Sobre qué Izaskun ha hablado.

Señor presidente, señor comisario, la memoria sobre episodios de vulneración sistemática y continuada de los derechos fundamentales es la condición necesaria para reparar los daños causados, afrontar la verdad de lo sucedido y hacer justicia para no repetir errores dramáticos. Por eso es un retroceso democrático derogar las leyes de memoria que comenzaban, cuarenta años después de la muerte del dictador Franco, a recorrer el camino que falta para sanar aquellas heridas. Justificarlo recurriendo a un socorrido «y tú más» por una supuesta desmemoria sobre la acción criminal y terrorista de ETA es todavía peor. Es peligrosamente parecido a lo que hizo el candidato de Bildu a lehendakari, incapaz en esta campaña electoral de llamar a ETA banda terrorista y corruptos a quienes en el País Vasco ampararon y celebraron aquellos crímenes. Que si la trayectoria de sesenta años, que si un ciclo político, que si los GAL... En definitiva, amnesia. Inaceptable para quienes nos oponemos siempre a la violencia, a todas las vulneraciones de derechos, sea quien sea el autor. Y, presidente, me va a permitir unos segundos para despedirme de esta Cámara después de quince años agradeciendo, primero, a mi equipo, a Itxaso y a Jon todo el trabajo y el acompañamiento; a todos los compañeros de esta Cámara y también de mi Grupo RENEW; a todos los intérpretes y, sobre todo, a todos esos trabajadores que son invisibles: a los que hacen la limpieza para que nosotros estemos bien, a todos los chóferes, a todos los técnicos. Gracias a todas las personas que hacen posible que nosotros desarrollemos esta actividad.

Señor presidente, permítame dedicar hoy un recuerdo en el Parlamento Europeo al lehendakari José Antonio Ardanza Garro, fallecido esta semana, que fue un político de talla europea. Hace unas décadas, el País Vasco sufría la tragedia del terrorismo y una profunda crisis económica. Era un problema en Europa; hoy, es un modelo de éxito que debe mucho a este líder, forjado en los valores europeos y que, enfrentándose a la presión del terrorismo y la violencia, propició acuerdos entre diferentes y contribuyó al desprestigio del terrorismo y a una profunda transformación económica, acompañada de un potente modelo social en Euskadi. Goian bego, descanse en paz.

Señor presidente, señor comisario, quiero saludar la firma de este Acuerdo Marco Avanzado con la República de Chile porque moderniza nuestro actual acuerdo de asociación. Es un modelo a seguir en la arquitectura comercial y política de la Unión Europea para los próximos años porque incorpora a sus contenidos la partitura de nuestro Pacto Verde,un paso de gigante para avanzar en la extensión de nuestros estándares ambientales en todo el mundo. Conforma así el camino más seguro para que sigan abriéndose nuevas oportunidades comerciales para los exportadores agroalimentarios de la Unión Europea. Un informe publicado esta misma semana por la Comisión Europea destaca que las ventas en el exterior de este sector con estos acuerdos son entre 3 100 y 4 400 millones superiores a lo que serían sin ellos en vigor. Este texto ofrece oportunidades equivalentes a las partes que lo firman, tomando en consideración exigentes estándares sociales y ambientales. Dará acceso a las empresas de la Unión Europea a las materias primas necesarias para la transición verde y apoyará a Chile en su proceso de modernización para alcanzar sus propios objetivos en materia de energías renovables, diversificación y producción de valor añadido y alta tecnología. Ofrece garantías sobre el acceso al mercado, servicios, contratación pública, inversión y desarrollo sostenible. Se refiere expresamente a sistemas alimentarios sostenibles y ofrecen protección en el país a 216 indicaciones geográficas europeas. También es un acuerdo líder al incorporar la orientación de género en este tipo de documentos. Consciente de la historia, no olvida contemplar y proteger los derechos de las comunidades indígenas chilenas. En definitiva, si analizamos el acuerdo desde la perspectiva del comercio y el desarrollo sostenible, es el más ambicioso de los firmados hasta hoy por la Unión Europea. Si lo valoramos desde la perspectiva política, este acuerdo de asociación consolida el papel estratégico de Chile como socio de la Unión Europea en el Cono Sur de América.

Señora presidenta, señora comisaria, el deterioro de las libertades en Cuba persiste. La degradación de un sistema que constitucionalmente se declara inmutable alcanza macabros récords en materia de respeto de los derechos y libertades más fundamentales. La pobreza alcanza el 80 % de la población. Los disidentes son perseguidos, detenidos y encarcelados. La isla bate récords en población reclusa y el régimen gobernante, lejos de aprovechar las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con la Unión Europea, creo que incumple sus cláusulas más elementales. Siempre he sido partidaria de mantener ese Acuerdo contra viento y marea. Sigo pensando que es una oportunidad, pero creo que ha llegado el momento de aplicar las sanciones previstas en la legislación europea a personas como Miguel Díaz-Canel, máximo responsable del aparato represivo que persigue la disidencia. Considero inaceptable y lamentable el veto que impidió a una delegación de este Parlamento hablar sobre el terreno con gobernantes y oposición y creo que solo la transparencia y un diálogo abierto, sincero y sin exclusiones puede restaurar la confianza que necesita el Acuerdo para sobrevivir. Lamentablemente, la actitud del Gobierno cubano no alienta ninguna esperanza.

Señor presidente, señor comisario, la protección de la propiedad intelectual es un factor clave para incentivar la innovación y animar la inversión que la cataliza. Pero, en el caso de las patentes esenciales para normas, hay que extremar las precauciones para garantizar una posición equilibrada tanto para los titulares como para los ejecutores de las mismas. Nos va en ello la competitividad, no solo de los titulares de estas patentes, sino de sectores como la automoción o el futuro del internet de las cosas. Por eso compartimos plenamente todas las medidas que se proponen para añadir transparencia a este mercado y evaluaciones neutrales y objetivas, tanto sobre el carácter esencial de las patentes como sobre qué son y en qué consisten las condiciones razonables, justas y no discriminatorias en que se conceden. Compartimos, en consecuencia, el registro digital de estas patentes y el mantenimiento de una base de datos que facilite la elección de una determinada licencia a los usuarios. También las medidas propuestas para que las verificaciones de esencialidad sean objetivas y neutrales, condiciones básicas para que los procedimientos que determinen el coste de los cánones sean transparentes. Finalmente, apoyamos los procedimientos de arbitraje entre titulares de las patentes e interesados en su uso basados en la experiencia de la Oficina Europea de Patentes. Es el mejor camino para evitar procedimientos judiciales largos, complejos y costosos que afectan, básicamente, a las pymes.

Señor presidente, señor comisario, la subida del precio de la cesta de la compra vinculada a factores coyunturales, como la invasión de Ucrania, obliga, para empezar, a promover un esquema europeo que ordene ayudas progresivas para proteger a los consumidores más vulnerables, pero hay que atacar otros problemas estructurales aportando transparencia al proceso mediante el cual cada subsector ajusta su renta a las circunstancias, lo que propiciará márgenes más justos para todos. También es necesario controlar mejor las importaciones que comprometan la competencia equitativa con los productores locales. Hoy, el eslabón más débil de la cadena alimentaria son los productores. Hay que explorar todas las posibilidades que nos ofrecen tanto la ley que regula su funcionamiento como las políticas agraria y pesquera común. «Unida en la diversidad» es un eslogan que vale también para la PAC y para la PPC, que deben mejorar, simplificar y acercar a los beneficiarios la gestión y el reparto de los recursos. Impulsar la rentabilidad económica, social y ambiental de las explotaciones es más fácil con programas más simples y adaptados a realidades mucho más diversas que las que expresan hoy muchos planes nacionales.

Señor presidente, señor comisario, las grandes plataformas digitales venden audiencias agrupadas a las que dirigir, con la máxima eficacia, los mensajes publicitarios de sus clientes. Para agruparlas necesitan nuestros datos personales. Por eso, diseñan algoritmos que potencian los mensajes extremos, la polarización y la desinhibición, que lo cuentan todo sobre cada usuario. En ese terreno pantanoso, en los megatráficos basados en mentiras, nacen —además de jugosos dividendos— las corrientes de fondo que desprestigian nuestro modelo de vida y de convivencia, nuestra democracia y las políticas que nos mantienen como referente de paz, de justicia social y de progreso en el mundo. El problema está, en consecuencia, en la base, en el modelo de negocio. Por eso, esas plataformas no firman códigos de buenas prácticas y van desmantelando —o congelando— el desarrollo de los mecanismos con los que deberían controlar la difusión entre sus usuarios de los mensajes de odio, la quintaesencia de la polarización. El Reglamento de Servicios Digitales, que entrará en vigor en diez días, tiene que ser nuestra vacuna digital contra este estado de cosas. Necesitamos una apuesta tecnológica para desenmascarar y combatir, en igualdad de armas, la siniestra programación que favorece esos tráficos, y una cibereducación que denuncie este juego, genere anticuerpos contra la mentira y trabaje contra las adicciones digitales. Apostemos también por la promoción de contenidos digitales contrastados, capaces de competir con la glorificación algorítmica del disparate y que nos ayuden a reflotar y prestigiar el periodismo, la profesión que más sufre con estas reglas del juego.

Señora presidenta, quiero denunciar aquí que usted ha hecho una gestión poco transparente de los tiempos. Hay personas que llevamos todo el día aquí. Hemos pedido la palabra desde el minuto uno. Hemos escuchado responsablemente todo el debate. Nos hemos quedado aquí por respeto a esta institución. Usted ha hecho una gestión diciendo... (la presidenta retira la palabra a la oradora).

Señor presidente, la veda impuesta en el Golfo de Vizcaya para proteger a los delfines carece de un estudio de impacto. Ha evitado a los consejos consultivos e ignora las evidencias científicas. Un estudio del instituto oceanográfico de Euskadi AZTI acredita que los pingers reducen en un 90 % las capturas incidentales de estos cetáceos. No ha importado. Tampoco las recomendaciones del Consejo Internacional para la Explotación del Mar o la experiencia de barcos como el Caraba de Bermeo, con décadas de pesca y cámaras a bordo. Su patrón, Jon Lartitegi, puede demostrar que jamás han pescado un delfín. Estamos ante una clara vulneración de la PPC con efectos desastrosos para el mercado, el empleo y la libre competencia. Un ejemplo: dos barcos ondarreses, el Kaxu y el Kaxarra, invirtieron en pingers y observadores para proteger a los delfines. Sus veintidós tripulantes están hoy en un expediente de regulación de empleo. Los 170 000 kilos de merluza y gallo que podrían capturar no llegarán al mercado. Subirá el paro y se encarecerá la cesta de la compra. Y así en toda la costa, cuya flota recibirá distintas compensaciones. SOS delfines, sin duda, pero no con medidas decididas contra y no con el sector.

Señor presidente, señora comisaria, esta Directiva avanza en el principio de que nuestra Unión es un espacio compartido de libertad y seguridad. Salvará cada año muchas vidas, porque va a evitar que un conductor sancionado en un Estado miembro con la pérdida del carnet de conducir pueda circular legalmente en otro Estado porque no somos capaces de compartir esta información. La retirada del carnet tendrá efecto inmediato en todos los Estados miembros cuando se deba al exceso de velocidad, a la conducción en estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas o a cometer infracciones que acarreen muertes o lesiones corporales graves. Es una reivindicación largamente reclamada por organizaciones como STOP Accidentes. El final de este ámbito de impunidad se va a completar con otras normas que permitirán compartir datos y hacer efectivas en toda la Unión las multas de tráfico por infracciones graves. Son unas sanciones fundamentalmente económicas que han demostrado su capacidad disuasoria sobre los conductores inconscientes o con tendencias o aficiones temerarias. Estamos, en consecuencia, ante un paquete legislativo que mejorará la seguridad vial en toda la Unión, pero me alegra especialmente el impacto que tendrá en las zonas transfronterizas. Las policías de tráfico que patrullan en estas áreas dan fe de que la conducción de sus nacionales más temerarios es muy distinta en el Estado limítrofe que la que observan en el propio. Los infractores saben que esta falta de cooperación convierte sus matrículas en una patente de corso. Y generan riesgos evitables que cuestan cada año muchas vidas. Esto también es construir Europa.

Señor presidente, señor comisario, gracias por su respuesta y su posición, pero sí hay una cosa en la que discrepamos: tenemos que restablecer los mecanismos de ayuda al almacenamiento para poder abordar futuros problemas de crisis. No es suficiente con lo que tenemos. A la señora Roose le diría que este Parlamento, la Comisión de Pesca y este informe no dicen que no deban utilizarse productos vegetales; lo que estamos denunciando y diciendo es que los productos vegetales no deben tener un etiquetado fraudulento, que es lo que estamos viendo últimamente en todo el mercado europeo. Transparencia y trazabilidad para respetar los derechos de los pescadores y también de los consumidores. Y hay que acabar con un último mensaje: el sector europeo vive desde hace años una campaña de desprestigio que no se compadece ni con sus esfuerzos para su redimensionamiento ni con las innovaciones con que mejora sus técnicas de trabajo, ni tampoco con los datos que certifican que es un ejemplo de sostenibilidad. Tampoco con la evidencia de que, gracias a nuestros acuerdos con terceros países, contribuye a difundir esos valores en los mares de todo el mundo. Esta evolución del Reglamento de la OCM de la pesca es también una herramienta de primer orden para hacer frente con más transparencia, datos, control y profesionalidad a las maledicencias que insultan a los miles de profesionales que se juegan la vida en el mar para aportar componentes de alta calidad a la dieta de la Unión. Estas mejoras —más datos, más información, más certificaciones— refuerzan el contrato y la confianza que los profesionales de este sector tienen con los consumidores y permiten a estos elegir en el mercado producciones auténticamente sostenibles. Las instituciones comunitarias tienen, con este Reglamento, otro acicate para alinearse con un sector que afrontó en primera fila, y antes que muchos otros, el desafío de la triple sostenibilidad —la económica, la social y la ambiental—, y que no puede seguir aceptando ni campañas que ignoren esta trayectoria ni medidas que necesitan mucho más soporte argumental que un eslogan populista. Esta reforma de la OCM, la reforma de la PPC, el nuevo Reglamento de control son hechos, son datos objetivos que deben despejar cualquier duda sobre el qué, el cómo, el para qué y con quiénes compiten y a quiénes dan ejemplo nuestros pescadores y nuestra industria.

Señor presidente, señor comisario, en primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos la colaboración para finalizar este trabajo y decirles que la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura es una herramienta básica para contribuir a los objetivos de la política pesquera común: garantiza un suministro variado de alimentos de origen marino en condiciones de competitividad y estabilidad de mercado, fomenta la transparencia y las garantías que merecen los consumidores y constituye, además, una herramienta básica en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La última revisión de este Reglamento, adoptada con la reforma de la PPC, acabó con medidas no sostenibles para intervenir en los mercados, como la retirada o destrucción de productos para el consumo humano. Además, reforzó el papel de las organizaciones de productores, que designó como única instancia para establecer excepciones en las normas sobre competencia y acceder a los fondos europeos que financian acciones de gestión de mercados. Una primera aportación de nuestra propuesta es apostar por una mejor financiación para estas organizaciones. Otra aboga por incluir en esta revisión a las cofradías de pescadores o a las prud’homies de pêche como organizaciones de productores. La OCM facilita la gestión del mercado y debe regular las funciones de estas entidades, pero también reconocer la diversidad que las caracteriza, especialmente cuando funcionan. Los datos recogidos desde el año 2013 nos permiten, además, plantear otras mejoras. Para empezar, hay que garantizar una aplicación homogénea y armonizada de estas normas en todos los Estados miembros, teniendo en cuenta las condiciones de las regiones ultraperiféricas. Las diferencias restan confianza a los consumidores y perjudican la libre competencia en el mercado único. Tenemos que aprovechar, además, el proceso de digitalización que propicia el recién aprobado Reglamento de control de la pesca. Una modernización que permitirá mejorar, diversificar y enriquecer los datos disponibles sobre capturas, trazabilidad y garantías para los consumidores, sin añadir cargas administrativas. Con estos datos, hay que mejorar las normas sobre etiquetado e impedir la intrusión de transformados vegetales o de otra procedencia en el mercado de productos del mar. El pescado no se cultiva en tierra firme. El sector pesquero exige poner coto a ofertas que, enmascaradas con presentaciones engañosas, tratan de atribuirse cualidades dietéticas, organolépticas y de sostenibilidad de las que carecen, condiciones que solo aportan a la dieta los productos del mar. La nueva estrategia alimentaria de la Unión Europea, que, insisto, debe incorporar con más claridad los productos del mar en su título y sus contenidos, debe aprovecharse de estas mejoras para no añadir nuevos requisitos de sostenibilidad a los altos estándares que establece toda la legislación comunitaria. Finalmente, destaco las mejoras en el Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura que gestiona la Comisión para analizar la dinámica de los mercados y apoyar tanto las decisiones del sector como las políticas sobre el mismo. Profundizar y enriquecer la recogida de datos cotidiana de volúmenes, valores y precios de los productos de la pesca y de la acuicultura, desde la primera venta hasta la fase minorista, propicia el control estructural del mercado, pero, además, debe permitir reaccionar con rapidez cuando cambios drásticos producidos por factores impredecibles, como los que generaron la crisis de la COVID-19, obliguen a activar herramientas de estabilización. Termino agradeciendo a mi equipo y a todos los que han intervenido en las negociaciones de esta iniciativa su actitud positiva y constructiva y espero que propicie un amplio apoyo a este informe.

Señor presidente, quiero saludar la orientación de este informe, que subraya las aportaciones de la PPC y aboga por mejorar sus contenidos socioeconómicos y ambientales. Centrar nuestras aportaciones en seguir mejorando la gestión de las poblaciones de peces de la mano y no contra quienes viven de ellas: ese es el primer acierto. Apostar por que la PPC asuma la diversidad del sector, la integre en la definición de pesca artesanal y permita la renovación de su flota es clave para la descarbonización, para mejorar la seguridad y las condiciones de los trabajadores del sector y para hacerlo más atractivo y propiciar la renovación generacional. Coincidimos con el sector en revisar aspectos incumplibles de la actual PPC, como la obligación de desembarques. El papel lo aguanta todo y la realidad no. Un comisario de Pesca podría corregir estos errores acercando más las instituciones comunitarias al sector, integrando el mar rotundamente en la Estrategia «De la Granja a la Mesa y promoviendo normas que impidan etiquetar productos vegetales como lo que nunca serán: pescado. En definitiva, estas son sugerencias para, en su caso, corregir disfunciones de la actual política pesquera común.

Señor presidente, la marea de pélets de plástico que afecta al litoral oeste de la península Ibérica, y particularmente a Galicia, podría llevarnos a una discusión sobre la reacción local ante un accidente de este tipo. Creo que la situación compromete más a quienes más discuten sobre quién vio o cuándo avisó en vez de centrarse en colaborar para aplicar al caso las lecciones aprendidas tras la catástrofe del Prestige. En la costa vasca eso intenta la estrategia de colaboración público—privada Itxas Ertza entre la flota pesquera, las autoridades y los institutos científicos. Ese debate es local y puede contaminar el europeo, que es aquí obligatorio. Tenemos que centrarnos en prevenir y evitar nuevos vertidos. Necesitamos que la Organización Marítima Internacional califique como peligroso este material, así como impulsar a ese nivel medidas obligatorias sobre sus condiciones de transporte y su control. Desde tierra, la industria del plástico tiene la obligación de aplicar tecnología e innovación para encontrar alternativas a los pélets. A nosotros se nos abre otro reto: ya regulamos la caducidad de los plásticos de un solo uso; fijemos plazos para que esta materia se transporte en el futuro en formatos que, en caso del vertido, se puedan recoger y controlar.

Señor presidente, señor comisario, un sistema productivo solo puede competir a medio y largo plazo, ser resiliente y sólido, sostenible y viable, si provee de bienes y servicios asequibles a personas que vivan dignamente y que disfruten de las mismas oportunidades. Por eso, los empleos de calidad son el principal instrumento de inclusión social y de desarrollo humano. La revolución digital y climática que afrontamos necesita conocimiento y competencias. Por eso, consolidar la transformación hacia una economía neutra en emisiones es imposible con infraempleos, una injusticia que convive con la realidad de que el 77 % de las empresas europeas declara tener dificultades para encontrar personas cualificadas para los nuevos perfiles profesionales. Resolver esta paradoja exige impulsar una formación permanente y eficiente, predictiva, conectada con las necesidades reales de nuestro tejido productivo y centrada no solo en las competencias profesionales sino en las transversales. También una mejor gestión del talento y una apuesta por la economía social. Y una reglamentación y control que impidan los abusos que degradan hoy el mercado laboral. Estos son los cimientos de una transformación justa y de una transición justa.

Señor presidente, señora comisaria, las organizaciones criminales transnacionales que han establecido en Ecuador un nuevo punto negro del narcotráfico mundial han convertido este Estado en el más violento de la región. Las últimas crisis globales han agravado la quiebra social que padecía el país. Un caldo de cultivo ideal para que estos cárteles resulten atractivos y recluten para el delito a quienes tienen menos oportunidades. Mientras, sus dirigentes tratan de corromper las instituciones presionando a sus miembros con intolerables niveles de coacción y de violencia. Por eso hay que apoyar al Gobierno ecuatoriano en esta coyuntura. No obstante, los delitos relacionados con las drogas crecen en todo el mundo. Por eso es urgente incorporar a la agenda global una reflexión de fondo, con propuestas arriesgadas, innovadoras y democráticas frente a esta amenaza. Un nuevo modelo que debe descartar cualquier tentación liberticida.

(La oradora pronuncia unas palabras al inicio de su intervención en una lengua no oficial) .... su Presidencia ha logrado buenos acuerdos para Europa, algunos vinculados al pacto que firmamos para apoyarle en su investidura. Exigimos acabar en plazos los tramos de las redes transeuropeas que eliminan cuellos de botella críticos para la fachada atlántica. Coincidimos en mejorar el encaje de nuestro autogobierno, del Concierto vasco, el Convenio navarro o la Ertzaintza en el sistema institucional europeo; en profundizar en el modelo social para que la transición ecológica y digital no deje a nadie atrás y basarla más en la tecnología que en la ideología. Es urgente crear un PERTE regional que agilice la llegada de los fondos Next Generation al tejido productivo, e impulsar una macrorregión atlántica. Seremos exigentes con la presencia del euskera en la Unión. Apoyamos el diálogo y la negociación como solución europea para los conflictos territoriales y de identidad nacional. La diversidad, cuando se reconoce y respeta, nos une. Tratar como si fuesen delitos los actos parlamentarios que la expresan, enfrenta. La amnistía propuesta reseteará la situación en Cataluña y fortalecerá el Estado de Derecho.

Señor presidente, el régimen de Venezuela está dando estos días síntomas de querer revertir los tímidos avances realizados para acabar con la crisis política, económica y humanitaria en que está sumido el país bajo el régimen de Nicolás Maduro. El anuncio del procesamiento y la amenaza de detención que pesa sobre Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Henry Alviárez, colaboradores principales de la líder de la oposición, Corina Machado, es una mala noticia. Según todos los indicios, parece responder más a un impulso político que jurídico. Se cruza, además, con la agitación del conflicto territorial por la titularidad del territorio del Esequibo; otro clásico cuando algún régimen autoritario quiere despejar problemas de gestión y acallar voces críticas. En este caso, se trata de asociar a la oposición con las posiciones que mantiene Guyana, identificarlos con los supuestos enemigos de Venezuela y contaminar así un debate y una confrontación electoral abierta y plenamente democrática en el país. Hacemos, en consecuencia, un llamamiento a la cordura, a seguir explorando el diálogo como solución a la crisis venezolana y también para reconducir las relaciones con Guyana.

Señor presidente, la Unión Europea debe cooperar con las autoridades legítimas de Guatemala para abordar de raíz un condenable intento de golpe de Estado, que es lamentable por el intento de revocar ilegalmente la decisión de la ciudadanía que puso al frente del país a Bernardo Arévalo y Karina Herrera del Movimiento Semilla. También es vergonzoso por la forma en que se ha llevado a cabo: utilizando de manera ilegal, partidaria e ilegítima las instituciones del Estado, degradándolas y arruinando principios como la separación de poderes y la neutralidad institucional. Estas cuestiones atentan contra la calidad de la democracia en el país y los derechos fundamentales de su ciudadanía. Por eso comparto la propuesta de sancionar de manera personalizada a los responsables de esta actuación antidemocrática. Suscribo los llamamientos para seguir haciendo un seguimiento de la situación, recuperar la plena libertad de prensa y expresión, y liberar a las personas detenidas arbitrariamente. Espero del presidente Giammattei una actitud consecuente y que rechace públicamente todo tipo de maniobras para evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo, jure su cargo el 14 de enero de 2024.

Señor presidente, dedicar las más contundentes condenas a los ataques de Hamás del 7 de octubre —espoleta de la penúltima y más grave crisis que se vive en Gaza y Cisjordania en los últimos años— obliga a rechazar con la misma contundencia la ilegal respuesta de Israel para reprimirlos. Por eso, desde el Derecho, la Corte Penal Internacional debe activar, con la misma celeridad que en Ucrania, su maquinaria de investigación para depurar responsabilidades por acciones que son claramente crímenes de guerra. Por eso, desde lo político, hay que defender las Resoluciones de las Naciones Unidas y la solución de los dos Estados. Por eso, desde el plano ético y moral, debemos exigir un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes. Y defender una receta de paz y palabra para detener la escalada. Se trata de reconocer, rechazar y renunciar a la barbarie. Basta con dejar de utilizar la crueldad del otro para justificar la propia. Así se fraguó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumplió esta semana 75 años.

Señora presidenta, coincido en que la campaña de las próximas elecciones europeas debe centrarse en esta dimensión. Insistir en la propuesta del cabeza de lista es una forma de hacerlo. Plasmar valores europeos en el proceso, también. El lema de la Unión es «Unidos en la diversidad» y, por eso, el Reglamento que regula la elección de los diputados al Parlamento Europeo incluye garantías para que las minorías nacionales a las que pertenecemos cincuenta millones de ciudadanos europeos estemos representadas en este Parlamento. Yo he sido elegida en un Estado con una circunscripción única, aunque integra en su interior al menos tres nacionalidades que cumplen los requisitos que establece el Reglamento para rebajar los umbrales que se imponen para adjudicar escaños. La mejor forma de hacerlo es adaptar las circunscripciones a esa realidad. En la última Convención sobre el Futuro de Europa, la ciudadanía subrayó que la diversidad lingüística, cultural e institucional de la Unión es mucho más que la que representan sus Estados miembros. Aplicar estas garantías ayudará a cumplir esta reivindicación cívica.

Señor presidente, el terrorismo doméstico mata cada año a miles de mujeres y a cientos de sus hijos e hijas, apoyándose en la discriminación, en prejuicios grabados a fuego en muchos subconscientes. Por eso, todas y todos tenemos una primera e inaplazable responsabilidad: identificar y combatir la desigualdad; aprender y enseñar a erradicarla en la vida cotidiana; asumir que la igualdad es una pieza básica para la calidad de nuestro Estado de Derecho y obrar en consecuencia. Tenemos trabajo: combatir el abuso de poder y la dominación y los prejuicios que impulsan a los asesinos de mujeres; denunciar el consumo precoz de pornografía que ocupa el campo que deja libre la oposición hipócrita y mojigata a la educación sexual en las escuelas; apoyar la formación de policías, jueces, unidades de atención a las víctimas de la violencia de género; sumarse a las manifestaciones de condena de los crímenes machistas; rebelarse contra las leyes que recortan los derechos de las mujeres, que atentan contra nuestra salud sexual y reproductiva. En el camino hacia la igualdad, detenerse es retroceder. En la Europa de los valores, ningún Estado miembro puede dar la espalda al Convenio de Estambul.

Señor presidente, la Ley de Amnistía, que se tramita con plenas garantías, la aplicarán los jueces. Pretenden ignorarlo quienes no aceptan el resultado electoral ni la mayoría absoluta que apoya esta proposición, ni confían en el Tribunal Constitucional que la revisará. Se colocan así fuera del sistema. El 3 de octubre del año 2017, este Parlamento subrayó —criticando una actuación policial en Cataluña cubierta por esta amnistía— que las cuestiones políticas se resuelven políticamente, no a porrazos. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU o Amnistía Internacional subrayan que la persecución penal —hasta de actos parlamentarios— con que se reprimió al independentismo tiene muy discutibles fundamentos jurídicos, mucho peores que los de esta propuesta. Mi partido, EAJ-PNV, europeístas, desde siempre, apoya la amnistía porque propicia la negociación y el acuerdo, porque propone soluciones desde nuestro lema «Unida en la diversidad». Es la alternativa a su «A por ellos», una receta antidemocrática, fracasada y tan antigua que alimenta los vivas a Franco que se corean en las protestas contra esta iniciativa de paz y de palabra.

Señora presidenta, la Unión Europea no debe olvidar que el emprendimiento necesita una financiación, unas normas amables y seguras y protección frente a la morosidad y al retraso en los pagos. En esta línea, transmito dos mensajes de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas europeas que celebramos la semana pasada en Bilbao. Las personas y la tecnología son las claves de nuestra competitividad e independencia estratégica en el mundo global. Una formación profesional predictiva y más fondos para la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) son la base de nuestra soberanía industrial y productiva. La digitalización que promueve el plan de recuperación y resiliencia mejora nuestra competitividad y debe reducir las cargas administrativas y de gestión de nuestras pymes. La implantación de la plataforma OOTS (sistema técnico «solo una vez») antes de fin de año es nuestra propuesta para no repetir trámites y simplificar procedimientos.

Señor presidente, señor comisario, la viabilidad social económica y ambiental de la actividad agropecuaria y la seguridad alimentaria de la Unión dependen del relevo generacional en el sector primario. Los factores que más lo entorpecen son el acceso a las tierras, una retribución justa de la actividad, una mejora en el acceso a servicios básicos y una evolución de la imagen del sector que la asocie también a la tecnología, al conocimiento y a la innovación. Me parece decisivo reivindicar el carácter estratégico del suelo rústico y avanzar hacia medidas homogéneas en toda la Unión para añadir transparencia, mejorar los datos y regular mejor este mercado. Es importante que el relevo generacional forme parte de la estrategia europea contra la despoblación, al igual que el refuerzo de los programas de desarrollo rural y el apoyo a los jóvenes que emprenden en el sector en sus operaciones financieras. La PAC debe seguir apostando por apoyar el relevo, mejorar posiciones en la cadena de valor e introducir la dimensión de género para reconocer el papel de la potencialidad de la mujer en el sector; algo trascendental, también, para los traspasos de explotaciones. La llegada de nativos digitales es otra oportunidad para mejorar el impacto en el sector de las revoluciones tecnológica y digital.