Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señora presidenta, vicepresidente Schinas, Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, con tantos asuntos legislativos que tratar y aquí tenemos un ejemplo supremo de un asunto que no debió haber llegado a esta tribuna porque no se trata de un acto legislativo, ni siquiera de un documento oficial de la Comisión, de una comunicación oficial de la Comisión, sino de un documento interno de trabajo que recomienda la utilización de un lenguaje inclusivo para prevenir la reproducción mecánica o, aún peor, inconsciente, de clichés y estereotipos desde la experiencia contrastada de que los estereotipos conducen a la reproducción de prejuicios. Los prejuicios son la simiente del odio, y el odio conduce a la violencia y al crimen del odio, y a la exclusión, por supuesto; por eso, está completamente fuera de lugar la exhibición desde esta tribuna de las creencias religiosas personales bajo la hipócrita invocación de la libertad religiosa —que nadie ha cuestionado y que, en todo caso, estaría incluida en el lema de la Unión Europea, «Unida en la diversidad»— y confunde a la ciudadanía sobre un falso debate y un objeto todavía más trucado. La única explicación es una concesión de la derecha mainstream de esta Cámara, del Partido Popular, a lo que la ciencia política llama «guerra cultural», que es una confrontación forzada y artificiosa entre valores, símbolos y el significado que damos a las palabras, y lo único que puedo decir es que con ello la derecha de esta Cámara, el Partido Popular, está haciendo el juego a la extrema derecha. Por tanto, este es un asunto que no debió haber llegado nunca a la tribuna del Parlamento Europeo: no venimos aquí a exhibir nuestras creencias religiosas personales, sino a respetarnos en nuestra diversidad.

Señor presidente, Comisión, se cumplen ahora seis meses desde que este Parlamento Europeo aprobó el Certificado COVID digital por el procedimiento de urgencia, del que tuve el honor de ser ponente, con limitación de propósito y servir al restablecimiento de la libre circulación en la Unión Europea, y por el que la Comisión adquirió el compromiso de revisar su rendimiento cuando se cumplan nueve meses. Un escenario verosímil es un nuevo rompecabezas de medidas de emergencia adoptadas unilateralmente por los Estados miembros en grave perjuicio de la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, obligando a la Comisión, de nuevo, a intentar establecer un equilibrio entre la salud pública y los derechos y libertades, entre los cuales apreciamos tanto la libertad de circulación. El escenario inevitable, la única salida hacia adelante, es que la Unión Europea cambie su posición y apueste decididamente por la liberación obligatoria de las patentes de propiedad intelectual que permita multiplicar el ritmo de producción y distribución de vacunas a escala global y lo haga ante los órganos de la Organización Mundial de la Salud. La fuerza ética de este argumento se recrece cuando vemos la evidencia de que la variante delta surgió en la India y la variante ómicron, dicen, surgió en Sudáfrica; dos países que pidieron desde el primer minuto la exención obligatoria de las patentes en beneficio de una respuesta de escala global, que es la única salida. Porque si nos encontramos ante una pandemia global, no hay ninguna posibilidad de que tengamos seguridad hasta que lo estemos todos a escala, asimismo, global. Es la única forma de asegurar, no solamente un mensaje de solidaridad, sino también de protección del auto-interés de la Unión Europea. Liberación obligatoria de patentes de propiedad intelectual de las grandes industrias farmacéuticas.

Señor presidente, señora comisaria de Igualdad, que la violencia de género y la violencia contra las mujeres no es un fenómeno estrictamente local ni se confina al perímetro de los Estados miembros de la Unión Europea es algo asumido por este Parlamento Europeo, y por eso hemos apoyado que la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul y este Parlamento Europeo ha instado precisamente a la Comisión a que asuma esa incorporación de la Unión Europea como una prioridad. Del mismo modo, la violencia ejercida en la red, la ciberviolencia y el ciberacoso, tiene una dimensión europea que requiere definiciones comunes, normas comunes y sanciones comunes, lo que no anula la competencia penal de los Estados miembros, pero la encuadra en parámetros europeos. En eso consiste la base jurídica que presta el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque, efectivamente, es un delito de alcance europeo, como lo es también la necesidad de protección de sus víctimas, tanto en el curso del proceso como en los servicios sociales y asistenciales necesarios para plantar cara desde la Unión Europea y con un instrumento de Derecho europeo a la ciberviolencia y el ciberacoso. Por eso, me sumo a las voces que instan a la Comisión a presentar una iniciativa europea que incorpore la violencia de género y la ciberviolencia a la lista de «delitos de la Unión».

Señor presidente Castaldo, señor comisario de Justicia, señor ministro, es la segunda vez que este Parlamento Europeo debate la situación de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho y la situación de la Fiscalía Europea en Eslovenia. Créanme que, como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de este Parlamento Europeo, no me alegra. Al contrario: me preocupa especialmente porque Eslovenia ostenta en este semestre la presidencia de la Unión Europea —la presidencia rotatoria— y usted, señor ministro, no representa a Eslovenia en este debate, sino al Consejo. Pero, sin duda, Eslovenia está en disposición y, a mi juicio, puede y debe marcar la diferencia con aquellos Estados miembros lamentablemente habituales en los debates sobre el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales —Hungría y Polonia—, para empezar, afirmando y aceptando la primacía del Derecho europeo, que consagra como valores comunes de la Unión Europea, en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, los de respeto al pluralismo y protección de las minorías, y que, además, señala como un mandato muy claro la obediencia y el acatamiento de las sentencias de los tribunales de justicia cuando aplican el Derecho europeo, y, por supuesto, impone el deber de leal cooperación con la Fiscalía Europea. De modo que lamentamos ese retraso de cinco meses y celebramos que finalmente los dos fiscales nacionales de Eslovenia se incorporen a la estructura de la Fiscalía Europea para que rindan sus mejores servicios. Pero usted también, señor ministro, está en disposición de enviarle un mensaje a su primer ministro, Janez Janša, y el mensaje es claro: cuando el Parlamento Europeo envía una delegación oficial a un Estado miembro de la Unión Europea, esa delegación no es un alien, no es una injerencia extranjera, no: está representando a la ciudadanía europea de dos millones de ciudadanos eslovenos.

Señor presidente, vicepresidente Schinas, en una Europa que envejece y con escasez de mano de obra en un número cada vez mayor de empleos, es una magnífica idea que este Parlamento Europeo vaya a aprobar un informe sobre cómo reafirmar, ensanchar, mejorar y actualizar las vías de inmigración legal a la Unión Europea con nueve recomendaciones. Buena idea la de la reserva de talentos y las asociaciones en materia de talentos para atraer mano de obra cualificada, pero hay más: también necesitan apoyo los autónomos y los emprendedores y sus vías de admisión, incluso los trabajadores escasamente cualificados en determinados nichos de empleo, y, por eso, es imprescindible actualizar la Directiva de permiso único, la Directiva de trabajadores temporeros y la Directiva de residencia de larga duración y establecer un servicio europeo de asesoramiento a los migrantes en situación regular, pero, sobre todo, hay que sancionar y reforzar, por tanto, la Directiva de sanciones a los empresarios o empleadores que exploten a los inmigrantes en situación vulnerable. Creo que es claro que la migración regular —es el mensaje que manda este informe del Parlamento Europeo— es parte de la solución, no parte del problema: es parte del futuro de la Unión Europea.

Señora presidenta, comisaria Dalli, el 19 de junio de 2021, Stanislav Tomáš, un ciudadano europeo romaní, ciudadano de la República Checa, murió en un terrible episodio de brutalidad policial asfixiado hasta la muerte; recordaría al caso de George Floyd, con la única diferencia de que en Europa no ha resonado en todas las latitudes de la Unión un movimiento que grite «I can't breathe». Tal y como denuncia la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la población romaní en Europa sigue siendo víctima del discurso del odio, de castigos colectivos, y de controles y brutalidad policial arbitraria y de sesgo racista, así como de segregación sistemática. Por tanto, ya va siendo hora de que el conjunto de la Unión Europea extraiga las lecciones. En septiembre del año 2020, este Parlamento Europeo adoptó una estrategia contra la segregación y la discriminación de la población romaní y para su inclusión, y creo que es el momento de que la Unión Europea acompañe esta estrategia con la adopción de una iniciativa legislativa que apueste no solamente por la integración y la inclusión de la población romaní, sino por una lucha sin cuartel contra el antigitanismo y contra todas las injusticias que se derivan de la segregación sistemática en el ámbito sanitario, residencial y escolar de la población romaní en Europa. No solamente estrategia, por tanto: legislación europea contra el antigitanismo.

Señora presidenta, la explotación de la desesperación de seres humanos en las fronteras exteriores de la Unión Europea cuando más se acerca el general Invierno no es una crisis migratoria, es un desafío político planteado por un tirano en nuestra vecindad que se aprovecha de la clamorosa ausencia de unidad en la respuesta y explota la vulnerabilidad tanto de los migrantes como de la propia Unión Europea. Nunca se repite lo bastante que, si pusiéramos en común nuestras capacidades diplomáticas y defensivas, podríamos hablarles de tú a tú a quienes practican el bullying, sea Rusia o cualquiera de sus satélites, como es el caso de Lukashenka en Bielorrusia, y nunca repetimos lo bastante que debemos hacer frente a quienes chantajean aprovechando esa ausencia de unidad y puesta en común de nuestras capacidades defensivas y diplomáticas. También tenemos que repetir, por supuesto, que importan la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el pleno cumplimiento del derecho de asilo y de todo el derecho que rige la migración a escala europea, que hay que exigir a todos los Estados miembros de la Unión Europea incluso en las situaciones más difíciles, pero que la tarea no estará completa hasta que no seamos capaces de poner en vigor una legislación europea que sancione —que no solo prevenga, sino que sancione— la instrumentalización de seres humanos en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Señora presidenta, en este Pleno del Parlamento Europeo votamos el resultado del acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el presupuesto para 2022. Destaco una aportación de clara impronta socialdemócrata: el incremento en 211 millones de euros de la partida, inicialmente consignada en 500 millones de euros, para el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Quiero compartir con este Parlamento Europeo una prioridad absoluta: la reparación de los daños causados por el volcán de La Palma, cuando suma más de sesenta días en erupción, porque —la razón habla por sí sola— el volcán suma todos los supuestos del Fondo de Solidaridad, inicialmente diseñado para terremotos, incendios, estragos, destrucción de infraestructuras. Todo lo ha hecho el volcán, y el dinero europeo debe servir para la reparación de infraestructuras dañadas, equipamientos, energías y aguas, y centros escolares y médicos destruidos por la lava. Por ello, la solidaridad europea debe sumarse a la solidaridad del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España y debe hacerlo cuanto antes, eliminando cualquier barrera o traba burocrática que pueda impedir que la ayuda llegue cuanto antes, porque a los damnificados del volcán de La Palma que nos miran y nos interpelan, la Unión Europea debe responder de manera eficaz y, sobre todo, inmediata.

Señora presidenta, vicepresidenta Jourová, la libertad de expresión, de prensa, y el pluralismo informativo están nuclearmente unidos en el mismo artículo, el 11, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea porque son consustanciales a la idea europea de democracia, y es un hecho que en ninguna parte las libertades, tampoco la de prensa, están protegidas, ni aseguradas, ni consolidadas para siempre: todas están expuestas al riesgo de regresiones antidemocráticas, de retrocesos y, por supuesto, de Gobiernos autoritarios que utilizan demandas civiles o penales y querellas truculentas para intentar intimidar y amordazar a quienes ejercen el derecho fundamental del periodismo libre y crítico con los Gobiernos. Es por esto que el Parlamento Europeo tiene el deber de demandar de la Comisión una iniciativa legislativa que establezca estándares y garantías comunes para la libertad de prensa, que tiene como corolario el pluralismo informativo y solo es creíble donde hay pluralismo informativo, y que proteja el periodismo crítico con los Gobiernos frente al ejercicio de querellas intimidatorias que tienen la intención clara de frenar y amordazar el ejercicio libre del pluralismo informativo. Esa legislación es el resultado del trabajo que ha hecho este Parlamento Europeo tomando en serio esa idea europea de democracia que exige la formación de una opinión pública libre e informada, que esté también, por supuesto, en disposición de asegurar a través de la verificación de datos su propia autodefensa frente a la difusión de bulos informativos y de intoxicación, pero es fundamental preservar la libertad de prensa y el pluralismo informativo, y por eso esta Resolución concluye en esa demanda de legislación europea por parte de la Comisión.

Señor presidente, alto representante Borrell, cuando un desafío humanitario alcanza una situación límite, precisamente en los momentos más difíciles y de peor manejo, es útil volver a los principios, y el primero es el que nos recuerda que, si hay gobernantes sin escrúpulos que instrumentalizan ⸺weaponizan, como solemos decir⸺ el sufrimiento indecible de seres humanos indefensos, ya sea en la frontera marítima o terrestre del continente africano con la Unión Europea, ya sea en el Este —en las islas del Egeo, en Turquía—, o ya sea en el norte ⸺Bielorrusia, la dictadura interminable y canalla de Lukashenka sobre su propio pueblo, sacudiendo la frontera en Polonia, Lituania o Letonia⸺, es porque creen que pueden obtener ventaja de una respuesta europea que no es lo bastante unitaria. Por eso, la segunda lección es que la respuesta europea tiene que ser unitaria y también coherente con sus valores; solidaria, sí, con Polonia, con Lituania, con Letonia y con toda la Europa del Sur, pero sobre todo coherente con su propio Derecho legislado. De modo que la tercera lección es que el Derecho importa: los derechos humanos importan, los derechos fundamentales de esas personas desesperadas, que están siendo instrumentalizadas en la frontera exterior, pero también el Derecho europeo de asilo, el Sistema Europeo Común de Asilo, que es vinculante para todos los Estados miembros y debe ser respetado. Y, por supuesto, también la dimensión exterior, la protección de las fronteras exteriores de la Unión, que tiene que ser unitaria: no solidaria con Polonia y con Letonia, sino desde la conciencia de que es la frontera del conjunto de la Unión Europea, como en el continente africano Ceuta y Melilla, o como las islas del Egeo: del conjunto de la Unión Europea. Y por eso el mensaje importante es que tiene que saberse que es una lección irónica para Polonia, que ha cuestionado la consistencia del Derecho europeo, el que se esté poniendo a prueba precisamente la unidad de la Unión Europea en la frontera de Polonia con el régimen canalla de Lukashenka en Bielorrusia.

Señora Presidenta, sí, declaro aquí el caso de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE). Como bien sabe, la Comisión LIBE recomendó en su primer dictamen sobre la aprobación de la gestión de 2019 aplazar la aprobación de la gestión de la Agencia. Sin embargo, en septiembre de 2021, la Comisión LIBE pidió a la Comisión de Control Presupuestario (CONT) que no aprobara la gestión de Frontex en 2019 debido a acusaciones de mala gestión, incumplimiento de sus compromisos e incumplimiento del Reglamento Frontex. Sobre todo, toda la investigación sobre Frontex sigue pendiente, y aún no está disponible. Pero es un hecho y una suposición que el aumento del personal competente y el presupuesto para la agencia deben ir acompañados de un aumento correspondiente en la rendición de cuentas y la transparencia. Por este motivo, el Grupo de Control de Frontex de la Comisión LIBE, en su informe aprobado el 15 de julio de 2021, encontró cuestiones relacionadas con la información sobre los derechos fundamentales, la mayoría relativas a incidentes, la falta de contratación de agentes de derechos fundamentales, y cito: «falta de cooperación del director ejecutivo para garantizar el pleno cumplimiento de algunas de las disposiciones del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, en particular en materia de derechos fundamentales». Por lo tanto, concluyo, lamento anunciar que no podemos aprobar la gestión de la Agencia para 2019. Además, si queremos, podemos insistir en nuestro propio enfoque del presupuesto de 2022 con una reserva acordada para la Agencia debido a las cuestiones que plantea.

Señora presidenta, comisaria Johansson, cuando un gobernante es un tirano y un déspota con su propio pueblo, no es ninguna sorpresa que se comporte como un gamberro y un canalla con su frontera más próxima; por tanto, toda la vecindad tiene un problema: estamos hablando de Lukashenka y de la Unión Europea. Por supuesto que es inaceptable la utilización instrumental de seres humanos como herramienta de presión a la Unión Europea y eso requiere una respuesta europea, pero igualmente europeo tiene que ser el trato a los migrantes y a los solicitantes de asilo porque los protege el Derecho europeo de asilo y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que protege no solamente a los ciudadanos europeos, sino a cualquier persona en la aplicación del Derecho europeo, y, por eso, sea Polonia, sea Croacia, sea Lituania, sea Letonia, sea Hungría, todo país que sea frontera exterior de la Unión Europea tiene la obligación de aplicar y observar el Derecho europeo de asilo, lo que incluye también Frontex, lo mismo que la Agencia de Asilo de la Unión Europea o la propia Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por eso las devoluciones forzosas en frontera son completamente inaceptables, incompatibles con el Derecho europeo: eso es así en los momentos más duros, en las situaciones más difíciles y en las fronteras más vulnerables; por eso la Comisión tiene la obligación de incoar procedimientos de infracción a cualquiera que viole el artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Señor presidente, señora comisaria, al igual que sucede con el Estado de Derecho, en la lucha contra el blanqueo de capitales cualquier laguna en un Estado miembro afecta al conjunto de la Unión Europea; por eso, es imprescindible que los supervisores nacionales y las unidades de inteligencia financiera contra las transacciones y actividades sospechosas de blanqueo tengan reglas comunes contra la innovación tecnológica de los medios delictivos. Por eso, damos la bienvenida a la propuesta de la Comisión: nada menos que cuatro Reglamentos —este Parlamento ha legislado, y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior tiene memoria de ello— y cinco Directivas penales contra el blanqueo de capitales procedentes de negocios ilícitos, pero es imprescindible, en este paquete, la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que es un avance que podría ser más ambicioso, con más poderes de supervisión y más rápidos, particularmente contra los criptoactivos y en relación con la travel rule, en su eficacia contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Me parece importante, por último, resaltar la recomendación del GAFI, el Consejo de Europa y la OCDE para que la combinación de fuerzas de la OLAF, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea hagan verdad, efectivamente, que el delito no resulta provechoso.

Señor presidente, presidenta Von der Leyen, primer ministro Morawiecki, los ciudadanos polacos, la ciudadanía polaca que nos sigue sabe bien que ha sido la infatigable exigencia de este Parlamento Europeo la que ha traído al debate, una y otra vez, el continuado desafío del Gobierno que preside, bajo la batuta de Jarosław Kaczyński, al Derecho de la Unión Europea y a sus valores fundacionales. ¿Y sabe por qué? Porque este Parlamento Europeo les representa. Representa a la ciudadanía europea de la ciudadanía polaca, y representa el compromiso de Polonia con la Unión Europea, que es una unión de derechos y obligaciones que nos vinculan a todos por la misma ley. Y, por eso, resulta ridícula e hipócrita la retórica del agravio comparativo. ¿Sabe por qué? Porque su gobierno es un caso único de incumplimiento contumaz de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia, como la que declara incompatible con el Derecho europeo esa Cámara disciplinaria que impone sanciones a los jueces que aplican el Derecho europeo; porque su gobierno es un caso único en el que el fiscal general es al mismo tiempo ministro de Justicia, y ha sido el Gobierno que usted preside el que ha pedido al Tribunal Constitucional polaco, declarado ilegítimo por el Consejo de Europa, que declare nada menos que los artículos 1, 2, 4 y 19 del Tratado de la Unión Europea son incompatibles con la Constitución polaca. Nada menos que los valores fundacionales de la Unión Europea: el Estado de Derecho, la democracia, los derechos fundamentales, la primacía del Derecho de la Unión y el papel garante que corresponde al Tribunal de Justicia. Por eso pedimos a la Comisión, una y otra vez, que exija al Consejo una decisión por mayoría cualificada, en relación con el procedimiento del artículo 7, que pusimos en marcha en este Parlamento Europeo; que imponga de una vez el mecanismo de condicionalidad ligado al Estado de Derecho, que impida el acceso a los Fondos europeos hasta que se cumplan plenamente las condiciones del Derecho europeo que nos vinculan a todos; que, además, imponga procedimientos de infracción y multas pecuniarias al Gobierno de Polonia hasta que cumpla plenamente el Derecho europeo; y, por supuesto, que congele el acceso a los Fondos REACT-EU a aquellos municipios infamemente declarados o autoproclamados libres de ideología LGTBI, lo que es completamente incompatible con el Derecho europeo. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Estamos defendiendo la ciudadanía europea de la ciudadanía polaca. Estamos defendiendo a Polonia en la Unión Europea. Eso es lo que estamos haciendo, porque queremos una Polonia plenamente vinculada a la Unión Europea, no una Polonia capaz de desvincularse de las reglas de juego en lo que le conviene, pero eso sí, accediendo a los Fondos europeos, de modo que está lanzando un mensaje absolutamente inaceptable —si es que no letal— para el futuro de la Unión: que esta es una Unión Europea a la carta, no una unión de valores y derechos que nos vinculan a todos y nos vinculan por igual. (Aplausos)

Señor presidente, señora comisaria, este Parlamento Europeo y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que presido, han ejercido plenamente su responsabilidad a la hora de legislar el Sistema Europeo Común de Asilo en todas sus piezas, incluido este Reglamento relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea, con nuestra ponente, Elena Yoncheva, a la cabeza. Vemos, de nuevo, cómo un organismo embrionario crece exponencialmente en poco tiempo. Creada en 2011, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, que contaba tan solo con sesenta efectivos en su inicio y diez millones de euros, ahora despliega más de quinientos efectivos y su presupuesto asciende a 142 millones de euros. Realiza operaciones que en estos momentos incorporan incluso a 1 500 agentes, que cooperan en las operaciones de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, y ha prestado apoyo a los Estados miembros en el intercambio de buenas experiencias y en formación; 43 000 personas han seguido los cursos especializados para implantar plenamente el Sistema Europeo Común de Asilo. Y ahora adoptamos, por fin, un Reglamento que proyecta la Agencia de Asilo de la Unión Europea hacia el futuro, con un mandato vinculante en materia de derechos fundamentales y potencia su capacidad de seguimiento (monitoring) del Sistema Europeo Común de Asilo y su ejecución por los Estados miembros. Hay que agradecer el esfuerzo de aquellos Estados que tienen fronteras vulnerables al sur: España, Italia, Malta, Chipre, Grecia; ese grupo mediterráneo que ha permitido el desbloqueo del llamado «package approach»: el enfoque de paquete que vinculaba todas las piezas legislativas del Sistema Europeo Común de Asilo para poder adoptar finalmente este nuevo Reglamento. Pero quiero lanzar un mensaje de compromiso en materia de derechos fundamentales, porque es un aspecto fundamental del Sistema Europeo Común de Asilo. No solo Frontex, guardia de fronteras, sino también la EASO deben vigilar los derechos fundamentales a la hora de ejecutar completamente el proyecto que supone un Sistema Europeo Común de Asilo.

Señora presidenta, señor comisario Gentiloni, en el curso de los últimos años este Parlamento Europeo ha dedicado muchas horas de trabajo a la lucha contra el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos y la evasión fiscal. En la pasada legislatura, las revelaciones de LuxLeaks y, luego, de los papeles de Panamá dieron lugar a la comisión de investigación de la que fui miembro y de la que se extrajeron lecciones importantes para aclarar la verdadera titularidad de los activos en el extranjero, así como para establecer una lista negra y una lista gris de países no cooperativos que contribuyen a la evasión fiscal. Y de ahí viene una nueva Directiva contra el blanqueo —Derecho penal europeo— y un Reglamento europeo, y es evidente que aún no es bastante, porque los papeles de Pandora de nuevo ponen de manifiesto que no solo hay un problema global, sino un problema europeo, de desmoralización fiscal, de deslocalización de capitales y de pérdida de recaudación, con menos estado social y más injusticia fiscal. Por tanto, es evidente que toda la UE, con la Comisión a la cabeza, debe emprender una batalla conjunta contra los paraísos fiscales y por la armonización fiscal de sociedades y de capitales. Pero, mientras esto llega, aún se puede hacer más y mejor para asegurar transparencia en la rendición de cuentas de los activos en el extranjero y, sobre todo, para el control legal de esos despachos, firmas, consultorías que sirven a la evasión y fomentan la corrupción, la corrupción de los gobernantes: no de gobernantes de países remotos, de gobernantes de la Unión Europea, para nuestra vergüenza.

Señor presidente, señora comisaria Johansson, los tremendos desafíos impuestos por la vecindad con la Unión Europea de Bielorrusia bajo el infame régimen de Lukashenko no se reducen, por supuesto, a las cuestiones migratorias. Pero es imposible ignorar, desde la perspectiva de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, los derechos de los potenciales demandantes de asilo ante las fronteras exteriores de la Unión, que incluyen a Lituania, Letonia y, por supuesto, Polonia. Y es crucial asegurar transparencia y supervisión en todas las operaciones en frontera, particularmente en aquellas que cuestionan la efectividad del Sistema Europeo Común de Asilo. La Comisión es guardiana de los Tratados y debe velar por que los procedimientos de asilo y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sean observados y respetados también por las agencias de la Unión Europea, también en las operaciones de Frontex. Y, por supuesto, sería bueno que se involucrase también a la Agencia de Asilo de la Unión Europea, que para eso hemos aprobado el Reglamento que la hace crecer para ejercer supervisión sobre el respeto del Sistema Europeo Común de Asilo en todas las fronteras exteriores de la Unión, incluidas las que tocan con ese infame régimen de Lukashenko.

Señor presidente, señor alto representante Borrell, debatimos y votamos en este Pleno del Parlamento Europeo nada menos que una muy extensa Resolución sobre las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Me centraré —visto que no son lo que eran, no nos engañemos, y, en el desorden global del que venimos, difícilmente volverán a serlo pronto— en aquellas cuestiones que más importan a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que presido: en los problemas pendientes. Uno, un nuevo data transfer agreement —después de los reveses de las sentencias del Tribunal de Justicia en el asunto Schrems—, con urgencia. Otro, la necesidad de completar la reciprocidad en materia de visados entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Porque, después de que se hayan incorporado Polonia y, pronto, Croacia, todavía quedan pendientes las situaciones de Rumanía, Bulgaria y Chipre. Pero, en el lado positivo, sin duda tenemos una colaboración intensa en materia de derechos humanos. Y ahí tenemos mucho que hacer en la lucha contra males que debemos confrontar juntos: el racismo y la ciberdelincuencia; aun con las diferencias que tenemos en la cuestión de la Corte Penal Internacional. Pero hay también, sin duda, un desafío a la hora de afrontar las amenazas híbridas y las injerencias extranjeras en procesos democráticos: China y Rusia; además de, por supuesto, el esfuerzo común, en el marco de la Unión Europea y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de lucha por la defensa de los derechos humanos y de la democracia.

Señora presidenta, desde hace más de dos semanas un volcán ruge en La Palma: más de 80 millones de metros cúbicos de fuego, lava y azufre. Está sucediendo en Canarias, una región ultraperiférica de la Unión Europea, tan Europa como Bruselas o Estrasburgo. Y la ciudadanía afectada es ciudadanía europea de pleno derecho, y este Parlamento la representa. Tienen derecho a toda nuestra solidaridad y a la ayuda de la red satelital Copérnico, que supervisa la erupción siete días a la semana, veinticuatro horas al día, y a la del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, pero también a la del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que tiene presupuestados 500 millones de euros. El umbral de acceso a esos 500 millones de euros sobrepasa con creces el 1 % del PIB en daños requerido en una región ultraperiférica: Canarias. Pero el anticipo de hasta un 10 % requiere la aprobación de este Parlamento Europeo. Y, en el momento de la reparación de los daños, la solidaridad debe ser efectiva y debe ser inmediata. El Parlamento Europeo tiene que aprobar este anticipo del Fondo de Solidaridad, porque la consistencia y la fuerza de la Unión se miden en cómo responde en su eslabón más pequeño, más remoto, más vulnerable. La fuerza de la Unión Europea se demuestra en nuestra solidaridad con La Palma.

Señora Presidenta, tengo el privilegio de presentar y plantear ante usted esta pregunta oral dirigida a la Comisión. En nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que presido, la situación es la siguiente. Antecedentes resumidos: el 2 de junio de 2021, la Administración de los Estados Unidos anunció que su Departamento del Tesoro había sancionado a tres personas y sus redes en Bulgaria, tres ciudadanos búlgaros, por participar en actos de corrupción. Por supuesto, es un hecho que la corrupción plantea un grave riesgo y un desafío para todo el marco del estado de derecho que hemos establecido, para el crecimiento económico, para la credibilidad de las instituciones democráticas y los derechos humanos, por un lado. Estas sanciones se derivan de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, que está en vigor en los Estados Unidos, adoptada por el Congreso de los Estados Unidos, que lleva el nombre, como usted sabe, de Sergei Magnitsky, un experto en impuestos que se le ocurrió la exposición de una red de corrupción y violación grave y masiva de los derechos humanos en Rusia. Presuntamente arrestado por motivos ilegales, en un infame centro penitenciario, golpeado hasta la muerte en un año. Eso significa que desde que Sergei Magnitsky fue reportado muerto en 2009, los Estados Unidos decidieron presentar esta nueva legislación estadounidense que lleva el nombre de Sergei Magnitsky, la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, con el fin de imponer sanciones por corrupción y violación grave o masiva de los derechos humanos en todas partes, en cualquier parte del mundo, y sucede que esta vez está teniendo un impacto en los ciudadanos de la UE, los individuos de la UE, los ciudadanos de Bulgaria y, por lo tanto, los ciudadanos de la Unión Europea. También en la misma fecha, otros tres antiguos funcionarios públicos, funcionarios públicos búlgaros, fueron designados —es decir, el término— por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con arreglo a la Orden Ejecutiva 13818 de los Estados Unidos, lo que implica que no pueden entrar en los Estados Unidos. Por supuesto, todos los activos deben ser congelados y una serie de sanciones conllevan estas medidas. Esta es la razón por la que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), y en particular el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales, expresaron su preocupación por las consecuencias de dicho régimen de sanciones de los Estados Unidos en el enfoque de la UE en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la lucha contra la corrupción, que es, sí, una prioridad más alta para todos nosotros. Como seguimiento, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha dirigido una pregunta oral a la Comisión y es por eso que estamos aquí para explicar las siguientes preocupaciones. En primer lugar, ¿cómo considera la Comisión el hecho de que un tercer país, a saber, los Estados Unidos, considerado sin duda un aliado de la Unión Europea, actúe contra la corrupción en la UE y sus Estados miembros? En segundo lugar, ¿cómo cambia esto la evaluación por parte de la Comisión de su enfoque actual y, en particular, de una evaluación de sus propias acciones hasta ahora en este asunto en la lucha contra la corrupción? En tercer lugar, ¿qué acciones planea la Comisión o qué prevé la Comisión para un enfoque sólido contra la corrupción a nivel estatal? ¿Será la Comisión más proactiva a la hora de actuar contra la corrupción y las amenazas al Estado de Derecho en todos los Estados miembros? Recordemos que hemos establecido nada menos que la condicionalidad del Estado de Derecho y la recuperación de fondos vinculados al pleno cumplimiento, por supuesto, los valores del artículo 2, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales, pero también la lucha contra la corrupción, en los debates escritos sobre las resoluciones aprobadas y en las preocupaciones de la Comisión LIBE sobre el hecho de que la Comisión ya no publique este llamado informe sobre corrupción. Puedo recordarle que su predecesora, Cecilia Malmström, comisaria de Interior, puso en marcha una cartografía de la corrupción en toda la Unión Europea y sus Estados miembros. Sí, eso fue un logro, pero no una continuación, no ha habido un seguimiento, por lo que nuestra pregunta también se refiere a si la Comisión reforzaría el seguimiento de la corrupción y extraería conclusiones e incluiría recomendaciones en varios informes sobre el Estado de Derecho contra la corrupción. Por último, el papel de la Fiscalía Europea —finalmente en vigor, finalmente allí, actuando contra el fraude, la corrupción, la apropiación indebida, este tipo de delitos graves transfronterizos y la lucha contra la corrupción— también es importante que esto se aclare aún más dada la necesidad de un enfoque coherente de la UE en todo este contexto. ¿Piensa la Comisión desarrollar también una estrategia común de lucha contra la corrupción en la UE? ¿Está usted, señor Comisario, desarrollando esa estrategia? ¿Te estás poniendo al día? Espero con interés escuchar los comentarios de la Comisión sobre estas cuestiones, importantes no solo para la lucha contra la corrupción en sí misma, sino también para defender los valores de la Unión dentro de la UE, sobre los que nos centramos en todas las sesiones plenarias de este Parlamento Europeo.

Señora Presidenta, gracias por la amabilidad de darme la palabra en esta última hora de esta sesión plenaria en Estrasburgo. Sin embargo, con todo respeto, me limitaré a declarar que, como presidente de la Comisión LIBE, solicito que los dos expedientes siguientes se devuelvan a la Comisión LIBE (Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) para las negociaciones interinstitucionales con arreglo al artículo 59, apartado 4. El primero es el informe Lenaers por el que se modifica la Decisión marco del Consejo en lo que respecta a su adaptación a las normas de la UE en materia de protección de datos, y el segundo es el informe Kaljurand sobre la orden europea de investigación en materia penal, que también adapta este acto legislativo a las normas sobre protección de datos personales.

Señora presidenta, comisario Reynders, . Polonia otra vez, en una Resolución propuesta nada menos que por cinco grupos parlamentarios de esta Cámara, cinco grupos proeuropeos, identificados con los valores europeos y que aseguran de nuevo una mayoría para una Resolución que reitera la preocupación del Parlamento Europeo con el deterioro —la erosión— del Estado de Derecho en Polonia. «Further deterioration» quiere decir una vuelta de tuerca adicional en esa erosión continuada del Estado de Derecho, que queda reflejada en sus últimos episodios en esta Resolución de urgencia relativa a la libertad de expresión: una iniciativa en el Sejm, rechazada por el Senado polaco y, por tanto, a la que llega a tiempo el pronunciamiento de este Parlamento Europeo, que reitera la importancia del respeto del pluralismo informativo —del pluralismo de los medios de comunicación— amenazado de nuevo por una ley que intenta restringir ese pluralismo con el pretexto de intervenir la propiedad nacional o extranjera de los medios en Polonia. Pero reitero de nuevo, también, la preocupación con respecto de la independencia judicial y la primacía del Derecho europeo. Una mayoría absoluta, la mayoría de Ley y Justicia, ha puesto en marcha una estrategia legislativa que no ha dejado títere con cabeza en el edificio constitucional polaco en lo relativo a la independencia judicial: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo Judicial y Cámara Disciplinaria. Pero ha habido iniciativas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia que han declarado que la Cámara Disciplinaria es ilegal de acuerdo con el Derecho europeo. ¿Y qué es lo que vemos? Que el ministro de Justicia, que es al mismo tiempo fiscal general, le pide al Tribunal Constitucional polaco que declare que el Tribunal Constitucional polaco no es un tribunal a los efectos del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, tampoco a los efectos del artículo 47 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Es la última frontera, un desacato frontal con desprecio no solamente a las sentencias del Tribunal, sino al compromiso del respeto del Derecho del que el Tribunal de Justicia es garante, de acuerdo con el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea. Es un paso, por tanto, cualitativo en el desprecio al Derecho europeo, que ha sido puesto de manifiesto, una y otra vez, por las resoluciones del Parlamento Europeo. Pero hay más: hay una llamada de atención a la Comisión para que active el artículo 6 de la Rule of Law Conditionality, que es un Reglamento en vigor desde el 1 de enero de este año 2021, y que asegura que el acceso a los fondos y los presupuestos europeos tiene que estar vinculado al estricto cumplimiento del Estado de Derecho. Celebramos que la Comisión haya lanzado procedimientos de infracción. Celebramos que la Comisión haya anunciado la suspensión del acceso a los fondos REACT, que son fondos de cohesión, a los municipios infamemente autodeclarados «LGBTI-free zones», libres de la alegada ideología LGTBI. Pero le exigimos también a la Comisión que tenga presente el requerimiento continuado de aplicar... (la presidenta retira la palabra al orador).

Señor presidente, presidenta Von der Leyen, hago mías todas las consideraciones de nuestra portavoz de la familia socialdemócrata en esta Cámara, pero comparto, además, con usted dos puntualizaciones: ha urgido usted al Parlamento Europeo a legislar cuanto antes en relación con el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Solo será «pacto» cuando el Parlamento Europeo lo haga suyo, y eso solo sucederá cuando se garantice solidaridad vinculante y efectiva con los migrantes y demandantes de asilo, a los que no se puede tener en un limbo sin derechos por tiempo indeterminado en los Estados que tienen fronteras exteriores de la Unión, sea en el este, en el Atlántico o en el Mediterráneo. Y este Parlamento ha hecho siempre su trabajo: es el Consejo el que tiene bloqueado el sistema de asilo, propuesto por la Comisión ¡en 2016! Por lo tanto, ejerza su liderazgo para que sea el Consejo el que se mueva hacia delante. Rule of law! Ha dicho usted que hay que garantizar el respeto del Derecho y de las sentencias del Tribunal de Justicia. Completamente de acuerdo. Pero le recordamos que usted no ha mencionado por su nombre a Hungría y Polonia, bajo el procedimiento del artículo 7, exactamente por conculcarlo uno y otro, y le decimos que estamos dispuestos a utilizar el artículo 265 del Tratado para asegurar que, por el recurso... (el presidente retira la palabra al orador).

Señor presidente, comisaria Johansson, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que tengo el honor de presidir, lleva años denunciando y combatiendo la mirada predominantemente negativa del Consejo contra el hecho migratorio, que impide vías legales y seguras de acceso de los trabajadores que la Unión Europea, en efecto, necesita, y cuyos derechos tiene el deber de respetar. Después de años tensos de pulso con el Consejo, con tres años de bloqueo, ¡por fin un paso en la buena dirección! Nada menos que una directiva, un acto legislativo del Parlamento Europeo, que abre una vía legal de migración regular para trabajadores cualificados. ¡Bien hecho, Javier Moreno y equipo negociador de nuestra comisión y del Parlamento Europeo! Esta Directiva sobre la tarjeta azul no solamente amplía la accesibilidad a ese instrumento de un mayor número de personas, incluidos los beneficiarios de protección internacional, sino que, además, extiende derechos, protección social e igualdad de trato no solamente a sus trabajadores, sino también a sus familias, y refuerza la movilidad de esos trabajadores en la Unión Europea y hacia un segundo Estado miembro. Solo me queda celebrar que esta Directiva vaya a ser aprobada por una extraordinariamente amplia mayoría. Es muy extraordinario también que esa amplia mayoría refuerce, por fin, una vía de migración regular hacia la Unión Europea.

Señora presidenta, señor alto representante Borrell, subrayo desde esta tribuna dos aportaciones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior a esta Resolución, ante el desafío global abruptamente planteado por el regreso de los talibanes a un poder absoluto, despótico y brutalmente discriminatorio contra las mujeres. La primera es la exigencia de la activación de la Directiva sobre protección temporal, desusada durante veinte años, y que esos corredores humanitarios aéreos que se han probado tan eficaces para la evacuación de las personas del país —como las que se han recibido en Torrejón, España, en ese esfuerzo que ha sido saludado y reconocido por la Unión Europea y sus instituciones— se acompañen ahora de visados humanitarios conforme al mandato de este Parlamento Europeo, todavía hoy incumplido. La segunda es el rechazo frontal al tono y a los contenidos de las conclusiones del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior bajo la Presidencia eslovena, obsesionado con el control de fronteras y con mantener fuera de las fronteras de la Unión un supuesto y alegado flujo masivo de migrantes y demandantes de asilo. No solamente porque no ha tenido lugar y es falso, sino, en segundo lugar, porque es injusto para con las niñas y mujeres afganas, para con los activistas de derechos que se identifican con las libertades... (la presidenta retira la palabra al orador).