Sobre qué María Soraya ha hablado.

Señor presidente, señora comisaria, persecución de defensores de derechos humanos, de periodistas; amenazas, detenciones y acoso a operadores judiciales… Desde 2019 en Guatemala se han ido desmantelando las instituciones creadas capaces de luchar contra la corrupción y la impunidad: lo ha señalado el alto representante, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su última sesión… Hay una clara y muy preocupante tendencia a la corrupción y a la erosión del Estado de Derecho y la independencia judicial en Guatemala. Mujeres al frente de la lucha contra la corrupción, como la jueza Erika Aifán, se han visto obligadas a huir del país; también Juan Francisco Sandoval, antiguo fiscal especial contra la Impunidad, precisamente destituido por la actual fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por corrupción por los Estados Unidos —fiscal que hoy se presenta también a la reelección—. Por eso este Parlamento no podía permanecer en silencio: lanzamos un mensaje a las autoridades guatemaltecas para que reviertan de forma inmediata esta deriva, no solo con promesas, sino con acciones y resultados.

Señora presidenta, la llegada de nuevo del régimen talibán a Afganistán ha convertido a este país en una verdadera emergencia humanitaria, pero también en una emergencia de género. Las mujeres afganas nos advirtieron que no creyéramos en sus compromisos vacíos, en las promesas de que esta vez sí respetarían los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Los talibanes de hoy son los mismos de hace veinte años y los derechos de las mujeres están siendo pisoteados en este país. El cierre de las escuelas para las niñas es solo una de las expresiones de la violación diaria de los derechos humanos de las mujeres en este país. Por eso tenemos que ser absolutamente cautos. No podemos cometer ningún error en el diálogo con este régimen que les sirva para poderse legitimar; cualquier justificación del régimen talibán es normalizar la violencia contra las mujeres. Le pido, señor alto representante, que, además de impulsar el diálogo con las mujeres afganas, celebre la primera conferencia internacional de mujeres afganas en el exilio, para poder trabajar con los millones de mujeres que están dentro de este infierno que es hoy Afganistán.

Señora presidenta, señor comisario, gracias por tener este debate, que es ciertamente oportuno. El informe del Panel Intergubernamental nos deja muy claro que el ritmo de nuestras acciones para conseguir los objetivos es incompatible con nuestras promesas climáticas. Si no cambiamos lo que estamos haciendo a corto y a largo plazo, no vamos a conseguir contener el calentamiento en 1,5 grados, sino que nos acercamos a los 3,2 grados. La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto de forma dramática nuestra dependencia energética. Una dependencia de energías de dictadores, de asesinos, como estamos viendo, de un gas que financia la guerra en Ucrania. Algunos nos dicen que debemos parar nuestra hoja de ruta. Realmente lo que debemos hacer es acelerarla, porque si no, simplemente cambiaremos el gas ruso por el gas de otros dictadores. Solamente acelerar nuestra hoja de ruta es lo que nos va a dar una solución.

Señora presidenta, señor comisario, esta ilegal y criminal invasión de Ucrania va a generar una situación de inseguridad alimentaria a miles y miles de kilómetros de la guerra. Muchos países que viven hoy ya de la ayuda alimentaria van a ver deteriorada su situación y países de renta baja que dependen en gran medida de la importación de alimentos también. En la Unión Europea nuestra situación es que somos autosuficientes en muchísimos productos. Exportamos trigo, pero dependemos de insumos como fertilizantes, plaguicidas o combustibles fósiles que han incrementado muchísimo la producción. Por eso, nuestros agricultores necesitan medidas excepcionales, flexibles, rápidas y temporales para ayudarles a producir, pero, desde luego, sin comprometer la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo, que va a evitar el deterioro de nuestros ecosistemas y de la biodiversidad y va a hacer indudablemente que la agricultura europea sea mucho más sostenible, resiliente y, desde luego, independiente.

Señora presidenta, México ha comenzado uno de los años más sangrientos para la libertad de prensa con seis periodistas asesinados (47 desde 2018), una situación estremecedora que muestra la situación de violencia que viven los periodistas en México. En este contexto, también esta violencia tiene rostro de mujer porque en el período 2010 a 2021 se han registrado más de 1 200 agresiones contra mujeres, principalmente reporteras (769 de estos casos en los últimos tres años). Esta es la situación; este es el contexto. México cuenta con un mecanismo federal de protección de defensores y periodistas que está claramente superado por la violencia. Lourdes Maldonado, recientemente asesinada, tenía protección, pero no sirvió de nada. No sirve de nada porque la impunidad es alarmante: el 95 % de los asesinatos de periodistas queda sin resolver. Y, en este contexto, no es aceptable que el gobierno cree una plataforma gubernamental aprovechada por el presidente para estigmatizar, criticar y ridiculizar a periodistas con el pretexto de luchar contra las mentiras y las noticias falsas. Esta plataforma debe eliminarse y se debe luchar contra los verdaderos enemigos de la democracia en México, que son aquellos que están asesinando impunemente a los periodistas. Sin libertad de prensa no puede haber democracia.

Señora presidenta, gracias a la ponente por el trabajo realizado en este informe. Los retos y oportunidades que tenemos por delante son de una magnitud y una urgencia sin precedentes. Por lo tanto, la urgencia de avanzar en el Pacto Verde y en este octavo programa marco es claramente urgente. Se oye alguna voz de que, ante la emergencia y las consecuencias de la guerra, deberíamos retrasar los objetivos del Pacto Verde. Nada más lejos de la realidad. Lo que debemos hacer en estos momentos es lamentar no haber puesto antes en marcha el Pacto Verde ni haber acelerado e invertido en sus compromisos. Hoy llegamos tarde. Llegamos tarde a la diversificación e independencia energética. Y llegamos tarde porque no hemos invertido a tiempo más dinero para buscar nuestra autonomía energética. Por eso hoy necesitamos actuar a corto y a largo plazo. A largo plazo necesitamos una inversión masiva en la transición energética. Comisario, hemos gastado muchísimo tiempo en hablar de la financiación de la transición climática, pero muy poco tiempo en hablar de lo que invertimos precisamente en financiar lo contrario. Y en las negociaciones de este octavo programa marco hemos hablado mucho de la necesidad de la eliminación de las subvenciones a las energías fósiles. 52 000 millones de euros nos hemos gastado en 2020 en financiar las energías fósiles de las que hoy tenemos que desprendernos inmediatamente porque el gas ruso se ha convertido en la financiación de la guerra, de la invasión terrible y criminal de nuestros hermanos, de nuestros vecinos ucranianos. 52 000 millones de euros en 2020 que nos comprometimos a eliminar en el séptimo programa marco. ¿Qué habríamos conseguido con estos 52 000 millones si hubiéramos invertido en acelerar las energías renovables, en aumentar las interconexiones entre Francia y España y el resto de Europa? ¿Qué habríamos conseguido invirtiendo en el almacenamiento de energías renovables? Por eso tenemos que avanzar en este octavo programa marco. El sol, el viento y el agua son el principal activo contra la dependencia energética. Son mucho más previsibles que las previsiones de un tirano como Putin. Tenemos que proteger nuestros ecosistemas porque son la garantía de la soberanía alimentaria y no debemos cometer los errores de incumplimiento del séptimo programa marco. Está en nuestras manos.

Señor presidente, señora comisaria, este año, el Día Internacional de la Mujer está marcado por la invasión criminal e ilegal de Ucrania y por el mayor éxodo de refugiados que hemos vivido en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Este éxodo tiene rostro de mujer. Hace apenas seis meses, nos encontrábamos con que las mujeres afganas volvían al infierno del que habían salido hace veinte años. La comunidad internacional se daba de bruces con una verdadera emergencia de género en Afganistán. Estas dos realidades nos indican la pertinencia del GAP III. La defensa de los derechos y libertades de las mujeres y su protección específica en nuestra acción exterior deben ser, sin ninguna duda, una prioridad de la Unión Europea. El objetivo del GAP III es salvaguardar todo lo que hemos conseguido desde la Declaración de Pekín: evitar los retrocesos en derechos y libertades que se están produciendo en muchos países del mundo y avanzar hacia una igualdad real. En muchos países socios, las mujeres no tienen apenas voz y, por eso, debemos dársela: deben estar en las mesas y en los procesos de paz; deben estar en las negociaciones y deben estar también presentes sus necesidades en la programación y los presupuestos de nuestros recursos financieros en política exterior. A menudo, han sido las mujeres las que han levantado la voz frente a las injusticias, las que más. Por eso, desde la Unión Europea debemos desempeñar este papel de liderazgo a nivel multilateral, con una diplomacia feminista, una diplomacia de género para levantar la voz por todas las mujeres, hoy, que están al frente en Afganistán, en Ucrania y en tantos y tantos países del mundo.

Señor presidente, ya se ha dicho: la realidad de la pena de muerte en Irán es dramática, estando a la cabeza de los países del mundo con mayores ejecuciones. Podemos decir que hombres, mujeres, niños, nadie escapa a la pena de muerte en Irán; los niños esperan a cumplir su mayoría de edad para ser ejecutados. Creo, además, que hay que vincular la pena de muerte en Irán con la situación de la justicia, de los juicios en los que son condenados. Son condenados por tribunales que carecen de independencia, de imparcialidad, con clara injerencia del Ministerio de Inteligencia. Son condenados sin derecho, tan siquiera, a un abogado de su elección. Y los abogados que les defienden son luego perseguidos, como Nasrín Sotudé. En estas condiciones, los tribunales se convierten en verdugos y la pena de muerte se convierte en ejecuciones y asesinatos. Las mujeres no escapan a esta persecución. Hay que señalar la represión en la que viven: hoy pueden ser condenadas a pena de muerte también si ejercen sus derechos sexuales y reproductivos o su derecho al aborto. Quisiera decir que la Unión Europea debe reforzar claramente este diálogo para la eliminación de la pena de muerte, dejando claro que el derecho a la vida es un derecho fundamental. No es negociable, no es una moneda de cambio en ninguna mesa de negociación. El respeto a la vida es el pilar fundamental en el que se debe sustentar cualquier diálogo internacional.

Señor presidente, la violencia y la represión bajo el régimen de Duterte es calificado de crímenes de lesa humanidad, como lo ha hecho la Corte Penal Internacional en la investigación preliminar sobre la guerra contra las drogas, en la que se habrían causado más de 20 000 asesinatos desde 2016. Bajo el Gobierno de Duterte se registraron más de 166 asesinatos de defensores medioambientales. Filipinas es el país que encabeza este triste . Ha pasado un año desde la masacre de Tumandok, en la que las Fuerzas Armadas de Filipinas entraron en las casas de nueve dirigentes indígenas y los asesinaron a sangre fría. Las familias, la sociedad, esperan justicia, pero es imposible, porque en la Filipinas de Duterte la impunidad ha sido ley, y los intentos de buscar los hechos, buscar a los culpables ha sido imposible. Duterte ha hecho gala de no cooperar con la Corte Penal Internacional. Ha convertido la obstaculización a la justicia en eslogan electoral de esta campaña. Por eso, en este contexto, es muy difícil pensar que las elecciones se realicen en un contexto de libertad. Por eso, la Unión Europea debe acompañar en estas elecciones a los observadores locales y, por eso, señora comisaria, debemos suspender el sistema de preferencias generalizadas. Debemos hacerlo ya, porque si no, la Unión Europea muestra una complacencia con esta violencia, con la represión de los derechos humanos de la población civil que hoy aquí estamos denunciando. Por eso creo que debemos suspenderlo ya, que debemos también apoyar claramente desde aquí el papel de la Corte Penal Internacional. La única garantía internacional para que dirigentes de los Estados puedan responder ante sus actos y no esconder en la alfombra de la soberanía nacional sus crímenes, como intenta hacer Duterte. (Aplausos)

Señor presidente, señora comisaria, gracias por este debate sobre el estrés hídrico, la sequía que sufre Europa, porque manifiesta de forma clara que las consecuencias del cambio climático son desiguales y asimétricas. La mayor parte de la población europea que vive bajo estrés hídrico vive en los países del sur de Europa. Concretamente, en mi país, España, veintidós millones de personas que, desde el otoño, en el que ha empezado la época hídrica, miramos al cielo porque las lluvias han disminuido un 35 % y esperamos que esta situación cambie en los próximos meses, porque, si no, España entrará en lo que podemos llamar «ciclo seco». Durante las sequías también miramos al suelo porque nuestros embalses están a un 44 % de capacidad y en la cuenca del Guadalquivir están, por ejemplo, por debajo del 28 %. Esto hace que las cosechas de secano se hayan perdido o estén muy afectadas, pero en las de la primavera la situación puede ser tremenda. Los agricultores de Jaén pueden perder el 80 % de su cosecha de olivar y, en las peores circunstancias, perderla toda. Por lo tanto, señora comisaria, sí se van a necesitar ayudas, pero no redirigir solo las que tenemos, sino ayudas adicionales. Por otra parte, quiero manifestar en esta Cámara que nosotros somos los más ambiciosos a la hora de pedir medidas para cambiar el cambio climático, porque somos los más afectados, pero queremos también planes realistas. Por eso, no es normal que en el Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra España, un país afectado por la desertificación en buena parte de su territorio, sea, después de Suecia, el país más obligado a realizar estas reducciones. Por eso les pido sensibilidad. Les pido que tengan en cuenta esta distribución asimétrica injusta de las consecuencias del cambio climático en Europa, en los países del sur, y que lo tengamos en cuenta en las medidas adicionales, pero, también, en las propuestas conjuntas para reducir las consecuencias del cambio climático.

Señor presidente, gracias, y gracias a todos por este debate y gracias también por las conclusiones del alto representante. Creo que se manifiesta que en este Parlamento hay una mayoría, un consenso, en torno a la importancia de colocar los derechos humanos y los valores en el centro de la acción de nuestra política exterior. Hay una mayoría que apuesta por más Europa, una Europa más fuerte y una Europa de los valores. Creo también que hay un mensaje claro de la parte mayoritaria de este Parlamento: los derechos humanos no tienen ideología. Los derechos humanos son universales y los derechos humanos no son un saco del que uno puede escoger aquello que se adapta a su criterio personal o a su posible instrumentación ideológica. Muchos ciudadanos del mundo nos miran y reconocen en este espacio de la Unión Europea una democracia, una democracia que es capaz de defender los derechos de sus ciudadanos pero los derechos también de los ciudadanos del mundo. Y por eso siguen este debate, siguen las sesiones de la Subcomisión de Derechos Humanos. Por eso buscan este amparo. Y esto significa que efectivamente, tenemos que estar a la altura. Por todo ello, yo creo que hoy podemos decir que nuestros mayores intereses, los intereses de la Unión Europea, están en garantizar el cumplimiento estricto de nuestros valores, tanto a nivel interno, en los Estados miembros, asegurando un principio básico, establecido en los Tratados, de coherencia y credibilidad, como a nivel de nuestra política exterior. Permítanme que acabe el debate sobre este informe recordando a todos aquellos que están sufriendo persecución, que están sufriendo represión, que se están sometiendo a juicios injustos como los de Nicaragua, como a todas las familias que están buscando también justicia por el secuestro de sus hijos, por el asesinato de sus familiares. Todos ellos tienen que saber, también, que con este informe hoy lanzamos el mensaje de que el Parlamento Europeo seguirá estando cerca de ellos. (Aplausos)

Señora presidenta, señorías, presentamos hoy este informe, que es la radiografía de dos años inéditos en la historia reciente en materia de derechos humanos y democracia. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a todas las organizaciones de la sociedad civil que han contribuido a este informe, así como a mis compañeros responsables de este informe en los distintos grupos políticos: muchísimas gracias por vuestro trabajo, vuestra colaboración y vuestro compromiso. Si 2020 fue el año de la emergencia global de la COVID-19, 2021 supuso un punto y aparte en los derechos humanos en todo el mundo: más desigualdad (alrededor de 100 millones de personas en todo el mundo han sido empujadas a la extrema pobreza); más hambre en el mundo desde 2020 (tras cinco años de haber conseguido detener el avance de esta pandemia evitable); más inequidad en el acceso a la salud (hoy la foto de la vacunación de la COVID-19 es la foto de la desigualdad. No hemos hecho suficiente para garantizar que la vacuna sea un bien público global. El acceso a la vacuna ha venido determinado por la renta de cada país); más violencia de género (una de cada tres mujeres en todo el mundo han sido objeto de violencia física); más represión; más acoso; más encarcelamientos; y más asesinatos de defensores de derechos humanos, defensores medioambientales, periodistas; más reducción del espacio de la sociedad civil; y más reducción de la calidad democrática. En 2020, por primera vez después de veinte años, las democracias iliberales, dictaduras y regímenes autoritarios pasaron a representar una mayoría en todo el mundo. 2021 ha confirmado esta tendencia. Podemos decir que la deriva autocrática se está volviendo viral. Coincidiendo con esta deriva en estos dos años, hemos visto cómo a nivel internacional se cuestiona el lenguaje de los derechos humanos, su universalidad. Países como China o Rusia encabezan un cambio de paradigma que, lejos de la protección de la soberanía nacional a la que alegan, se basa más bien en la legitimación de la ley del más fuerte, en la negación de los derechos de quien no sigue su estricta doctrina basada en la imposición y en el miedo. Esta coalición autoritaria es consciente de que es imposible cambiar el orden liberal internacional si no se debilitan previamente nuestras democracias. Por eso, apoyar el papel fundamental de la sociedad civil democrática, a la vez que trabajar con socios democráticos en la defensa de un multilateralismo activo del Derecho internacional y de los derechos humanos, ya no es solo un elemento fundamental, sino que debe ser una prioridad urgente tanto para la Unión Europea como para sus Estados miembros. La Unión Europea tiene una enorme responsabilidad y por ello en este informe hacemos una reflexión sobre nuestros instrumentos y sobre la mejora de los mismos. Debemos reforzar los diálogos de derechos humanos, que no deben ser un fin en sí mismos, sino que deben volcarse en resultados específicos. Debemos contar mucho más con la sociedad civil. La Unión Europea está a la vanguardia de tratados comerciales, de inversión y asociación, con la inclusión de cláusulas de derechos humanos. Pero debemos preguntarnos hasta qué punto podemos hablar de verdadera implementación. En este sentido, pedimos a la Comisión que estudie mecanismos sancionadores proporcionales en el marco de los acuerdos comerciales. Estamos esperando todavía una propuesta ambiciosa de diligencia debida, obligatoria por parte de la Comisión, y queremos que la Unión Europea desempeñe un papel activo en las negociaciones de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos a escala internacional, que aborde nuevos marcos reguladores para luchar contra la desinformación y controle el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos. En definitiva, queremos seguir acompañando a la sociedad civil y aumentar nuestra capacidad de denunciar todos los casos de represión de los derechos humanos. (Aplausos)

Señora presidenta, señor alto representante, efectivamente estamos ante una oportunidad de renovar nuestro compromiso con el continente africano. Estoy de acuerdo con su visión positiva: la asociación entre la Unión Europea y África necesita una renovación. El modelo donante-receptor lleva ya un tiempo caduco y debemos crear una asociación más estratégica, renovada, de igual a igual, escuchando a nuestros socios africanos franca y sinceramente, sabiendo que muchos de los desafíos que tenemos son conjuntos y que no podemos hacerles frente por separado. Nos encontramos ante un reto común sin precedentes: la pandemia de la COVID-19. Necesitamos pasar de las vacunas a la vacunación y por eso tenemos que remover todos los obstáculos que han impedido una plena vacunación en África. Seguridad, paz y seguridad. Es necesario abordar este asunto y debemos buscar acciones con una responsabilidad más compartida entre la Unión Africana y sus organizaciones regionales, sabiendo que fortalecer la institucionalidad democrática es la única forma de avanzar en la paz.

Señora presidenta, comisaria, la revolución de 2019, que terminó en Sudán con la dictadura de Omar Al-Bashir, estuvo protagonizada por las mujeres. «Las Kandaka», las llamaban. Pues la defensa por la democracia, tras el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021, está también protagonizada por mujeres, y los militares están utilizando la violencia sexual y la violación como un arma masiva de represión de la población. Solamente el pasado mes, en el contexto de las protestas, la unidad gubernamental de la lucha contra la violencia denunció el caso de nueve violaciones en manada. Una de las víctimas tenía diez años y fue violada por diez hombres vestidos de militares al lado del palacio presidencial. Por lo tanto, cualquier paso a favor del fortalecimiento del sector militar es un paso a favor del incremento de la violencia. Por eso debemos fortalecer todo el diálogo para una transición democrática liderada por la sociedad civil. Debemos estar al lado de los esfuerzos de las Naciones Unidas, debemos imponer sanciones y debemos pedir rendición de cuentas en derechos humanos. Y en esta rendición de cuentas no podemos olvidar a quienes están sufriendo la laceración, la vulneración de sus derechos, como son las mujeres en Sudán. Demasiados años de utilizar la violencia como un arma de guerra y demasiada impunidad en este país.

Señor presidente, Cuba es una de las peores dictaduras que existen hoy en América Latina, y, como decía el alto representante en esta misma tribuna, las dictaduras no tienen ideología: su única ideología es la represión y el terror. Este mes de noviembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha registrado más de mil ciento treinta acciones represivas contra activistas, periodistas, opositores, artistas y menores; así, llenando las cárceles cubanas de disidentes, de opositores, para los que hoy quiero pedir la libertad, este régimen caduco, de más de sesenta años, pierde legitimidad externa e interna, demuestra su fragilidad, porque, como recuerdan las mujeres cubanas al frente de la lucha por las libertades, la crueldad es la fuerza de los cobardes. Cuba solo tiene una salida: una transición democrática, una transición política con un diálogo inclusivo; la Unión Europea debe estar ahí, tendiendo la mano no al inmovilismo, sino a la sociedad cubana que avanza en su camino por la libertad mientras grita: «¡Patria y vida!».

Señor presidente, más de ochocientos millones de personas pasaron hambre el año pasado, pero aproximadamente tres mil millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable, el 40 % de la población. Esta cifra no hace más que aumentar. Un aumento en más de 161 millones el año pasado. ¿Por qué es así? Porque el hambre no es un problema de falta de alimentos sino un problema de falta de derechos, de derechos fundamentales de casi la mitad de la población, que se ven pisoteados. Por eso, necesitamos políticas transversales. Porque el hambre se alimenta de la pobreza y la pobreza extrema ha aumentado por primera vez en veinte años. Por eso, tenemos que estar a la altura de las promesas realizadas en la Cumbre de Kioto, en la Cumbre de Nueva York sobre los Sistemas Alimentarios y con nuestros compromisos de la Agenda 2030. El año 2021 ha sido el año de las promesas. La Unión Europea debe liderar para que 2022 sea el año de las acciones concretas.

Señor presidente, ayer Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona y Tamara Dávila, todas ellas mujeres al frente de la lucha por las libertades y la democracia en Nicaragua, cumplieron seis meses de prisión, seis meses de tortura, seis meses de acoso a sus familias. Pero hay, como se ha dicho, más de ciento setenta presos políticos en Nicaragua. No puedo citarlos todos, pero en esta Resolución lo primero que pedimos es la libertad inmediata de todos ellos. También quiero mandar un mensaje de solidaridad para las familias de tantos presos políticos, para todas las personas que, desde Nicaragua y fuera de Nicaragua, están escuchando con atención este debate, con la esperanza de que la Unión Europea pueda contribuir a una salida pronta y pacífica de esta profunda crisis. Porque, señor alto representante, como escribió Ernesto Cardenal a propósito de Somoza, también hoy «todas las noches en Managua, la Casa Presidencial se llena de sombras». Por eso, en esta Resolución decimos de forma muy clara que no reconocemos la farsa del proceso electoral del pasado 7 de noviembre y, en consecuencia, no reconocemos la legitimidad democrática de ninguna autoridad que haya surgido de las mismas. Nicaragua es una dictadura, es un Estado policial de impunidad estructural. Queremos pedir, aparte de la condena, que de forma conjunta pongamos en marcha todos los instrumentos que tenemos ahora mismo en nuestra mano. Queremos más sanciones. Sanciones a Ortega, que atajen la corrupción y el montaje de Estado patrimonialista en que ha convertido Nicaragua. Queremos que se aplique la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con Centroamérica. Queremos que se incrementen los mecanismos de protección a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas que aún resisten en Nicaragua. Queremos que se mantenga la ayuda humanitaria, pero que ninguna financiación internacional de la Unión Europea ni de sus Estados miembros llegue a manos de este régimen corrupto.

Señor presidente, una de cada diez mujeres europeas ha experimentado algún tipo de ciberviolencia desde los quince años. El 20 % ha sufrido acoso sexual cibernético y, de ellas, el 77 % también ha experimentado alguna forma de violencia sexual o física por parte de su pareja íntima. En definitiva, de esto hablamos: de violencia contra las mujeres. Una violencia que se traslada a la red. Señora comisaria: necesitamos herramientas europeas para luchar contra esta violencia. Necesitamos un marco común europeo para una definición común. Necesitamos acciones europeas y necesitamos también un marco común de prevención y asistencia a las víctimas. En una sociedad como la europea, donde más del 90 % de los hogares tiene acceso a internet, estamos viendo como esta violencia en línea afecta de manera muy directa a la población joven, que hace del mundo virtual su espacio de comunicación social normal. En España, más del 40 % de las adolescentes ha admitido haber sufrido acoso en línea. La trata de mujeres con fines de explotación sexual se ha trasladado claramente a la red. Señora comisaria: estamos hablando de violencia de género contra las mujeres y necesitamos tener datos, necesitamos coordinación entre los Estados, necesitamos colaboración con las empresas tecnológicas para poder combatirla de manera eficaz. Para ello necesitamos una directiva contra la violencia de género que tenga su base jurídica en la modificación del artículo 83 del Tratado. Porque la violencia de género tiene que ser un eurocrimen. Con esta directiva no queremos que nuestras demandas se satisfagan parcialmente: queremos que se satisfagan. Nuestra demanda es la introducción de la violencia de género en el Tratado como un eurocrimen. Es, además, un compromiso de la presidenta Von der Leyen, contraído en su discurso de investidura. Como europeos, tenemos que responder a ese compromiso.

Señora presidenta, el cambio climático es la mayor amenaza para la salud de la humanidad: las mismas decisiones insostenibles que están matando al planeta están hoy matando a las personas. Así lo señalaba la semana pasada la Organización Mundial de la Salud. También, como recientemente se ha citado, en una jornada histórica en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se aprobaba el derecho a un medio ambiente sano como un derecho internacional reconocido. Yo diría que es, quizás, el más universal de los derechos humanos porque el medio ambiente no es una abstracción, representa el espacio en el que vivimos los seres humanos y todos los seres vivos, y de él depende nuestra salud, nuestra calidad de vida y la existencia de generaciones futuras; es un derecho colectivo e intergeneracional, como ha reconocido recientemente el Tribunal Constitucional alemán: por eso, esta Cámara ya ha pedido su inclusión en el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero yo le quiero señalar que tenemos que actuar rápido, deprisa, porque la destrucción de nuestros ecosistemas es una evidencia ante nuestros ojos y no sucede solo fuera de nuestras fronteras, sucede aquí en Europa. Un ejemplo: hay ecosistemas de un valor enorme, único, como la laguna y la costa del Mar Menor, en Murcia, en mi país, que agonizan ante nuestros ojos —le pedí al comisario Sinkevičius que fuera a verlo y ha ido, se lo agradezco—. Los ciudadanos se han movilizado y están pidiendo una mayor protección para este entorno: el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor. Y lo digo como ejemplo porque creo que avanzar en el refuerzo de la protección jurídica de nuestros ecosistemas es avanzar en el reconocimiento y en el respeto del derecho a un medio ambiente sano que tienen las generaciones presentes, pero, no lo olvidemos, también las generaciones futuras: es nuestra herencia, es el mejor legado que podemos dar.

Señora presidenta, estimada comisaria, para aquellos diputados que no entienden por qué estamos hoy debatiendo esto, quisiera señalarles que la sustancia del asunto son los derechos humanos. Derechos humanos que son universales. Y los derechos de las mujeres son derechos universales. El derecho de la mujer a decidir sobre su vida, a decidir sobre su maternidad, a decidir sobre su seguridad y su propio cuerpo es un derecho humano universal. Lo que hoy debatimos es más amplio que lo que está sucediendo en Texas. Es un intento de imponer leyes restrictivas de aborto en todo el mundo. En un mundo —quiero recordarles— donde por primera vez en veinte años gobiernan más gobiernos autoritarios que democracias. Y estos gobiernos —este autoritarismo creciente— cuestionan los derechos humanos y su universalidad, cuestionan el Derecho internacional y toman como rehenes los derechos de las mujeres. Por ello, hoy celebramos que en una democracia un juez federal haya suspendido la aplicación de una ley que considera agresiva y sin precedentes en los Estados Unidos para privar a sus ciudadanas de un derecho constitucional significativo y consagrado en la Constitución. Pero, señorías, hoy hablamos de democracia, porque para defender los derechos de las mujeres tienen que existir sistemas democráticos, separación de poderes, jueces independientes, como ha sucedido en los Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede donde no hay estas garantías? Por eso este mensaje también tiene que ser claro para los países europeos que están intentando reducir el derecho a la libertad sexual y a la autodeterminación de las mujeres... (la presidenta retira la palabra a la oradora).

Señora presidenta, consumidores, pequeñas y medianas empresas y autónomos están viendo cómo la factura de la luz descontrolada pone en riesgo la viabilidad de sus economías y de sus empresas. No es el momento del tacticismo político. El Pacto Verde no es la causa de esta situación dramática. Más bien al contrario, estamos hoy pagando el precio de no haber actuado antes para descarbonizar nuestra economía y para incrementar las renovables, las tecnologías limpias, el hidrógeno verde, única manera de acabar con nuestra dependencia gasística. La Comisión tiene un gran reto, pero los Estados miembros también deben incrementar sus interconexiones. Deben reformar el sistema de la fiscalidad energética para que los consumidores no paguen doblemente y deben actuar con rigor para evitar especulaciones y los beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas, así como adoptar medidas sociales como el bono social eléctrico para ayudar a los más vulnerables.

Señora presidenta, estamos debatiendo una resolución de urgencia porque, después de las protestas históricas del 11 de julio de 2021, según las ONG, más de 5 000 personas fueron detenidas de forma arbitraria y, a 21 de septiembre, 1 306 personas siguen estando desaparecidas o detenidas, entre ellas 27 menores, y porque el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas ha abierto un expediente de urgencia para investigar 187 desapariciones forzadas. De esto estamos hablando y debemos hablar hoy. Pese a la narrativa única del bloqueo, la sociedad cubana nos está diciendo que no se pueden esconder más sesenta años de violaciones de derechos fundamentales y libertades del pueblo cubano. Por eso, sinceramente y honestamente, no entiendo por qué una parte de esta Cámara presenta una Resolución en la que se pide la inmediata liberación de los presos y no hay una sola condena del régimen del Gobierno de Díaz-Canel, que les ha detenido y metido en prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los presos cubanos merecen, de esta Cámara, al menos una condena de sus carceleros. El Parlamento Europeo —y en esta Resolución lo pedimos— quiere estar en Cuba. Por eso pedimos una misión oficial para estar allí. El Acuerdo de diálogo nos lo permite. Queremos ser los ojos de Europa en la isla. Queremos mantener este Acuerdo, pero no cualquier acuerdo. Queremos estar allí. Queremos monitorear. Queremos que la sociedad civil esté presente. No la sociedad que el Gobierno cubano nos... (la presidenta retira la palabra a la oradora).

–Señora presidenta, señor alto representante, efectivamente, tenemos que sacar lecciones de este despropósito de retirada y de errores cometidos durante veinte años, pero, sobre todo, también del seguidismo de la Unión Europea de la política estadounidense. Necesitamos una política exterior común, autonomía estratégica. Si no hacemos política exterior, otros la harán por nosotros. Rusia y China están dispuestas. Pero ahora, sobre todo, necesitamos no cometer más errores con el pueblo afgano. Necesitamos cumplir nuestra palabra y evacuar a todos los colaboradores de la comunidad internacional, especialmente a las mujeres, buscadas casa por casa. Necesitamos y exigimos corredores seguros para que todos los que quieran abandonar el país puedan hacerlo con visados humanitarios y, sobre todo, hemos de repartir ayuda internamente, porque los desplazados internos se cuentan por miles. Este debe ser el único diálogo operacional y estratégico con este Gobierno formado por terroristas buscados por la comunidad internacional. Señor alto representante, Negar Masumi, mujer, policía afgana, embarazada de ocho meses, asesinada este fin de semana en su casa por el Gobierno talibán: este es el diálogo de los derechos humanos que entiende este Gobierno. No podemos reconocerles ni blanquearles.

Señor presidente, efectivamente, este verano se ha publicado un nuevo informe de los expertos del cambio climático, que acumula evidencias científicas. Pero también, lamentablemente, hemos sufrido catástrofes naturales que ya no suceden lejos de nuestros hogares, sino en nuestros hogares: inundaciones en Alemania, en Bélgica, incendios terribles de tercera generación en mi país. Por lo tanto, no cabe otra opción, no hay «plan B»: tenemos que actuar para descarbonizar nuestra sociedad, nuestra economía. En ese sentido, este paquete que nos presenta la Comisión es un buen paquete, es una buena guía. Pero quiero reiterar: no podemos permitir que el coste de esta transición ecológica recaiga sobre el consumidor final y sobre los más pobres, los trabajadores, porque, además, están pagando una doble factura —la factura de nuestra incapacidad política por no haber actuado antes está también presente en esas tarifas eléctricas inasumibles para los más vulnerables— y no pueden pagar el coste de una transición ecológica necesaria. Por eso, el cambio social para el clima es fundamental, señor comisario.

Señora presidenta, señor comisario, en primer lugar, quiero agradecer el trabajo de la ponente y la excelente colaboración que ha tenido con todos los responsables de este importante proyecto sobre el programa marco de medio ambiente. Durante más de cuarenta años los programas marco han guiado la política ambiental de la Unión Europea, pero este octavo programa marco es diferente, porque asume los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo y, por lo tanto, su continuidad, también, después de 2024. Este programa marco asume que la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación y prácticas insostenibles como los subsidios perjudiciales para la naturaleza están poniendo en peligro las generaciones actuales y las futuras. Y por eso, tenemos que actuar, y actuar rápidamente. Es verdad, comisario, que con cautela, pero también con mucha eficacia. Porque este programa marco, por ejemplo, refuerza compromisos pasados y fracasados, como poner fecha a la eliminación de todos los subsidios directos e indirectos perjudiciales para la naturaleza. Pero quiero recordarle que el séptimo programa marco ponía la fecha de 2020. Poner fecha no es garantía de éxito. Por lo tanto, actuemos de forma diligente. Este informe refuerza la interconexión entre las políticas de medio ambiente y las políticas de salud y clima. No hay ciudadanos sanos en un planeta enfermo, no hay economía sana en un planeta enfermo. La naturaleza aporta más de la mitad del PIB mundial. Por lo tanto, tendemos la mano para poder trabajar y fortalecer este texto.