incompatibles con la Constitución polaca. Nada menos que los valores fundacionales de la Unión Europea: el Estado de Derecho, la democracia, los derechos fundamentales, la primacía del Derecho de la Unión y el papel garante que corresponde al Tribunal de Justicia. Por eso pedimos a la Comisión, una y otra vez, que exija al Consejo una decisión por mayoría cualificada, en relación con el procedimiento del artículo 7, que pusimos en marcha en este Parlamento Europeo; que imponga de una vez el mecanismo de condicionalidad ligado al Estado de Derecho, que impida el acceso a los Fondos europeos hasta que se cumplan plenamente las condiciones del Derecho europeo que nos vinculan a todos; que, además, imponga procedimientos de infracción y multas pecuniarias al Gobierno de Polonia hasta que cumpla plenamente el Derecho europeo; y, por supuesto, que congele el acceso a los Fondos REACT-EU a aquellos municipios infamemente declarados o autoproclamados libres de ideología LGTBI, lo que es completamente incompatible con el Derecho europeo. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Estamos defendiendo la ciudadanía europea de la ciudadanía polaca. Estamos defendiendo a Polonia en la Unión Europea. Eso es lo que estamos haciendo, porque queremos una Polonia plenamente vinculada a la Unión Europea, no una Polonia capaz de desvincularse de las reglas de juego en lo que le conviene, pero eso sí, accediendo a los Fondos europeos, de modo que está lanzando un mensaje absolutamente inaceptable —si es que no letal— para el futuro de la Unión: que esta es una Unión Europea a la carta, no una unión de valores y derechos que nos vinculan a todos y nos vinculan por igual. (Aplausos)

Señor presidente, señora comisaria, este Parlamento Europeo y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que presido, han ejercido plenamente su responsabilidad a la hora de legislar el Sistema Europeo Común de Asilo en todas sus piezas, incluido este Reglamento relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea, con nuestra ponente, Elena Yoncheva, a la cabeza. Vemos, de nuevo, cómo un organismo embrionario crece exponencialmente en poco tiempo. Creada en 2011, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, que contaba tan solo con sesenta efectivos en su inicio y diez millones de euros, ahora despliega más de quinientos efectivos y su presupuesto asciende a 142 millones de euros. Realiza operaciones que en estos momentos incorporan incluso a 1 500 agentes, que cooperan en las operaciones de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, y ha prestado apoyo a los Estados miembros en el intercambio de buenas experiencias y en formación; 43 000 personas han seguido los cursos especializados para implantar plenamente el Sistema Europeo Común de Asilo. Y ahora adoptamos, por fin, un Reglamento que proyecta la Agencia de Asilo de la Unión Europea hacia el futuro, con un mandato vinculante en materia de derechos fundamentales y potencia su capacidad de seguimiento (monitoring) del Sistema Europeo Común de Asilo y su ejecución por los Estados miembros. Hay que agradecer el esfuerzo de aquellos Estados que tienen fronteras vulnerables al sur: España, Italia, Malta, Chipre, Grecia; ese grupo mediterráneo que ha permitido el desbloqueo del llamado «package approach»: el enfoque de paquete que vinculaba todas las piezas legislativas del Sistema Europeo Común de Asilo para poder adoptar finalmente este nuevo Reglamento. Pero quiero lanzar un mensaje de compromiso en materia de derechos fundamentales, porque es un aspecto fundamental del Sistema Europeo Común de Asilo. No solo Frontex, guardia de fronteras, sino también la EASO deben vigilar los derechos fundamentales a la hora de ejecutar completamente el proyecto que supone un Sistema Europeo Común de Asilo.

Señora presidenta, señor comisario Gentiloni, en el curso de los últimos años este Parlamento Europeo ha dedicado muchas horas de trabajo a la lucha contra el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos y la evasión fiscal. En la pasada legislatura, las revelaciones de LuxLeaks y, luego, de los papeles de Panamá dieron lugar a la comisión de investigación de la que fui miembro y de la que se extrajeron lecciones importantes para aclarar la verdadera titularidad de los activos en el extranjero, así como para establecer una lista negra y una lista gris de países no cooperativos que contribuyen a la evasión fiscal. Y de ahí viene una nueva Directiva contra el blanqueo —Derecho penal europeo— y un Reglamento europeo, y es evidente que aún no es bastante, porque los papeles de Pandora de nuevo ponen de manifiesto que no solo hay un problema global, sino un problema europeo, de desmoralización fiscal, de deslocalización de capitales y de pérdida de recaudación, con menos estado social y más injusticia fiscal. Por tanto, es evidente que toda la UE, con la Comisión a la cabeza, debe emprender una batalla conjunta contra los paraísos fiscales y por la armonización fiscal de sociedades y de capitales. Pero, mientras esto llega, aún se puede hacer más y mejor para asegurar transparencia en la rendición de cuentas de los activos en el extranjero y, sobre todo, para el control legal de esos despachos, firmas, consultorías que sirven a la evasión y fomentan la corrupción, la corrupción de los gobernantes: no de gobernantes de países remotos, de gobernantes de la Unión Europea, para nuestra vergüenza.

Señor presidente, señora comisaria Johansson, los tremendos desafíos impuestos por la vecindad con la Unión Europea de Bielorrusia bajo el infame régimen de Lukashenko no se reducen, por supuesto, a las cuestiones migratorias. Pero es imposible ignorar, desde la perspectiva de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, los derechos de los potenciales demandantes de asilo ante las fronteras exteriores de la Unión, que incluyen a Lituania, Letonia y, por supuesto, Polonia. Y es crucial asegurar transparencia y supervisión en todas las operaciones en frontera, particularmente en aquellas que cuestionan la efectividad del Sistema Europeo Común de Asilo. La Comisión es guardiana de los Tratados y debe velar por que los procedimientos de asilo y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sean observados y respetados también por las agencias de la Unión Europea, también en las operaciones de Frontex. Y, por supuesto, sería bueno que se involucrase también a la Agencia de Asilo de la Unión Europea, que para eso hemos aprobado el Reglamento que la hace crecer para ejercer supervisión sobre el respeto del Sistema Europeo Común de Asilo en todas las fronteras exteriores de la Unión, incluidas las que tocan con ese infame régimen de Lukashenko.

Señor presidente, señor alto representante Borrell, debatimos y votamos en este Pleno del Parlamento Europeo nada menos que una muy extensa Resolución sobre las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Me centraré —visto que no son lo que eran, no nos engañemos, y, en el desorden global del que venimos, difícilmente volverán a serlo pronto— en aquellas cuestiones que más importan a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que presido: en los problemas pendientes. Uno, un nuevo data transfer agreement —después de los reveses de las sentencias del Tribunal de Justicia en el asunto Schrems—, con urgencia. Otro, la necesidad de completar la reciprocidad en materia de visados entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Porque, después de que se hayan incorporado Polonia y, pronto, Croacia, todavía quedan pendientes las situaciones de Rumanía, Bulgaria y Chipre. Pero, en el lado positivo, sin duda tenemos una colaboración intensa en materia de derechos humanos. Y ahí tenemos mucho que hacer en la lucha contra males que debemos confrontar juntos: el racismo y la ciberdelincuencia; aun con las diferencias que tenemos en la cuestión de la Corte Penal Internacional. Pero hay también, sin duda, un desafío a la hora de afrontar las amenazas híbridas y las injerencias extranjeras en procesos democráticos: China y Rusia; además de, por supuesto, el esfuerzo común, en el marco de la Unión Europea y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de lucha por la defensa de los derechos humanos y de la democracia.

Señora presidenta, desde hace más de dos semanas un volcán ruge en La Palma: más de 80 millones de metros cúbicos de fuego, lava y azufre. Está sucediendo en Canarias, una región ultraperiférica de la Unión Europea, tan Europa como Bruselas o Estrasburgo. Y la ciudadanía afectada es ciudadanía europea de pleno derecho, y este Parlamento la representa. Tienen derecho a toda nuestra solidaridad y a la ayuda de la red satelital Copérnico, que supervisa la erupción siete días a la semana, veinticuatro horas al día, y a la del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, pero también a la del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que tiene presupuestados 500 millones de euros. El umbral de acceso a esos 500 millones de euros sobrepasa con creces el 1 % del PIB en daños requerido en una región ultraperiférica: Canarias. Pero el anticipo de hasta un 10 % requiere la aprobación de este Parlamento Europeo. Y, en el momento de la reparación de los daños, la solidaridad debe ser efectiva y debe ser inmediata. El Parlamento Europeo tiene que aprobar este anticipo del Fondo de Solidaridad, porque la consistencia y la fuerza de la Unión se miden en cómo responde en su eslabón más pequeño, más remoto, más vulnerable. La fuerza de la Unión Europea se demuestra en nuestra solidaridad con La Palma.

Señora Presidenta, tengo el privilegio de presentar y plantear ante usted esta pregunta oral dirigida a la Comisión. En nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que presido, la situación es la siguiente. Antecedentes resumidos: el 2 de junio de 2021, la Administración de los Estados Unidos anunció que su Departamento del Tesoro había sancionado a tres personas y sus redes en Bulgaria, tres ciudadanos búlgaros, por participar en actos de corrupción. Por supuesto, es un hecho que la corrupción plantea un grave riesgo y un desafío para todo el marco del estado de derecho que hemos establecido, para el crecimiento económico, para la credibilidad de las instituciones democráticas y los derechos humanos, por un lado. Estas sanciones se derivan de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, que está en vigor en los Estados Unidos, adoptada por el Congreso de los Estados Unidos, que lleva el nombre, como usted sabe, de Sergei Magnitsky, un experto en impuestos que se le ocurrió la exposición de una red de corrupción y violación grave y masiva de los derechos humanos en Rusia. Presuntamente arrestado por motivos ilegales, en un infame centro penitenciario, golpeado hasta la muerte en un año. Eso significa que desde que Sergei Magnitsky fue reportado muerto en 2009, los Estados Unidos decidieron presentar esta nueva legislación estadounidense que lleva el nombre de Sergei Magnitsky, la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, con el fin de imponer sanciones por corrupción y violación grave o masiva de los derechos humanos en todas partes, en cualquier parte del mundo, y sucede que esta vez está teniendo un impacto en los ciudadanos de la UE, los individuos de la UE, los ciudadanos de Bulgaria y, por lo tanto, los ciudadanos de la Unión Europea. También en la misma fecha, otros tres antiguos funcionarios públicos, funcionarios públicos búlgaros, fueron designados —es decir, el término— por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con arreglo a la Orden Ejecutiva 13818 de los Estados Unidos, lo que implica que no pueden entrar en los Estados Unidos. Por supuesto, todos los activos deben ser congelados y una serie de sanciones conllevan estas medidas. Esta es la razón por la que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), y en particular el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales, expresaron su preocupación por las consecuencias de dicho régimen de sanciones de los Estados Unidos en el enfoque de la UE en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la lucha contra la corrupción, que es, sí, una prioridad más alta para todos nosotros. Como seguimiento, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha dirigido una pregunta oral a la Comisión y es por eso que estamos aquí para explicar las siguientes preocupaciones. En primer lugar, ¿cómo considera la Comisión el hecho de que un tercer país, a saber, los Estados Unidos, considerado sin duda un aliado de la Unión Europea, actúe contra la corrupción en la UE y sus Estados miembros? En segundo lugar, ¿cómo cambia esto la evaluación por parte de la Comisión de su enfoque actual y, en particular, de una evaluación de sus propias acciones hasta ahora en este asunto en la lucha contra la corrupción? En tercer lugar, ¿qué acciones planea la Comisión o qué prevé la Comisión para un enfoque sólido contra la corrupción a nivel estatal? ¿Será la Comisión más proactiva a la hora de actuar contra la corrupción y las amenazas al Estado de Derecho en todos los Estados miembros? Recordemos que hemos establecido nada menos que la condicionalidad del Estado de Derecho y la recuperación de fondos vinculados al pleno cumplimiento, por supuesto, los valores del artículo 2, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales, pero también la lucha contra la corrupción, en los debates escritos sobre las resoluciones aprobadas y en las preocupaciones de la Comisión LIBE sobre el hecho de que la Comisión ya no publique este llamado informe sobre corrupción. Puedo recordarle que su predecesora, Cecilia Malmström, comisaria de Interior, puso en marcha una cartografía de la corrupción en toda la Unión Europea y sus Estados miembros. Sí, eso fue un logro, pero no una continuación, no ha habido un seguimiento, por lo que nuestra pregunta también se refiere a si la Comisión reforzaría el seguimiento de la corrupción y extraería conclusiones e incluiría recomendaciones en varios informes sobre el Estado de Derecho contra la corrupción. Por último, el papel de la Fiscalía Europea —finalmente en vigor, finalmente allí, actuando contra el fraude, la corrupción, la apropiación indebida, este tipo de delitos graves transfronterizos y la lucha contra la corrupción— también es importante que esto se aclare aún más dada la necesidad de un enfoque coherente de la UE en todo este contexto. ¿Piensa la Comisión desarrollar también una estrategia común de lucha contra la corrupción en la UE? ¿Está usted, señor Comisario, desarrollando esa estrategia? ¿Te estás poniendo al día? Espero con interés escuchar los comentarios de la Comisión sobre estas cuestiones, importantes no solo para la lucha contra la corrupción en sí misma, sino también para defender los valores de la Unión dentro de la UE, sobre los que nos centramos en todas las sesiones plenarias de este Parlamento Europeo.

Señora Presidenta, gracias por la amabilidad de darme la palabra en esta última hora de esta sesión plenaria en Estrasburgo. Sin embargo, con todo respeto, me limitaré a declarar que, como presidente de la Comisión LIBE, solicito que los dos expedientes siguientes se devuelvan a la Comisión LIBE (Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) para las negociaciones interinstitucionales con arreglo al artículo 59, apartado 4. El primero es el informe Lenaers por el que se modifica la Decisión marco del Consejo en lo que respecta a su adaptación a las normas de la UE en materia de protección de datos, y el segundo es el informe Kaljurand sobre la orden europea de investigación en materia penal, que también adapta este acto legislativo a las normas sobre protección de datos personales.

Señora presidenta, comisario Reynders, . Polonia otra vez, en una Resolución propuesta nada menos que por cinco grupos parlamentarios de esta Cámara, cinco grupos proeuropeos, identificados con los valores europeos y que aseguran de nuevo una mayoría para una Resolución que reitera la preocupación del Parlamento Europeo con el deterioro —la erosión— del Estado de Derecho en Polonia. «Further deterioration» quiere decir una vuelta de tuerca adicional en esa erosión continuada del Estado de Derecho, que queda reflejada en sus últimos episodios en esta Resolución de urgencia relativa a la libertad de expresión: una iniciativa en el Sejm, rechazada por el Senado polaco y, por tanto, a la que llega a tiempo el pronunciamiento de este Parlamento Europeo, que reitera la importancia del respeto del pluralismo informativo —del pluralismo de los medios de comunicación— amenazado de nuevo por una ley que intenta restringir ese pluralismo con el pretexto de intervenir la propiedad nacional o extranjera de los medios en Polonia. Pero reitero de nuevo, también, la preocupación con respecto de la independencia judicial y la primacía del Derecho europeo. Una mayoría absoluta, la mayoría de Ley y Justicia, ha puesto en marcha una estrategia legislativa que no ha dejado títere con cabeza en el edificio constitucional polaco en lo relativo a la independencia judicial: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo Judicial y Cámara Disciplinaria. Pero ha habido iniciativas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia que han declarado que la Cámara Disciplinaria es ilegal de acuerdo con el Derecho europeo. ¿Y qué es lo que vemos? Que el ministro de Justicia, que es al mismo tiempo fiscal general, le pide al Tribunal Constitucional polaco que declare que el Tribunal Constitucional polaco no es un tribunal a los efectos del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, tampoco a los efectos del artículo 47 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Es la última frontera, un desacato frontal con desprecio no solamente a las sentencias del Tribunal, sino al compromiso del respeto del Derecho del que el Tribunal de Justicia es garante, de acuerdo con el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea. Es un paso, por tanto, cualitativo en el desprecio al Derecho europeo, que ha sido puesto de manifiesto, una y otra vez, por las resoluciones del Parlamento Europeo. Pero hay más: hay una llamada de atención a la Comisión para que active el artículo 6 de la Rule of Law Conditionality, que es un Reglamento en vigor desde el 1 de enero de este año 2021, y que asegura que el acceso a los fondos y los presupuestos europeos tiene que estar vinculado al estricto cumplimiento del Estado de Derecho. Celebramos que la Comisión haya lanzado procedimientos de infracción. Celebramos que la Comisión haya anunciado la suspensión del acceso a los fondos REACT, que son fondos de cohesión, a los municipios infamemente autodeclarados «LGBTI-free zones», libres de la alegada ideología LGTBI. Pero le exigimos también a la Comisión que tenga presente el requerimiento continuado de aplicar... (la presidenta retira la palabra al orador).

Señor presidente, presidenta Von der Leyen, hago mías todas las consideraciones de nuestra portavoz de la familia socialdemócrata en esta Cámara, pero comparto, además, con usted dos puntualizaciones: ha urgido usted al Parlamento Europeo a legislar cuanto antes en relación con el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Solo será «pacto» cuando el Parlamento Europeo lo haga suyo, y eso solo sucederá cuando se garantice solidaridad vinculante y efectiva con los migrantes y demandantes de asilo, a los que no se puede tener en un limbo sin derechos por tiempo indeterminado en los Estados que tienen fronteras exteriores de la Unión, sea en el este, en el Atlántico o en el Mediterráneo. Y este Parlamento ha hecho siempre su trabajo: es el Consejo el que tiene bloqueado el sistema de asilo, propuesto por la Comisión ¡en 2016! Por lo tanto, ejerza su liderazgo para que sea el Consejo el que se mueva hacia delante. Rule of law! Ha dicho usted que hay que garantizar el respeto del Derecho y de las sentencias del Tribunal de Justicia. Completamente de acuerdo. Pero le recordamos que usted no ha mencionado por su nombre a Hungría y Polonia, bajo el procedimiento del artículo 7, exactamente por conculcarlo uno y otro, y le decimos que estamos dispuestos a utilizar el artículo 265 del Tratado para asegurar que, por el recurso... (el presidente retira la palabra al orador).

Señor presidente, comisaria Johansson, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que tengo el honor de presidir, lleva años denunciando y combatiendo la mirada predominantemente negativa del Consejo contra el hecho migratorio, que impide vías legales y seguras de acceso de los trabajadores que la Unión Europea, en efecto, necesita, y cuyos derechos tiene el deber de respetar. Después de años tensos de pulso con el Consejo, con tres años de bloqueo, ¡por fin un paso en la buena dirección! Nada menos que una directiva, un acto legislativo del Parlamento Europeo, que abre una vía legal de migración regular para trabajadores cualificados. ¡Bien hecho, Javier Moreno y equipo negociador de nuestra comisión y del Parlamento Europeo! Esta Directiva sobre la tarjeta azul no solamente amplía la accesibilidad a ese instrumento de un mayor número de personas, incluidos los beneficiarios de protección internacional, sino que, además, extiende derechos, protección social e igualdad de trato no solamente a sus trabajadores, sino también a sus familias, y refuerza la movilidad de esos trabajadores en la Unión Europea y hacia un segundo Estado miembro. Solo me queda celebrar que esta Directiva vaya a ser aprobada por una extraordinariamente amplia mayoría. Es muy extraordinario también que esa amplia mayoría refuerce, por fin, una vía de migración regular hacia la Unión Europea.

Señora presidenta, señor alto representante Borrell, subrayo desde esta tribuna dos aportaciones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior a esta Resolución, ante el desafío global abruptamente planteado por el regreso de los talibanes a un poder absoluto, despótico y brutalmente discriminatorio contra las mujeres. La primera es la exigencia de la activación de la Directiva sobre protección temporal, desusada durante veinte años, y que esos corredores humanitarios aéreos que se han probado tan eficaces para la evacuación de las personas del país —como las que se han recibido en Torrejón, España, en ese esfuerzo que ha sido saludado y reconocido por la Unión Europea y sus instituciones— se acompañen ahora de visados humanitarios conforme al mandato de este Parlamento Europeo, todavía hoy incumplido. La segunda es el rechazo frontal al tono y a los contenidos de las conclusiones del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior bajo la Presidencia eslovena, obsesionado con el control de fronteras y con mantener fuera de las fronteras de la Unión un supuesto y alegado flujo masivo de migrantes y demandantes de asilo. No solamente porque no ha tenido lugar y es falso, sino, en segundo lugar, porque es injusto para con las niñas y mujeres afganas, para con los activistas de derechos que se identifican con las libertades... (la presidenta retira la palabra al orador).

Señor presidente, señor Reynders, durante los años en que vengo sirviendo a la ciudadanía europea en este Parlamento Europeo como legislador en materia de derechos fundamentales, justicia e interior, no había vivido nunca un procedimiento legislativo como el que hizo posible el certificado COVID digital de la Unión Europea. Y, desde luego, no había visto tampoco que, apenas una semana después de que entrara en vigor por el procedimiento de urgencia —lo conseguimos— el certificado COVID digital de la Unión Europea, estemos debatiendo nada menos que el estado de ejecución de ese mandato contenido en un Reglamento que es ley europea vinculante para todos los Estados miembros. Y hemos detectado en esta semana que lleva en vigor problemas que eran predecibles. En primer lugar, que esa etapa transitoria de adaptación de las infraestructuras críticas y tecnológicas necesarias para asegurar la emisión y recepción del certificado con características homogéneas en toda la Unión Europea ha arrojado un paisaje de prácticas diferenciadas que deben ser monitorizadas y corregidas cuanto antes por la Comisión para que todos los Estados miembros ofrezcan las mismas garantías. Porque de eso se trataba: de establecer seguridad jurídica donde había inseguridad. La idea era relanzar Schengen, la libre circulación, la confianza entre los Estados miembros de la Unión Europea y la confianza de la ciudadanía en que podía de nuevo volver a intentar viajar en un espacio de libre circulación sin fronteras interiores. Pero un segundo problema era también predecible. Y es que se ha producido, en la ciudadanía, un estado de inquietud con respecto al alcance incompleto de la vacunación, que tiene que ser la opción preferente de la libre circulación. Es cierto que se contempla también la opción de haber superado la enfermedad y la de una prueba negativa, pero para las familias que viajan con menores que aún no han sido vacunados el problema continúa estando ahí. Los hay que viajan con un certificado por vacunación, pero los menores tienen que seguir sometiéndose a pruebas, y esas pruebas no son gratuitas. Era un segundo objetivo. Y el tercero tiene que ser que cuanto antes la ciudadanía sepa que este Reglamento es una ley, pero no estaba diseñada para durar siempre. Duración: un año. Ojalá que la inmunidad de grupo permita a la Unión Europea no solamente dejar atrás la pandemia y el certificado sino lanzarse a esa operación de gran solidaridad global, aprendiendo la lección de que no estaremos todos seguros hasta que no estemos seguros todas y todos a escala global.

Señor presidente, vicepresidenta Jourová, ¿quién discute en esta Cámara el derecho de los padres a velar por la educación de sus hijas e hijos? Nadie. Pero pretender que este debate sobre la infame ley húngara va sobre eso es el colmo de la hipocresía. Los menores en la Unión Europea no necesitan ser protegidos contra la difusión de contenidos educativos ni informativos sobre diversidad, orientación sexual o identidad de género. Pero una ley que lo prohíba, que prohíba hablar de ello, es contraria no solo a los valores, sino al Derecho de la Unión Europea. ¿Es que no han leído el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es vinculante como los Tratados? Asociar la homosexualidad con la pedofilia es una infamia abyecta. La pedofilia es un delito grave en toda la Unión Europea, pero la igual dignidad de todas las personas, sin discriminación por orientación sexual, no solamente no es un delito, sino que es un derecho fundamental. El Parlamento Europeo ha hecho de todo para hablarle claro a Orbán: ha activado el artículo 7 y solo falta que el Consejo haga su parte del trabajo; ha urgido procedimientos de infracción; ha regulado la condicionalidad del acceso de los fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho; y dice con toda claridad que la ley húngara no tiene lugar en Europa, como tampoco el crimen homófobo contra Samuel en España o el atentado contra el periodista Peter R. de Vries en los Países Bajos. Sí tienen lugar en Europa esos millones de europeos que resisten contra Orbán en Hungría; no están solos, el Parlamento Europeo los representa; y su lucha y su indignación son las nuestras.

Señora presidenta, comisaria Johansson, esta misma noche hemos debatido aquí el estado del Código de Fronteras Schengen y de la gobernanza de Schengen, que tiene como corolario un Sistema de Información Schengen, que es también Derecho europeo legislado. Y ahora debatimos el estado del sistema europeo de visados, legislado igualmente desde este Parlamento Europeo por un Reglamento que establece un Código Europeo de Visados, del que fui ponente en la pasada legislatura, y que tiene como corolario un Sistema de Información de Visados que debe hacerse interoperable. Ese fue el mandato del Parlamento Europeo, no solamente con el Sistema de Información Schengen, sino también con SEIAV, entradas y salidas y ECRIS antecedentes penales. En eso consiste la interoperabilidad. Pero es un enorme avance que este Parlamento vaya a votar por fin el acuerdo en segunda lectura entre el Parlamento Europeo y el Consejo para que entre en vigor esta visión reforzada del Sistema Europeo de Visados, que da mayores garantías de seguridad, de comunicación con los consulados de todos los Estados miembros de la Unión Europea, de identificación de las personas que entran en la Unión Europea para estancias de corta duración. Y todo ello en compatibilidad con el estándar europeo de protección de datos, que ⸺reitero⸺ es el más alto del mundo y estamos orgullosos de ello. Pero tocará ahora también a los Estados miembros asegurar la correcta ejecución de este Código Europeo de Visados y las inversiones que serán necesarias para ello. La agencia europea eu-LISA, la de sistemas informáticos de gran magnitud, que hemos establecido para hacerlos interoperables, ha estimado en 182 millones de euros el total de inversiones que será necesario para garantizar la ejecución de esa interoperabilidad, con al menos dos millones de euros en lo inmediato, entre 2021 y 2023, exactamente para la implantación de este Código Europeo de Visados y del Sistema de Información de Visados. Tenemos que celebrar que hayamos conseguido ese acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo que completa un programa legislativo que arrancó en la pasada legislatura y que tiene esta noche, en este debate y mañana en la votación, un jalón muy importante.

Señora presidenta, hace ya treinta y seis años, en una localidad de Luxemburgo llamada Schengen, tuvo lugar un acuerdo del que arranca el mayor logro de la integración europea desde entonces: la libre circulación, que es hoy un derecho fundamental, el más apreciado por la ciudadanía europea de lejos, y que además está legislado por este Parlamento Europeo, con el Código de Fronteras Schengen, que es un Reglamento vinculante, pero, sin embargo, comisaria Johansson, clamorosamente cuestionado, tensionado y quebrantado en el curso de la pandemia. Por eso, exigimos de la Comisión que adoptase la estrategia de 2021 para un espacio Schengen plenamente operativo. Por eso hemos presentado este informe anual, que exige deducir las lecciones tan duras de la pandemia para no solamente restaurar Schengen sino relanzarlo. Por eso hicimos el certificado COVID digital, y por eso, además, requerimos que se establezca en este Parlamento Europeo una Unidad de Apoyo a la Gobernanza de Schengen que asegure no solamente el respeto en lo venidero de este acervo —que es expresivo de la mejor realización de la libertad en Europa, que es la libre circulación sin fronteras interiores—, sino también que perfeccionemos el acervo Schengen en la mejor medida de nuestras posibilidades.

Señora presidenta, señor alto representante, este Parlamento Europeo ha puesto en marcha una Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación, porque la democracia nos importa. Y porque nos importa, le hemos dirigido esta pregunta oral. Porque es el Servicio Europeo de Acción Exterior, bajo su responsabilidad, el que ha proporcionado hasta ahora la definición operativa de la desinformación, que no es la difusión de opiniones desagradables, sino de hechos falsos con la intención de manipular y de alterar el proceso de formación de la voluntad democrática. Y porque el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea es el único que hasta ahora ha proporcionado una herramienta, que son los grupos de trabajo StratCom, cuyo mandato necesita ser reforzado. Y queremos saber también qué debemos hacer para reforzar el régimen de imposición de sanciones, no solamente a los Estados, sino también a los actores no estatales que están detrás de la manipulación de la voluntad democrática, y para que esas sanciones puedan ser impuestas de manera más eficaz, superando las limitaciones de la unanimidad, por mayoría cualificada.

Señor presidente, comisaria Johansson, cualquier forma de abuso sexual es una grave violación de derechos humanos, pero es especialmente execrable cuando se cierne sobre menores, personas especialmente vulnerables. La Unión Europea se precia de tener el estándar más alto del mundo de protección de la privacidad y la confidencialidad de las comunicaciones personales. Pero ha sido trabajo de este Parlamento hacer compatible ese estándar con la detección y prevención de cualquier forma de abuso sexual en línea contra los menores. La Comisión tomó la iniciativa hace menos de un año, el 20 de septiembre de 2020, con la intención de evitar que la entrada en vigor del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas dificultase la identificación del abuso sexual contra menores en línea, a la luz de la vigencia de la Directiva de ePrivacy del año 2002; era imprescindible establecer un correcto equilibrio entre esa Directiva y la detección y prevención de cualquier forma de abusos sexuales en la red. Y el equipo negociador, liderado por Birgit Sippel, con el Consejo, lo ha conseguido: con una supervisión humana, con una garantía de remedios adecuados en el caso de la correcta aplicación del nuevo régimen jurídico que entra en vigor y con una temporalidad que debe durar como máximo tres años, a la espera de que se adopte una iniciativa definitiva sobre el abuso sexual en línea y cualquier forma de grooming, de acoso, no digamos de pornografía infantil, que obliga especialmente a actuar a este Parlamento Europeo. Y creo que, consiguiendo ese equilibrio, este Parlamento Europeo ha demostrado una vez más ser un legislador al servicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y está emitiendo un mensaje de empatía y de sensibilidad con las víctimas que han sufrido y con las familias de las víctimas que han sufrido esta forma especialmente lacerante e intolerable de violación de derechos humanos de personas tan vulnerables como son los menores.