18
Ene
2023
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Protección del Estado de Derecho contra la impunidad en España (debate de actualidad)
Señora Presidenta, un debate político serio sobre la gravísima crisis institucional en España tiene todo el sentido. Pero debe tener lugar en su propio lugar: el Parlamento de España, no aquí en el Parlamento Europeo. Está claro que la programación de este debate por parte del Partido Popular Europeo es solo un intento de utilizar esta etapa europea para continuar el enfrentamiento partidista contra el Gobierno español. Sin duda, el Estado de Derecho es un valor europeo y las amenazas sistémicas al Estado de Derecho son una cuestión europea, como se ha entendido en varios Estados miembros. Pero ese no es el caso en España. Incluso hoy, la Comisión Europea ha venido aquí para reconocer los progresos realizados en el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho. Si, en España, existen preocupaciones sobre el funcionamiento del Estado de Derecho y el principio de separación de poderes, es precisamente en estos dos puntos que la derecha y los defensores de este debate se niegan a reconocer. Primero, el largo bloqueo de muchos años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ahora también del Tribunal Constitucional, manteniendo a varios jueces en funciones mucho más allá de su mandato, para perpetuar un desequilibrio político favorable a la derecha. En segundo lugar, y más grave, el caso sin precedentes de injerencia del poder judicial en el funcionamiento del poder legislativo: Cuando el Tribunal Constitucional, a petición de la derecha, utilizó el expediente de la medida provisional para impedir la votación en el Senado, en un proceso legislativo aún en curso. Esto no tiene precedentes, ni en España ni en ningún Estado de Derecho. El Gobierno español ha hecho bien en cumplir esta sentencia del Tribunal y contribuir así al respeto del Estado de Derecho. Pero también es bueno no ajustarse a este bloqueo. Esta es, además, la prioridad número uno de las recomendaciones de la Comisión. Si el Partido Popular toma en serio sus preocupaciones sobre el estado de derecho, el camino a seguir es simple: detener este bloqueo de muchos años a la renovación de los órganos del poder judicial en España.