Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Ambos, Hungría y Polonia, son Estados miembros de la Unión Europea. Están obligados exactamente por las mismas normas y por la misma ley que el resto de nosotros y el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Este Parlamento Europeo representa a 10 millones de ciudadanos húngaros en su ciudadanía europea. Este Parlamento Europeo representa a 40 millones de ciudadanos polacos en su ciudadanía polaca. Por lo tanto, es nuestro deseo que el Gobierno polaco no solo diga que está dispuesto a cumplir, que tiene la intención de cumplir, que tal vez considere cumplir. Queremos que tanto Hungría como Polonia cumplan. Y mientras no cumplan, tenemos un caso aquí. Esta es la razón por la que hemos establecido el artículo 2. Esta es la razón por la que hemos establecido el procedimiento del artículo 7. Por eso esperamos que finalmente Polonia cumpla las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En la medida en que no es el caso, y en particular no cumple con el desmantelamiento de esta misma Sala, tenemos un caso. Ese es el principio. Por lo tanto, solo esperamos que Polonia y Hungría finalmente lo hagan y entiendan que están obligados por las mismas normas y por la misma ley que el resto de los Estados miembros y por el resto de nosotros.

Señora presidenta, presidenta Von der Leyen, cuando la Comisión anuncia que va a autorizar el desembolso de nada menos que 24 000 millones de euros en subsidios, además de 11 500 millones de euros en préstamos a Polonia está contradiciendo las Resoluciones de este Parlamento, pero también sus propias declaraciones en esta tribuna ante el Parlamento Europeo. El fondo de recuperación es una muestra de solidaridad de toda la Unión Europea con sus Estados miembros, también con Polonia. ¿Es mucho pedir que, a cambio, los Estados miembros —también Polonia— cumplan el Derecho europeo? Le recuerdo sus declaraciones en esta tribuna. Para desembolsar el fondo de recuperación es preciso que se cumplan tres condiciones. Dismantling the disciplinary chamber, reviewing the disciplinary procedures and reinstating the judges that were dismissed or suspended by the disciplinary chamber. None of these requirements have already been met. Not so far. De modo que, mientras no se cumplan estos requisitos, mientras no se cumpla el desmantelamiento de la Cámara Disciplinaria y no solamente se la llame de otra manera, es imprescindible que nos atengamos a la cuestión de principios. Y este Parlamento, por supuesto, respeta el esfuerzo de Polonia ante la crisis desatada por la brutal guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Pero, al mismo tiempo decimos que eso no justifica que miremos para otro lado ante el incumplimiento clamoroso de las reglas del Estado de Derecho y de la independencia judicial y del cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todas clamorosamente desoídas por el Gobierno de Polonia. ¿O es que acaso hemos visto en algún otro Estado miembro de la Unión Europea que el Gobierno haya solicitado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que diga que la primacía del Derecho de la Unión Europea es incompatible con su Constitución y vaya su Tribunal Constitucional y lo diga sin más, exactamente porque es lo que le pide el Gobierno? Por tanto, mientras no se cumplan los requisitos, señora presidenta Von der Leyen, este Parlamento se atiene a sus Resoluciones. (El orador acepta responder a una intervención realizada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»)

Señora presidenta, cuando la presidenta Von der Leyen anunció en su investidura su ambiciosa agenda verde y su intención de colocar a la Unión Europea en el liderazgo mundial de la lucha contra el calentamiento global, nadie dijo que fuera a ser fácil. Pero una mayoría clara en este Parlamento Europeo apoyamos ese objetivo irrenunciable, un objetivo indisputable. Además, reclamamos una transición justa a una economía libre de carbono, justa con los sectores vulnerables y justa con los territorios insulares y alejados, como las RUP, que tienen una base jurídica específica para un trato singular que les permita un tiempo razonable de asimilación del objetivo, para que no sea inasumible. Por eso quiero dar las gracias a quienes van a votar las enmiendas sobre las RUP en la Directiva sobre comercio de derechos emisión en este Pleno de Estrasburgo, porque estoy convencido de que esto les dará el plazo modulado y ajustado a sus necesidades para incorporar energías renovables y cumplir el objetivo de una economía sostenible, verde, azul, circular e innovadora.

Señora presidenta, la Unión Europea no es solamente un territorio contiguo que va desde el Atlántico hasta su frontera con Rusia, con Bielorrusia, con Ucrania o con Turquía. Son también islas en las que viven millones de europeas y europeos que necesitan ese pacto europeo de las islas que propone el ponente Omarjee, que atienda las ayudas de Estado del artículo 107, la política regional del 174 y los problemas de adaptación a la transición verde que requieren las islas como territorio fragmentado, donde hay paro, donde hay necesidad de apoyo al sector primario, pesquero y agrícola, y donde hay necesidad de diversificar la economía con un esfuerzo singular en materia de conectividad que corrija la problemática suscitada por la doble y por la triple insularidad. Por eso, sí al pacto europeo de las islas. Por eso, sí a la especialización de la política regional y sí a la especialización de las ayudas de Estado, que muestre que la Unión Europea se retrata también en su política de cohesión y de integración regional en las islas, no solamente en el territorio contiguo.

Señor Presidente, en breve, como tuve el honor de declarar ayer, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior apoya tanto el fondo como el procedimiento de urgencia en relación con este Reglamento modificativo de Eurojust. Por lo tanto, los coordinadores de la Comisión LIBE me han encomendado que presente en breve la posición de la Comisión LIBE de la siguiente manera: En primer lugar, tenemos que atenernos a las enmiendas mínimas posibles para mejorar el proyecto de propuesta. En segundo lugar, hemos incluido las consideraciones formuladas en el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Hemos mantenido conversaciones informales tanto con el Consejo como con la Comisión. Así que nos enteramos de que ayer mismo el Coreper estuvo de acuerdo con la posición adoptada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, lo que significa que si votamos positivamente sobre este Reglamento modificativo de Eurojust, esa será la primera lectura, el final de la misma, porque el Consejo ha aceptado esta posición. Esa será la vía final para que entre en vigor. Será una respuesta, una respuesta rápida de nuestra determinación tanto de ayudar a Ucrania como de luchar contra la impunidad de todos los crímenes de guerra.

Señora presidenta, mientras debatimos en este Pleno del Parlamento Europeo, está teniendo lugar la Conferencia de las Regiones Ultraperiféricas en Martinica; regiones ultraperiféricas que son las únicas mencionadas por su nombre en el Derecho europeo, en el Tratado de Lisboa, exactamente para proteger sus singularidades: seis regiones francesas, entre ellas Martinica, dos portuguesas y una española, Canarias. Y están debatiendo acerca de la estrategia de la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas presentada por la comisaria de Cohesión y Reformas Elisa Ferreira. Y está bien, hay que celebrarlo. Pero su defensa no estará completa hasta que no se afirme un tratamiento especial en dos leyes europeas que están siendo debatidas por este Pleno. La primera es la imposición de un tipo mínimo a los beneficios de las grandes multinacionales. Porque este Parlamento está siendo consultado, pero será a los Gobiernos nacionales, durante el debate definitivo de la Directiva, a los que les corresponda fijar las especialidades de los regímenes fiscales de algunas de estas regiones ultraperiféricas. La segunda es la modalidad temporal de adaptación a la descarbonización de la economía para que no imponga condiciones inasumibles a regiones que dependen enteramente de su conectividad aérea y del suministro marítimo.

Señora presidenta, señor comisario Reynders, desde superar con el impulso decisivo de este Parlamento Europeo esa fase embrionaria de compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea hasta convertir este debate, ya regular, habitual, el debate sobre el informe sobre el Estado de Derecho que presenta anualmente la Comisión, en una institución de este Parlamento Europeo, hemos cubierto efectivamente terreno. Y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior da la bienvenida a este nuevo informe de la Comisión y lo valora positivamente, poniendo de manifiesto, por supuesto, que continúa pendiente la ampliación del espectro de preocupaciones de que se ocupa de modo que no solamente hable del funcionamiento de los sistemas judiciales —que por supuesto—, de la lucha contra la corrupción o del pluralismo informativo, sino que incluya toda forma de abuso de poder, que incluya la no discriminación en el acceso a un juicio justo o que incluya también las condiciones carcelarias: son elementos adicionales. Pero sobre todo subraya la importancia de que la Comisión, en su informe anual. En primer lugar, distinga entre lo que son violaciones graves y sistémicas del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales —de modo que marquemos la diferencia con respecto de aquellos países que se encuentran sujetos al procedimiento del artículo 7 y, por cierto, también bajo el foco de la condicionalidad del Estado de Derecho— y aquellas que plantean problemas concretos o específicos, pero que en ningún caso suponen una violación sistémica, ni un riesgo claro de violación de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Y, en segundo lugar, además, nos permita afrontar el déficit de propuestas concretas de mejora de modo que el informe incluya recomendaciones específicas en cada capítulo por país en las que se señale a aquellos países que tengan problemas concretos de cumplimiento de los principios consagrados en el artículo 2 cuál es el camino para la mejora de sus instituciones, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales.

Señor Presidente, en esta fase le pido humilde y amablemente que respalde esta propuesta de modificación del Reglamento Eurojust. Ya sabes cómo es: tras la guerra iniciada por la Rusia de Putin contra Ucrania, surgió la necesidad urgente de modificar el Reglamento Eurojust precisamente para garantizar su capacidad de evitar la impunidad de las atrocidades perpetradas en esta guerra contra Ucrania por las tropas rusas. El objetivo de este Reglamento modificado es precisamente establecer un sistema automatizado de gestión de datos y una instalación de almacenamiento con el objetivo de ayudar a Eurojust a preservar y compartir pruebas que sean pertinentes precisamente para evitar la impunidad de los delitos perpetrados en la guerra contra Ucrania. Este es el único objetivo de estos Reglamentos modificativos: precisamente para ayudar a Eurojust a cooperar mejor con los Estados miembros, los terceros Estados y, lo que es más importante, con la Corte Penal Internacional y su fiscal, que abrieron una investigación sobre el asunto, para ayudar a los equipos conjuntos de investigación, que ya están en marcha, y para garantizar que, lo antes posible, Eurojust tenga la capacidad de asistir y apoyar a los Estados miembros en sus investigaciones y, en última instancia, en el enjuiciamiento de todos los responsables de esos crímenes de guerra, a saber: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esos son los crímenes que se contemplan en este reglamento modificado. Y la idea es que, por el procedimiento de urgencia, ustedes saben que es como si, en una primera lectura, tuviéramos la votación mañana, que será el final de nuestra posición en la medida en que el Consejo esté de acuerdo con la posición que ha sido aprobada por la Comisión LIBE, que votaremos mañana. Esto significa que si el Coreper, es decir, el Consejo, está de acuerdo con la posición del Parlamento Europeo, ese será el final del procedimiento, que será la entrada en vigor del presente Reglamento modificado. Esa es la idea. Por lo tanto, le ruego que respalde este procedimiento de urgencia para que demostremos una vez más que, cuando sea necesario, podemos lograr resultados concretos en la lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra.

Señora Presidenta, si me lo permite, esto es solo un llamamiento a los diputados para que respalden el mandato de la Comisión LIBE para entablar negociaciones —las denominadas negociaciones interinstitucionales—, ya que se trata de una ampliación del plazo de la primera versión del certificado COVID digital de la UE. Tiene sentido en la medida en que la pandemia no ha terminado —lo peor ha terminado, pero la pandemia aún no ha terminado—, por lo que una prórroga limitada en el tiempo es razonable, y ese es el mandato de negociación de la Comisión LIBE.

Señora presidenta, comisaria Johansson, muy bien, Robert Biedroń, presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer, por traer a este Parlamento Europeo una interpelación urgente sobre un drama que tiene que ser prioritario en nuestra agenda: el impacto de la guerra de Ucrania sobre las mujeres, que constituyen la inmensa mayoría de las personas que han huido de la zona de guerra. Ellas son las víctimas más vulnerables de la violencia sexual ejercitada brutalmente por las tropas rusas y, por supuesto, de la explotación sexual a la que están expuestas en las redes de tráfico ilícito que se han activado en la frontera. Por eso, el Parlamento Europeo saluda también la sensibilidad con que la Comisión, en primer lugar, ha coordinado el transporte seguro de las personas que huyen de la zona de guerra: mujeres, niñas y niños en su inmensa mayoría. En segundo lugar, ha asegurado los derechos de salud sexual y reproductiva, la atención médica y el derecho al aborto de las mujeres que han sido víctimas de violación por las tropas rusas. En tercer lugar, ha reforzado la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, Eurojust, para que coopere con la Fiscalía ucraniana y con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, de modo que ningún crimen de guerra —particularmente los perpetrados contra las mujeres— pueda quedar impune: recolección de pruebas, investigación y enjuiciamiento hasta del último delito de violencia sexual.

Señor presidente, señora comisaria, a quien todavía se pregunte acerca de la pertinencia de que este Parlamento debata acerca de la inestabilidad y de la inseguridad en el Sahel y en el África Occidental le bastará con escuchar los argumentos corales en este punto de nuestro orden del día. Porque la motivación es ineludible: África está viviendo una explosión demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad. Ha duplicado su población en los últimos cincuenta años y la volverá a duplicar en los próximos treinta. Y, en particular en el Sahel y en el África Occidental, la violencia, la crisis alimentaria y la mortandad causada en su combate contra el yihadismo por los mercenarios criminales del grupo Wagner patrocinados por Putin tienen como resultado un flujo constante de seres humanos que huyen y que, en su desesperación, se abandonan a los tráficos ilícitos, que conducen a regiones ultraperiféricas como Canarias, es decir, la Unión Europea. Es imprescindible que la Unión Europea entienda que es esa la escala de respuesta y que solo la Unión Europea puede responder con salvamento marítimo, con solidaridad, con responsabilidad compartida. Si lo hemos hecho en Ucrania, con la inteligencia de la solidaridad, es imprescindible que Europa lo haga también en el Sahel y en el África Occidental.

Señor presidente, señor comisario, este importante debate coincide con el arranque de los trabajos de la Comisión de Investigación Pegasus, una tecnología de espionaje telefónico altamente sofisticada y amenazadora para la idea europea de democracia, sus valores y sus derechos. A diferencia de cualquier antecedente con el que podamos compararlo, Pegasus se caracteriza, no solamente por su opacidad, difícil de rastrear, sino, también, por su intrusividad y su lesividad en relación con derechos fundamentales que estimamos muy preciados; por su expansividad viral (se ha multiplicado muy deprisa y tiene alto poder de contagio); y por ser prohibitivamente caro (un coste, por tanto, que no está al alcance de cualquiera, y está por contrastar si solo es accesible por parte de los Estados). Lo que sí es cierto es que, hasta el momento, a duras penas, han ido emergiendo, con todas las incidencias y controversias y polémicas expuestas a agrios debates en los paisajes políticos de los Estados miembros, indicadores claros de que al menos veinte Estados han dispuesto de esta tecnología, entre ellos algunos Estados miembros que lo han reconocido (Hungría y Polonia, de nuevo). De modo que a la Comisión de investigación lo que le toca es mucho por saber, mucho territorio por explorar, mucho trabajo por delante. Es lo que cabe esperar del año de la Comisión de Investigación activada en el Parlamento Europeo, a la que tengo el honor de pertenecer. Lo que sí sé por la experiencia, porque presidí la Comisión de Investigación que investigó el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad, es que el objetivo tiene que ser legislación europea que refuerce los derechos fundamentales de los europeos, apoyada en los testimonios y documentos que se desprendan de los trabajos de la comisión, que fortalezca los derechos en materia de confidencialidad de las comunicaciones, la privacidad y el secreto de las comunicaciones, con una garantía de reserva de autorización judicial. No cabe descartar de nuestros trabajos que debamos concluir con la incompatibilidad de Pegasus con el estándar europeo de protección de los derechos fundamentales, que es el más alto del mundo. Estamos orgullosos de eso, precisamente por el carácter invasivo y potencialmente incontrolable de su amenaza contra los derechos fundamentales contemplados en el artículo ocho de la Carta Europea. Pero, sin duda habrá también que reforzar la ciberseguridad y las medidas de contraespionaje esenciales para hacer creíble esa autonomía estratégica de la política exterior, de seguridad y de defensa de la Unión Europea. Concluyo: el spyware Pegasus sí se perfila como un acicate al proceso legislativo europeo, pero solo en la medida en que aborde una amenaza de entidad hasta ahora desconocida contra la ciudadanía europea y sus derechos fundamentales. No tomarla suficientemente en serio equivaldría, por omisión o connivencia, a asumir los riesgos por los que, según el diagnóstico de Levitsky y Ziblatt, acaban muriendo las democracias.

Señora presidenta, comisaria Johansson, lo ha oído usted con claridad, el Parlamento Europeo es bien consciente de que en los años de pandemia se ha producido un incremento exponencial de la cibercriminalidad —como el phishing o el abuso sexual en línea— que requiere un refuerzo del mandato de Europol para manejar big data, pero hacerlo de manera siempre consistente frente a la globalización y la revolución tecnológica y con el estándar europeo de protección de derechos fundamentales, que es el más alto del mundo. Es por eso que ha escuchado usted con insistencia el mensaje de que es imprescindible salvaguardar, en este refuerzo del mandato de Europol para cooperar con terceros Estados, con actores privados, en el manejo de big data y en su capacidad de luchar contra la criminalidad grave transnacional, el estándar europeo de protección de los derechos fundamentales. Creo que este es el mensaje que surge con claridad de este debate y es por eso que es importante que en el Reglamento se contemple la incorporación del agente de derechos fundamentales, que es lo que hemos exigido en la renovación de cada agencia que responde ante el Parlamento Europeo y, en particular, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior.

Señor presidente, vicepresidente Schinas, el vertiginoso suceso de la guerra de Putin contra Ucrania ha venido a cambiarlo todo, desde lo local a lo global. Leemos mucho estos días y escuchamos mucho acerca de la conducción de la guerra en el plano militar, por tanto, en el plano bélico, pero hay otras guerras de Putin donde se libra una batalla en la que Rusia es una superpotencia como en lo nuclear, principalmente en la desinformación y en la manipulación. Porque Putin controla autocráticamente los medios de comunicación públicos y privados, sin contrapesos y, por supuesto, da la batalla del relato, como vimos en la comisión que pusimos en marcha sobre la manipulación e injerencia de Rusia en los procesos democráticos y electorales en la Unión Europea, que arrojó algunas lecciones concluyentes: la necesidad de legislar a nivel europeo, la necesidad de proteger a la ciudadanía europea frente a las fake news y a las deep fakes, también la transparencia en los algoritmos, sanciones eficaces y disuasorias, pero, sobre todo, una inversión suficiente en materia de ciberseguridad que proteja los valores y la seguridad europea frente a los ataques a sus infraestructuras críticas y a sus procesos democráticos.

Señora presidenta, después de un año y medio de trabajos, la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial concluye con este documento que hoy examina el Parlamento Europeo y que impacta a todas las materias y bases jurídicas sobre las que legisla el Parlamento Europeo de contenido relativo a la industria, la energía, el comercio y, por supuesto, el empleo. Este documento también debe respetar el estándar europeo de protección de los derechos fundamentales, que resulta ser el más alto del mundo, establecido no solamente en el Reglamento de protección de datos, sino también en la Directiva dirigida a las agencias que investigan los delitos, las agencias de law enforcement. Ese estándar tiene que estar muy presente en la legislación, que debe colocar a la Unión Europea a la cabeza de la referencia en normativa sobre inteligencia artificial. Cuando hablamos de predictive policing tenemos que saber que impacta sobre la presunción de inocencia. Cuando hablamos de reconocimiento biométrico tenemos que saber que impacta sobre el principio de no discriminación consagrado por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y cuando hablamos de contenido potencialmente tan abrasivo sobre los derechos fundamentales como el que tiene que ver con el manejo de los datos personales, el estándar europeo de protección de datos tiene que ser respetado. Por tanto, ese es el compromiso: colocar a la Unión Europea en la cabeza de la legislación sobre inteligencia artificial, pero no ceder en ningún caso a los cantos de sirenas que pretenden que esto estaría en contradicción con el mantenimiento del estándar europeo de protección de datos personales y de respeto a los derechos fundamentales. Por tanto, enhorabuena, sí, a los ponentes. Pero, sobre todo, alerta ante la legislación europea sobre inteligencia artificial para que mantenga el respeto a los derechos fundamentales protegidos por la Carta.

Señora presidenta, agradezco realmente la oportunidad, una vez más, de poder rendir tributo, en un debate sobre la situación marginalizada de la comunidad romaní en la Unión Europea, a quienes una y otra vez traen a la conciencia de la Unión Europea la inaceptable discriminación que, en todos los planos, sufren en Estados miembros de la Unión Europea. Recuerdo haber asistido recientemente a la exhibición de un documental de la expresidenta de una comisión de este Parlamento Europeo, Nicholsonová, sobre la situación completamente inaceptable de la comunidad romaní en la República Checa. Y, en particular, quiero rendir tributo a los representantes de la comunidad romaní que han tenido un escaño en este Parlamento Europeo: desde Juan de Dios Ramírez Heredia hasta, en esta legislatura, Lívia Járóka o Romeo Franz, que traen a la conciencia la importancia de superar esa discriminación cumpliendo punto por punto la estrategia europea contra la discriminación de la comunidad gitana en la Unión Europea.

Señora presidenta, señora comisaria Dalli, el Derecho internacional humanitario forma parte integral de las fuentes del Derecho europeo (artículo 6 del Tratado de la Unión Europea). Por eso, hay que saber que el principio rector del derecho de asilo es el de , es decir, el no rechazo, y menos aún rechazo violento o a la fuerza de las personas que, huyendo de la desesperación o de zonas de conflicto, intentan tocar la puerta de la Unión Europea. Y por eso resulta no solamente triste, sino escandaloso e inaceptable, que sigamos discutiendo de la veracidad de alegaciones de pushbacks —rechazos violentos en frontera—, en violación a menudo de los derechos humanos de personas en situación desesperada, particularmente aquellas en alta mar abandonadas a su suerte; alegaciones que deben ser investigadas exhaustivamente por la Comisión. Por eso, este Parlamento Europeo ha reforzado el mandato en materia de derechos fundamentales de las agencias implicadas: Frontex y la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Además, hay que añadir que el trabajo no estará completo hasta que de una vez no aseguremos vías legales y seguras —legal pathways—, incluidos visados humanitarios, a todas aquellas personas que intentan llegar a la Unión Europea huyendo de zonas de conflicto o en situación desesperada, cuya dignidad no es menor que la de los cuatro millones de mujeres y niñas y niños ucranianos a los que damos la bienvenida.

Gracias por su pregunta, Señoría. Es la Comisión la que tiene la responsabilidad institucional de ser guardiana de los Tratados y vigilar el cumplimiento del Derecho europeo. Pero el Tribunal de Justicia es el último garante del acatamiento del Derecho europeo y sus sentencias son vinculantes. Por tanto, este Parlamento Europeo ha tomado nota de que el Gobierno de Polonia le pide al Tribunal Constitucional que declare que la primacía del Derecho europeo ya no vincula a Polonia y que las sentencias del Tribunal de Justicia, por tanto, ya no sean vinculantes en Polonia. ¿Le parece lo bastante grave? A nosotros sí. Pero es la Comisión la que ha adoptado la decisión de activar el Reglamento de condicionalidad del Estado de Derecho en el caso de Hungría, porque la contumacia de Hungría en el incumplimiento de los requerimientos de la Comisión y en la gestión de los fondos europeos conduce a esa conclusión, a la expectativa de cuál será la respuesta de Polonia.

Señora presidenta, señora vicepresidenta Jourová, la idea europea de democracia nunca se ha reducido a ser simplemente gobernar con mayoría. Ninguna victoria electoral, por tanto, exime de cumplir el Derecho europeo. Esa es la regla de pertenencia a la Unión Europea. Y esa regla de pertenencia es muy exigente, y es exactamente por eso que de nuevo nos encontramos aquí con que tenemos un debate sobre Polonia y Hungría y el artículo 7. Hay que recordar una y otra vez que la idea europea de democracia exige el respeto a las minorías, el respeto a los procedimientos establecidos por la Ley y a todas las garantías de sujeción a las reglas del Derecho, incluida, por supuesto, la del cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia, su acatamiento. Y, por eso, este Parlamento Europeo puso en marcha el artículo 7 en los casos de Hungría y de Polonia, y los procedimientos de infracción que han conducido a multas millonarias que se suman cada día y, también, a la adopción del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, que vincula el acceso a los fondos europeos al cumplimiento del Derecho europeo y al acatamiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, por eso, nadie se alegra de que tengamos de nuevo este debate. Nadie se alegra de que la presidenta Von der Leyen haya por fin dado el paso de anunciar que va a activar el Reglamento de condicionalidad en el caso de Hungría, a la expectativa del cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia por parte de Polonia. Porque tenemos que decir con claridad que, si no existe acatamiento del Derecho europeo y si ese acatamiento no vincula por igual a los 27 Estados miembros en beneficio de la ciudadanía europea de los 27 Estados miembros, incluidos los cuarenta millones de polacos y los diez millones de húngaros, la Unión Europea simplemente dejaría de existir. (El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»).

Señora presidenta, señora vicepresidenta Jourová, la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación, de la que he tenido el honor de ser miembro, arroja algunas conclusiones inapelables. Una de ellas es la necesidad de reforzar la ciberseguridad y el fact-checking contra la manipulación. Pero otra, no menos importante, es que no hay partido racista y xenófobo en Europa que no haya buscado el apoyo y la financiación de Putin, lo mismo que los movimientos y formaciones secesionistas, separatistas y segregadores, en la medida en que Putin sabe que todo lo que atente contra la unidad de Estados democráticamente constituidos atenta contra la Unión Europea entera. Ahora bien, esa brutal agresión de Putin contra Ucrania y su pueblo ha venido a cambiar tantas cosas. Una de ellas, sin duda, es que ha reforzado la unidad de la Unión Europea en su compromiso de respuesta, pero otra es que está forzando igualmente a todas esas formaciones a posicionarse ante la disyuntiva de optar por su alineamiento con el fascismo o con la extrema derecha, con la ideología radical, o, al contrario, por su sujeción a los valores y al Derecho vinculante de la Unión Europea.

Señora presidenta, sí, este Parlamento Europeo ha dicho con fuerza y con claridad que la brutal guerra de Putin contra Ucrania y su pueblo es ilegal y que la Unión Europea debe hacer cuanto esté en su mano para pararla y cuanto antes, y ha dicho también que los crímenes de guerra, de los que tenemos testimonios inapelables, no pueden quedar impunes. Pero ni una cosa ni otra, ni la guerra, ni los crímenes de guerra, pueden sacar de nuestro radar otras violaciones de derechos humanos muy flagrantes y muy dolorosas que fueron objeto de debate en este Parlamento Europeo no hace mucho y que, sin embargo, ahora han pasado a segundo plano hasta hacerse prácticamente invisibles: el sometimiento de las mujeres afganas a la tiranía de los talibanes, que regresaron al poder el 15 de agosto. La Unión Europea celebró el corredor humanitario que garantizó la seguridad de mujeres y cooperantes —con las misiones de la Unión Europea y sus embajadas y sus valores—, que arriesgaban la vida a causa del regreso al poder de los talibanes. Y ahora sabemos que los talibanes han excluido por completo a las mujeres del sistema educativo, que a partir de los doce años quedan completamente excluidas de las oportunidades, que, por supuesto, están ya fuera de la universidad, con el único horizonte de su sometimiento laboral y sexual a una sociedad opresiva, regresiva, intolerante, medieval, y la pregunta que le hacemos al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, es ¿qué puede hacer la Unión Europea para cambiar esa hoja de ruta, para que toda la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria que la Unión Europea ha derrochado durante tanto tiempo en Afganistán, que todavía puede capitalizarse en favor de los derechos fundamentales de las mujeres brutalmente violados en Afganistán, pueda tener un horizonte de esperanza?

Señora Kempa, el esfuerzo que están realizando los países de primera frontera —Polonia, Hungría. Eslovaquia y Rumanía— está siendo reconocido en toda la Unión Europea, pero ese no es el destino final de las personas desplazadas: están llegando a Estonia, están llegando a Austria, están llegando a Chequia, lo que significa, por tanto, que estamos ante un cambio de época que va a requerir un esfuerzo solidario con financiación suficiente. Usted alude a una carta, que no fue una iniciativa personal, sino, en mi calidad de presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, obedeciendo el mandato de la junta de portavoces de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en la que se recuerda que sí, los países de frontera de primera línea merecen toda la ayuda, pero eso no los exime del obligado cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que están pendientes, particularmente en el caso de Polonia y de Hungría.

Señor presidente, comisaria Johansson, desde que el 24 de febrero el mundo —y la Unión Europea, por supuesto— pide conmoción por la brutalidad de la agresión perpetrada por Putin y su régimen contra Ucrania y su pueblo, hemos asistido a un cambio de época, a un Zeitenwende. Cuatro millones de personas desplazadas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo han entrado en la Unión Europea, en su inmensa mayoría, como sabemos, mujeres y niños en estado de extrema vulnerabilidad. Es imprescindible, por tanto, que este Parlamento adopte esta Resolución, que no solamente apoya, sino que exige de la Comisión y de la Presidencia francesa una respuesta coordinada que, en primer lugar, asegure el registro e identificación de todas las personas y establezca como prioridad absoluta el paradero de todos esos niños desaparecidos esperados en algún rincón de la Unión Europea a donde no han llegado. En segundo lugar, exige que ponga freno a este estado de sobreconfianza en las organizaciones no gubernamentales y en la voluntariedad o el voluntarismo espontáneo de la ciudadanía y establezca un plan coordinado de transporte seguro de esas personas al lugar en el que puedan ser acogidos de forma solidaria en todos los Estados miembros de la Unión Europea. También que asegure una financiación adecuada con todos los instrumentos a nuestro alcance, no solamente el Fondo Europeo de Asilo y Migración, sino el Fondo Social Europeo, la REACT-UE, y todos los instrumentos disponibles para poder apoyar financieramente a los Estados miembros en este esfuerzo de recepción y acogida digna de tantas mujeres y niños vulnerables que no se va a disolver de la noche a la mañana, sino que va a durar, porque esa es la consecuencia, precisamente, de la Directiva de protección temporal. Pero absolutamente imprescindible, sin duda ninguna, es proteger con una información adecuada a esas mujeres y niños del riesgo de tráfico de personas, de trata y de prostitución. Porque de eso va la Estrategia europea sobre la protección de los derechos del niño, la Estrategia europea contra la prostitución y el mandato de la Comisión contra toda forma de tráfico y explotación de personas. (El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»)

Señor presidente, entre las fechas del 19 de septiembre y el 15 de diciembre de 2021 un volcán erupcionó en la isla canaria, española, europea, de La Palma, y produjo una catástrofe natural que suma todas las contempladas en la activación del Fondo de Solidaridad: incendios, terremotos, estragos, destrucción de viviendas y de producciones agrícolas. Y exactamente por eso, el 3 de diciembre, el Gobierno de España solicitó la activación del Fondo de Solidaridad, porque el umbral de daños causados en una región ultraperiférica sobrepasa con creces el mínimo del 1 % de su PIB. El daño estimado es de 800 millones de euros y el umbral, por tanto, se ha claramente sobrepasado. El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han sumado, en su solidaridad para reparar los daños, más de 450 millones de euros a fecha de hoy. Pero ya era hora de que, gracias a las gestiones de nuestra comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, la Unión Europea activase de una vez ese anticipo de 5,4 millones de euros que va a contribuir a la reparación de los daños de las viviendas destrozadas, que muestre que la Unión Europea es solidaria, por supuesto, con las personas que necesitan una respuesta viniendo de fuera de la Unión Europea, pero también con los ciudadanos de la Unión Europea. Y este Parlamento no debe parar hasta incrementar el Fondo de Solidaridad y asegurar que llegue efectivamente a la reparación de la isla de La Palma.

Señor presidente, este escándalo revela lo que no deja de ser un hecho. Y es que hay un sector de la banca suiza que no coopera contra el blanqueo de capitales y no cumple los estándares comunes de comunicación de información cuando se trata de clientes de alto riesgo. Todo esto tiene lugar en el contexto de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra los oligarcas rusos y subraya la vulnerabilidad estratégica y geopolítica que supone cualquier defecto en la lucha contra el blanqueo de capitales. Pero este Parlamento Europeo está comprometido, como lo pone de manifiesto el que estamos en estos momentos legislando nada menos que sobre el nuevo paquete de lucha contra el blanqueo de capitales: cinco Reglamentos, uno de los cuales se refiere a una autoridad central europea contra el blanqueo. Hay que imponer a cualquier banco que incumpla la legislación, incluida la banca suiza, no solamente diligencia debida, sino sanciones para que se impongan leyes más estrictas. Y hay que asegurar que la Autoridad Bancaria Europea ejerza su papel de supervisión sobre las unidades de inteligencia financieras en relación con las autoridades nacionales contra el blanqueo. Solo de ese modo podremos sacar una lección de cada hecho o de cada escándalo.