Sobre qué Eider ha hablado.

Señora presidenta, comisario Gentiloni, la Comisión tiene que presentar antes del 31 de julio la evaluación sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y con este informe del Parlamento Europeo pretendemos contribuir de manera constructiva a dicha evaluación. Es cierto que apenas llevamos un año en la ejecución de los planes de recuperación, pero creo que los datos de los que disponemos hasta el momento pueden ser considerados como bastante positivos. La respuesta a la crisis ha sido, a diferencia de en 2008, contundente, coordinada y sobre todo innovadora, superando muchas barreras y rompiendo algunos tabúes. Porque no solo decidimos crear un fondo de casi 700 000 millones EUR, sino que ese fondo ha sido financiado con deuda europea y, además, será reembolsado con nuevos impuestos europeos. Es decir, un fondo que aplica una doble solidaridad tanto por el gasto como por el ingreso. Y esta vez sí, la Unión ha demostrado su claro compromiso con sus ciudadanos, sus empresas y sus territorios. El fondo ya ha tenido y tendrá efectos muy positivos en las economías de nuestros países. Está dando estabilidad a nuestras economías y está permitiendo mantener altos niveles de inversión en un momento de gran incertidumbre mundial. La pandemia primero y la guerra después han sacudido muchas de nuestras estructuras organizativas y, sobre todo, han puesto de manifiesto la necesidad de una autonomía estratégica en las cadenas de suministro esenciales, en los servicios críticos y en las infraestructuras. Este fondo no es la solución de todas nuestras necesidades, pero sí que está poniendo una base muy sólida gracias a las reformas e inversiones que se están financiando. Acertamos cuando, como Parlamento, propusimos añadir a los objetivos de transición verde y digital cuatro pilares más que se han centrado en la economía, en la cohesión social y territorial, en la salud y la resiliencia institucional y, por supuesto, en medidas de apoyo y protección para nuestros niños y jóvenes. Los seis pilares se han traducido, por ejemplo, en un objetivo ecológico del 37 %, que seguiremos muy de cerca para que sea real, algo que por el momento parece que puede estar en duda, y en un objetivo digital del 20 %, que ha sido superado con creces con los planes presentados y llegamos casi al 30 %, gracias al que pymes, servicios públicos o el sector sanitario se están viendo beneficiados. En el ámbito social, según las estimaciones de la Comisión, estamos alrededor del 20 % del gasto, lo que no es un mal dato y gracias a él se están financiando, por ejemplo, incentivos al empleo para grupos desfavorecidos o se están modificando legislaciones laborales para dar mayor protección, calidad y estabilidad en los empleos. Pero también hemos detectado que algunos Gobiernos no han tenido suficientemente en cuenta las repercusiones socioeconómicas de la pandemia ni en las mujeres ni en los grupos más vulnerables y que, por lo tanto, no han calibrado bien la dimensión social de sus planes. Los sistemas sanitarios también se están viendo beneficiados por la inversión europea, con una notable mejora de la infraestructura hospitalaria, el refuerzo de la atención primaria y la prevención. Pero hay que dar un tirón de orejas aquí, por la falta de compromiso con la salud mental. Esto tiene que ser una prioridad europea. Y me gustaría acabar con dos puntos transversales que considero esenciales. Primero, el respeto al Estado de Derecho. Este Parlamento se ha posicionado muy claramente —los Estados miembros tienen que cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del Estado de Derecho— y ha sido contundente en que no se deberían aprobar los planes de recuperación de los países que no cumplen. Es el caso de Hungría y era el caso de Polonia, aunque aquí tanto la Comisión como el Consejo opinan que sí se dan las condiciones para seguir adelante, algo que como Parlamento no compartimos, y lo vuelvo a repetir: ni un solo euro desembolsado hasta que todas las medidas acordadas se hayan ejecutado. Este es un tema de máxima prioridad e importancia para el Parlamento, para mi Grupo y en especial para mí, como ponente de los dos Reglamentos en materia de recuperación y resiliencia, pero también el de la condicionalidad presupuestaria en relación con el respeto al Estado de Derecho. Y segundo punto, el nuevo escenario tras la invasión rusa a Ucrania. El impacto de la guerra se está traduciendo en millones de refugiados que tenemos que acoger, en tasas de inflación muy altas, en precios de la energía por las nubes. Esto añade mucha más presión a la situación creada por la pandemia. Cuando negociamos este Mecanismo, éramos conscientes de la necesidad de una transición verde por ecología, pero también por economía. Hoy la urgencia es más evidente: por las olas de calor, por el precio del gas y por la necesidad de desconectarnos de Rusia. Y, con el REPowerEU, intentaremos ajustar necesidades con financiación disponible para maximizar el impacto, pero no nos hagamos trampas, no hay mucho más dinero. Es casi el mismo presupuesto y los presupuestos europeos también están al límite. En pandemia hicimos lo más difícil: cambiar nuestro paradigma. Reflexionemos ahora juntos sobre cómo construir una nueva arquitectura financiera basándonos en estos últimos pasos que tan fructíferamente hemos dado todos juntos.

Señor presidente, señora presidenta Von der Leyen, supongo que no le sorprenderá que esa evaluación positiva al plan presentado por el Gobierno polaco sea recibida por nuestra parte con muchas dudas, porque todos somos conscientes de las deficiencias que tenía el plan —prueba de ello han sido los trece meses que han tardado en darle el visto bueno—, y porque en este Parlamento hemos aprobado innumerables resoluciones que denuncian la vulneración sistemática del Estado de Derecho por parte del gobierno de Morawiecki. Ustedes, la Comisión, como guardianes de los Tratados, son los responsables de la aplicación de la legislación de la Unión Europea bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y nosotros, este Parlamento, somos los responsables de controlar a la Comisión. El Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es muy claro: el plan tiene que cumplir once requisitos para ser evaluado positivamente y esto incluye las recomendaciones del semestre relativas a la independencia, eficiencia y calidad del sistema judicial. Y esto se ha traducido en esas tres condiciones, que no voy a mencionar porque ya se han dicho varias veces. Su obligación, como Comisión, es verificar rigurosamente la implementación de todas las condiciones recogidas en este plan, algunas de las cuales se tienen que cumplir de aquí a finales de mes. Así que, teniendo en cuenta que quedan veintitrés días, creo que el Consejo también podría esperar antes de tomar su decisión final. En cualquier caso, lo que tiene que quedar muy claro es que sin el cumplimiento de estos requisitos no se puede transferir ni un solo euro. Y concluyo con un último mensaje: los valores de la Unión Europea son la piedra angular de la Unión y, como tal, debemos mantener una posición inquebrantable. Para su defensa, disponemos del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, que no se nos puede olvidar.

Señora presidenta, señor presidente en ejercicio del Consejo, señor comisario, tengo que empezar diciendo que lamento enormemente la ausencia de la presidenta Von der Leyen en un momento tan importante para la Unión Europea. Y no lo digo porque yo sea la responsable del dosier, sino que hasta el propio Tribunal de Justicia lo ha dicho. Hoy es un gran día para la Unión Europea, para la democracia y para el Estado de Derecho. Hoy es uno de esos días que deberían quedar marcados en el calendario de los grandes avances de la Unión: esta mañana hemos conocido la sentencia del Tribunal de Justicia que nos da la razón a los que defendimos desde el principio la necesidad de contar con un mecanismo que condicionara el presupuesto europeo al respeto del Estado de Derecho. Nos da la razón a los que dijimos que la defensa de los valores comunes no podía ser solo un requisito para entrar en la Unión Europea, sino que había que demostrarlo todos y cada uno de los días. No podemos decir que exista una democracia plena cuando no hay independencia judicial, cuando se persigue al colectivo LGTBI o cuando se coarta la libertad de prensa en un Estado miembro. Esto supone un riesgo no solo para esos países, sino también para el proyecto común europeo. Llevamos años trabajando en este mecanismo y, lo que es más importante, los ciudadanos llevan años esperando a que lo activemos. La Comisión Europea, señor comisario, tiene que actuar ya y hacer cumplir la ley en todos los rincones de la Unión Europea. Es su obligación y es su responsabilidad. Y tienen todos los instrumentos necesarios para ello, incluido, desde hoy, el aval del Tribunal de Justicia. Así que no sé qué más quieren, no sé a qué esperan para actuar. Tienen que aplicar el Reglamento ya. Llevamos, al menos, catorce meses de retraso.

Señora presidenta, señor ministro, señor vicepresidente, señor comisario, aprovechamos este último Pleno para hacer un poco repaso de cómo va el Plan de Recuperación. Como se ha dicho aquí, hasta ahora se han presentado la mayoría de los planes nacionales y se han aprobado la mayoría de los programas nacionales. Llegó la prefinanciación en el verano y ahora toca firmar los acuerdos de operaciones y, sobre todo, presentar los primeros informes con los hitos y objetivos cumplidos. De momento, sólo lo ha hecho España, pero espero, de verdad, que el resto de países aceleren y los presenten cuanto antes porque eso significará que toda la fase de preparación ya habrá terminado y entraremos de lleno en la ejecución. Y para eso 2022 va a ser clave. Y también será clave porque tendremos muchos datos para poder hacer una valoración del Plan. En febrero tienen que presentar también su Informe anual y, entre otras cosas, van a tener que evaluar y cuantificar el gasto que se ha realizado por cada uno de los seis pilares y el gasto social, con un desglose relativo en materia de infancia y juventud. Saben que mi Grupo ha sido muy crítico con la selección de indicadores sociales y de género, y queremos que se mejore. Queremos ser rigurosos, necesitamos contar con las mejores herramientas y, además, si queremos ser rigurosos —y esta es mi última frase—, tenemos que respetar el Estado de Derecho. Sin respeto al Estado de Derecho no puede haber financiación ni del Plan de Recuperación ni de los presupuestos europeos.

Señor presidente, señor comisario, como bien acaba de decir, se van aprobando los planes de recuperación y va llegando la financiación a los Estados miembros. Esto es una gran noticia para todos, pero no es el caso de Hungría y de Polonia. Presentaron sus planes en mayo. Han tenido que pedir prórrogas, que, si no me equivoco, también han expirado. Así que, es evidente que nos preocupa lo que está sucediendo con estos planes, porque a nadie se le escapa que, al menos en parte, estos retrasos tienen que ver con el respeto del Estado de Derecho, y evidentemente, como responsable ponente del mecanismo de condicionalidad y del plan de recuperación, me preocupa mucho saber qué es lo que está pasando y en qué punto estamos. Porque los temas de debate son muy serios. Estamos hablando de lucha contra la corrupción, de necesidad de cambios en el sistema de contratación pública, de transparencia en la información sobre destinatarios finales y, por supuesto, de la no discriminación en el acceso a los fondos. Incluso estamos hablando de algo que parece increíble: de la aceptación de la primacía de la ley europea. Y teniendo en cuenta los antecedentes de no respeto del Estado de Derecho y la nula voluntad de estos Gobiernos de cumplir las reglas, se hace muy difícil, muy difícil pensar en una posible aprobación de los planes. Porque tal y como están las cosas, ni cumplen con algunas de las recomendaciones por país ni con el criterio número diez del Reglamento sobre la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Y, además, sería un poco contraproducente que aprobemos por un lado los planes e iniciemos trámites para sancionar con el mecanismo del Estado de Derecho a los mismos países. Ustedes no, están en fase de evaluación y no pueden decir nada, así que, al menos que sirva este debate para que este Parlamento sí que pueda decir cuál es su posición respecto a estos planes de recuperación.

Señor presidente, señor comisario, un Pleno más en el que hablamos sobre el mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos con respecto al Estado de Derecho, y la pregunta es cuándo veremos una actuación. Porque el mecanismo entró en vigor el 1 de enero y todavía no hemos visto sus frutos. Desde el primer momento fuimos muy claros y advertimos que no eran necesarias estas directrices. Acabábamos de cerrar un acuerdo y en ningún momento se nos dijo que no fuera lo suficientemente claro y, por lo tanto, no entendemos qué podemos aportar con estas directrices. Pero, en cualquier caso, y lo he dicho en varias ocasiones, el Parlamento siempre está dispuesto a trabajar con la Comisión para garantizar una aplicación rigurosa del Reglamento. Y, en este sentido, varios mensajes clave por nuestra parte. El primero de todos, y que define claramente el contexto en el que trabajamos, es que las directrices no son jurídicamente vinculantes y que, además, no pueden ni alterar, ni ampliar, ni limitar el texto del Reglamento. Segundo mensaje: la Comisión no ha cumplido el plazo que le pedimos desde el Parlamento, lo que evidentemente lamentamos, pero es que, además, no es muy comprensible, porque había tiempo de sobra para haber presentado unas orientaciones, un borrador en marzo y haber recogido las aportaciones del Parlamento y del Consejo, y habríamos llegado de sobra al 1 de junio. Tercer mensaje: queremos más información, porque está bien que la Comisión nos diga que están trabajando y que están estudiando los casos, pero necesitamos más información. Respecto a las directrices propiamente dichas, nuestro informe no hace más que reiterar, evidentemente, el Reglamento que negociamos. De hecho, el propio borrador de la Comisión se limita a retomar lo que acordamos en el Reglamento, lo que refuerza todavía más la no necesidad de hacer estas directrices. Pero, en cualquier caso, aprovechamos para repetir cuál es nuestra posición, y lo hemos estructurado en torno a cuatro apartados. Uno: vulneración de los principios del Estado de Derecho. Recordamos que se deben considerar tanto las vulneraciones individuales de los principios del Estado de Derecho como las vulneraciones sistémicas o generalizadas. Y también recordamos que, en el artículo 3 del Reglamento, hemos incluido una lista no exhaustiva sobre indicios de vulneración de los principios del Estado de Derecho, y que, por supuesto, la Comisión Europea puede y debe utilizar cualquier información disponible y proveniente de una institución reconocida. Y, además, también creemos que debemos dar la oportunidad a la sociedad civil y a las ONG para que puedan facilitar esa información a la Comisión. Segundo apartado de nuestro informe: protección del presupuesto de la Unión. Porque como instituciones somos responsables de la buena gestión financiera, es decir, de una gestión eficaz y eficiente, tal y como lo define el Reglamento Financiero. Evidentemente, hay una clara relación entre esa buena gestión financiera y el respeto al Estado de Derecho, un Estado de Derecho que debe entenderse en su relación con otros valores y principios incluidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Esto también estaba en el Reglamento. Discriminación a las minorías, ataques contra la libertad de prensa, libertad de asociación o reunión, independencia del poder judicial, correcto funcionamiento de las instituciones para combatir el fraude, la corrupción, etcétera: todo eso puede tener un impacto directo y suficiente en el presupuesto de la Unión. Una vez aclarado lo que consideramos vulneración del Estado de Derecho y el impacto que puede tener en el presupuesto, hablamos sobre las medidas, y aquí el Reglamento es clarísimo. Artículos 6 y 7: se establecen todas las etapas y un calendario preciso. Se establece que tenemos que respetar principios de objetividad, de no discriminación y de igualdad de trato, y que, además, las medidas adoptadas tienen que ser proporcionadas teniendo en cuenta la naturaleza, la duración, la gravedad. Está todo clarísimo. Y, por último, terminamos nuestra contribución con la protección de los destinatarios y beneficiarios finales. Probablemente —y aprovecho para felicitar no solo a mi coponente, sino también al resto de los grupos de esta Cámara, y para agradecer su trabajo—, la primera idea que pusimos encima de la mesa fue la protección de los beneficiarios finales. Porque el mecanismo no puede penalizar ni perjudicar a estos beneficiarios, y los Estados miembros tienen la obligación, incluida la obligación de pago, de respetar todos los acuerdos. En el acuerdo que alcanzamos con el Consejo, y evidentemente con la Comisión, a finales del año pasado, la Comisión se comprometió a establecer un sistema en el que los beneficiarios pudieran acceder a toda la información y, sobre todo, un sistema que les permitiera, si fuera necesario, denunciar irregularidades. Y, además de este sistema, espero que la Comisión también esté trabajando en cómo utilizar todas las herramientas disponibles para asegurar que los fondos van a llegar efectivamente a sus destinatarios. Así que, señor comisario, este debate es un buen momento para explicarnos cómo están trabajando en ese portal de información y de denuncias, para explicarnos, también, su punto de vista sobre esa necesidad de las directrices y de su contenido, pero yo creo que esta es la mejor ocasión para que nos cuenten exactamente qué es lo que están haciendo y para que puedan contestar a esa primera pregunta que hacía en mi intervención: ¿para cuándo las primeras actuaciones?