Sobre qué Estrella ha hablado.

Señor presidente, en las últimas décadas las políticas de austeridad, impulsadas por la derecha, han erosionado el modelo social europeo. La desregulación de los mercados laborales, la reducción de las pensiones y los salarios, así como la facilitación de despidos injustos, no solo ha hecho mella en la calidad del empleo, sino también en la calidad de vida de las personas. A la derecha, aquí ausentes hoy mayoritariamente, a pesar de haber pedido este debate, le digo: entienda de una vez que progreso económico significa invertir en la dimensión social para asegurar unas transiciones verde y digital justas. Frente a las fuerzas conservadoras de la derecha, que conciben la economía social de mercado de una manera liberal, apoyando la libre competencia del mercado incluso a expensas de la igualdad de oportunidades, los derechos laborales y la justicia social; desde el Grupo Socialista, vamos a seguir trabajando por una Europa que invierta en los sistemas públicos de protección social, garantice un salario decente, unas condiciones de trabajo justas y erradique la pobreza laboral. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a unas buenas condiciones laborales para preservar su salud mental y llevar una vida digna y plena.

Señor presidente, quiero enfatizar una vez más, como han hecho muchos de mis compañeros y mis compañeras, la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los asistentes. Es verdad que, recientemente, se han conseguido introducir avances importantes, que equiparan sus condiciones laborales a los del resto del personal. No obstante, persisten ciertas injusticias en sus contratos, como se ha señalado ya, como la terminación inminente por cesación del eurodiputado. Esto se traduce en una inestabilidad latente y una incoherencia en cuanto al margen de preaviso. Esta institución debe dar ejemplo, ofreciendo igualdad de derechos y calidad en el empleo. No olvidemos que los asistentes son personal contratado por esta institución y realizan tareas clave para el buen funcionamiento de este engranaje parlamentario. Debemos tomar responsabilidad y garantizar que cuenten con mayor estabilidad laboral y unas condiciones justas e igualitarias.

Señor presidente, señor comisario, a la vista de las transiciones verdes y digitales que está experimentando el mercado laboral, la responsabilidad social debe ser una prioridad fundamental para asegurar condiciones laborales justas y dignas y para ser coherentes con el nuevo plan de economía social. La Administración pública no puede ser la excepción. Algunos grupos políticos argumentan que la eficiencia y la eficacia deben ser los únicos criterios que considerar al adjudicar contratos públicos. Desde mi grupo político, sin embargo, creemos que la eficiencia y la equidad no son conceptos mutuamente excluyentes. La condicionalidad social en la adjudicación de contratos públicos garantiza la creación de empleo digno, el respeto a los derechos laborales y la inclusión de sectores desfavorecidos. Es necesaria, por tanto, la revisión de la Directiva sobre contratación pública actual para dar mayor seguridad jurídica a los criterios sociales en la adjudicación de contratos públicos. Esta cláusula puede funcionar como un instrumento eficaz, tal y como ya se ha señalado, para aumentar la cobertura de la negociación colectiva de acuerdo con la Directiva europea sobre salarios mínimos. ¿Considera la Comisión, por lo tanto, una revisión de la actual Directiva? ¿Prevé reforzar aún más la cláusula social de la Directiva para garantizar su cumplimiento? Es verdad que se han hecho cosas, pero necesitamos cosas más eficaces.

Señor presidente, señor comisario, señor secretario de Estado, se han señalado ya muchas de las dificultades que las personas jóvenes tienen a la hora de desarrollar una vida independiente y digna. Yo me voy a centrar solo en una de ellas, que es el acceso a la vivienda, porque este Parlamento ya lanzó numerosas propuestas que la Comisión Europea no ha atendido. En el informe aprobado hace ya más de dos años, pedimos, entre otras cosas, una estrategia integrada de vivienda social pública y asequible, medidas para el acceso a la vivienda de las personas jóvenes a través de la Garantía Juvenil, o la reevaluación del umbral de referencia para la tasa de sobrecoste de la vivienda (el actual 40 % no refleja la realidad). Otras propuestas de mi grupo socialdemócrata fueron rechazadas por los grupos de derecha: la prohibición de los desahucios, el control de los precios de alquiler o medidas para luchar contra la especulación inmobiliaria. Por lo tanto, hay mucho camino por recorrer. La Comisión Europea tiene un amplio margen de competencias para apoyar ciertas reformas, especialmente la definición de los servicios de interés económico general, para apostar por un modelo universalista de vivienda social, que se implemente de tal manera que evite la segregación de las personas más jóvenes y les garantice una calidad de vida decente y digna.

Señor presidente, señor comisario, legislar el derecho a la desconexión no está ligado únicamente a un cambio de paradigma laboral, sino a la protección de la salud mental de trabajadores y trabajadoras. El control, el aumento de la carga de trabajo y el aislamiento, así como una larga lista de riesgos psicosociales que se originan por una falta de desconexión, socavan nuestro estado de bienestar, haciendo mella en los sistemas de seguridad social y originando costes no solo para los trabajadores y su salud, sino también para los empleadores. Durante este mandato, desde el Parlamento no solo hemos defendido la necesidad de regular el derecho a la desconexión y el teletrabajo, sino que hemos aprobado informes —como el de salud mental en entornos digitales— donde exigíamos legislación para proteger a los trabajadores en un mercado laboral digital, pidiendo y lanzando nuevas iniciativas vinculadas para regular la inteligencia artificial en el contexto laboral y una Directiva para prevenir los riesgos psicosociales laborales. Señor comisario, empiece, al menos, por el derecho a la desconexión y, por favor, presente una propuesta antes de que acabe la legislatura. No olvidemos que las tecnologías nacen para impulsar el progreso y no para aumentar las desigualdades y contribuir a la precariedad laboral.

Señora presidenta, señor Comisario, la salud mental ha sido repetidamente motivo de análisis y debate en esta Cámara en los últimos años y, especialmente, el incremento de enfermedades mentales debido a la precariedad y a la digitalización del contexto laboral. Este Parlamento ya hizo un llamamiento a la Comisión hace año y medio, en el Informe sobre salud mental en un mundo laboral digital, sobre la necesidad de establecer legislación comunitaria para abordar esta pandemia. Existe una gran variabilidad en la legislación nacional por parte de los Estados miembros, y no siempre funciona bien. La Comisión Europea tiene la obligación de armonizarla y mejorarla. Más allá de impulsar una directiva europea para la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, que consideramos necesaria, hay otros textos legislativos que deben ver la luz también para atajar esta problemática. En concreto, medidas para la regulación de la inteligencia artificial en los lugares de trabajo o una directiva para el reconocimiento de enfermedades mentales ocupacionales. Para finalizar, decir que estoy segura que en lo relativo a la salud mental existe voluntad de acción por parte de las instituciones europeas. Hace apenas quince días, y como prioridad bajo Presidencia española, el Consejo EPSCO invitaba a la Comisión a reflexionar sobre una política adecuada para abordar los riesgos psicosociales en el trabajo. La Comisión, por su parte, ya lanzó en junio una comunicación sobre un enfoque global de la salud mental en la que se compromete a presentar una iniciativa a nivel de la Unión Europea a medio plazo, aunque sin señalar ninguna medida legislativa concreta. Por eso no nos queda más remedio que preguntar de nuevo a la Comisión a qué espera para ir más allá y promover leyes que regulen, por supuesto, el teletrabajo y el derecho a la desconexión de no llegarse a acuerdos entre los agentes sociales. Pero también las otras medidas legislativas que hemos pedido desde el Parlamento. Ello permitiría garantizar que todos los trabajadores de la Unión Europea tengan asegurado el derecho —reconocido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por el Pilar Europeo de Derechos Sociales— a la protección de su salud y seguridad en el trabajo. También la salud mental.

Señor presidente, señor comisario, señora ministra, señorías, dos años después de la Cumbre Social de Oporto, nos encontramos ante nuevos retos, pero frente a un mismo debate: ¿cómo construir una Europa más social? Y es que aún tenemos mucho trabajo por delante si queremos vivir en una Europa donde las personas puedan permitirse una vivienda decente y pagar las facturas, una Europa en la que se reduzca la pobreza y se potencie el acceso a un mercado de trabajo de calidad. De nuevo en Oporto se abre otra oportunidad para marcar nuevos objetivos y diseñar mecanismos, que deben ser vinculantes, para combatir todo este desafío. Porque para promover la inclusión y combatir la pobreza, garantizar el bienestar de las personas y crear unos espacios de trabajo seguros y con buenas condiciones, hace falta legislación. La creación de una directiva sobre rentas mínimas adecuadas en Europa debe ser una prioridad en esta nueva agenda de Oporto, para cumplir con los compromisos de reducción de pobreza ya fijados en la pasada Cumbre, además de ayudar a grupos vulnerables a acceder a un buen trabajo. Y, por otro lado, si los salarios y las condiciones laborales deben estar en la lista de prioridades, esto incluye la salud y, en concreto, la salud mental. Mucho hemos debatido ya en esta Cámara acerca de la necesidad de regular el teletrabajo, garantizar el derecho a la desconexión y frenar el control masivo y la vigilancia de los trabajadores mediante un mal uso de la inteligencia artificial. Todos estos factores, fruto de la digitalización, incrementan los riesgos psicosociales y tienen un impacto negativo en la salud mental de trabajadores y trabajadoras. Esta nueva hoja de ruta en Oporto puede cubrir los vacíos legales y abogar también por directivas para prevenir los riesgos psicosociales en el terreno laboral y regular la gestión algorítmica y el uso de la inteligencia artificial en los lugares de trabajo. En definitiva, tenemos tarea pendiente para garantizar que lo social sea el principio rector de toda política y que guíe cualquier transición, ya sea verde o digital.

– Señor presidente, señor comisario, señora ministra, señorías, es nuestro deber impulsar mecanismos que luchen contra las desigualdades sociales y ayuden a las personas en situación de vulnerabilidad. Los sistemas de renta mínima son un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y la exclusión, además de garantizar la integración y el acceso al mercado de trabajo, siempre y cuando sean adecuados y estén bien diseñados. Este no es el caso a día de hoy. Además de las grandes diferencias existentes entre los esquemas de renta mínima de los diferentes Estados miembros, muchos los sitúan por debajo del umbral nacional de pobreza. Es evidente que los actuales esquemas nacionales no han dado lugar a una suficiente convergencia al alza ni a una reducción significativa de la pobreza. Por ello, como socialista, considero imprescindible una directiva europea que garantice que ninguna persona en la Unión Europea tenga unos ingresos económicos por debajo del umbral nacional de riesgo de pobreza o exclusión social y que asegure su integración en el mercado laboral. Esta directiva es imprescindible para cumplir con el objetivo fijado en la Cumbre Social de Oporto de reducir el número de personas que viven en la pobreza o exclusión social en la Unión Europea en, al menos, quince millones para 2030. Por eso, desde este Parlamento pedimos también que se evalúe la situación de la pobreza en la Unión Europea en el período previo a ese objetivo de Oporto, y no en 2032, como propone la Comisión en su Recomendación. En definitiva, son tiempos de impulsar medidas vinculantes e invertir en lo social para avanzar hacia una sociedad más justa y un progreso real e inclusivo.

Señora presidenta, señor Schmit, señora Roswall, señorías, estamos en una legislatura que aborda retos sin precedentes, promoviendo iniciativas que deben poner rumbo hacia un nuevo modelo europeo que consolide la estabilidad económica, el progreso y la inclusión. No es fácil, ustedes lo saben. Por eso nosotros, políticos europeos, debemos aportar perseverancia e ilusión, porque es con ilusión y trabajo como se cambian los paradigmas. La situación actual lo requiere y la urgencia de actuación es más que evidente. El propio Informe Conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo, relativo a la orientación de las políticas sociales y de empleo en el año 2023, reconoce que los salarios mínimos disminuyeron en todos los Estados miembros menos en cuatro. La pobreza laboral en la Unión Europea no ha disminuido en la última década. La tasa de sobrecoste de la vivienda sigue estando por encima del 40 % para más del 8 % de la población, y apenas se ha avanzado en la reducción del sinhogarismo. Por otro lado, las ayudas sociales, como los esquemas de renta mínima, no alcanzan el nivel de adecuación necesario en la mayoría de los Estados miembros. Y no lo harán si no se aprueban medidas vinculantes al respecto, como una directiva sobre renta mínima. Compañeras y compañeros, este Semestre Europeo debe apostar por una Europa de bienestar y de oportunidades. Debe contar con nuevos instrumentos de gobernanza e inversión basados en la justicia social para superar cualquier desequilibrio socioeconómico subyacente y avanzar hacia un crecimiento sostenible e inclusivo y unas transiciones ecológica y digital justas. Un Semestre Europeo que luche contra el fraude y la evasión fiscales, apueste por crear puestos de trabajo estables y de calidad, contribuya a reducir las desigualdades sociales y la brecha entre hombres y mujeres, y refuerce los salarios y las pensiones. En definitiva —como señalaba antes— un Semestre Europeo ecosocial que proteja a las personas.

Señora presidenta, señor comisario, señora presidenta en ejercicio del Consejo, navegamos por una transición. Nuestra nave debe tener un timón social para llegar a buen puerto. El Semestre Europeo que defendemos este año desde el Parlamento Europeo pone toda su fuerza en garantizar que los objetivos de crecimiento económico vayan ligados a una transformación socioecológica e inclusiva de nuestras economías, considerando todas las transiciones al mismo nivel y evitando los desequilibrios sociales, económicos y medioambientales mediante la lucha contra la pobreza, la reducción de las desigualdades y la creación de puestos de trabajo dignos, con salarios y condiciones decentes. Por ello, y también como prioridad, el Semestre Europeo de este año, reconoce la necesidad de mejorar el marco de gobernanza actual. Los objetivos de crecimiento económico deben estar en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el pilar europeo de derechos sociales. Y la arquitectura de gobernanza europea debe basarse en la solidaridad, la convergencia social al alza, la integración y la inversión en servicios públicos de calidad. Las normas presupuestarias europeas tienen un papel fundamental para este fin y por ello destacamos que deben facilitar la inversión pública y la financiación necesaria para conseguir la transición hacia una economía justa con la naturaleza, pero también justa con las personas y los territorios. En esta línea, y en previsión de la desactivación de la cláusula de salvaguardia, los Estados miembros van a necesitar mayor flexibilidad y la exclusión de las inversiones sociales del cálculo del déficit excesivo. Con ello, los Estados miembros más endeudados podrían adoptar sendas de ajuste individual más flexibles que les permitan tener un margen presupuestario suficiente para llevar a cabo las inversiones y reformas necesarias para unas transiciones ecológica y digital socialmente justas. La consolidación presupuestaria sólo será sostenible si el impacto distributivo de los gastos reasignados o los cambios en los ingresos está bien calibrado y contribuye a reducir las desigualdades socioeconómicas. El Semestre Europeo, como principal instrumento de coordinación de políticas con el que contamos, tiene que permitir a los Estados miembros hacer frente a las crisis y prevenir futuros choques, pero no solo económicos, sino también sociales. Por ello, el informe de este año también contempla la creación de un marco de convergencia social como sistema de vigilancia de los posibles riesgos para la convergencia social al alza y que detecte potenciales consecuencias negativas de otras políticas para la implementación del pilar social. Este marco de convergencia incluiría también objetivos sociales concretos que alcanzar. Desarrollar instrumentos que autorregulen las fluctuaciones del mercado y garanticen la sostenibilidad y supervivencia de nuestro sistema de bienestar social es uno de los puntos centrales de este Semestre. Medidas, por ejemplo, que contribuyan a frenar la volatilidad de los precios energéticos. Por ello, necesitamos herramientas para abordar el impacto desigual del cambio climático y la degradación del medio ambiente en los diferentes grupos de ingresos, así como las consecuencias sociales de la transformación de nuestras sociedades hacia la neutralidad climática. Un fondo social del clima puede ser el inicio de un mecanismo que siente las bases de esquemas de protección social ecológica a escala nacional, con el apoyo de la Unión Europea para reforzar la resiliencia social frente a los cambios climáticos y la degradación medioambiental. Asimismo, en lo que respecta a fondos, el informe contempla como novedad un fondo de soberanía con el fin de garantizar, entre otras cosas, que todos los Estados miembros dispongan de flexibilidad para hacer frente a los retos sociales, climáticos y medioambientales. Además, se considera que cualquier futura iniciativa de financiación de la Unión Europea debe integrar la justicia social como principio rector. En definitiva, un Semestre ecosocial que proteja a las personas.

Señora presidenta, señor comisario, mientras hoy debatimos acerca de qué medidas deben abordarse para frenar la tendencia inflacionista al alza, no hay palabras que puedan paliar el sufrimiento de muchas personas y familias que deben elegir si pagar el gas, la luz o el comer. No hay tiempo para más palabras. Nuestra reflexión debe transformarse en urgente actuación. Necesitamos mecanismos permanentes y vinculantes que autorregulen las fluctuaciones del mercado y garanticen la sostenibilidad y supervivencia de nuestro sistema de bienestar social. Debemos introducir un procedimiento de vigilancia y corrección de los desequilibrios sociales en los Estados miembros en el marco de la revisión de las reglas fiscales; combatir el sinhogarismo y capar el alto precio de los costes en la vivienda; implantar medidas que aseguren empleos estables y de calidad; y convertir el SURE en mecanismo permanente. Y necesitamos una directiva sobre rentas mínimas que ayude a millones de europeos a llevar una vida decente, a salir de situaciones de pobreza. Porque esta es la clave del modelo social europeo que debemos defender.

Hace ahora un año, en una reunión conjunta de las Comisiones EMPL y ECON, aquí en el Parlamento, les decía que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no tiene ni la estructura ni la flexibilidad necesaria para hacer frente a la crisis. En aquel momento hablábamos de la crisis económica y social de la pandemia. Ahora tenemos que añadir la de la guerra. Creo que es el momento realmente de avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza que ponga los derechos sociales al mismo nivel que los económicos y los medioambientales. Se ha insistido aquí —desde la mayoría de los grupos políticos— y se ha preguntado sobre la regla de oro. Es verdad que necesitamos avanzar —y ustedes lo han planteado— poco a poco y de una forma individualizada para cada Estado miembro. Pero tenemos que llegar a ese punto de no retorno. No podemos ralentizar el proceso de una transición temporal y medidas temporales para volver al mismo punto de atrás.

Señor presidente, señora comisaria, señor presidente en ejercicio del Consejo, aunque las crisis económicas e incluso los conflictos bélicos son letales para la humanidad, siempre constituyen oportunidades para las políticas públicas y para nuestras instituciones europeas. Es el momento de cuidar de nuestra salud, de la salud mental de la ciudadanía europea. El informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa incluyó la necesidad de una estrategia europea de salud mental a largo plazo. Y en mi Grupo —el Grupo S&D— llevamos tiempo pidiéndola: una estrategia que incluya la salud mental en todas las políticas —las educativas, las medioambientales, las de empleo— y, por supuesto, que garantice un acceso universal a servicios de salud mental de calidad. Una estrategia europea que incluya no solo recomendaciones a los Estados miembros, sino que legisle allá donde es posible legislar, como, por ejemplo, en la salud y la seguridad laboral. Este Parlamento ya lo ha pedido: necesitamos una directiva sobre riesgos psicosociales en el trabajo, el reconocimiento de determinados trastornos mentales como enfermedades ocupacionales, la regulación, por supuesto, del teletrabajo y el derecho a la desconexión y una directiva sobre la aplicación de la inteligencia artificial al contexto laboral. Por lo tanto, podemos y debemos hacer mucho más.

Señora presidenta, señora comisaria, señorías, no podemos seguir cerrando los ojos ante el hecho de que algunas comunidades gitanas siguen marginadas y viven en la más extrema pobreza y exclusión social. Su situación se agravará como consecuencia del aumento de la inflación y los precios de la energía, que van a afectar especialmente a las personas más vulnerables. Necesitamos ya un plan de acción europeo para erradicar los asentamientos romaníes, que no solo carecen de viviendas dignas, sino que, además, no ofrecen acceso a servicios básicos, sanitarios, de salud ni de educación, por no hablar de empleo, inclusión social o, incluso, de los riesgos ambientales para la salud presentes en dichos asentamientos. Es necesaria una acción coordinada a escala de la Unión Europea, en estrecha cooperación con las autoridades locales y regionales. Los esfuerzos realizados hasta la fecha por parte de los Estados miembros no son suficientes. Muchas veces los fondos europeos no se utilizan para erradicar la pobreza y la exclusión social de la comunidad gitana debido a la falta de voluntad política, a barreras administrativas o incluso a la discriminación indirecta, estructural o intersectorial. La Comisión y el Consejo deben adoptar una postura más activa. Debemos hacer todo lo posible para evitar la violación de la legislación europea, los valores fundacionales de la Unión y los derechos de las personas. Por ello, mi grupo ha pedido que se establezca un mecanismo de alerta temprana para informar de los riesgos de abuso o uso indebido de los fondos de la Unión Europea destinados a abordar la situación de los gitanos en asentamientos marginales. Por otro lado, y con esto finalizo, la erradicación de la situación de privación en que viven muchas comunidades gitanas se debe enmarcar en una estrategia antipobreza que mi grupo demanda con urgencia, con una inversión adecuada para combatir y erradicar la pobreza de manera efectiva a través de la implementación urgente de la Directiva de salarios mínimos, el aumento del presupuesto para la Garantía Infantil Europea, la intensificación de los esfuerzos en planes de rentas mínimas y el apoyo de la Unión Europea para una vivienda adecuada.

Señor presidente, señor comisario, desgraciadamente hemos tenido que pasar una crisis sanitaria sin precedentes para darnos cuenta de una problemática que llevaba tiempo gestándose en Europa. Otro tipo de pandemia, más silenciosa, que afecta a la salud mental de las personas, especialmente a colectivos más vulnerables, como mujeres y jóvenes, y que está directamente relacionada con la precariedad en el trabajo, la inestabilidad laboral y la digitalización. Y es que, cuando hablamos de transición digital, tenemos también que hablar de las consecuencias que tienen un mal uso de los sistemas de inteligencia artificial y la automatización sobre la salud y la seguridad de los trabajadores, incluida su salud mental. El control y la vigilancia masivos, el incremento de las horas trabajadas, la falta de claridad y transparencia en las relaciones laborales, la ausencia de separación entre la vida profesional y la vida privada o la clara violación de los derechos de privacidad son solo algunos de los ejemplos que incrementan los riesgos psicosociales y repercuten negativamente en la salud mental de los trabajadores y trabajadoras, pero también en la sociedad en general, debido al alto coste de gasto público que ocasionan y a un incremento del riesgo de exclusión social y pobreza a medio plazo. Es para estos riesgos psicosociales para cuya prevención y manejo llevamos ya tiempo exigiendo una directiva, así como el reconocimiento de que determinados trastornos mentales, como la ansiedad, la depresión y el burnout, están asociados a condiciones laborales y deben ser reconocidos como enfermedades ocupacionales. Es el momento de actuar. Estoy segura, señor comisario, de que comparte la opinión de que es necesario legislar y garantizar que el empleador asuma la responsabilidad que le corresponde en la protección de la salud mental de los trabajadores. El acuerdo alcanzado la semana pasada sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión es un paso adelante. Esperamos que los firmantes estén a la altura y que encontremos próximamente nuevos marcos regulatorios sobre la inteligencia artificial en los lugares de trabajo y sobre la prevención y el manejo de los riesgos psicosociales.

Señor presidente, señora comisaria, el pueblo romaní —«gitanos» en mi país, España— es una de las comunidades más desfavorecidas en Europa. Su acceso a los servicios públicos de vivienda y educación es muy limitado y hay una clara y perniciosa interrelación entre ambos déficits. Un niño que vive en una casa sobreocupada y en condiciones de pobreza necesitará 4,5 generaciones para llegar a alcanzar el nivel medio de ingresos de su contexto. Este problema de falta de ascensor social es mucho más grave en el caso de los niños gitanos, porque el 85 % de ellos está en riesgo de pobreza, frente al 24 % del resto de niños europeos. Y el abandono escolar es muy elevado en esta comunidad. En España, por ejemplo, el 80 % del alumnado gitano abandona los estudios. Es evidente que el entorno miserable de asentamientos e infraviviendas desincentiva la participación escolar. Por eso hay que empezar desde abajo, por los niños, garantizándoles el acceso a una vivienda digna, que es una condición necesaria para la promoción e integración social de cualquier persona. Es necesario dar respuesta a la situación de desigualdad y discriminación en el acceso a la vivienda que la comunidad gitana vive respecto al resto de la población. Este Parlamento ya lo dejó claro el año pasado, cuando aprobó el informe sobre vivienda. Hay que garantizar el acceso a una vivienda digna, propiciando una urbanización inclusiva y sostenible, involucrando a los romaníes en todas las etapas de planificación. También hay que asegurar el acceso a unos servicios básicos de agua y saneamiento en los asentamientos existentes. El Marco estratégico de la Unión Europea para los romaníes establece una serie de objetivos que deben lograrse para 2030 y ofrece orientación a los Estados miembros de la Unión Europea sobre la manera de hacerlo. Pero necesitamos movilizar más recursos del Fondo Social Europeo Plus e invertir en estas comunidades. En este sentido, la Garantía Infantil debe jugar un papel crucial.

Señor presidente, señor comisario, asistimos hoy a una transformación de las relaciones laborales debido al impacto de factores como la digitalización. Es evidente que la pandemia no ha hecho más que evidenciar e incrementar los riesgos de un fenómeno que llevaba ya tiempo gestándose de forma acelerada: el nacimiento de una nueva economía social, digital, de mercado que repercute directamente sobre las condiciones de trabajo y, por tanto, en la seguridad y salud de los trabajadores, incluida la salud mental. El uso y la aplicación de nuevos sistemas avanzados de inteligencia artificial, como los algoritmos, han supuesto la precarización de las condiciones de trabajo, en parte, debido a la falta de regulación existente hasta la fecha. El aumento del control y la vigilancia de las horas trabajadas, la falta de interacción social y de separación entre la vida privada y profesional son solo algunos de los muchos aspectos que evidencian la presión ejercida sobre el trabajador y el riesgo que ello supone para la salud mental. El nuevo marco europeo de salud y seguridad en el trabajo debe adaptarse a esta realidad y a los desafíos actuales, y ello también se traduce en la necesidad de establecer mecanismos legales vinculantes para la prevención de riesgos psicosociales y para regular el uso de la inteligencia artificial en los lugares de trabajo. También para ejercer el derecho a la desconexión y establecer unos requisitos mínimos para unas condiciones de teletrabajo justas e igualitarias. Depresión, estrés, ansiedad, burnout, patologías bien conocidas por todos, como ha señalado el señor comisario, presentes cada día en nuestro entorno laboral como una nueva forma de pandemia y, sin embargo, no reconocidos como enfermedades ocupacionales. Los y las socialistas tenemos el compromiso de asegurar que avanzamos hacia una modernidad justa y de bienestar social. Ello incluye proteger a los trabajadores de riesgos derivados de la hiperconectividad, la macrovigilancia, el control y la discriminación o decisiones digitales automatizadas. Innovación y progreso no fueron concebidos como sinónimos de explotación y precariedad laboral. El informe que debatimos hoy aquí sobre un nuevo marco estratégico de salud y seguridad en el trabajo es clave para garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras en Europa gocen de una necesaria protección y dignidad en el lugar de trabajo.

Señora presidenta, señores comisarios, compañeros, compañeras, los socialistas queremos una recuperación justa de progreso y bienestar social en Europa. Estos son los principios que llevamos por bandera. El Semestre Europeo, como mecanismo de coordinación de las políticas económicas y de empleo, desempeña un papel fundamental para hacer frente a la difícil situación que atravesamos en Europa en estos momentos y poder afrontar los costes socioeconómicos que acarreará esta terrible guerra brutalmente impuesta por Rusia. Debemos, sin duda, acoger y ayudar a todas las personas víctimas de la invasión en Ucrania, guiados por la solidaridad que nos precede como Unión. Pero, además, debemos redoblar nuestros esfuerzos para prevenir el aumento de las desigualdades y la pobreza dentro de nuestras fronteras, a través de medidas de redistribución de la riqueza y de una fuerte inversión en nuestros sistemas de bienestar social. Y esto ha de hacerse con el apoyo de recursos europeos. Dejar atrás políticas fiscales basadas en la austeridad ya no es una opción: es una necesidad para poder garantizar unas condiciones de vida dignas y un desarrollo sostenible y de progreso social. Y no únicamente para las grandes corporaciones: para todos y todas. Por ello, los y las socialistas consideramos que el Semestre Europeo debe estar dotado de una fuerte dimensión social que otorgue a los objetivos sociales la misma relevancia que a los digitales o medioambientales. Y también en lo referente a la inversión. Un Semestre Europeo que garantice coherencia entre las recomendaciones específicas por país y los objetivos del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que incluya un mayor número de indicadores sociales como parte del marco de coordinación de las políticas. Defendemos, asimismo, modernizar el actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento, prolongar la cláusula general de salvaguardia con el fin de facilitar la inversión pública y alcanzar una gobernanza económica basada en la solidaridad, la justicia social y el bienestar social para toda la ciudadanía europea.

Señor presidente, mucho se ha hablado, en estos últimos años, de la necesidad de avanzar hacia una transición sostenible e inclusiva en Europa, pero seguimos viendo multinacionales que deslocalizan y desindustrializan, empobreciendo regiones enteras después de haberse aprovechado durante años de las ayudas públicas: esto no es sostenibilidad justa. Para luchar contra las desigualdades y hacer frente a un modelo económico injusto, debemos asegurar una mayor participación de los trabajadores y trabajadoras en sus organizaciones y reforzar la democracia en el trabajo: esto asegurará empresas rentables y un retorno de la inversión y ayudas públicas en forma de salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. Este informe es, por tanto, clave para asegurar que se respetan los derechos de los trabajadores en los procesos de reestructuración, para combatir la inestabilidad en el mercado laboral y para acabar con los casos de explotación y abuso existentes. Necesitamos un marco legislativo sobre información, consulta y participación en el lugar de trabajo que refuerce el diálogo social y nos acerque al objetivo de una cobertura de la negociación colectiva de hasta un 90 % para el año 2030; que garantice la participación de los trabajadores en los consejos de administración respetando, además, la paridad, y que asegure que el uso de la inteligencia artificial en los lugares de trabajo se haga de manera pactada con los sindicatos y asegurando que los beneficios del incremento de productividad se reparten de manera justa. Para alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible y de progreso social, agentes sociales, partidos políticos y sociedad civil tenemos que estar unidos y defender una solidaridad en el trabajo: garantizar el derecho de información y consulta de los empleados, darles voz, es imprescindible para construir un modelo económico equitativo, igualitario y justo. Los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse, a ser representados, a la libertad de reunión y asociación y a pedir colectivamente reformas en sus lugares de trabajo son aspectos fundamentales del proyecto europeo y principios básicos de un modelo social que debemos defender y reforzar ahora y en el futuro.

Señor presidente, señor comisario, la introducción de una tarjeta europea de seguridad social contribuirá a garantizar unas condiciones laborales dignas, debido a la estandarización de las prestaciones de seguridad social y a un aumento de la trazabilidad, agregación y portabilidad de los derechos. El Grupo Socialista lleva años solicitando la puesta en marcha de este instrumento común como medida para luchar contra el fraude y los casos de abusos que afectan tanto a la seguridad social como a los propios trabajadores. Personas expuestas a situaciones intolerables de explotación laboral debido a prácticas fraudulentas por parte de operadores intermediarios; operadores que captan trabajadores en un país para llevarlos a otro, donde trabajarán en condiciones laborales muy diferentes a las preacordadas. Este fue el caso de los trabajadores españoles en Holanda, totalmente desprotegidos durante la pandemia, hacinados en alojamientos insalubres y sin acceso a prestaciones mínimas de salud y seguridad. Está en nuestras manos, aquí y ahora, acabar con estas malas prácticas de subcontratación y abuso y mejorar la coordinación de los sistemas de seguridad social.

Señora presidenta, señora comisaria, esta Cámara ya ha reconocido en varias resoluciones que la vivienda es un derecho fundamental: vivienda asequible y decente, con acceso a servicios básicos energéticos, en línea con el pilar social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, millones de personas en la Unión Europea sufren pobreza energética y, mientras, el mercado del gas y la energía es de los sectores más rentables del mundo, con beneficios groseros y precios desorbitados. Es necesario regular el oligopolio de las eléctricas e intervenir si fuera necesario, pues es un servicio público esencial. Y necesitamos, para ello, soluciones comunitarias que revisen el diseño de los mercados energéticos y que obliguen a los Estados miembros a aplicar medidas de protección para los grupos vulnerables: más tarifas sociales, más viviendas eficientes energéticamente y no más desconexiones. Necesitamos ya una estrategia global para erradicar la pobreza energética. Mientras estamos aquí debatiendo propuestas, muchas personas están pasando frío en sus casas y muchos niños están intentando hacer deberes escolares sin luz.

Señora presidenta, señor comisario, la digitalización y la aplicación de la inteligencia artificial en el contexto laboral están generando nuevos modelos que conllevan una clara precarización, hiperconexión, control y vigilancia o decisiones algorítmicas sin supervisión humana. Las implicaciones a nivel de salud mental y bienestar emocional de los trabajadores son ya evidentes, y necesitamos ya nueva legislación: una directiva para prevenir los riesgos psicosociales en el contexto laboral y una directiva que regule el uso de la inteligencia artificial en los lugares de trabajo. Para ello, la Comisión debe escuchar y reunirse con todas las partes, empresas y sindicatos, porque los trabajadores no necesitan psicólogos, sino condiciones de trabajo dignas, trabajo seguro y de calidad. La digitalización del contexto laboral no puede ser un proceso exclusivamente tecnológico; debe ser un proceso sociotécnico, donde tecnología y humanismo vayan de la mano.