Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señora presidenta, comisaria Johansson, lo ha oído usted con claridad, el Parlamento Europeo es bien consciente de que en los años de pandemia se ha producido un incremento exponencial de la cibercriminalidad —como el phishing o el abuso sexual en línea— que requiere un refuerzo del mandato de Europol para manejar big data, pero hacerlo de manera siempre consistente frente a la globalización y la revolución tecnológica y con el estándar europeo de protección de derechos fundamentales, que es el más alto del mundo. Es por eso que ha escuchado usted con insistencia el mensaje de que es imprescindible salvaguardar, en este refuerzo del mandato de Europol para cooperar con terceros Estados, con actores privados, en el manejo de big data y en su capacidad de luchar contra la criminalidad grave transnacional, el estándar europeo de protección de los derechos fundamentales. Creo que este es el mensaje que surge con claridad de este debate y es por eso que es importante que en el Reglamento se contemple la incorporación del agente de derechos fundamentales, que es lo que hemos exigido en la renovación de cada agencia que responde ante el Parlamento Europeo y, en particular, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior.

Señor presidente, vicepresidente Schinas, el vertiginoso suceso de la guerra de Putin contra Ucrania ha venido a cambiarlo todo, desde lo local a lo global. Leemos mucho estos días y escuchamos mucho acerca de la conducción de la guerra en el plano militar, por tanto, en el plano bélico, pero hay otras guerras de Putin donde se libra una batalla en la que Rusia es una superpotencia como en lo nuclear, principalmente en la desinformación y en la manipulación. Porque Putin controla autocráticamente los medios de comunicación públicos y privados, sin contrapesos y, por supuesto, da la batalla del relato, como vimos en la comisión que pusimos en marcha sobre la manipulación e injerencia de Rusia en los procesos democráticos y electorales en la Unión Europea, que arrojó algunas lecciones concluyentes: la necesidad de legislar a nivel europeo, la necesidad de proteger a la ciudadanía europea frente a las fake news y a las deep fakes, también la transparencia en los algoritmos, sanciones eficaces y disuasorias, pero, sobre todo, una inversión suficiente en materia de ciberseguridad que proteja los valores y la seguridad europea frente a los ataques a sus infraestructuras críticas y a sus procesos democráticos.

Señora presidenta, después de un año y medio de trabajos, la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial concluye con este documento que hoy examina el Parlamento Europeo y que impacta a todas las materias y bases jurídicas sobre las que legisla el Parlamento Europeo de contenido relativo a la industria, la energía, el comercio y, por supuesto, el empleo. Este documento también debe respetar el estándar europeo de protección de los derechos fundamentales, que resulta ser el más alto del mundo, establecido no solamente en el Reglamento de protección de datos, sino también en la Directiva dirigida a las agencias que investigan los delitos, las agencias de law enforcement. Ese estándar tiene que estar muy presente en la legislación, que debe colocar a la Unión Europea a la cabeza de la referencia en normativa sobre inteligencia artificial. Cuando hablamos de predictive policing tenemos que saber que impacta sobre la presunción de inocencia. Cuando hablamos de reconocimiento biométrico tenemos que saber que impacta sobre el principio de no discriminación consagrado por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y cuando hablamos de contenido potencialmente tan abrasivo sobre los derechos fundamentales como el que tiene que ver con el manejo de los datos personales, el estándar europeo de protección de datos tiene que ser respetado. Por tanto, ese es el compromiso: colocar a la Unión Europea en la cabeza de la legislación sobre inteligencia artificial, pero no ceder en ningún caso a los cantos de sirenas que pretenden que esto estaría en contradicción con el mantenimiento del estándar europeo de protección de datos personales y de respeto a los derechos fundamentales. Por tanto, enhorabuena, sí, a los ponentes. Pero, sobre todo, alerta ante la legislación europea sobre inteligencia artificial para que mantenga el respeto a los derechos fundamentales protegidos por la Carta.

Señora presidenta, agradezco realmente la oportunidad, una vez más, de poder rendir tributo, en un debate sobre la situación marginalizada de la comunidad romaní en la Unión Europea, a quienes una y otra vez traen a la conciencia de la Unión Europea la inaceptable discriminación que, en todos los planos, sufren en Estados miembros de la Unión Europea. Recuerdo haber asistido recientemente a la exhibición de un documental de la expresidenta de una comisión de este Parlamento Europeo, Nicholsonová, sobre la situación completamente inaceptable de la comunidad romaní en la República Checa. Y, en particular, quiero rendir tributo a los representantes de la comunidad romaní que han tenido un escaño en este Parlamento Europeo: desde Juan de Dios Ramírez Heredia hasta, en esta legislatura, Lívia Járóka o Romeo Franz, que traen a la conciencia la importancia de superar esa discriminación cumpliendo punto por punto la estrategia europea contra la discriminación de la comunidad gitana en la Unión Europea.

Señora presidenta, señora comisaria Dalli, el Derecho internacional humanitario forma parte integral de las fuentes del Derecho europeo (artículo 6 del Tratado de la Unión Europea). Por eso, hay que saber que el principio rector del derecho de asilo es el de , es decir, el no rechazo, y menos aún rechazo violento o a la fuerza de las personas que, huyendo de la desesperación o de zonas de conflicto, intentan tocar la puerta de la Unión Europea. Y por eso resulta no solamente triste, sino escandaloso e inaceptable, que sigamos discutiendo de la veracidad de alegaciones de pushbacks —rechazos violentos en frontera—, en violación a menudo de los derechos humanos de personas en situación desesperada, particularmente aquellas en alta mar abandonadas a su suerte; alegaciones que deben ser investigadas exhaustivamente por la Comisión. Por eso, este Parlamento Europeo ha reforzado el mandato en materia de derechos fundamentales de las agencias implicadas: Frontex y la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Además, hay que añadir que el trabajo no estará completo hasta que de una vez no aseguremos vías legales y seguras —legal pathways—, incluidos visados humanitarios, a todas aquellas personas que intentan llegar a la Unión Europea huyendo de zonas de conflicto o en situación desesperada, cuya dignidad no es menor que la de los cuatro millones de mujeres y niñas y niños ucranianos a los que damos la bienvenida.

Gracias por su pregunta, Señoría. Es la Comisión la que tiene la responsabilidad institucional de ser guardiana de los Tratados y vigilar el cumplimiento del Derecho europeo. Pero el Tribunal de Justicia es el último garante del acatamiento del Derecho europeo y sus sentencias son vinculantes. Por tanto, este Parlamento Europeo ha tomado nota de que el Gobierno de Polonia le pide al Tribunal Constitucional que declare que la primacía del Derecho europeo ya no vincula a Polonia y que las sentencias del Tribunal de Justicia, por tanto, ya no sean vinculantes en Polonia. ¿Le parece lo bastante grave? A nosotros sí. Pero es la Comisión la que ha adoptado la decisión de activar el Reglamento de condicionalidad del Estado de Derecho en el caso de Hungría, porque la contumacia de Hungría en el incumplimiento de los requerimientos de la Comisión y en la gestión de los fondos europeos conduce a esa conclusión, a la expectativa de cuál será la respuesta de Polonia.

Señora presidenta, señora vicepresidenta Jourová, la idea europea de democracia nunca se ha reducido a ser simplemente gobernar con mayoría. Ninguna victoria electoral, por tanto, exime de cumplir el Derecho europeo. Esa es la regla de pertenencia a la Unión Europea. Y esa regla de pertenencia es muy exigente, y es exactamente por eso que de nuevo nos encontramos aquí con que tenemos un debate sobre Polonia y Hungría y el artículo 7. Hay que recordar una y otra vez que la idea europea de democracia exige el respeto a las minorías, el respeto a los procedimientos establecidos por la Ley y a todas las garantías de sujeción a las reglas del Derecho, incluida, por supuesto, la del cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia, su acatamiento. Y, por eso, este Parlamento Europeo puso en marcha el artículo 7 en los casos de Hungría y de Polonia, y los procedimientos de infracción que han conducido a multas millonarias que se suman cada día y, también, a la adopción del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, que vincula el acceso a los fondos europeos al cumplimiento del Derecho europeo y al acatamiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, por eso, nadie se alegra de que tengamos de nuevo este debate. Nadie se alegra de que la presidenta Von der Leyen haya por fin dado el paso de anunciar que va a activar el Reglamento de condicionalidad en el caso de Hungría, a la expectativa del cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia por parte de Polonia. Porque tenemos que decir con claridad que, si no existe acatamiento del Derecho europeo y si ese acatamiento no vincula por igual a los 27 Estados miembros en beneficio de la ciudadanía europea de los 27 Estados miembros, incluidos los cuarenta millones de polacos y los diez millones de húngaros, la Unión Europea simplemente dejaría de existir. (El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»).

Señora presidenta, señora vicepresidenta Jourová, la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación, de la que he tenido el honor de ser miembro, arroja algunas conclusiones inapelables. Una de ellas es la necesidad de reforzar la ciberseguridad y el fact-checking contra la manipulación. Pero otra, no menos importante, es que no hay partido racista y xenófobo en Europa que no haya buscado el apoyo y la financiación de Putin, lo mismo que los movimientos y formaciones secesionistas, separatistas y segregadores, en la medida en que Putin sabe que todo lo que atente contra la unidad de Estados democráticamente constituidos atenta contra la Unión Europea entera. Ahora bien, esa brutal agresión de Putin contra Ucrania y su pueblo ha venido a cambiar tantas cosas. Una de ellas, sin duda, es que ha reforzado la unidad de la Unión Europea en su compromiso de respuesta, pero otra es que está forzando igualmente a todas esas formaciones a posicionarse ante la disyuntiva de optar por su alineamiento con el fascismo o con la extrema derecha, con la ideología radical, o, al contrario, por su sujeción a los valores y al Derecho vinculante de la Unión Europea.

Señora presidenta, sí, este Parlamento Europeo ha dicho con fuerza y con claridad que la brutal guerra de Putin contra Ucrania y su pueblo es ilegal y que la Unión Europea debe hacer cuanto esté en su mano para pararla y cuanto antes, y ha dicho también que los crímenes de guerra, de los que tenemos testimonios inapelables, no pueden quedar impunes. Pero ni una cosa ni otra, ni la guerra, ni los crímenes de guerra, pueden sacar de nuestro radar otras violaciones de derechos humanos muy flagrantes y muy dolorosas que fueron objeto de debate en este Parlamento Europeo no hace mucho y que, sin embargo, ahora han pasado a segundo plano hasta hacerse prácticamente invisibles: el sometimiento de las mujeres afganas a la tiranía de los talibanes, que regresaron al poder el 15 de agosto. La Unión Europea celebró el corredor humanitario que garantizó la seguridad de mujeres y cooperantes —con las misiones de la Unión Europea y sus embajadas y sus valores—, que arriesgaban la vida a causa del regreso al poder de los talibanes. Y ahora sabemos que los talibanes han excluido por completo a las mujeres del sistema educativo, que a partir de los doce años quedan completamente excluidas de las oportunidades, que, por supuesto, están ya fuera de la universidad, con el único horizonte de su sometimiento laboral y sexual a una sociedad opresiva, regresiva, intolerante, medieval, y la pregunta que le hacemos al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, es ¿qué puede hacer la Unión Europea para cambiar esa hoja de ruta, para que toda la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria que la Unión Europea ha derrochado durante tanto tiempo en Afganistán, que todavía puede capitalizarse en favor de los derechos fundamentales de las mujeres brutalmente violados en Afganistán, pueda tener un horizonte de esperanza?

Señora Kempa, el esfuerzo que están realizando los países de primera frontera —Polonia, Hungría. Eslovaquia y Rumanía— está siendo reconocido en toda la Unión Europea, pero ese no es el destino final de las personas desplazadas: están llegando a Estonia, están llegando a Austria, están llegando a Chequia, lo que significa, por tanto, que estamos ante un cambio de época que va a requerir un esfuerzo solidario con financiación suficiente. Usted alude a una carta, que no fue una iniciativa personal, sino, en mi calidad de presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, obedeciendo el mandato de la junta de portavoces de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en la que se recuerda que sí, los países de frontera de primera línea merecen toda la ayuda, pero eso no los exime del obligado cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que están pendientes, particularmente en el caso de Polonia y de Hungría.

Señor presidente, comisaria Johansson, desde que el 24 de febrero el mundo —y la Unión Europea, por supuesto— pide conmoción por la brutalidad de la agresión perpetrada por Putin y su régimen contra Ucrania y su pueblo, hemos asistido a un cambio de época, a un Zeitenwende. Cuatro millones de personas desplazadas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo han entrado en la Unión Europea, en su inmensa mayoría, como sabemos, mujeres y niños en estado de extrema vulnerabilidad. Es imprescindible, por tanto, que este Parlamento adopte esta Resolución, que no solamente apoya, sino que exige de la Comisión y de la Presidencia francesa una respuesta coordinada que, en primer lugar, asegure el registro e identificación de todas las personas y establezca como prioridad absoluta el paradero de todos esos niños desaparecidos esperados en algún rincón de la Unión Europea a donde no han llegado. En segundo lugar, exige que ponga freno a este estado de sobreconfianza en las organizaciones no gubernamentales y en la voluntariedad o el voluntarismo espontáneo de la ciudadanía y establezca un plan coordinado de transporte seguro de esas personas al lugar en el que puedan ser acogidos de forma solidaria en todos los Estados miembros de la Unión Europea. También que asegure una financiación adecuada con todos los instrumentos a nuestro alcance, no solamente el Fondo Europeo de Asilo y Migración, sino el Fondo Social Europeo, la REACT-UE, y todos los instrumentos disponibles para poder apoyar financieramente a los Estados miembros en este esfuerzo de recepción y acogida digna de tantas mujeres y niños vulnerables que no se va a disolver de la noche a la mañana, sino que va a durar, porque esa es la consecuencia, precisamente, de la Directiva de protección temporal. Pero absolutamente imprescindible, sin duda ninguna, es proteger con una información adecuada a esas mujeres y niños del riesgo de tráfico de personas, de trata y de prostitución. Porque de eso va la Estrategia europea sobre la protección de los derechos del niño, la Estrategia europea contra la prostitución y el mandato de la Comisión contra toda forma de tráfico y explotación de personas. (El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»)

Señor presidente, entre las fechas del 19 de septiembre y el 15 de diciembre de 2021 un volcán erupcionó en la isla canaria, española, europea, de La Palma, y produjo una catástrofe natural que suma todas las contempladas en la activación del Fondo de Solidaridad: incendios, terremotos, estragos, destrucción de viviendas y de producciones agrícolas. Y exactamente por eso, el 3 de diciembre, el Gobierno de España solicitó la activación del Fondo de Solidaridad, porque el umbral de daños causados en una región ultraperiférica sobrepasa con creces el mínimo del 1 % de su PIB. El daño estimado es de 800 millones de euros y el umbral, por tanto, se ha claramente sobrepasado. El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han sumado, en su solidaridad para reparar los daños, más de 450 millones de euros a fecha de hoy. Pero ya era hora de que, gracias a las gestiones de nuestra comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, la Unión Europea activase de una vez ese anticipo de 5,4 millones de euros que va a contribuir a la reparación de los daños de las viviendas destrozadas, que muestre que la Unión Europea es solidaria, por supuesto, con las personas que necesitan una respuesta viniendo de fuera de la Unión Europea, pero también con los ciudadanos de la Unión Europea. Y este Parlamento no debe parar hasta incrementar el Fondo de Solidaridad y asegurar que llegue efectivamente a la reparación de la isla de La Palma.

Señor presidente, este escándalo revela lo que no deja de ser un hecho. Y es que hay un sector de la banca suiza que no coopera contra el blanqueo de capitales y no cumple los estándares comunes de comunicación de información cuando se trata de clientes de alto riesgo. Todo esto tiene lugar en el contexto de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra los oligarcas rusos y subraya la vulnerabilidad estratégica y geopolítica que supone cualquier defecto en la lucha contra el blanqueo de capitales. Pero este Parlamento Europeo está comprometido, como lo pone de manifiesto el que estamos en estos momentos legislando nada menos que sobre el nuevo paquete de lucha contra el blanqueo de capitales: cinco Reglamentos, uno de los cuales se refiere a una autoridad central europea contra el blanqueo. Hay que imponer a cualquier banco que incumpla la legislación, incluida la banca suiza, no solamente diligencia debida, sino sanciones para que se impongan leyes más estrictas. Y hay que asegurar que la Autoridad Bancaria Europea ejerza su papel de supervisión sobre las unidades de inteligencia financieras en relación con las autoridades nacionales contra el blanqueo. Solo de ese modo podremos sacar una lección de cada hecho o de cada escándalo.

Señora Presidenta, también se me ha pedido que solicite este procedimiento de urgencia para la tramitación de la decisión del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y Moldavia sobre las actividades operativas llevadas a cabo por Frontex, el llamado Acuerdo sobre el Estatuto. El Estado con refugiados en las fronteras ucranianas, como he dicho, es dramático, tras la invasión de Putin contra Ucrania. La situación es extremadamente difícil para muchos países limítrofes, que muestran determinación de apoyarlos, incluido este, que no es miembro de la Unión Europea, pero está bajo el impacto de nada menos que medio millón de personas que ingresan a la República de Moldova desde Ucrania después de la invasión. En vista de ello, debemos apoyar a las autoridades moldavas para que puedan responder a los desafíos actuales y ayudar a las personas que huyen a medida que la situación continúa. Pero este objetivo general del Acuerdo sobre el Estatuto también es garantizar que la mayor agencia de la UE, que es Frontex, pueda prestar apoyo operativo a las autoridades moldavas sobre el terreno. Los agentes de Frontex podrán apoyar los controles documentales, los procesos de registro y ayudar a las personas vulnerables. Pero también insistimos en la importancia de proteger los derechos fundamentales. Es urgente apoyar a un tercer país vecino, seguro, pero no hace falta decir que también debemos asegurarnos de que se cumpla el mismo nivel de protección y salvaguardias contra las violaciones de los derechos fundamentales en Moldavia que en la UE. Por lo tanto, esperamos que la Comisión y la agencia proporcionen periódicamente al Parlamento información sobre la aplicación del Acuerdo sobre el Estatuto. Pedimos al director ejecutivo de Frontex que ponga fin o suspenda cualquier actividad operativa si se produce una violación de los derechos fundamentales o de las obligaciones de protección internacional.

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, confirmo por la presente la urgencia y la prioridad de este procedimiento que ha sido activado por la Comisión al proponer un Reglamento al Parlamento y al Consejo por el que se modifica un Reglamento anterior por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el denominado FAMI, y el Reglamento, del mismo año (2014), relativo a los Fondos de Asuntos de Interior. El objetivo de la presente propuesta es abordar las duras consecuencias de la guerra injustificada y brutal iniciada por Putin contra Ucrania facilitando todos los recursos para el período 2014-2020 del Fondo de Asilo, Migración e Integración, así como permitir un acceso más flexible al Fondo de Seguridad Interior, garantizar las fronteras exteriores y los visados, y prevenir y combatir el terrorismo y la radicalización. Mayor flexibilidad, lo que permite ampliar el ámbito de aplicación y el período de admisibilidad y desbloquear el acceso a los recursos no utilizados. Además, esta mayor flexibilidad para la gestión de los fondos mejorará la adopción de las medidas establecidas en la Directiva del Consejo de 2001 sobre normas mínimas para la concesión de protección temporal, que todos sabemos que se ha activado por primera vez. Además, los Estados miembros podrán asignar contribuciones para el período 2021-2027 en la rúbrica de ingresos afectados externos. Todos somos conscientes de la situación —drástica— causada por la guerra de Putin y la situación particular en la frontera. Muy delicado. Desde el Parlamento Europeo y desde la comisión que tengo el honor de presidir, hemos estado trabajando para reafirmar nuestro compromiso de seguir prestando apoyo político, financiero, material y humanitario de manera coordinada, así como apoyando la reconstrucción de una Ucrania democrática y pluralista. La propuesta permite utilizar urgentemente los fondos restantes por un importe de 420 millones EUR para ayudar a hacer frente al aumento del número de personas en las fronteras y los sistemas de gestión de la migración derivados de la invasión. Es indiscutible que este Parlamento Europeo debe dar su apoyo, en nuestra opinión, para responder al desafío actual y ayudar a las personas que huyen de las zonas de guerra. Permítanme señalar finalmente que un enfoque unido es más necesario que nunca, a nivel europeo, para gestionar esta situación. Debe basarse en la confianza mutua, la solidaridad y la responsabilidad compartida entre los Estados miembros y las instituciones por igual, todo ello para garantizar una política de migración sostenible y responsable, la seguridad y la gestión de las fronteras, aumentando la confianza de nuestros ciudadanos en la capacidad de aunar fuerzas a escala de la UE. Pero también destacaré la importancia de la complementariedad de esta propuesta con la otra que se ha debatido en esta sesión del Parlamento Europeo: Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE). Para concluir, permítaseme destacar que hacemos un llamamiento al Presidente de la Federación de Rusia para que cumpla plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, garantice el acceso humanitario a las víctimas desplazadas internamente en Ucrania y permita el paso seguro de los civiles obligados a abandonar su amado país.

Señor presidente, señora comisaria Urpilainen, debatimos en este Parlamento Europeo el Plan de Acción en materia de Género de la UE III en el marco de la estrategia europea de género y lo hacemos nada menos que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que debe comprometernos por igual a todas y a todos, a las mujeres y a los hombres, y hasta que no comprendamos esto es que no habremos comprendido nada. Hace ya décadas que las Constituciones de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea —cuarenta y tres años en el caso de la española— prohibieron toda forma de discriminación por razón de sexo, y hace trece años que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea la prohibió, además, por identidad de género u orientación sexual, y, sin embargo, esta batalla sigue siendo imprescindible para todas y para todos. Me permito señalar dos objetivos que pueden ayudar a completar esa tarea europea por la igualdad de género. En primer lugar, celebramos el inminente cumplimiento del compromiso de la presidenta Von der Leyen de traer a este Parlamento una iniciativa legislativa que, sobre la base jurídica del artículo 33, penalice la violencia de género con una ley europea y proteja a las víctimas de la violencia de género, pero la tarea debe completarse, además, con el cumplimiento del compromiso, que debe ser también inminente, de reformar la Directiva penal contra la trata de seres humanos de modo que penalice el uso de servicios sexuales de víctimas de la trata y, por tanto, convierta en un delito el uso y abuso de la prostitución que se cierne sobre las víctimas de la trata y se ensaña con ellas. Cumpliendo esos dos compromisos, la Unión Europea habrá dado un paso más para permanecer como un ejemplo global en la lucha contra toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres.

Señor presidente, en poco más de diez días de brutal agresión de Putin contra Ucrania, la mayoría de este Parlamento Europeo ha expresado con claridad una conciencia de cambio de época —breaking point, time-changer—, de acelerador de la Unión Europea y de respuestas europeas, entre ellas nada menos que la activación, por fin, después de más de veinte años desde su entrada en vigor, de la Directiva de protección temporal. ¡Cuántas veces lo hemos requerido desde la Comisión LIBE! Lo requerimos en la crisis de los refugiados sirios de 2015, en la reciente crisis afgana... Más de dos millones de personas, huyendo de la guerra, han entrado en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, en Rumanía... Y, por supuesto que merecen solidaridad y programas de realojamiento vinculantes, coordinados por la Comisión. Pero también afirmamos que esa misma solidaridad debe expresarse con todas y todos los refugiados, particularmente mujeres y niños, sin discriminación, cualquiera que sea su raza, su origen, su sexo o su religión. Solo entonces Europa se estará dando cuenta, efectivamente, de que estamos ante un wake-up call, ante un verdadero cambio de época.

Señora presidenta, vicepresidenta Jourová, la Comisión Especial de este Parlamento Europeo sobre injerencias, desinformación y manipulación ha trabajado duramente durante un año y medio y se ha detenido, por poderosas razones, en los ataques a la integridad territorial de los Estados miembros por plataformas en línea que apoyan la desestabilización por parte de movimientos secesionistas para debilitar la integración supranacional y en la amenaza del odio a colectivos vulnerables —migrantes, LGTBI— en pos de un supremacismo incompatible con los valores de la Unión Europea. Intoxicación, targeted hacking, amenazas híbridas forman parte de una estrategia de regímenes autoritarios contra los valores fundantes de las sociedades abiertas que integran la Unión Europea. Y las lecciones están claras. Hace falta una estrategia europea coordinada contra las injerencias y las plataformas en línea que se injieren en procesos electorales y democráticos, y reforzar la ciberseguridad de las infraestructuras críticas. Pero las soluciones también están claras: legislación vinculante contra la falta de transparencia de los algoritmos, alfabetización y educación digital como autodefensa de la ciudadanía y sanciones implacables contra los responsables de la desinformación. La brutal mezcla de desinformación y represión pura y dura que campea en la Rusia de Putin, en su agresión contra Ucrania, pone de manifiesto que la tarea no ha terminado. Hay que extraer las lecciones para que haya una opinión pública libre como un pilar esencial de la idea europea de democracia.

Señor Presidente, «los valores de la UE no están a la venta». ¿Se acuerdan todos? Cito a la presidenta Von der Leyen. Presidenta Von der Leyen, en su discurso de investidura y, sobre todo, en el discurso sobre el estado de la Unión de 2020, la presidenta de la Comisión se compromete a atender el requerimiento firme y enérgico que viene sosteniendo la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior desde 2014, cuando, en lo peor de la gran recesión, se generalizaron en —¡cierto!— Chipre, Malta, Bulgaria, pero también en otros doce Estados miembros de la Unión Europea, estos esquemas de adquisición privilegiada de la residencia que lugar da a la libre circulación y abre el plazo para obtener la ciudadanía y el pasaporte de la Unión Europea a quien quieralo con dinero procedente de negocios corruptos, de negocios ilícitos, de la evasión fiscal. Esta normativa no solo es abyecta; es inmoral y es contraria directamente a los valores europeos, y, por eso, hemos exigido una y otra vez, y de nuevo en esta Resolución —que tiene como ponente a nuestra colega Sophia in 't Veld—, que se ponga fin a esos esquemas de adquisición privilegiada de la ciudadanía o la residencia por inversión. Pero todo esto cobra una importancia recrecida ante la evidencia de que la Unión Europea está obligada a crecer en su respuesta, de una vez, ante la intolerable agresión de Putin contra Ucrania. Es cierto que la Unión Europea no es una potencia militar, pero tiene que emplear todo su poder duro para poner coto a esos oligarcas rusos que han comprado mansiones, palacios, castillos y yates de precios prohibitivos en toda la geografía de la Unión Europea. Incluso Estados miembros que tienen ahora Gobiernos progresistas, como Portugal y como España, han heredado de sus Gobiernos conservadores leyes infames que permiten esa adquisición de la residencia que tienen que ser derogadas por un instrumento normativo de la Comisión. Por eso esperamos esa iniciativa legislativa prometida por la presidenta Von der Leyen que ponga fin a los visados dorados y a los pasaportes dorados. ¡No a los oligarcas rusos! ¡No a los visados dorados! ¡No a los pasaportes dorados!

Señora presidenta, este Parlamento Europeo ha sido decisivo en el impulso del procedimiento del artículo 7, sancionando el incumplimiento grosero de los valores comunes que fundan la Unión Europea por parte de Hungría y de Polonia. Este Parlamento fue también decisivo en la aprobación del Reglamento de condicionalidad del acceso de los fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho. Es el momento de recordar que la sentencia del Tribunal de Justicia lo confirma plenamente en su base jurídica, en su seguridad jurídica y también en su carácter distinto del procedimiento del artículo 7. Una cosa es la condicionalidad y otra es el artículo 7. Este es el momento también de recordarle a la Presidencia francesa, como tuve la ocasión de hacer ayer, que el Reglamento nunca ha estado suspendido: está en vigor desde el 1 de enero de 2021, aunque la Comisión no lo ha aplicado. Por no aplicarlo, este Parlamento adoptó en noviembre la incoación de un recurso por inacción ante el Tribunal de Justicia, contra la Comisión, precisamente, que está vinculada por el Reglamento de condicionalidad. Desde que se puso en vigor el Reglamento, la situación solo ha empeorado en Hungría y Polonia, como muestra la infame ley húngara que equipara los contenidos educativos sobre la orientación sexual y la homosexualidad a la pederastia, o la acción del Gobierno polaco pidiéndole al Tribunal Constitucional que declare que la primacía es contraria al Derecho constitucional polaco. La primacía del Derecho de la Unión Europea es la regla esencial de nuestra razón de ser. No puedo acabar sin decir que este Parlamento Europeo defiende a la ciudadanía húngara y a la ciudadanía polaca, como tiene la obligación de hacer la Comisión, aplicando ahora plenamente este Reglamento de condicionalidad, para decir con toda claridad que aplicándolo estamos defendiendo la ciudadanía europea de cuarenta millones de polacos y diez millones de húngaros.

Señora presidenta, señor comisario, una máxima del progreso científico nos enseña que, inexorablemente, todo lo que puede hacerse que esté al alcance de la tecnología históricamente disponible, sencillamente se hará. Y que el único freno frente a esa determinación es el impuesto por la ética y por la regla civilizatoria del Derecho. Ninguna de esas dos barreras es invulnerable a prácticas delictivas y a gobernantes sin escrúpulos. Creo que ambas amenazas están presentes en el objeto de este debate. Una tecnología puesta a disposición de nada menos que cuarenta países, según hemos conocido, por parte de una empresa de seguridad de patente israelí (NSO), bajo el sobrenombre de Pegasus, que permite una intrusión sin precedentes en los derechos fundamentales que más estimamos: la privacidad, la confidencialidad de las comunicaciones, la vida privada. En definitiva, la seguridad de nuestros datos personales y de nuestras comunicaciones a través, precisamente, de la herramienta tecnológica que mayor capacidad de almacenamiento ha albergado jamás en la historia de la humanidad con respecto de estos bienes tan preciados: los teléfonos móviles. Una tecnología que es capaz de activar, sin que lo sepamos los usuarios, el micrófono o la cámara, convirtiéndose por tanto en un dispositivo de cibervigilancia las veinticuatro horas del día. Groseramente incompatible con el Derecho europeo, groseramente violadora esa tecnología de la e-privacy, de nuestro estándar regulado por ley europea, el Reglamento General de Protección de Datos, además de, por supuesto, la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, que la acompaña precisamente para hacer posible la investigación de los delitos por parte de las agencias que tienen esa responsabilidad: fiscalía, policía, fuerzas y cuerpos de seguridad. Porque en ningún caso la seguridad puede ser aducida como patente de corso para la violación de los derechos fundamentales. Esto nos lo ha enseñado la historia de esa regla civilizatoria del Derecho, que excluye las pruebas ilícitamente obtenidas y que prohíbe su validación en juicio. Por tanto, es mucho lo que tenemos que hacer y no tenemos que cerrarle la puerta a ninguna respuesta al alcance de este Parlamento Europeo, incluida, por supuesto esa comisión especial de investigación que asegure que la Comisión ejerce su papel no solamente como garante del Derecho europeo, como guardiana de los Tratados y del Derecho europeo, incluido el Derecho europeo de la privacidad. Que incluye, señor comisario, en su informe anual sobre el Estado de Derecho, el incumplimiento de los estándares europeos, que son los más altos del mundo en protección de derechos fundamentales. Que incluye también la garantía procesal de exclusión de ninguna comunicación ilícitamente obtenida a ningún efecto. Prohibición absoluta. La «doctrina del fruto del árbol envenenado», se llama en Derecho procesal, que incluye en el Derecho penal europeo, sobre la base jurídica que representa el artículo 83, un delito penal europeo de utilización ilícita de spyware, de vigilancia cibernética; por tanto, de cibervigilancia masiva. Es mucho lo que tenemos que hacer, no podemos excluir ninguna posibilidad. Pero quiero decir, del mismo modo que, aquello que pueda tecnológicamente intentarse se hará, siempre habrá gobernantes sin escrúpulos. Y lamentamos que en la lista de sospechosos habituales, además de otros países de dudoso carácter democrático, figuren dos Estados miembros de la Unión Europea, Hungría y Polonia, otra vez. No solamente resulta esto completamente inaceptable, sino que la Unión Europea tiene la obligación de hacer cuanto esté en su mano para proteger y garantizar los derechos fundamentales de los europeos, aquellos protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece no solamente la privacidad y la confidencialidad de los datos personales, sino las reglas de legalidad, necesidad, proporcionalidad y licitud del objeto, legitimidad del objetivo, para cualquier medida que pueda afectar a los derechos fundamentales de la ciudadanía y de cualquier persona a la que le sea aplicable el Derecho europeo. Nunca lo olvidemos: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no solamente protege a los europeos, sino a todas las personas en la aplicación del Derecho europeo.

Señora presidenta, vicepresidenta Jourová, presidencia francesa, los derechos humanos o disponen de una garantía eficaz o no son nada en absoluto: para afirmar una verdad tan palmaria no hace falta ser jurista, basta con el compromiso que ha mostrado una y otra vez la mayoría de este Parlamento Europeo, que representa a la ciudadanía europea, entendiendo que los derechos humanos comprenden los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres porque son derechos fundamentales vinculados a la dignidad personal, vinculados a la libre expresión, al libre desarrollo de un proyecto de vida y de la personalidad, además de a la privacidad y a la intimidad. ¿Cuántas veces tendremos que decir en este Parlamento Europeo que un avance en los derechos fundamentales no protege solamente a las personas que puedan disfrutar de ellos en carne propia, del mismo modo que un retroceso en los derechos y libertades no afecta solamente a las personas que padezcan ese retroceso en carne propia? Un avance en los derechos y libertades nos hace a toda la sociedad más digna, más decente, mejor, formada por hombres y mujeres en pie de igual dignidad y libertad, del mismo modo que un retroceso en los derechos y libertades de las mujeres nos hace peores a todos. Y es por eso que este Parlamento Europeo ha expresado una y otra vez su preocupación con los retrocesos de los derechos y libertades que se producen en sociedades democráticas: nadie está salvo, sea en Texas (Estados Unidos), ante la ofensiva en el Tribunal Supremo, sea, desde luego, en la Unión Europea, donde hay Estados que no reconocen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, Estados que provocan ese retroceso. Ayer, por parte de la presidencia francesa, el presidente Macron expresó que había que incorporar en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el derecho a la libre interrupción del embarazo, y la presidenta de los socialistas le replicó sobre la marcha que bastaría con que el Consejo vigilase a los Estados que están provocando esos retrocesos sometidos al artículo 7, pero este Parlamento Europeo continuará dando la batalla para que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales estén garantizados eficazmente.

Señor presidente, la lucha por los derechos humanos y por la democracia en cualquier lugar del mundo está interconectada, y nunca como ahora en la globalización. Por eso a la Unión Europea le importa el deterioro de la situación de derechos humanos y de libertades en Hong Kong; porque implica el respeto al acuerdo, en su momento, entre la República Popular China y quien entonces era Estado miembro de la Unión Europea, el Reino Unido, para que Hong Kong se integrase en la soberanía de una sola China, pero bajo el principio «un país, dos sistemas», que ha sido flagrantemente violado en los últimos tiempos con la detención arbitraria de más de 150 activistas de derechos humanos, la restricción del margen de la representación y la imposición abusiva de la Ley de Seguridad Nacional. No está al alcance de este Parlamento Europeo revisar la situación en Hong Kong, pero sí apoyar, como quiere el grupo de parlamentarios que formamos parte de Hong Kong Watch en este Europarlamento, la acción de la autonomía estratégica que debe liderar el alto representante Borrel para que no pasemos de la Guerra Fría a la Guerra Caliente, ni en Hong Kong, ni en Taiwan, ni en Ucrania, ni en ninguna parte del mundo.

Señora presidenta, vicepresidente Schinas, vuelve al Parlamento Europeo un debate sobre el desafío planteado por lo que hemos dado en llamar un «ataque híbrido» perpetrado por el régimen canalla de Lukashenka —último dictador de Europa, treinta años ya en el poder— y que afecta directamente a sus vecinos de la Unión Europea, Lituania, Letonia y Polonia. La ocasión hubiera sido propicia para que Polonia, tan renuente al cumplimiento del Derecho europeo, reflexionase sobre el valor de la solidaridad porque, efectivamente, un ataque híbrido a cualquier Estado miembro de la Unión Europea es un ataque al conjunto de la Unión Europea, pero sucede que la respuesta adoptada por la Comisión no hace ningún daño a Lukashenka; de hecho, no marca ninguna diferencia y, sin embargo, sí puede marcarla para los seres humanos desesperados a los que Lukashenka está instrumentalizando, aquellos que efectivamente encaran ya el crudo invierno; y marca una diferencia porque se proponen suspender nada menos que la Directiva sobre las condiciones de acogida y la Directiva sobre procedimientos de asilo sin que quede acreditada la proporcionalidad. Hay dudas que deberían ser despejadas en el curso de este debate porque los números no justifican una suspensión de las reglas del Derecho europeo, y además se hace dejando al Parlamento Europeo fuera de su papel de legislador en pie de igualdad —es el papel que le da el Tratado de Lisboa en materia de migraciones y en materia de asilo—, reduciéndolo por tanto a un procedimiento de mera consulta. Comprenderá que la preocupación del Parlamento Europeo con respecto a estas medidas está justificada, y exigimos que se garantice la protección humanitaria de las personas sin fronteras; que se garantice la asistencia de las organizaciones humanitarias, que no pueden ser criminalizadas por prestar atención a esas personas desesperadas, y que se garantice en todo caso el cumplimiento del Derecho europeo, que importa; importa sobre todo en las situaciones de crisis, y un ataque híbrido es una situación de crisis, porque el Derecho europeo importa en las situaciones más duras y más difíciles, y, sin duda ninguna, la que está planteada en las fronteras exteriores de la Unión Europea importa no solo a Polonia, importa no solo a Lituania, importa no solo a Letonia: importa al conjunto de la ciudadanía europea, que espera que el Derecho europeo sea cumplido en las situaciones más crudas y difíciles.

Señora presidenta, vicepresidente Schinas, otra vez Polonia: debate sobre el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en un Estado miembro de la Unión Europea. El 7 de octubre de este año 2021, el Tribunal Constitucional polaco, masivamente intervenido por el partido del Gobierno en Polonia, declaró a requerimiento del ministro de Justicia y fiscal general —que son la misma persona— que el Tratado de la Unión Europea —nada menos— es incompatible con la Constitución polaca, lo que significa que Polonia y su Gobierno ya no se sienten vinculados por la primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho de Polonia, ni se sienten vinculados tampoco por los valores comunes del artículo 2, ni por los principios proclamados en el artículo 3 y los objetivos contenidos en el Tratado de la Unión Europea, que incluyen el espacio de libertad, seguridad y justicia, vinculados por la confianza mutua y el reconocimiento mutuo, que es la única forma de funcionar de la cooperación judicial entre Estados miembros de la Unión Europea. Pues bien, nueva vuelta de tuerca: el 24 de noviembre el Tribunal Constitucional polaco —reitero, masivamente intervenido por el Gobierno— declara que también el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, que integra cuarenta y siete Estados miembros, incluidos todos los Estados miembros de la Unión Europea, es incompatible con la Constitución polaca; y la pregunta es qué más podemos esperar. La Conferencia sobre el Futuro de Europa escucha, procedente de gente joven de toda Europa, una pregunta cada vez con mayor insistencia: «¿Hasta cuándo —quousque tandem— vamos a tolerar a Polonia este desafío que le cuesta un millón de euros de multa diaria como consecuencia de su contumaz incumplimiento de las sentencias de los tribunales de justicia, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?». Y se preguntan cuándo sobrevendrá el Polexit teniendo en cuenta que la Unión Europea no contempla ningún artículo que permita la expulsión de un Gobierno que manifiestamente desafíe los valores de la Unión. Y yo les respondo: ese no es un buen panorama, no es una buena noticia, nadie desea el Polexit. Este Parlamento Europeo expresa la ciudadanía europea de los cuarenta millones de polacos y la defiende frente a su Gobierno, en contumaz desafío al Derecho de la Unión. ¿Hasta cuándo, Polonia?