Sobre qué Ernest ha hablado.

Señora presidenta, yo creo que estamos ante una grandísima vergüenza, una vez más. Una vergüenza que daña gravemente la credibilidad de nuestras instituciones al dar la imagen de que hay un sistema tributario para la gente corriente y una élite que se beneficia de un sistema tributario paralelo. Y ante esta vergüenza, francamente, me parece lamentable que el Consejo no haya tenido ni tan solo la vergüenza torera de aplazar la discusión sobre la lista negra de paraísos fiscales esta semana. Francamente, esta misma semana, con esta filtración, haber sacado algunas jurisdicciones de la lista, no haber introducido, por ejemplo, las Islas Vírgenes Británicas, que son sede de dos tercios de las sociedades offshore que se han dado a conocer, me parece lamentable. Esa lista hay que reformarla. No puede ser que sea guiada por criterios políticos y hay que meter criterios mucho más estrictos cuando se establece qué tipo de países tienen que estar en esa lista. En segundo lugar, señor comisario, usted ha dicho que tenemos una legislación contra el blanqueo de capitales avanzada y que hemos hecho progresos. Y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos un problema grave de aplicación, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos también en la lista personas políticamente expuestas que han sido capaces de sortear las normas, o de que algunas de nuestras jurisdicciones europeas son señaladas por el GAFI como jurisdicciones de alto riesgo. Eso significa que tenemos un problema grave de aplicación de nuestras normas antiblanqueo y eso significa que la Comisión tiene que ser mucho más estricta en su aplicación. Y, en tercer lugar, alguien ha dicho que gracias a la OCDE los países tienen más información. Es verdad, pero el Estándar Común de Comunicación de Información debe ser reformado. Necesitamos más información. Por ejemplo, los bienes inmobiliarios y sus ganancias no están cubiertos por el ECCI, o, por ejemplo, los Estados Unidos no usan el ECCI, y eso es un problema grave que tenemos que también cambiar en el marco de la OCDE.

Señora presidenta, en este aumento desmedido del precio de la energía pierden unos, los hogares, y ganan otros, unos oligopolios que, además, llevan años capturando las decisiones políticas. Y ahora no vale decir que la culpa es de la transición ecológica, porque, como muy bien es sabido, tan solo el 20 % del aumento de la factura tiene que ver con el aumento de los precios del carbono. El 80 % tiene que ver con el aumento del precio del gas. Y ahí radica el problema, en nuestra dependencia endémica de los combustibles fósiles. Ahora hay que hacer algunas cosas a largo plazo. Dos muy claras: en primer lugar, desplegar más rápido las renovables y, en segundo lugar, cambiar el sistema de asignación de precios marginalista. No podemos pretender electrificar, como necesitamos con el Pacto Verde, haciendo pagar a todas las fuentes de energía el precio más alto. Y en segundo lugar, a corto plazo necesitamos también hacer pagar a aquellos beneficios llamados «caídos del cielo» los impuestos que tocan. Y yo quiero celebrar algunas de las medidas que se están tomando en este sentido, por ejemplo, en España. Y, finalmente, señora comisaria, necesitamos ideas claras y propuestas claras sobre qué hacer con los hogares más vulnerables a corto plazo. En el toolbox que van a presentar espero que esa vertiente sea tratada de forma específica y ambiciosa.

Señora Presidenta, Ahmed Mansoor fue condenado por su defensa de los derechos humanos. Durante los últimos 10 años, sus derechos bajo las leyes internacionales y emiratíes han sido violados. Ahmed ha sido objeto de arrestos y detenciones arbitrarios, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia gubernamental y tratos inhumanos que equivalen a tortura. Su detención es un ataque directo a la labor legítima de todos los defensores de los derechos humanos en los Emiratos. La nueva Ley de lucha contra el terrorismo, promulgada en 2014, es especialmente preocupante, ya que otorga a las autoridades amplios poderes para enjuiciar a críticos pacíficos, disidentes políticos y activistas de derechos humanos y declararlos terroristas. Esta ley debe modificarse inmediatamente para cumplir con las normas internacionales. Mientras tanto, la situación de los derechos humanos y las libertades en el país ha empeorado drásticamente desde 2011, y las mujeres siguen estando sujetas a una serie de leyes y prácticas discriminatorias. La Ley del Estatuto Personal sigue siendo, a este respecto, un obstáculo para la igualdad de derechos de las mujeres. Es hora de poner fin a nuestra complacencia hacia un gobierno comprometido con la brutal represión de sus activistas de derechos humanos y la desestabilización regional, mientras buscamos proyectar la imagen de un socio moderado, confiable y estable. A este respecto, la candidatura del general Nasser Ahmed al-Raisi en las elecciones a la presidencia de Interpol podría poner en tela de juicio la credibilidad de la institución. Las acusaciones de abusos contra los derechos humanos en su contra deben considerarse seriamente antes de que se celebren las elecciones el próximo mes de noviembre. La UE y sus Estados miembros deberían hacer más para garantizar el respeto de los derechos humanos en el país y convertirlo en un punto permanente del orden del día de la cumbre anual entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo. Sin directrices y compromisos claros, nuestro diálogo sobre derechos humanos con los Emiratos no dará lugar a ninguna mejora de la situación. Durante su próxima visita a los Emiratos, el vicepresidente / alto representante Borrell debe pedir la liberación inmediata e incondicional de Ahmed Mansoor y la de otros defensores de los derechos humanos como Mohamed al-Roken y Nasser bin Ghaith. En nuestra Resolución, pedimos a la UE que considere la adopción de medidas específicas de la UE contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la persecución de Ahmed Mansoor y otros defensores de los derechos humanos en el marco del régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos.

Señor presidente, señora presidenta de la Comisión, creo que en su discurso hoy ha faltado ambición, por lo menos en tres ámbitos, que creo que van a definir la segunda parte de su mandato. El primero es la ambición de la lucha contra el cambio climático. El informe reciente de las Naciones Unidas nos está diciendo que estamos en el peor escenario, no estamos haciendo suficiente, y aún seguimos aquí, en Bruselas, presentando una PAC que va contra los objetivos climáticos y posponiendo el impuesto al queroseno hasta después de 2030. Hay que hacer más y más rápido. En segundo lugar, Afganistán nos muestra que debemos avanzar también más rápido hacia una unión geopolítica. Tengo que decirle que la propuesta estrella hoy de eliminar el IVA para la industria de la defensa europea no es la solución. Debemos pensar en agilizar nuestros mecanismos de toma de decisión, en crear mejores sinergias entre Estados miembros. La Comisión debe liderar allí. El tercer ámbito, en el cual creo que nos jugamos mucho, es un nuevo marco de gobernanza económica. Usted no ha dicho mucho hoy aquí sobre ello. Entiendo una cierta prudencia, pero, desde luego, si queremos una salida justa de la crisis económica, no podemos volver al marco de normas fiscales que tuvimos en la crisis anterior. Es necesario hacer una reforma profunda en los próximos meses.

Señora presidenta, señor alto representante, el desastre de Afganistán, desde luego, va a obligarnos a reflexionar sobre el papel de Europa en el mundo, con unos Estados Unidos que ya no desempeñarán el papel que han desempeñado en el último siglo, como bien sabemos. Pero ahora estamos en la urgencia. Y la urgencia son fundamentalmente tres cosas: la primera es ayudar a salir a los colaboradores de los países europeos en el terreno. Para ello deberemos tener probablemente contactos técnicos con los talibanes, a pesar de que, evidentemente, eso no debe significar su reconocimiento. La segunda es asumir nuestras responsabilidades con el éxodo afgano. Y eso significa visados humanitarios. Eso significa canales de reasentamiento. Y, por qué no, también activar la Directiva sobre protección temporal, lo que podría llevarse a cabo con una propuesta de la Comisión y aprobándose en el Consejo, ni siquiera por unanimidad, sino por mayoría cualificada. Es una Directiva que no hemos usado en veinte años, desde que se adoptó en 2001. Si no es ahora, con el éxodo afgano que se va a producir, ¿cuándo? En tercer lugar, el desarrollo de la asistencia humanitaria a través de organizaciones internacionales que estén sobre el terreno. Porque el gran riesgo ahora es el colapso del Estado afgano, de su sanidad, de su administración, y eso lo van a sufrir, además de la persecución por parte de los talibanes, sus ciudadanos y ciudadanas.

Señora Presidenta, han pasado más de cuatro años desde la detención y encarcelamiento del Dr. Djalali, un ciudadano sueco con doble nacionalidad, en violación de numerosas convenciones de derechos humanos. Después de haber pasado más de 100 días en régimen de aislamiento, su salud ha empeorado dramáticamente, así como su condición psicológica, después de haber sido sometido a diferentes formas de tortura. El caso del Dr. Djalali no es aislado. Hay al menos una docena de ciudadanos de la UE que están detenidos arbitrariamente en Irán. En esta resolución, instamos a las autoridades iraníes a que pongan fin a la práctica de detener arbitrariamente a personas como influencia sobre países extranjeros, a que detengan su ejecución y abolan la pena de muerte. Su caso nos recuerda la necesidad de fortalecer aún más nuestro diálogo sobre derechos humanos con Irán a todos los niveles, al tiempo que aumentamos la protección y el apoyo a los defensores de los derechos humanos, en particular a las mujeres. También tenemos que utilizar todos nuestros canales diplomáticos para mejorar las relaciones con Irán y, en particular, con su sociedad civil. Las conversaciones en curso del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en Viena sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 nos brindan la oportunidad de profundizar este diálogo y sentar las bases de una nueva relación multidimensional basada en el respeto del derecho internacional y los derechos humanos. Estas conversaciones también deben servir para adoptar una perspectiva regional más amplia que nos permita desempeñar un papel más estratégico en la respuesta a las crisis de seguridad en la región. El PAIC es una piedra angular para una confianza mutua duradera entre la UE, Irán y los Estados Unidos, pero también el mejor instrumento para garantizar la estabilidad y la seguridad en Oriente Próximo. Este Parlamento debería apoyar irrevocablemente el retorno al acuerdo nuclear y, en particular, tener una voz fuerte en defensa de los derechos humanos en el país. Y es por eso que quiero unir mi voz también hoy para decir: «Djalali libre».

Señora presidenta, coincido con el orador anterior en que quizá deberíamos reconsiderar los horarios en los que debatimos estas cosas tan importantes. Pero, en cualquier caso, sí quiero decir que, si hace aproximadamente siete años, cuando fui elegido diputado a esta Cámara, me hubieran dicho que votaríamos un informe que pediría una revisión legal del Pacto de Estabilidad, la verdad es que no me lo hubiera creído. Mañana es un buen día para el futuro de Europa, la verdad. Pero también tengo que decir —y hay que reconocerlo— que nos ha costado una crisis financiera, una segunda crisis económica gravísima, como es la de la COVID—19, nos ha costado unos niveles de desigualdad, una segunda recesión autoinfligida después de la crisis financiera anterior, por tener unas normas dogmáticas, irracionales, basadas en variables inobservables. Y creo evidentemente que nadie puede volver ahí. Y, evidentemente, mañana lo que hará el Parlamento es una invitación a la Comisión a ser ambiciosos en la revisión de las normas, y a que de una vez por todas podamos tener instrumentos de política económica racionales también para una cosa muy importante: tener los recursos necesarios para hacer la inversión necesaria para hacer la transición ecológica. Todo ello es muy importante. Mañana el Parlamento Europeo se pronunciará de forma clara.

Señora presidenta, señora presidenta de la Comisión, señor presidente del Consejo, quiero empezar mi intervención rindiendo homenaje a Samuel Luis Muñiz, un joven de 24 años apaleado hasta la muerte mientras le gritaban «maricón»; un crimen que ha conmocionado a toda España, a Europa, a la comunidad LGTBI, y un crimen que debe recordarnos que estamos lejos de la igualdad y que debemos protegernos de los discursos del odio. También hemos visto recientemente en Tiflis, en Georgia, lo que ha ocurrido con la marcha del Orgullo y las persecuciones a la comunidad LGTBI. Esto no puede tolerarse ni en Europa ni en ningún lugar del mundo, y las instituciones europeas deben mandar un mensaje claro: que estamos con ellos y que vamos a protegerles. Y eso empieza por emprender acciones contundentes contra la nueva ley húngara. Además, porque con este debate sobre la nueva ley húngara nos jugamos algo fundamental, que son los fundamentos de la Casa europea. A algunos autócratas en Europa les encantaría que nuestros derechos fundamentales, los Tratados, fueran algo a la carta, que unos días se cumplen y otros no. Nos jugamos muchísimo con este debate y llegamos un poco tarde. Es el momento de llevar a cabo acciones contundentes, y la Comisión debe tomar y usar todos los poderes que tiene en sus manos para evitar que esto continúe de esta manera.

Señor presidente, señor vicepresidente, señor presidente Hoyer, yo también quiero referirme al caso de la vicepresidenta Emma Navarro, que, como todo el mundo sabe, estuvo durante dos años de vicepresidenta del BEI y después saltó, al cabo de cuatro meses de haber dejado el cargo, directamente a una empresa, Iberdrola, que había recibido bajo su mandato directo proyectos y financiación por hasta 1 400 millones de euros. Lo que es sorprendente es que el Comité de Ética del Banco autorizara eso, diera ese waiver. Es incomprensible, algo no funciona bien: o el Comité de Ética no hace bien su trabajo o el Reglamento interno no es suficientemente claro al respecto. Y creo, por lo tanto, que algo debe ser revisado, y yo celebro que la defensora del pueblo europea, a denuncia del Grupo de los Verdes, haya iniciado una investigación para ver qué se ha hecho mal. Y mucho me temo que probablemente concluirá de la misma forma que concluyó con el caso del señor Ádám Farkas, diciendo que ese waiver no debería haberse dado jamás. Por último, le pedimos transparencia: queremos la resolución del Comité de Ética entera. Acabamos de recibir una respuesta por parte del BEI que nos invita a ir a Luxemburgo a una sala de lectura a leerla. Creo que una institución tan importante como el BEI merece ser mucho más transparente hacia sus ciudadanos.