Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señor presidente, señor Reynders, durante los años en que vengo sirviendo a la ciudadanía europea en este Parlamento Europeo como legislador en materia de derechos fundamentales, justicia e interior, no había vivido nunca un procedimiento legislativo como el que hizo posible el certificado COVID digital de la Unión Europea. Y, desde luego, no había visto tampoco que, apenas una semana después de que entrara en vigor por el procedimiento de urgencia —lo conseguimos— el certificado COVID digital de la Unión Europea, estemos debatiendo nada menos que el estado de ejecución de ese mandato contenido en un Reglamento que es ley europea vinculante para todos los Estados miembros. Y hemos detectado en esta semana que lleva en vigor problemas que eran predecibles. En primer lugar, que esa etapa transitoria de adaptación de las infraestructuras críticas y tecnológicas necesarias para asegurar la emisión y recepción del certificado con características homogéneas en toda la Unión Europea ha arrojado un paisaje de prácticas diferenciadas que deben ser monitorizadas y corregidas cuanto antes por la Comisión para que todos los Estados miembros ofrezcan las mismas garantías. Porque de eso se trataba: de establecer seguridad jurídica donde había inseguridad. La idea era relanzar Schengen, la libre circulación, la confianza entre los Estados miembros de la Unión Europea y la confianza de la ciudadanía en que podía de nuevo volver a intentar viajar en un espacio de libre circulación sin fronteras interiores. Pero un segundo problema era también predecible. Y es que se ha producido, en la ciudadanía, un estado de inquietud con respecto al alcance incompleto de la vacunación, que tiene que ser la opción preferente de la libre circulación. Es cierto que se contempla también la opción de haber superado la enfermedad y la de una prueba negativa, pero para las familias que viajan con menores que aún no han sido vacunados el problema continúa estando ahí. Los hay que viajan con un certificado por vacunación, pero los menores tienen que seguir sometiéndose a pruebas, y esas pruebas no son gratuitas. Era un segundo objetivo. Y el tercero tiene que ser que cuanto antes la ciudadanía sepa que este Reglamento es una ley, pero no estaba diseñada para durar siempre. Duración: un año. Ojalá que la inmunidad de grupo permita a la Unión Europea no solamente dejar atrás la pandemia y el certificado sino lanzarse a esa operación de gran solidaridad global, aprendiendo la lección de que no estaremos todos seguros hasta que no estemos seguros todas y todos a escala global.

Señor presidente, vicepresidenta Jourová, ¿quién discute en esta Cámara el derecho de los padres a velar por la educación de sus hijas e hijos? Nadie. Pero pretender que este debate sobre la infame ley húngara va sobre eso es el colmo de la hipocresía. Los menores en la Unión Europea no necesitan ser protegidos contra la difusión de contenidos educativos ni informativos sobre diversidad, orientación sexual o identidad de género. Pero una ley que lo prohíba, que prohíba hablar de ello, es contraria no solo a los valores, sino al Derecho de la Unión Europea. ¿Es que no han leído el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es vinculante como los Tratados? Asociar la homosexualidad con la pedofilia es una infamia abyecta. La pedofilia es un delito grave en toda la Unión Europea, pero la igual dignidad de todas las personas, sin discriminación por orientación sexual, no solamente no es un delito, sino que es un derecho fundamental. El Parlamento Europeo ha hecho de todo para hablarle claro a Orbán: ha activado el artículo 7 y solo falta que el Consejo haga su parte del trabajo; ha urgido procedimientos de infracción; ha regulado la condicionalidad del acceso de los fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho; y dice con toda claridad que la ley húngara no tiene lugar en Europa, como tampoco el crimen homófobo contra Samuel en España o el atentado contra el periodista Peter R. de Vries en los Países Bajos. Sí tienen lugar en Europa esos millones de europeos que resisten contra Orbán en Hungría; no están solos, el Parlamento Europeo los representa; y su lucha y su indignación son las nuestras.

Señora presidenta, comisaria Johansson, esta misma noche hemos debatido aquí el estado del Código de Fronteras Schengen y de la gobernanza de Schengen, que tiene como corolario un Sistema de Información Schengen, que es también Derecho europeo legislado. Y ahora debatimos el estado del sistema europeo de visados, legislado igualmente desde este Parlamento Europeo por un Reglamento que establece un Código Europeo de Visados, del que fui ponente en la pasada legislatura, y que tiene como corolario un Sistema de Información de Visados que debe hacerse interoperable. Ese fue el mandato del Parlamento Europeo, no solamente con el Sistema de Información Schengen, sino también con SEIAV, entradas y salidas y ECRIS antecedentes penales. En eso consiste la interoperabilidad. Pero es un enorme avance que este Parlamento vaya a votar por fin el acuerdo en segunda lectura entre el Parlamento Europeo y el Consejo para que entre en vigor esta visión reforzada del Sistema Europeo de Visados, que da mayores garantías de seguridad, de comunicación con los consulados de todos los Estados miembros de la Unión Europea, de identificación de las personas que entran en la Unión Europea para estancias de corta duración. Y todo ello en compatibilidad con el estándar europeo de protección de datos, que ⸺reitero⸺ es el más alto del mundo y estamos orgullosos de ello. Pero tocará ahora también a los Estados miembros asegurar la correcta ejecución de este Código Europeo de Visados y las inversiones que serán necesarias para ello. La agencia europea eu-LISA, la de sistemas informáticos de gran magnitud, que hemos establecido para hacerlos interoperables, ha estimado en 182 millones de euros el total de inversiones que será necesario para garantizar la ejecución de esa interoperabilidad, con al menos dos millones de euros en lo inmediato, entre 2021 y 2023, exactamente para la implantación de este Código Europeo de Visados y del Sistema de Información de Visados. Tenemos que celebrar que hayamos conseguido ese acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo que completa un programa legislativo que arrancó en la pasada legislatura y que tiene esta noche, en este debate y mañana en la votación, un jalón muy importante.

Señora presidenta, hace ya treinta y seis años, en una localidad de Luxemburgo llamada Schengen, tuvo lugar un acuerdo del que arranca el mayor logro de la integración europea desde entonces: la libre circulación, que es hoy un derecho fundamental, el más apreciado por la ciudadanía europea de lejos, y que además está legislado por este Parlamento Europeo, con el Código de Fronteras Schengen, que es un Reglamento vinculante, pero, sin embargo, comisaria Johansson, clamorosamente cuestionado, tensionado y quebrantado en el curso de la pandemia. Por eso, exigimos de la Comisión que adoptase la estrategia de 2021 para un espacio Schengen plenamente operativo. Por eso hemos presentado este informe anual, que exige deducir las lecciones tan duras de la pandemia para no solamente restaurar Schengen sino relanzarlo. Por eso hicimos el certificado COVID digital, y por eso, además, requerimos que se establezca en este Parlamento Europeo una Unidad de Apoyo a la Gobernanza de Schengen que asegure no solamente el respeto en lo venidero de este acervo —que es expresivo de la mejor realización de la libertad en Europa, que es la libre circulación sin fronteras interiores—, sino también que perfeccionemos el acervo Schengen en la mejor medida de nuestras posibilidades.

Señora presidenta, señor alto representante, este Parlamento Europeo ha puesto en marcha una Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación, porque la democracia nos importa. Y porque nos importa, le hemos dirigido esta pregunta oral. Porque es el Servicio Europeo de Acción Exterior, bajo su responsabilidad, el que ha proporcionado hasta ahora la definición operativa de la desinformación, que no es la difusión de opiniones desagradables, sino de hechos falsos con la intención de manipular y de alterar el proceso de formación de la voluntad democrática. Y porque el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea es el único que hasta ahora ha proporcionado una herramienta, que son los grupos de trabajo StratCom, cuyo mandato necesita ser reforzado. Y queremos saber también qué debemos hacer para reforzar el régimen de imposición de sanciones, no solamente a los Estados, sino también a los actores no estatales que están detrás de la manipulación de la voluntad democrática, y para que esas sanciones puedan ser impuestas de manera más eficaz, superando las limitaciones de la unanimidad, por mayoría cualificada.

Señor presidente, comisaria Johansson, cualquier forma de abuso sexual es una grave violación de derechos humanos, pero es especialmente execrable cuando se cierne sobre menores, personas especialmente vulnerables. La Unión Europea se precia de tener el estándar más alto del mundo de protección de la privacidad y la confidencialidad de las comunicaciones personales. Pero ha sido trabajo de este Parlamento hacer compatible ese estándar con la detección y prevención de cualquier forma de abuso sexual en línea contra los menores. La Comisión tomó la iniciativa hace menos de un año, el 20 de septiembre de 2020, con la intención de evitar que la entrada en vigor del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas dificultase la identificación del abuso sexual contra menores en línea, a la luz de la vigencia de la Directiva de ePrivacy del año 2002; era imprescindible establecer un correcto equilibrio entre esa Directiva y la detección y prevención de cualquier forma de abusos sexuales en la red. Y el equipo negociador, liderado por Birgit Sippel, con el Consejo, lo ha conseguido: con una supervisión humana, con una garantía de remedios adecuados en el caso de la correcta aplicación del nuevo régimen jurídico que entra en vigor y con una temporalidad que debe durar como máximo tres años, a la espera de que se adopte una iniciativa definitiva sobre el abuso sexual en línea y cualquier forma de grooming, de acoso, no digamos de pornografía infantil, que obliga especialmente a actuar a este Parlamento Europeo. Y creo que, consiguiendo ese equilibrio, este Parlamento Europeo ha demostrado una vez más ser un legislador al servicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y está emitiendo un mensaje de empatía y de sensibilidad con las víctimas que han sufrido y con las familias de las víctimas que han sufrido esta forma especialmente lacerante e intolerable de violación de derechos humanos de personas tan vulnerables como son los menores.