Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señora Presidenta, también se me ha pedido que solicite este procedimiento de urgencia para la tramitación de la decisión del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y Moldavia sobre las actividades operativas llevadas a cabo por Frontex, el llamado Acuerdo sobre el Estatuto. El Estado con refugiados en las fronteras ucranianas, como he dicho, es dramático, tras la invasión de Putin contra Ucrania. La situación es extremadamente difícil para muchos países limítrofes, que muestran determinación de apoyarlos, incluido este, que no es miembro de la Unión Europea, pero está bajo el impacto de nada menos que medio millón de personas que ingresan a la República de Moldova desde Ucrania después de la invasión. En vista de ello, debemos apoyar a las autoridades moldavas para que puedan responder a los desafíos actuales y ayudar a las personas que huyen a medida que la situación continúa. Pero este objetivo general del Acuerdo sobre el Estatuto también es garantizar que la mayor agencia de la UE, que es Frontex, pueda prestar apoyo operativo a las autoridades moldavas sobre el terreno. Los agentes de Frontex podrán apoyar los controles documentales, los procesos de registro y ayudar a las personas vulnerables. Pero también insistimos en la importancia de proteger los derechos fundamentales. Es urgente apoyar a un tercer país vecino, seguro, pero no hace falta decir que también debemos asegurarnos de que se cumpla el mismo nivel de protección y salvaguardias contra las violaciones de los derechos fundamentales en Moldavia que en la UE. Por lo tanto, esperamos que la Comisión y la agencia proporcionen periódicamente al Parlamento información sobre la aplicación del Acuerdo sobre el Estatuto. Pedimos al director ejecutivo de Frontex que ponga fin o suspenda cualquier actividad operativa si se produce una violación de los derechos fundamentales o de las obligaciones de protección internacional.

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, confirmo por la presente la urgencia y la prioridad de este procedimiento que ha sido activado por la Comisión al proponer un Reglamento al Parlamento y al Consejo por el que se modifica un Reglamento anterior por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el denominado FAMI, y el Reglamento, del mismo año (2014), relativo a los Fondos de Asuntos de Interior. El objetivo de la presente propuesta es abordar las duras consecuencias de la guerra injustificada y brutal iniciada por Putin contra Ucrania facilitando todos los recursos para el período 2014-2020 del Fondo de Asilo, Migración e Integración, así como permitir un acceso más flexible al Fondo de Seguridad Interior, garantizar las fronteras exteriores y los visados, y prevenir y combatir el terrorismo y la radicalización. Mayor flexibilidad, lo que permite ampliar el ámbito de aplicación y el período de admisibilidad y desbloquear el acceso a los recursos no utilizados. Además, esta mayor flexibilidad para la gestión de los fondos mejorará la adopción de las medidas establecidas en la Directiva del Consejo de 2001 sobre normas mínimas para la concesión de protección temporal, que todos sabemos que se ha activado por primera vez. Además, los Estados miembros podrán asignar contribuciones para el período 2021-2027 en la rúbrica de ingresos afectados externos. Todos somos conscientes de la situación —drástica— causada por la guerra de Putin y la situación particular en la frontera. Muy delicado. Desde el Parlamento Europeo y desde la comisión que tengo el honor de presidir, hemos estado trabajando para reafirmar nuestro compromiso de seguir prestando apoyo político, financiero, material y humanitario de manera coordinada, así como apoyando la reconstrucción de una Ucrania democrática y pluralista. La propuesta permite utilizar urgentemente los fondos restantes por un importe de 420 millones EUR para ayudar a hacer frente al aumento del número de personas en las fronteras y los sistemas de gestión de la migración derivados de la invasión. Es indiscutible que este Parlamento Europeo debe dar su apoyo, en nuestra opinión, para responder al desafío actual y ayudar a las personas que huyen de las zonas de guerra. Permítanme señalar finalmente que un enfoque unido es más necesario que nunca, a nivel europeo, para gestionar esta situación. Debe basarse en la confianza mutua, la solidaridad y la responsabilidad compartida entre los Estados miembros y las instituciones por igual, todo ello para garantizar una política de migración sostenible y responsable, la seguridad y la gestión de las fronteras, aumentando la confianza de nuestros ciudadanos en la capacidad de aunar fuerzas a escala de la UE. Pero también destacaré la importancia de la complementariedad de esta propuesta con la otra que se ha debatido en esta sesión del Parlamento Europeo: Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE). Para concluir, permítaseme destacar que hacemos un llamamiento al Presidente de la Federación de Rusia para que cumpla plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, garantice el acceso humanitario a las víctimas desplazadas internamente en Ucrania y permita el paso seguro de los civiles obligados a abandonar su amado país.

Señor presidente, señora comisaria Urpilainen, debatimos en este Parlamento Europeo el Plan de Acción en materia de Género de la UE III en el marco de la estrategia europea de género y lo hacemos nada menos que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que debe comprometernos por igual a todas y a todos, a las mujeres y a los hombres, y hasta que no comprendamos esto es que no habremos comprendido nada. Hace ya décadas que las Constituciones de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea —cuarenta y tres años en el caso de la española— prohibieron toda forma de discriminación por razón de sexo, y hace trece años que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea la prohibió, además, por identidad de género u orientación sexual, y, sin embargo, esta batalla sigue siendo imprescindible para todas y para todos. Me permito señalar dos objetivos que pueden ayudar a completar esa tarea europea por la igualdad de género. En primer lugar, celebramos el inminente cumplimiento del compromiso de la presidenta Von der Leyen de traer a este Parlamento una iniciativa legislativa que, sobre la base jurídica del artículo 33, penalice la violencia de género con una ley europea y proteja a las víctimas de la violencia de género, pero la tarea debe completarse, además, con el cumplimiento del compromiso, que debe ser también inminente, de reformar la Directiva penal contra la trata de seres humanos de modo que penalice el uso de servicios sexuales de víctimas de la trata y, por tanto, convierta en un delito el uso y abuso de la prostitución que se cierne sobre las víctimas de la trata y se ensaña con ellas. Cumpliendo esos dos compromisos, la Unión Europea habrá dado un paso más para permanecer como un ejemplo global en la lucha contra toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres.

Señor presidente, en poco más de diez días de brutal agresión de Putin contra Ucrania, la mayoría de este Parlamento Europeo ha expresado con claridad una conciencia de cambio de época —breaking point, time-changer—, de acelerador de la Unión Europea y de respuestas europeas, entre ellas nada menos que la activación, por fin, después de más de veinte años desde su entrada en vigor, de la Directiva de protección temporal. ¡Cuántas veces lo hemos requerido desde la Comisión LIBE! Lo requerimos en la crisis de los refugiados sirios de 2015, en la reciente crisis afgana... Más de dos millones de personas, huyendo de la guerra, han entrado en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, en Rumanía... Y, por supuesto que merecen solidaridad y programas de realojamiento vinculantes, coordinados por la Comisión. Pero también afirmamos que esa misma solidaridad debe expresarse con todas y todos los refugiados, particularmente mujeres y niños, sin discriminación, cualquiera que sea su raza, su origen, su sexo o su religión. Solo entonces Europa se estará dando cuenta, efectivamente, de que estamos ante un wake-up call, ante un verdadero cambio de época.

Señora presidenta, vicepresidenta Jourová, la Comisión Especial de este Parlamento Europeo sobre injerencias, desinformación y manipulación ha trabajado duramente durante un año y medio y se ha detenido, por poderosas razones, en los ataques a la integridad territorial de los Estados miembros por plataformas en línea que apoyan la desestabilización por parte de movimientos secesionistas para debilitar la integración supranacional y en la amenaza del odio a colectivos vulnerables —migrantes, LGTBI— en pos de un supremacismo incompatible con los valores de la Unión Europea. Intoxicación, targeted hacking, amenazas híbridas forman parte de una estrategia de regímenes autoritarios contra los valores fundantes de las sociedades abiertas que integran la Unión Europea. Y las lecciones están claras. Hace falta una estrategia europea coordinada contra las injerencias y las plataformas en línea que se injieren en procesos electorales y democráticos, y reforzar la ciberseguridad de las infraestructuras críticas. Pero las soluciones también están claras: legislación vinculante contra la falta de transparencia de los algoritmos, alfabetización y educación digital como autodefensa de la ciudadanía y sanciones implacables contra los responsables de la desinformación. La brutal mezcla de desinformación y represión pura y dura que campea en la Rusia de Putin, en su agresión contra Ucrania, pone de manifiesto que la tarea no ha terminado. Hay que extraer las lecciones para que haya una opinión pública libre como un pilar esencial de la idea europea de democracia.

Señor Presidente, «los valores de la UE no están a la venta». ¿Se acuerdan todos? Cito a la presidenta Von der Leyen. Presidenta Von der Leyen, en su discurso de investidura y, sobre todo, en el discurso sobre el estado de la Unión de 2020, la presidenta de la Comisión se compromete a atender el requerimiento firme y enérgico que viene sosteniendo la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior desde 2014, cuando, en lo peor de la gran recesión, se generalizaron en —¡cierto!— Chipre, Malta, Bulgaria, pero también en otros doce Estados miembros de la Unión Europea, estos esquemas de adquisición privilegiada de la residencia que lugar da a la libre circulación y abre el plazo para obtener la ciudadanía y el pasaporte de la Unión Europea a quien quieralo con dinero procedente de negocios corruptos, de negocios ilícitos, de la evasión fiscal. Esta normativa no solo es abyecta; es inmoral y es contraria directamente a los valores europeos, y, por eso, hemos exigido una y otra vez, y de nuevo en esta Resolución —que tiene como ponente a nuestra colega Sophia in 't Veld—, que se ponga fin a esos esquemas de adquisición privilegiada de la ciudadanía o la residencia por inversión. Pero todo esto cobra una importancia recrecida ante la evidencia de que la Unión Europea está obligada a crecer en su respuesta, de una vez, ante la intolerable agresión de Putin contra Ucrania. Es cierto que la Unión Europea no es una potencia militar, pero tiene que emplear todo su poder duro para poner coto a esos oligarcas rusos que han comprado mansiones, palacios, castillos y yates de precios prohibitivos en toda la geografía de la Unión Europea. Incluso Estados miembros que tienen ahora Gobiernos progresistas, como Portugal y como España, han heredado de sus Gobiernos conservadores leyes infames que permiten esa adquisición de la residencia que tienen que ser derogadas por un instrumento normativo de la Comisión. Por eso esperamos esa iniciativa legislativa prometida por la presidenta Von der Leyen que ponga fin a los visados dorados y a los pasaportes dorados. ¡No a los oligarcas rusos! ¡No a los visados dorados! ¡No a los pasaportes dorados!

Señora presidenta, este Parlamento Europeo ha sido decisivo en el impulso del procedimiento del artículo 7, sancionando el incumplimiento grosero de los valores comunes que fundan la Unión Europea por parte de Hungría y de Polonia. Este Parlamento fue también decisivo en la aprobación del Reglamento de condicionalidad del acceso de los fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho. Es el momento de recordar que la sentencia del Tribunal de Justicia lo confirma plenamente en su base jurídica, en su seguridad jurídica y también en su carácter distinto del procedimiento del artículo 7. Una cosa es la condicionalidad y otra es el artículo 7. Este es el momento también de recordarle a la Presidencia francesa, como tuve la ocasión de hacer ayer, que el Reglamento nunca ha estado suspendido: está en vigor desde el 1 de enero de 2021, aunque la Comisión no lo ha aplicado. Por no aplicarlo, este Parlamento adoptó en noviembre la incoación de un recurso por inacción ante el Tribunal de Justicia, contra la Comisión, precisamente, que está vinculada por el Reglamento de condicionalidad. Desde que se puso en vigor el Reglamento, la situación solo ha empeorado en Hungría y Polonia, como muestra la infame ley húngara que equipara los contenidos educativos sobre la orientación sexual y la homosexualidad a la pederastia, o la acción del Gobierno polaco pidiéndole al Tribunal Constitucional que declare que la primacía es contraria al Derecho constitucional polaco. La primacía del Derecho de la Unión Europea es la regla esencial de nuestra razón de ser. No puedo acabar sin decir que este Parlamento Europeo defiende a la ciudadanía húngara y a la ciudadanía polaca, como tiene la obligación de hacer la Comisión, aplicando ahora plenamente este Reglamento de condicionalidad, para decir con toda claridad que aplicándolo estamos defendiendo la ciudadanía europea de cuarenta millones de polacos y diez millones de húngaros.

Señora presidenta, señor comisario, una máxima del progreso científico nos enseña que, inexorablemente, todo lo que puede hacerse que esté al alcance de la tecnología históricamente disponible, sencillamente se hará. Y que el único freno frente a esa determinación es el impuesto por la ética y por la regla civilizatoria del Derecho. Ninguna de esas dos barreras es invulnerable a prácticas delictivas y a gobernantes sin escrúpulos. Creo que ambas amenazas están presentes en el objeto de este debate. Una tecnología puesta a disposición de nada menos que cuarenta países, según hemos conocido, por parte de una empresa de seguridad de patente israelí (NSO), bajo el sobrenombre de Pegasus, que permite una intrusión sin precedentes en los derechos fundamentales que más estimamos: la privacidad, la confidencialidad de las comunicaciones, la vida privada. En definitiva, la seguridad de nuestros datos personales y de nuestras comunicaciones a través, precisamente, de la herramienta tecnológica que mayor capacidad de almacenamiento ha albergado jamás en la historia de la humanidad con respecto de estos bienes tan preciados: los teléfonos móviles. Una tecnología que es capaz de activar, sin que lo sepamos los usuarios, el micrófono o la cámara, convirtiéndose por tanto en un dispositivo de cibervigilancia las veinticuatro horas del día. Groseramente incompatible con el Derecho europeo, groseramente violadora esa tecnología de la e-privacy, de nuestro estándar regulado por ley europea, el Reglamento General de Protección de Datos, además de, por supuesto, la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, que la acompaña precisamente para hacer posible la investigación de los delitos por parte de las agencias que tienen esa responsabilidad: fiscalía, policía, fuerzas y cuerpos de seguridad. Porque en ningún caso la seguridad puede ser aducida como patente de corso para la violación de los derechos fundamentales. Esto nos lo ha enseñado la historia de esa regla civilizatoria del Derecho, que excluye las pruebas ilícitamente obtenidas y que prohíbe su validación en juicio. Por tanto, es mucho lo que tenemos que hacer y no tenemos que cerrarle la puerta a ninguna respuesta al alcance de este Parlamento Europeo, incluida, por supuesto esa comisión especial de investigación que asegure que la Comisión ejerce su papel no solamente como garante del Derecho europeo, como guardiana de los Tratados y del Derecho europeo, incluido el Derecho europeo de la privacidad. Que incluye, señor comisario, en su informe anual sobre el Estado de Derecho, el incumplimiento de los estándares europeos, que son los más altos del mundo en protección de derechos fundamentales. Que incluye también la garantía procesal de exclusión de ninguna comunicación ilícitamente obtenida a ningún efecto. Prohibición absoluta. La «doctrina del fruto del árbol envenenado», se llama en Derecho procesal, que incluye en el Derecho penal europeo, sobre la base jurídica que representa el artículo 83, un delito penal europeo de utilización ilícita de spyware, de vigilancia cibernética; por tanto, de cibervigilancia masiva. Es mucho lo que tenemos que hacer, no podemos excluir ninguna posibilidad. Pero quiero decir, del mismo modo que, aquello que pueda tecnológicamente intentarse se hará, siempre habrá gobernantes sin escrúpulos. Y lamentamos que en la lista de sospechosos habituales, además de otros países de dudoso carácter democrático, figuren dos Estados miembros de la Unión Europea, Hungría y Polonia, otra vez. No solamente resulta esto completamente inaceptable, sino que la Unión Europea tiene la obligación de hacer cuanto esté en su mano para proteger y garantizar los derechos fundamentales de los europeos, aquellos protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece no solamente la privacidad y la confidencialidad de los datos personales, sino las reglas de legalidad, necesidad, proporcionalidad y licitud del objeto, legitimidad del objetivo, para cualquier medida que pueda afectar a los derechos fundamentales de la ciudadanía y de cualquier persona a la que le sea aplicable el Derecho europeo. Nunca lo olvidemos: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no solamente protege a los europeos, sino a todas las personas en la aplicación del Derecho europeo.

Señora presidenta, vicepresidenta Jourová, presidencia francesa, los derechos humanos o disponen de una garantía eficaz o no son nada en absoluto: para afirmar una verdad tan palmaria no hace falta ser jurista, basta con el compromiso que ha mostrado una y otra vez la mayoría de este Parlamento Europeo, que representa a la ciudadanía europea, entendiendo que los derechos humanos comprenden los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres porque son derechos fundamentales vinculados a la dignidad personal, vinculados a la libre expresión, al libre desarrollo de un proyecto de vida y de la personalidad, además de a la privacidad y a la intimidad. ¿Cuántas veces tendremos que decir en este Parlamento Europeo que un avance en los derechos fundamentales no protege solamente a las personas que puedan disfrutar de ellos en carne propia, del mismo modo que un retroceso en los derechos y libertades no afecta solamente a las personas que padezcan ese retroceso en carne propia? Un avance en los derechos y libertades nos hace a toda la sociedad más digna, más decente, mejor, formada por hombres y mujeres en pie de igual dignidad y libertad, del mismo modo que un retroceso en los derechos y libertades de las mujeres nos hace peores a todos. Y es por eso que este Parlamento Europeo ha expresado una y otra vez su preocupación con los retrocesos de los derechos y libertades que se producen en sociedades democráticas: nadie está salvo, sea en Texas (Estados Unidos), ante la ofensiva en el Tribunal Supremo, sea, desde luego, en la Unión Europea, donde hay Estados que no reconocen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, Estados que provocan ese retroceso. Ayer, por parte de la presidencia francesa, el presidente Macron expresó que había que incorporar en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el derecho a la libre interrupción del embarazo, y la presidenta de los socialistas le replicó sobre la marcha que bastaría con que el Consejo vigilase a los Estados que están provocando esos retrocesos sometidos al artículo 7, pero este Parlamento Europeo continuará dando la batalla para que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales estén garantizados eficazmente.

Señor presidente, la lucha por los derechos humanos y por la democracia en cualquier lugar del mundo está interconectada, y nunca como ahora en la globalización. Por eso a la Unión Europea le importa el deterioro de la situación de derechos humanos y de libertades en Hong Kong; porque implica el respeto al acuerdo, en su momento, entre la República Popular China y quien entonces era Estado miembro de la Unión Europea, el Reino Unido, para que Hong Kong se integrase en la soberanía de una sola China, pero bajo el principio «un país, dos sistemas», que ha sido flagrantemente violado en los últimos tiempos con la detención arbitraria de más de 150 activistas de derechos humanos, la restricción del margen de la representación y la imposición abusiva de la Ley de Seguridad Nacional. No está al alcance de este Parlamento Europeo revisar la situación en Hong Kong, pero sí apoyar, como quiere el grupo de parlamentarios que formamos parte de Hong Kong Watch en este Europarlamento, la acción de la autonomía estratégica que debe liderar el alto representante Borrel para que no pasemos de la Guerra Fría a la Guerra Caliente, ni en Hong Kong, ni en Taiwan, ni en Ucrania, ni en ninguna parte del mundo.

Señora presidenta, vicepresidente Schinas, vuelve al Parlamento Europeo un debate sobre el desafío planteado por lo que hemos dado en llamar un «ataque híbrido» perpetrado por el régimen canalla de Lukashenka —último dictador de Europa, treinta años ya en el poder— y que afecta directamente a sus vecinos de la Unión Europea, Lituania, Letonia y Polonia. La ocasión hubiera sido propicia para que Polonia, tan renuente al cumplimiento del Derecho europeo, reflexionase sobre el valor de la solidaridad porque, efectivamente, un ataque híbrido a cualquier Estado miembro de la Unión Europea es un ataque al conjunto de la Unión Europea, pero sucede que la respuesta adoptada por la Comisión no hace ningún daño a Lukashenka; de hecho, no marca ninguna diferencia y, sin embargo, sí puede marcarla para los seres humanos desesperados a los que Lukashenka está instrumentalizando, aquellos que efectivamente encaran ya el crudo invierno; y marca una diferencia porque se proponen suspender nada menos que la Directiva sobre las condiciones de acogida y la Directiva sobre procedimientos de asilo sin que quede acreditada la proporcionalidad. Hay dudas que deberían ser despejadas en el curso de este debate porque los números no justifican una suspensión de las reglas del Derecho europeo, y además se hace dejando al Parlamento Europeo fuera de su papel de legislador en pie de igualdad —es el papel que le da el Tratado de Lisboa en materia de migraciones y en materia de asilo—, reduciéndolo por tanto a un procedimiento de mera consulta. Comprenderá que la preocupación del Parlamento Europeo con respecto a estas medidas está justificada, y exigimos que se garantice la protección humanitaria de las personas sin fronteras; que se garantice la asistencia de las organizaciones humanitarias, que no pueden ser criminalizadas por prestar atención a esas personas desesperadas, y que se garantice en todo caso el cumplimiento del Derecho europeo, que importa; importa sobre todo en las situaciones de crisis, y un ataque híbrido es una situación de crisis, porque el Derecho europeo importa en las situaciones más duras y más difíciles, y, sin duda ninguna, la que está planteada en las fronteras exteriores de la Unión Europea importa no solo a Polonia, importa no solo a Lituania, importa no solo a Letonia: importa al conjunto de la ciudadanía europea, que espera que el Derecho europeo sea cumplido en las situaciones más crudas y difíciles.

Señora presidenta, vicepresidente Schinas, otra vez Polonia: debate sobre el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en un Estado miembro de la Unión Europea. El 7 de octubre de este año 2021, el Tribunal Constitucional polaco, masivamente intervenido por el partido del Gobierno en Polonia, declaró a requerimiento del ministro de Justicia y fiscal general —que son la misma persona— que el Tratado de la Unión Europea —nada menos— es incompatible con la Constitución polaca, lo que significa que Polonia y su Gobierno ya no se sienten vinculados por la primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho de Polonia, ni se sienten vinculados tampoco por los valores comunes del artículo 2, ni por los principios proclamados en el artículo 3 y los objetivos contenidos en el Tratado de la Unión Europea, que incluyen el espacio de libertad, seguridad y justicia, vinculados por la confianza mutua y el reconocimiento mutuo, que es la única forma de funcionar de la cooperación judicial entre Estados miembros de la Unión Europea. Pues bien, nueva vuelta de tuerca: el 24 de noviembre el Tribunal Constitucional polaco —reitero, masivamente intervenido por el Gobierno— declara que también el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, que integra cuarenta y siete Estados miembros, incluidos todos los Estados miembros de la Unión Europea, es incompatible con la Constitución polaca; y la pregunta es qué más podemos esperar. La Conferencia sobre el Futuro de Europa escucha, procedente de gente joven de toda Europa, una pregunta cada vez con mayor insistencia: «¿Hasta cuándo —quousque tandem— vamos a tolerar a Polonia este desafío que le cuesta un millón de euros de multa diaria como consecuencia de su contumaz incumplimiento de las sentencias de los tribunales de justicia, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?». Y se preguntan cuándo sobrevendrá el Polexit teniendo en cuenta que la Unión Europea no contempla ningún artículo que permita la expulsión de un Gobierno que manifiestamente desafíe los valores de la Unión. Y yo les respondo: ese no es un buen panorama, no es una buena noticia, nadie desea el Polexit. Este Parlamento Europeo expresa la ciudadanía europea de los cuarenta millones de polacos y la defiende frente a su Gobierno, en contumaz desafío al Derecho de la Unión. ¿Hasta cuándo, Polonia?

Señora presidenta, vicepresidente Schinas, Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, con tantos asuntos legislativos que tratar y aquí tenemos un ejemplo supremo de un asunto que no debió haber llegado a esta tribuna porque no se trata de un acto legislativo, ni siquiera de un documento oficial de la Comisión, de una comunicación oficial de la Comisión, sino de un documento interno de trabajo que recomienda la utilización de un lenguaje inclusivo para prevenir la reproducción mecánica o, aún peor, inconsciente, de clichés y estereotipos desde la experiencia contrastada de que los estereotipos conducen a la reproducción de prejuicios. Los prejuicios son la simiente del odio, y el odio conduce a la violencia y al crimen del odio, y a la exclusión, por supuesto; por eso, está completamente fuera de lugar la exhibición desde esta tribuna de las creencias religiosas personales bajo la hipócrita invocación de la libertad religiosa —que nadie ha cuestionado y que, en todo caso, estaría incluida en el lema de la Unión Europea, «Unida en la diversidad»— y confunde a la ciudadanía sobre un falso debate y un objeto todavía más trucado. La única explicación es una concesión de la derecha mainstream de esta Cámara, del Partido Popular, a lo que la ciencia política llama «guerra cultural», que es una confrontación forzada y artificiosa entre valores, símbolos y el significado que damos a las palabras, y lo único que puedo decir es que con ello la derecha de esta Cámara, el Partido Popular, está haciendo el juego a la extrema derecha. Por tanto, este es un asunto que no debió haber llegado nunca a la tribuna del Parlamento Europeo: no venimos aquí a exhibir nuestras creencias religiosas personales, sino a respetarnos en nuestra diversidad.

Señor presidente, Comisión, se cumplen ahora seis meses desde que este Parlamento Europeo aprobó el Certificado COVID digital por el procedimiento de urgencia, del que tuve el honor de ser ponente, con limitación de propósito y servir al restablecimiento de la libre circulación en la Unión Europea, y por el que la Comisión adquirió el compromiso de revisar su rendimiento cuando se cumplan nueve meses. Un escenario verosímil es un nuevo rompecabezas de medidas de emergencia adoptadas unilateralmente por los Estados miembros en grave perjuicio de la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, obligando a la Comisión, de nuevo, a intentar establecer un equilibrio entre la salud pública y los derechos y libertades, entre los cuales apreciamos tanto la libertad de circulación. El escenario inevitable, la única salida hacia adelante, es que la Unión Europea cambie su posición y apueste decididamente por la liberación obligatoria de las patentes de propiedad intelectual que permita multiplicar el ritmo de producción y distribución de vacunas a escala global y lo haga ante los órganos de la Organización Mundial de la Salud. La fuerza ética de este argumento se recrece cuando vemos la evidencia de que la variante delta surgió en la India y la variante ómicron, dicen, surgió en Sudáfrica; dos países que pidieron desde el primer minuto la exención obligatoria de las patentes en beneficio de una respuesta de escala global, que es la única salida. Porque si nos encontramos ante una pandemia global, no hay ninguna posibilidad de que tengamos seguridad hasta que lo estemos todos a escala, asimismo, global. Es la única forma de asegurar, no solamente un mensaje de solidaridad, sino también de protección del auto-interés de la Unión Europea. Liberación obligatoria de patentes de propiedad intelectual de las grandes industrias farmacéuticas.

Señor presidente, señora comisaria de Igualdad, que la violencia de género y la violencia contra las mujeres no es un fenómeno estrictamente local ni se confina al perímetro de los Estados miembros de la Unión Europea es algo asumido por este Parlamento Europeo, y por eso hemos apoyado que la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul y este Parlamento Europeo ha instado precisamente a la Comisión a que asuma esa incorporación de la Unión Europea como una prioridad. Del mismo modo, la violencia ejercida en la red, la ciberviolencia y el ciberacoso, tiene una dimensión europea que requiere definiciones comunes, normas comunes y sanciones comunes, lo que no anula la competencia penal de los Estados miembros, pero la encuadra en parámetros europeos. En eso consiste la base jurídica que presta el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque, efectivamente, es un delito de alcance europeo, como lo es también la necesidad de protección de sus víctimas, tanto en el curso del proceso como en los servicios sociales y asistenciales necesarios para plantar cara desde la Unión Europea y con un instrumento de Derecho europeo a la ciberviolencia y el ciberacoso. Por eso, me sumo a las voces que instan a la Comisión a presentar una iniciativa europea que incorpore la violencia de género y la ciberviolencia a la lista de «delitos de la Unión».

Señor presidente Castaldo, señor comisario de Justicia, señor ministro, es la segunda vez que este Parlamento Europeo debate la situación de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho y la situación de la Fiscalía Europea en Eslovenia. Créanme que, como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de este Parlamento Europeo, no me alegra. Al contrario: me preocupa especialmente porque Eslovenia ostenta en este semestre la presidencia de la Unión Europea —la presidencia rotatoria— y usted, señor ministro, no representa a Eslovenia en este debate, sino al Consejo. Pero, sin duda, Eslovenia está en disposición y, a mi juicio, puede y debe marcar la diferencia con aquellos Estados miembros lamentablemente habituales en los debates sobre el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales —Hungría y Polonia—, para empezar, afirmando y aceptando la primacía del Derecho europeo, que consagra como valores comunes de la Unión Europea, en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, los de respeto al pluralismo y protección de las minorías, y que, además, señala como un mandato muy claro la obediencia y el acatamiento de las sentencias de los tribunales de justicia cuando aplican el Derecho europeo, y, por supuesto, impone el deber de leal cooperación con la Fiscalía Europea. De modo que lamentamos ese retraso de cinco meses y celebramos que finalmente los dos fiscales nacionales de Eslovenia se incorporen a la estructura de la Fiscalía Europea para que rindan sus mejores servicios. Pero usted también, señor ministro, está en disposición de enviarle un mensaje a su primer ministro, Janez Janša, y el mensaje es claro: cuando el Parlamento Europeo envía una delegación oficial a un Estado miembro de la Unión Europea, esa delegación no es un alien, no es una injerencia extranjera, no: está representando a la ciudadanía europea de dos millones de ciudadanos eslovenos.

Señor presidente, vicepresidente Schinas, en una Europa que envejece y con escasez de mano de obra en un número cada vez mayor de empleos, es una magnífica idea que este Parlamento Europeo vaya a aprobar un informe sobre cómo reafirmar, ensanchar, mejorar y actualizar las vías de inmigración legal a la Unión Europea con nueve recomendaciones. Buena idea la de la reserva de talentos y las asociaciones en materia de talentos para atraer mano de obra cualificada, pero hay más: también necesitan apoyo los autónomos y los emprendedores y sus vías de admisión, incluso los trabajadores escasamente cualificados en determinados nichos de empleo, y, por eso, es imprescindible actualizar la Directiva de permiso único, la Directiva de trabajadores temporeros y la Directiva de residencia de larga duración y establecer un servicio europeo de asesoramiento a los migrantes en situación regular, pero, sobre todo, hay que sancionar y reforzar, por tanto, la Directiva de sanciones a los empresarios o empleadores que exploten a los inmigrantes en situación vulnerable. Creo que es claro que la migración regular —es el mensaje que manda este informe del Parlamento Europeo— es parte de la solución, no parte del problema: es parte del futuro de la Unión Europea.

Señora presidenta, comisaria Dalli, el 19 de junio de 2021, Stanislav Tomáš, un ciudadano europeo romaní, ciudadano de la República Checa, murió en un terrible episodio de brutalidad policial asfixiado hasta la muerte; recordaría al caso de George Floyd, con la única diferencia de que en Europa no ha resonado en todas las latitudes de la Unión un movimiento que grite «I can't breathe». Tal y como denuncia la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la población romaní en Europa sigue siendo víctima del discurso del odio, de castigos colectivos, y de controles y brutalidad policial arbitraria y de sesgo racista, así como de segregación sistemática. Por tanto, ya va siendo hora de que el conjunto de la Unión Europea extraiga las lecciones. En septiembre del año 2020, este Parlamento Europeo adoptó una estrategia contra la segregación y la discriminación de la población romaní y para su inclusión, y creo que es el momento de que la Unión Europea acompañe esta estrategia con la adopción de una iniciativa legislativa que apueste no solamente por la integración y la inclusión de la población romaní, sino por una lucha sin cuartel contra el antigitanismo y contra todas las injusticias que se derivan de la segregación sistemática en el ámbito sanitario, residencial y escolar de la población romaní en Europa. No solamente estrategia, por tanto: legislación europea contra el antigitanismo.

Señora presidenta, la explotación de la desesperación de seres humanos en las fronteras exteriores de la Unión Europea cuando más se acerca el general Invierno no es una crisis migratoria, es un desafío político planteado por un tirano en nuestra vecindad que se aprovecha de la clamorosa ausencia de unidad en la respuesta y explota la vulnerabilidad tanto de los migrantes como de la propia Unión Europea. Nunca se repite lo bastante que, si pusiéramos en común nuestras capacidades diplomáticas y defensivas, podríamos hablarles de tú a tú a quienes practican el bullying, sea Rusia o cualquiera de sus satélites, como es el caso de Lukashenka en Bielorrusia, y nunca repetimos lo bastante que debemos hacer frente a quienes chantajean aprovechando esa ausencia de unidad y puesta en común de nuestras capacidades defensivas y diplomáticas. También tenemos que repetir, por supuesto, que importan la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el pleno cumplimiento del derecho de asilo y de todo el derecho que rige la migración a escala europea, que hay que exigir a todos los Estados miembros de la Unión Europea incluso en las situaciones más difíciles, pero que la tarea no estará completa hasta que no seamos capaces de poner en vigor una legislación europea que sancione —que no solo prevenga, sino que sancione— la instrumentalización de seres humanos en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Señora presidenta, en este Pleno del Parlamento Europeo votamos el resultado del acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el presupuesto para 2022. Destaco una aportación de clara impronta socialdemócrata: el incremento en 211 millones de euros de la partida, inicialmente consignada en 500 millones de euros, para el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Quiero compartir con este Parlamento Europeo una prioridad absoluta: la reparación de los daños causados por el volcán de La Palma, cuando suma más de sesenta días en erupción, porque —la razón habla por sí sola— el volcán suma todos los supuestos del Fondo de Solidaridad, inicialmente diseñado para terremotos, incendios, estragos, destrucción de infraestructuras. Todo lo ha hecho el volcán, y el dinero europeo debe servir para la reparación de infraestructuras dañadas, equipamientos, energías y aguas, y centros escolares y médicos destruidos por la lava. Por ello, la solidaridad europea debe sumarse a la solidaridad del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España y debe hacerlo cuanto antes, eliminando cualquier barrera o traba burocrática que pueda impedir que la ayuda llegue cuanto antes, porque a los damnificados del volcán de La Palma que nos miran y nos interpelan, la Unión Europea debe responder de manera eficaz y, sobre todo, inmediata.

Señora presidenta, vicepresidenta Jourová, la libertad de expresión, de prensa, y el pluralismo informativo están nuclearmente unidos en el mismo artículo, el 11, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea porque son consustanciales a la idea europea de democracia, y es un hecho que en ninguna parte las libertades, tampoco la de prensa, están protegidas, ni aseguradas, ni consolidadas para siempre: todas están expuestas al riesgo de regresiones antidemocráticas, de retrocesos y, por supuesto, de Gobiernos autoritarios que utilizan demandas civiles o penales y querellas truculentas para intentar intimidar y amordazar a quienes ejercen el derecho fundamental del periodismo libre y crítico con los Gobiernos. Es por esto que el Parlamento Europeo tiene el deber de demandar de la Comisión una iniciativa legislativa que establezca estándares y garantías comunes para la libertad de prensa, que tiene como corolario el pluralismo informativo y solo es creíble donde hay pluralismo informativo, y que proteja el periodismo crítico con los Gobiernos frente al ejercicio de querellas intimidatorias que tienen la intención clara de frenar y amordazar el ejercicio libre del pluralismo informativo. Esa legislación es el resultado del trabajo que ha hecho este Parlamento Europeo tomando en serio esa idea europea de democracia que exige la formación de una opinión pública libre e informada, que esté también, por supuesto, en disposición de asegurar a través de la verificación de datos su propia autodefensa frente a la difusión de bulos informativos y de intoxicación, pero es fundamental preservar la libertad de prensa y el pluralismo informativo, y por eso esta Resolución concluye en esa demanda de legislación europea por parte de la Comisión.

Señor presidente, alto representante Borrell, cuando un desafío humanitario alcanza una situación límite, precisamente en los momentos más difíciles y de peor manejo, es útil volver a los principios, y el primero es el que nos recuerda que, si hay gobernantes sin escrúpulos que instrumentalizan ⸺weaponizan, como solemos decir⸺ el sufrimiento indecible de seres humanos indefensos, ya sea en la frontera marítima o terrestre del continente africano con la Unión Europea, ya sea en el Este —en las islas del Egeo, en Turquía—, o ya sea en el norte ⸺Bielorrusia, la dictadura interminable y canalla de Lukashenka sobre su propio pueblo, sacudiendo la frontera en Polonia, Lituania o Letonia⸺, es porque creen que pueden obtener ventaja de una respuesta europea que no es lo bastante unitaria. Por eso, la segunda lección es que la respuesta europea tiene que ser unitaria y también coherente con sus valores; solidaria, sí, con Polonia, con Lituania, con Letonia y con toda la Europa del Sur, pero sobre todo coherente con su propio Derecho legislado. De modo que la tercera lección es que el Derecho importa: los derechos humanos importan, los derechos fundamentales de esas personas desesperadas, que están siendo instrumentalizadas en la frontera exterior, pero también el Derecho europeo de asilo, el Sistema Europeo Común de Asilo, que es vinculante para todos los Estados miembros y debe ser respetado. Y, por supuesto, también la dimensión exterior, la protección de las fronteras exteriores de la Unión, que tiene que ser unitaria: no solidaria con Polonia y con Letonia, sino desde la conciencia de que es la frontera del conjunto de la Unión Europea, como en el continente africano Ceuta y Melilla, o como las islas del Egeo: del conjunto de la Unión Europea. Y por eso el mensaje importante es que tiene que saberse que es una lección irónica para Polonia, que ha cuestionado la consistencia del Derecho europeo, el que se esté poniendo a prueba precisamente la unidad de la Unión Europea en la frontera de Polonia con el régimen canalla de Lukashenka en Bielorrusia.

Señora Presidenta, sí, declaro aquí el caso de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE). Como bien sabe, la Comisión LIBE recomendó en su primer dictamen sobre la aprobación de la gestión de 2019 aplazar la aprobación de la gestión de la Agencia. Sin embargo, en septiembre de 2021, la Comisión LIBE pidió a la Comisión de Control Presupuestario (CONT) que no aprobara la gestión de Frontex en 2019 debido a acusaciones de mala gestión, incumplimiento de sus compromisos e incumplimiento del Reglamento Frontex. Sobre todo, toda la investigación sobre Frontex sigue pendiente, y aún no está disponible. Pero es un hecho y una suposición que el aumento del personal competente y el presupuesto para la agencia deben ir acompañados de un aumento correspondiente en la rendición de cuentas y la transparencia. Por este motivo, el Grupo de Control de Frontex de la Comisión LIBE, en su informe aprobado el 15 de julio de 2021, encontró cuestiones relacionadas con la información sobre los derechos fundamentales, la mayoría relativas a incidentes, la falta de contratación de agentes de derechos fundamentales, y cito: «falta de cooperación del director ejecutivo para garantizar el pleno cumplimiento de algunas de las disposiciones del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, en particular en materia de derechos fundamentales». Por lo tanto, concluyo, lamento anunciar que no podemos aprobar la gestión de la Agencia para 2019. Además, si queremos, podemos insistir en nuestro propio enfoque del presupuesto de 2022 con una reserva acordada para la Agencia debido a las cuestiones que plantea.

Señora presidenta, comisaria Johansson, cuando un gobernante es un tirano y un déspota con su propio pueblo, no es ninguna sorpresa que se comporte como un gamberro y un canalla con su frontera más próxima; por tanto, toda la vecindad tiene un problema: estamos hablando de Lukashenka y de la Unión Europea. Por supuesto que es inaceptable la utilización instrumental de seres humanos como herramienta de presión a la Unión Europea y eso requiere una respuesta europea, pero igualmente europeo tiene que ser el trato a los migrantes y a los solicitantes de asilo porque los protege el Derecho europeo de asilo y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que protege no solamente a los ciudadanos europeos, sino a cualquier persona en la aplicación del Derecho europeo, y, por eso, sea Polonia, sea Croacia, sea Lituania, sea Letonia, sea Hungría, todo país que sea frontera exterior de la Unión Europea tiene la obligación de aplicar y observar el Derecho europeo de asilo, lo que incluye también Frontex, lo mismo que la Agencia de Asilo de la Unión Europea o la propia Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por eso las devoluciones forzosas en frontera son completamente inaceptables, incompatibles con el Derecho europeo: eso es así en los momentos más duros, en las situaciones más difíciles y en las fronteras más vulnerables; por eso la Comisión tiene la obligación de incoar procedimientos de infracción a cualquiera que viole el artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Señor presidente, señora comisaria, al igual que sucede con el Estado de Derecho, en la lucha contra el blanqueo de capitales cualquier laguna en un Estado miembro afecta al conjunto de la Unión Europea; por eso, es imprescindible que los supervisores nacionales y las unidades de inteligencia financiera contra las transacciones y actividades sospechosas de blanqueo tengan reglas comunes contra la innovación tecnológica de los medios delictivos. Por eso, damos la bienvenida a la propuesta de la Comisión: nada menos que cuatro Reglamentos —este Parlamento ha legislado, y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior tiene memoria de ello— y cinco Directivas penales contra el blanqueo de capitales procedentes de negocios ilícitos, pero es imprescindible, en este paquete, la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que es un avance que podría ser más ambicioso, con más poderes de supervisión y más rápidos, particularmente contra los criptoactivos y en relación con la travel rule, en su eficacia contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Me parece importante, por último, resaltar la recomendación del GAFI, el Consejo de Europa y la OCDE para que la combinación de fuerzas de la OLAF, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea hagan verdad, efectivamente, que el delito no resulta provechoso.