Sobre qué Lina ha hablado.

Señora presidenta, comisaria, a pesar de lo que hemos oído hoy aquí por parte de algunos grupos políticos en el sentido de que las mujeres todavía tenemos que formarnos, que tenemos que esperar, quisiera señalar que hace ya décadas que hay más mujeres que hombres licenciadas por las universidades europeas. Además, con mejores notas. Hay más mujeres que hombres con formación secundaria y terciaria en edad de trabajar. Y aun así no llegamos a la cima de las empresas porque el poder sigue siendo masculino. Por eso que debemos intervenir. Por eso necesitamos políticas públicas, como esta directiva que equilibra o trata de equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los consejos de administración. A pesar de que haya estado varada diez años, la seguimos necesitando. Hoy hacemos historia, avanzamos en la carrera hacia la justicia social, pero también hacia una mayor resiliencia, sostenibilidad y eficiencia de nuestras empresas porque cuando una mujer ocupa el puesto de director ejecutivo en una empresa, aumenta en un 10 % la presencia de las mujeres en los consejos de administración. Y eso cambia la cultura y genera también modelos que deben seguirse. Esta directiva es, ante todo y, sobre todo, un imperativo democrático, pero también un imperativo económico. Ahora nos toca vigilar para que realmente se cumpla.

Señora presidenta, el presente informe goza de un importante consenso entre todos los grupos políticos porque todos somos conscientes de la importancia que tiene salvar la brecha en términos de innovación que tenemos con otras regiones, sobre todo ahora que tenemos que avanzar en resiliencia, en autonomía estratégica y acometer, además, las transiciones verde y digital. Necesitamos realmente que la aplicación del Consejo Europeo de Innovación se haga de manera ambiciosa y transformadora, de una vez. Necesitamos realmente que se ponga en funcionamiento. Hemos pedido expresamente que se cierren brechas importantes en materia de innovación, como la brecha de género, y también las brechas regionales existentes entre las distintas regiones y los territorios europeos. Asimismo, para terminar, hemos pedido un mejor acceso al Acelerador por parte de las pymes, que son realmente el corazón de la innovación en Europa.

Señora presidenta, señor comisario, la pobreza es sin duda inmoral y que un territorio rico como Europa tenga 95 millones de personas —el 21,7 % de su población— en riesgo de pobreza y exclusión social debería avergonzarnos. Además, esta pobreza se perpetúa de generación en generación, especialmente en el caso de las mujeres. Hay muchísimas trabajadoras pobres, que, además, lo son desde hace tiempo, sobre todo en los barrios de muchas ciudades donde hay grandes bolsas de marginación, como en mi tierra por ejemplo, en Andalucía, con veinticuatro de los treinta municipios con menor renta de España. Así que urge poner en marcha una estrategia antipobreza para 2030 que debe suponer, por una parte, desarrollar políticas económicas y educativas que no sean generadoras de desigualdad, afianzar nuestros estados de bienestar y también el empleo digno. Por otra parte, necesitamos también poner sobre la mesa un instrumento específico, un instrumento nuevo para romper los círculos de pobreza, sobre todo en aquellos barrios y aquellas zonas donde el futuro es una palabra que conjuga muy mal con la vida digna y el bien común. La subida de los precios de la energía, la especulación con bienes básicos, no apunta en la buena dirección y Europa tiene que acertar con una respuesta valiente y digna que vaya más allá de las simples recomendaciones, porque todas y cada una de las personas cuentan, tanto las que viven dentro como fuera de Europa.

Señora presidenta, señora comisaria, llevamos tiempo debatiendo sobre las dificultades que las personas, y también las pymes, tienen que afrontar en este convulso contexto en el que desarrollan su actividad, especialmente con el alza de precios y la falta de suministros básicos o de mano de obra en algunos sectores, así como la competencia con el mayor poder de mercado y la mayor capacidad de deslocalizar que tienen las grandes empresas. Y es que las pymes no solamente son las grandes creadoras de empleo, sino de un empleo y de una riqueza que se fija en el territorio, y es por eso que son esenciales para la cohesión social, y es por eso que tenemos que apoyarlas, especialmente en este contexto; sobre todo, porque estamos inmersos en estas transiciones gemelas, transiciones digital y verde, que necesitan de innovación, y las pymes necesitan especialmente nuestra ayuda para que esa sostenibilidad realmente llegue a todo el tejido empresarial. Por ello, para los socialistas y demócratas ha sido muy bienvenido el anuncio de la presidenta Von der Leyen sobre el paquete de medidas de ayuda a las pymes que presentó durante su discurso del estado de la Unión. En este sentido, apelo a la Comisión a que nos informe de manera más detallada al Parlamento y nos diga cuáles son las condiciones de esas medidas y, sobre todo, que nos tenga en cuenta para su desarrollo, de tal manera que puedan llegar esas ayudas y estas condiciones a las pymes que más lo necesitan lo más pronto posible.

Señora presidenta, señor comisario, la propuesta de unos salarios mínimos adecuados es una buena propuesta para Europa y es de justicia social, especialmente para las mujeres, que son el 60 % de las perceptoras del salario mínimo en la Unión Europea, cuando solamente representamos el 46 % de la fuerza de trabajo. Hablamos, por tanto, de cerrar la brecha de género en salarios, en ingresos, en pensiones, en riqueza, y de luchar contra la pobreza de las mujeres y la pobreza infantil, así como contra la desigualdad, que ahora es especialmente grave con la inflación. Y es que la desigualdad económica es uno de los mayores retos que tenemos y combatirla es esencial para afrontar con éxito las transiciones verde, digital y, también, demográfica, que tiene que ver con los cuidados. Y es especialmente en el sector de los cuidados de larga duración donde alrededor del 81 % de la mano de obra son mujeres que cobran salarios mínimos y además con pésimas y malas condiciones laborales. Por tanto, esta propuesta de Directiva de salarios mínimos es una pieza esencial para la construcción europea y las y los socialistas hemos estado trabajando para sacarla adelante desde todos los rincones de Europa, desde Andalucía hasta Salónica, para poder caminar hacia la convergencia social, garantizar el alza de los salarios y luchar contra las desigualdades económicas y de género. Sin duda, es una apuesta por la dignidad y por la justicia social.

Señora presidenta, como han dicho la comisaria y los diputados que me han precedido, la discriminación de género y la pobreza de las mujeres hablan por sí solas, los datos hablan por sí solos. Pero es que, además, en esos datos la pobreza real de las mujeres está estadísticamente infravalorada, ya que se mide la pobreza a través de la unidad familiar, sin tener en cuenta las desigualdades intrafamiliares de género. Esto infravalora los datos de pobreza real de las mujeres y maquilla las desigualdades estructurales que sufren las mujeres, su menor acceso a todo tipo de recursos, su mayor dificultad para escapar de situaciones de violencia machista o el hecho de verse abocadas a la prostitución o a ser víctimas de explotación sexual, especialmente las mujeres sexualizadas o inmigrantes con mayores dificultades para acceder al empleo o a los servicios sociales. Y es que las estadísticas no recogen bien el carácter multidimensional de la pobreza o no miden la pobreza de tiempo, que ancla a las mujeres en esa situación de pobreza, sobre todo en los hogares monoparentales, ya que las mujeres representan el 85 % de los hogares monoparentales, constituyendo estos el 42 % de los hogares que están en riesgo de pobreza y exclusión social. Esa pobreza de tiempo deja apenas sin herramientas a esas mujeres para poder revertir su situación, como también la de sus hijos e hijas. Tenemos que saber que uno de cada cuatro niños y niñas dentro de la Unión está en riesgo de pobreza o exclusión social. No podemos permitirlo. Por eso necesitamos mejores estadísticas, mejores leyes, mejores políticas, sobre todo económicas, para combatir la desigualdad, la pobreza y también la desigualdad de género. Y, sobre todo, necesitamos un compromiso político firme de la Unión Europea y de los Estados miembros. Estamos aquí para actuar, para cambiar todo lo necesario, para que las personas, también las mujeres, puedan vivir con dignidad y ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Así construiremos un proyecto europeo de futuro, una prioridad para las y los socialistas que creemos en una Europa feminista y con justicia social. Trabajaremos por más Europa y por menos pobreza.

Señor presidente, señora comisaria, ante todo, quisiera agradecer a los ponentes alternativos, a los equipos y a los grupos políticos su trabajo y su compromiso con un problema, el de la pobreza, que afecta a toda Europa y preocupa cada vez más a la ciudadanía europea, como pone de manifiesto el último Eurobarómetro. Y es que la pobreza es inmoral y, en un territorio rico como es Europa, es sencillamente incomprensible. Limita los derechos efectivos de ciudadanía que deben cimentar el proyecto europeo y atenta directamente contra los valores fundamentales de la Carta Europea. La pobreza se ha disparado en Europa con el alza de los precios de la energía y con un aumento medio de la inflación del 10 %. Y les pongo de ejemplo mi tierra, Andalucía, donde los últimos datos nos dicen que más del 38 % de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto es sencillamente una vergüenza que nos urge a actuar con valentía y con convicción. En el contexto actual, con la invasión de Rusia a Ucrania, estamos viviendo una incertidumbre extrema y también una realidad muy dura. Los precios de los alimentos básicos, de los combustibles y de la energía suben sin parar, y los salarios no lo hacen al mismo ritmo. Una pobreza creciente que afecta especialmente a las personas más pobres entre las pobres, que son las mujeres. Según los últimos datos de Eurostat, hay 64,6 millones de mujeres, frente a 57,6 millones de hombres, en situación de pobreza en Europa, y, en los últimos años, la brecha de género de la pobreza ya había aumentado en 21 de los 27 Estados miembros. No tenemos excusa. Por eso, este informe intenta desplegar una serie de propuestas que hay que poner en marcha de manera urgente. En primer lugar, debemos poner en marcha una estrategia antipobreza para 2030 que sea ambiciosa, incluyendo el despliegue de rentas mínimas en todos los Estados miembros; un pacto de rentas, apostando por un nuevo contrato social que este sí sea feminista, con empleos y trabajos decentes. Debemos atajar todas las brechas de género existentes: en el empleo, del 11 %; en el salario por hora, del 13%; en las pensiones, del 29 %; o en los ingresos, del 36 %. También la brecha en el acceso a todo tipo de recursos y servicios que, en definitiva, conducen al riesgo de exclusión social y a la pobreza. En segundo lugar, debemos combatir de forma decidida la pobreza energética, ya sea en invierno o en verano, en especial en este contexto de emergencia climática, que afecta especialmente a las mujeres mayores solas y a las familias monoparentales. De la misma forma, hay que combatir la crisis de la vivienda, porque toda vida digna comienza por tener un techo. En tercer lugar, debemos incorporar la perspectiva de género a la transición digital, incluso creando un fondo específico que incremente la participación de las mujeres en la economía digital, que es esencial para la inclusión. En cuarto lugar, necesitamos crear una estrategia europea de cuidados, un auténtico pacto europeo de cuidados, porque el trabajo de cuidados no debe recaer de manera gratuita, no reconocida, no remunerada o naturalizada, en las mujeres. Necesitamos medidas que garanticen la corresponsabilidad de todas las personas en los cuidados, especialmente en el seno de sociedades que envejecen, y la dignidad para quien recibe cuidados y para quien cuida. En quinto lugar, debemos revisar nuestras políticas económicas, nuestra gobernanza económica y nuestra fiscalidad, para garantizar el acceso en igualdad a servicios públicos básicos, una financiación adecuada, una fiscalidad justa y progresiva, y unas políticas económicas que no sean generadoras de desigualdades, sino todo lo contrario: un auténtico pacto de renta. Y, en sexto y último lugar, debemos incorporar la transversalidad de género en todo el ciclo de políticas públicas dentro de la Unión Europea y los Estados miembros. La pobreza de las mujeres tiene causas estructurales que debemos combatir si queremos una Europa digna y con futuro. Espero contar con su apoyo.

Señora presidenta, precisamente en Estados Unidos —adalid de la democracia y de las libertades individuales— un derecho humano básico como son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres está a punto de ser anulado, aludiendo a causas jurídicas, pero especialmente por la larga mano de los movimientos antigénero y antimujeres que están llegando al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y también, desgraciadamente, a Europa. Así pasa en Polonia, precisamente con un Gobierno de extrema derecha controlado por movimientos ultracatólicos intolerantes, los mismos que en mi país, España, son aliados de Vox, como HazteOir, que acaban de convocar una manifestación en Madrid contra una reciente modificación de la ley del aborto y donde, curiosamente, ha confirmado ya su asistencia parte de la jerarquía católica, la misma que el pasado fin de semana trató de interferir en las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio pidiendo expresamente el voto contra los partidos de izquierda. Y es que los enemigos de los derechos de las mujeres nunca se fueron: llevan años tejiendo su estrategia antigénero y están librando una batalla global, y los tenemos aquí, en este Parlamento, donde la extrema derecha está realmente llegando cada vez a más partes, y en mi propio país, entrando en los Gobiernos gracias a que el Partido Popular les ha abierto las puertas.

Señora presidenta, señora comisaria, las consecuencias de una guerra son terribles y afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas y niños, quienes, además, también en esta ocasión, suponen la mayor parte de aquellos que han abandonado Ucrania. Tenemos que garantizar su atención e inserción en nuestros sistemas sociales, de salud y educativos y poner a disposición los fondos necesarios para que se haga con dignidad. Especialmente, la Unión Europea debe proteger a esas mujeres y niñas del uso de la violencia sexual como arma de guerra y garantizar que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención al aborto legal y seguro. Europa también debe participar en la recogida de pruebas contra las atrocidades de la guerra cometidas, incluidas las violaciones, que no deben prescribir, y abrir los ojos frente a la barbarie de la maternidad subrogada y no consentir la mercantilización y deshumanización que supone el ir a Ucrania a recoger los bebés comprados y dejar a su suerte a las gestantes, a las que ni siquiera se las nombra como madres. En definitiva, debemos garantizar los derechos de las mujeres y niñas en estos momentos, y en estos meses que vendrán, porque no podemos olvidar que nos enfrentamos a una agenda antigénero que, a escala global, no respeta nuestros derechos, especialmente los sexuales y reproductivos.

Señora presidenta, señora comisaria, quería aprovechar este debate sobre el enfoque global para la investigación y la innovación para reivindicar la importancia de la libertad académica para avanzar en el conocimiento. Porque la universidad debe ser un espacio de debate y de análisis crítico. Y necesitamos respetar esa libertad académica para garantizar esa función. Y lo primero que tenemos que hacer en Europa es realmente respetarla, porque de esa manera también podremos defenderla en todo el mundo. Porque uno de los elementos del liderazgo de la Unión Europea, precisamente en la investigación y en el talento, puede verse realmente muy fortalecido por la cooperación internacional en investigación y desarrollo. Cooperación que obviamente debe sustentarse en los principios y valores fundamentales y también en la igualdad de género. En la Resolución que debatimos hoy, reclamamos que se intensifique la colaboración con terceros países para encontrar soluciones en las transiciones verde y digital. Para que esas transiciones sean exitosas y sean justas, necesitamos la cooperación internacional.

Señora presidenta, señora comisaria, en primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena al equipo negociador que, tras complejas conversaciones, ha llegado a un compromiso equilibrado que garantiza la continuidad del roaming por otros diez años más, evitando que se interrumpiera ese logro para los consumidores. La política de itinerancia como en casa o roaming, es un logro europeo que debemos seguir defendiendo para que los consumidores puedan seguir usando sus teléfonos móviles cuando viajan por la Unión Europea sin sorpresas ni cargos adicionales. El acuerdo al que se llegó en un diálogo tripartito que tuve el honor de presidir garantiza el derecho a la misma calidad y velocidad de conexión móvil cuando se viaja a otros Estados miembros, igual que en casa, y reduce progresivamente las tarifas de itinerancia al por mayor, el acceso gratuito a los servicios de emergencia, también para personas con necesidades especiales, y prevé que la Comisión evalúe si es necesario seguir reduciendo los recargos para las llamadas internacionales dentro de la Unión. Por todo eso, creo que debemos votar a favor del acuerdo que garantiza la continuidad de la política de itinerancia como en casa, y mantener así el gran éxito visible para la ciudadanía europea dentro del mercado único digital.

Señor presidente, primero, muchas gracias a las ponentes por su trabajo: sin duda, la integración de la perspectiva de género en todas las políticas y en todo el ciclo político es la mejor estrategia que podemos seguir para avanzar en igualdad de género y, para ello, su inclusión en el Parlamento Europeo es esencial porque además tenemos la responsabilidad de dar ejemplo a muchos otros parlamentos. La realidad es que hemos avanzado en este enfoque, pero solo en parte: por ejemplo, es cierto que todas las comisiones del Parlamento han adoptado planes de acción en materia de género, pero falta supervisión para conocer si realmente se han logrado los objetivos fijados. También es cierto que hay más presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad de las comisiones, pero aún es minoritaria y sobre todo hay una gran segregación, con las mujeres más bien concentradas en las comisiones más sociales y más ausentes de otras que, en teoría, tienen más poder, como las del ámbito económico, y que, a la postre, definen los límites de las políticas que podemos hacer en el resto de los continentes. También sabemos por este informe que necesitamos una mejor y más estructurada conexión en materia de incorporación de la perspectiva de género, de transversalidad de género, entre todas las instituciones de la Unión Europea; que también necesitamos unir fuerzas para luchar contra los movimientos antifeministas, antigénero y, en definitiva, antidemocráticos que hace tiempo que sabemos que están recibiendo una financiación extraordinaria para lanzar campañas antiigualdad, aunque ahora, desgraciadamente, con la guerra de Ucrania están floreciendo aún más. También vemos que es necesario medir si las aportaciones realizadas desde la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género se incorporan en otras comisiones y en la posición final del Parlamento, y para ello debemos tener mejores datos, más datos, y esa será la forma de medir la voluntad política real. Nosotros, los socialistas y las socialistas, tenemos esa voluntad y consideramos que este informe es un gran avance, sobre todo que se incluyan las listas de cremallera en la próxima revisión de la ley electoral de la Unión Europea, que en materia de antiacoso y del #MeToo hagamos la formación obligatoria para los miembros del Parlamento y que esté la auditoría externa como una auténtica garantía. Estamos, por tanto, frente a una propuesta sólida y progresista, y es positivo que la debatamos hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que hay tantas mujeres y tantos hombres viéndonos en todos sitios.

Señor presidente, señora comisaria, según las Naciones Unidas, las mujeres, niñas y niños tienen catorce veces más probabilidades de morir en un desastre climático que los hombres, y no es porque, como se ha dicho aquí, haya diferencias biológicas sino porque las mujeres siguen siendo, o seguimos siendo, en mayor medida las responsables prioritarias de las criaturas, y eso nos hace más vulnerables. También porque tenemos acceso a menos recursos, y eso explica también que constituyamos el 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático. Por ello, debemos incluir esta mirada feminista para combatir el cambio climático y para que las transiciones que acometemos sean realmente transiciones justas y aborden, y no alimenten, no incrementen, las desigualdades. Por ello, necesitamos hacer un ejercicio de inteligencia colectiva en favor del planeta y al servicio del bien común, incorporando a más mujeres a la toma de decisiones. Las mujeres y los hombres socialistas proponemos un trabajo constante por las transiciones justas, y nuestro compromiso, sin duda, es por un modelo progresista, sostenible, que impulse desde la igualdad y la justicia social una acción climática transformadora.

Señora presidenta, comisaria, sabemos que la responsabilidad de la salud es competencia de los Estados miembros, pero la Unión desempeña cada vez un papel más importante, como hemos visto, armonizando las reglas para combatir la COVID. Incluso está trabajando en la puesta en marcha de una Unión Europea de la Salud, pero me pregunto si también de la salud de las mujeres, de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y es que frente a esa Europa nos venimos encontrando grupos de origen religioso o no, grupos de extrema derecha o de derecha, que suman obstáculos al aborto en distintos países y que cuentan con una financiación extraordinaria. También encontramos acciones de gobierno desde Polonia hasta mi propia tierra, Andalucía, donde el Gobierno conservador está financiando asociaciones para acosar a las mujeres que deciden poner fin al embarazo. Son grupos y Gobiernos que instrumentaliza la salud y los derechos sexuales y reproductivos con el fin de socavar los derechos humanos y los valores de la Unión y la democracia. Por eso, sí, los socialistas y las socialistas, efectivamente, hemos propuesto este debate, aplaudimos la propuesta del presidente Macron que hizo ayer en esta Cámara de incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y esperamos también que la presidenta Metsola defienda las resoluciones aprobadas en esta propia Cámara, incluido el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, y que esté del lado de las mujeres en esta lucha.

Señor presidente, vicepresidenta, comisario, en primer lugar, me gustaría felicitar a mi compañera Christel Schaldemose y a su equipo por su intenso trabajo en estos meses. Todos tenemos que ser conscientes de que no ha sido fácil tratar de avanzar en el control democrático del ámbito digital con reglas claras que antepongan el bien común a los intereses de las grandes plataformas. Estamos ante una legislación muy compleja que sin duda va a marcar un antes y un después, ayudando a redefinir la relación entre la ciudadanía y el ámbito digital, contribuyendo a democratizar internet y posiblemente estableciendo estándares globales. Como relatora en la sombra de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, quiero destacar el trabajo de los equipos involucrados y la cooperación en estos meses de intenso trabajo. El primer objetivo que perseguíamos era garantizar que la esfera digital fuese un lugar seguro, independientemente del tamaño de la plataforma. A lo largo de estos meses de negociación hemos conseguido reforzar las obligaciones para las plataformas muy grandes y hemos facilitado el acceso a los datos para las y los investigadores, algo que era muy importante para nosotros, así como para las organizaciones y organismos sin ánimo de lucro. Igualmente, hemos conseguido incrementar medidas de interoperabilidad y portabilidad de datos para contrarrestar la posición de dominio de las grandes plataformas. Además, hemos trabajado para conseguir mayor transparencia en todas las plataformas en línea, tanto en la publicidad digital, como una mayor protección para los menores, como para los sistemas de recomendación. Aunque aún hay camino por recorrer. Me gustaría resaltar que esta semana tres congresistas demócratas presentaron una ley para prohibir el uso de los datos personales para la publicidad dirigida en Estados Unidos. Otra prueba de que es un debate y un trabajo muy necesario en el que aún necesitamos avanzar para devolvernos el control sobre nuestros datos y nuestra privacidad. Creemos que la Ley de Servicios Digitales es un primer paso en la buena dirección que contribuirá a hacer los servicios digitales más seguros, contribuyendo a proteger los derechos de la ciudadanía, de nuestros menores, y también a mejorar nuestra democracia. Los y las socialistas continuaremos trabajando para hacer del entorno digital un espacio más justo y con un mayor control democrático de nuestros datos.

Señor presidente, el acoso sexual sabemos que es como un iceberg del que se ve solamente la puntita y todo o la mayor parte queda escondido; sabemos también después de la primera encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que, en un solo año, uno de cada cuatro ciudadanos ha sido víctima de acoso sexual, aunque habría que decir ciudadanas, porque el 90 % somos mujeres. Al igual que con la violencia de género, sabemos cuáles son las dificultades que tienen las personas que han sido víctima para hacer valer sus derechos y para verbalizar, para contar su problema; por eso sale a la luz solamente una pequeña parte, y, frente a esa invisibilidad del acoso sexual, las instituciones de la Unión deben adoptar una postura firme y manifiesta contra este problema y hacerlo visible. De ahí la importancia de esta Resolución, que agradezco también a la señora Regner y a todo mi Grupo, el Grupo socialista, que hayan promovido, porque se busca precisamente facilitar esas denuncias y obtener justicia, obviamente dando apoyo a las personas que han sido víctimas; Resolución que sabemos que se une ya a la de 2017, pero que tras el movimiento «Me Too» coge muchísima más fuerza, en parte porque no se ha hecho lo suficiente. Sabemos que en este movimiento «Me Too» logró crear un conocimiento común sobre la conducta inapropiada de los hombres poderosos, pero tenemos que ir más allá, tanto en el Parlamento como en el resto de las instituciones europeas, y luchar contra el abuso sexual y el acoso que perpetran muchas veces hombres que no son ni tan famosos ni tan poderosos, pero que siguen teniendo esa sensación de impunidad. Todas las mujeres lo sabemos, todas tenemos nuestro «Me Too» más o menos, por eso el mensaje tiene que ser claro: no impunidad y tolerancia cero; tenemos que crear los cauces institucionales que nos permitan decir lo que ellos son capaces de hacer.

Señora presidenta, señor vicepresidente de la Comisión, que el debate de actualidad de este último Pleno del Parlamento Europeo gire en torno a un documento interno de la Comisión que ya no existe muestra que, con todos mis respetos, la propuesta del Partido Popular Europeo en este caso ha sido poco seria. Les puedo asegurar que la derecha europea, especialmente viniendo de una española, siempre nos ha parecido demócrata y centrada, pero también que con este rumbo puede sin duda estar emprendiendo el camino del populismo más característico de la extrema derecha, lejos, sin duda, del proyecto común europeo. El Partido Popular Europeo viene señalando a la comisaria de Igualdad, creo que inmerecidamente, y cabe preguntarse si lo hace para desviar la atención de los graves ataques al Estado de Derecho y a los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI que están teniendo lugar en algunos Estados miembros liderados por Gobiernos de su familia política. Seamos serios: avanzar en inclusión, en igualdad y en igualdad de trato debe ser una cuestión muy seria para este Parlamento, y sin duda lo es para los socialistas y demócratas, que creemos en una Unión Europea inclusiva y progresista, independientemente de la religión, el género, la orientación sexual, la edad y la etnia de las personas: sin duda, contamos con su partido, y también con la Comisión, para construir esa Europa de todas y de todos.

Señor presidente, señora comisaria, me gustaría empezar resaltando que hoy es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, por lo que querría destacar el valor intrínseco de la investigación para nuestras sociedades y, como ha hecho referencia la comisaria, de que tenga una importante participación de las mujeres. No quiero dejar pasar esta oportunidad para recordar que el apoyo y la inversión en ciencia no es un lujo, es una necesidad: la pandemia nos ha dejado claro, así como también lo hace la lucha constante para paliar y frenar los efectos del cambio climático, lo importante que es la investigación e invertir en investigación. En relación con la Asociación Europea de Metrología, me sumo a los comentarios de las compañeras que han trabajado muy bien y muy conscientemente en este expediente de apoyo a esta iniciativa que tiene por objeto acelerar el liderazgo mundial de Europa en materia de investigación sobre metrología estableciendo redes de colaboración europea. Lo que no se mide no existe y, si no existe algo, no lo conocemos, no podemos realmente transformarlo, por lo que aprovecho este espacio para resaltar la importancia de la metrología como facilitadora de la actividad económica y social y la necesidad de apoyar las estructuras existentes para el desarrollo de la comunidad de metrología y promover sinergias entre centros europeos.

Señora presidenta, señor comisario, en primer lugar, muchas gracias a todos los grupos políticos, ponentes alternativos y equipos por el magnífico trabajo que han realizado en este expediente. Debatimos hoy la propuesta de políticas sociales y de empleo en la zona del euro en 2021. Nuevamente quiero subrayar que este es el punto de partida para sentar las bases de esa Europa nueva, de ese nuevo marco económico y social que tenemos que construir entre todos y todas y con urgencia, porque la situación ha cambiado, y que tenemos que adaptarnos y anticiparnos, creando las condiciones que permitan crear empleos estables, dignos y que también permitan a las personas vivir con dignidad. No tenemos excusas. Debemos enfrentarnos a las profundas consecuencias sociales de la pandemia, que además ha cabalgado sobre crisis precedentes, ofreciendo soluciones políticas que no dejen a nadie atrás, viva donde viva. Es nuestro deber histórico mejorar el bienestar de toda la ciudadanía. Debemos continuar trabajando en la nueva hoja de ruta, en la que prevalezcan los derechos sociales y la equidad, si queremos de verdad construir una Europa con futuro. Y eso solo lo conseguiremos insistiendo en la necesidad de diseñar nuestras políticas económicas incluyendo la condicionalidad social. Esto era necesario antes de la COVID—19 y ahora lo es aún más, porque estamos hablando de personas y sabemos que las políticas económicas tienen un impacto diferenciado en los grupos sociales y, también, en las personas, porque no todos tenemos las mismas preferencias, intereses o deseos, ni todas las personas tenemos el mismo acceso a los recursos o al espacio de toma de decisiones, ni nos han socializado o preparado de la misma manera o para tener el mismo papel en la sociedad, como muy bien sabemos las mujeres. Saliendo a la calle comprobamos que todavía hay familias que no llegan a final de mes, padres y madres que no pueden darle a sus hijos e hijas la educación que querrían. Las consecuencias de la pandemia en algunos casos han abierto y en otros casos han aumentado brechas profundas que ya existían dentro de la Unión. Nos jugamos nuestro futuro, nuestro bienestar y la consolidación del proyecto europeo. Si sigue aumentando la desigualdad, esto nos hará débiles, y, si no defendemos el bienestar de nuestra sociedad, o una economía con perspectiva de género, o las oportunidades para las personas más vulnerables, estaremos lastrando las oportunidades de todos. Urge que nuestra economía incluya indicadores macroeconómicos que desde su diseño incorporen o palien las consecuencias desiguales de la política económica entre los distintos grupos sociales, las personas, los sectores económicos o los territorios, refleje la realidad de nuestra sociedad y tenga en cuenta a toda la ciudadanía. Son las personas las que construyen Europa y, nosotros, sus representantes, debemos estar a la altura. Voy a destacar una decena de puntos claves en este informe. Primero: el Semestre Europeo debe estar alineado con los objetivos y estrategias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el pilar europeo de los derechos sociales y el Pacto Verde, y apuntalar los planes de recuperación de los Estados miembros. Segundo: el Semestre debe basarse en un enfoque que integre políticas económicas, sociales y medioambientales y promueva el cambio estructural para que el progreso social, el desarrollo sostenible y el bienestar tengan en cuenta las causas fundamentales de los desequilibrios económicos y sociales a largo plazo. Solo así podremos garantizar que Europa continúe disfrutando de los sistemas de bienestar más avanzados del mundo y que también se convierta en el primer continente neutro desde el punto de vista climático. Tercero: por ello, debemos trabajar con indicadores que cubran los riesgos sociales que se derivan de los efectos de la pandemia y de los desequilibrios previos en la economía, el empleo, la salud, así como las transformaciones que puedan provocar las transiciones verde y digital. Cuarto: nuestros indicadores sociales actuales no ofrecen objetivos claros para medir el impacto de la acción de la Unión Europea y hacemos un llamamiento a los Estados miembros para establecer objetivos nacionales ambiciosos. Quinto: en esta línea, consideramos que el bienestar sostenible debe integrarse en la estrategia anual de crecimiento sostenible y en las recomendaciones específicas por país. Por ello, las reformas nacionales deben tener una orientación clara de solidaridad, integración y justicia social, con el objetivo de crear empleo de calidad, fijándolo al territorio y avanzando hacia una nueva organización social de los cuidados para que este no recaiga de manera mayoritaria no reconocida en las mujeres. Sexto: las desigualdades, así como la situación laboral, social y sanitaria de los Estados miembros afectados, deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión de desactivar la cláusula general de salvaguardia. Séptimo: tenemos que trabajar para establecer una capacidad fiscal europea que proporcione estabilidad a las economías de la zona del euro. Unos sistemas fiscales bien diseñados son esenciales para garantizar un alto nivel de protección de los trabajadores contra los riesgos a lo largo de su vida, y también sus pensiones. Octavo: hay que proteger a las personas y también a las pequeñas y medianas empresas para que no queden atrapadas en el sobreendeudamiento, y porque sabemos que necesitan apoyo en lo que respecta a los préstamos morosos. Noveno: afrontamos esta necesaria coherencia entre los objetivos de bienestar sostenible y la política monetaria. Debemos integrar mejor los objetivos sociales, el progreso social, el bienestar y la sostenibilidad en todas las políticas de la Unión Europea, especialmente en la planificación presupuestaria para hacer eficiente la inversión pública en los objetivos sociales y medioambientales. Y décimo, y último: la arquitectura de la nueva gobernanza de la Unión Europea debe basarse en la solidaridad, la justicia social y la integración, con la distribución equitativa de la riqueza, la igualdad de género, los servicios públicos de alta calidad —incluido un sistema educativo público universal y de alta calidad—, el empleo digno y el crecimiento sostenible. Por ello consideramos vital la inversión en bienestar sostenible. El escenario ha cambiado y con las transiciones digital y ecológica inminentes va a cambiar aún más. Necesitamos nuevas recetas porque sabemos que las antiguas no funcionaban.

Señor presidente, señora comisaria, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 73 % de las madres víctimas de violencia física, sexual, por parte de su pareja asegura que al menos uno de sus hijos o hijas fue consciente de esa violencia. Violencia que representa un grave problema social, que crea traumas físicos y psicológicos en las víctimas y que, sin duda, es una vergüenza para todos nosotros como sociedad. Sabemos que un maltratador no es un buen padre. Por eso es necesario avanzar en la retirada de los derechos de custodia y de visita en esos casos. En España, el Partido Socialista impulsó una reforma del Código Civil que fue aprobada en mayo pasado y que es efectiva desde este septiembre. Y en Europa debemos reconocer la violencia de género como un eurodelito y debemos establecer tanto la cooperación entre los Estados miembros como unas normas mínimas para la lucha contra la violencia de género contra las mujeres y para la protección de los hijos y las hijas de las víctimas de esa violencia. Porque es su derecho, es su futuro y debe ser también nuestro futuro.

Señora presidenta, señor comisario, a principios de septiembre vimos una fotografía impactante: mientras el huracán Ida provocaba graves inundaciones y decenas de muertos en los Estados Unidos, un repartidor de comida a domicilio continuaba trabajando, pedaleando con dificultad con el agua hasta la cintura. Es una imagen chocante, pero también indignante, y que nos ayuda a enfrentarnos a las nuevas desigualdades emergentes, como la de los trabajadores sin derechos. Si bien es cierto que los nuevos tipos de empleo y trabajo de plataforma pueden ayudar o tienen el potencial de ayudar a conciliar la vida laboral y familiar, eso no quita que muchos sean trabajos precarios y estén por debajo de los estándares laborales, y esto no es tolerable. Europa debe caracterizarse por respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y las libertades fundamentales, también en el ámbito digital. Y así, desde el Parlamento, instamos al control humano detrás de los algoritmos, a que las empresas tengan la obligación de informar sobre los algoritmos utilizados y a velar por la transparencia en relación con los datos personales utilizados. Por ello, nos posicionamos claramente contra el capitalismo de la vigilancia también en el ámbito laboral.

Señora presidenta, estamos ante un nuevo momento, ante una nueva narrativa económica, una nueva era fiscal, y no podemos perder la oportunidad de construir una nueva Europa, un nuevo marco económico y social; y lo necesitamos con urgencia. En esta nueva hoja de ruta deben prevalecer los derechos sociales y la equidad en el diseño de las políticas macroeconómicas y se han de tener en cuenta sus efectos en el corto y en el largo plazo. A la condicionalidad macroeconómica tenemos que sumarle también la condicionalidad social para superar las desigualdades, que se han ahondado durante la crisis, pero que también han sido provocadas por un marco de gobernanza económica disfuncional y con evidentes fallos. Y para ello debemos cambiar las reglas de la gobernanza económica y social, siguiendo también las conclusiones de la Cumbre de Oporto. Nos jugamos nuestro futuro, nuestro bienestar y la consolidación de un proyecto europeo de progreso.

Señor presidente, el Espacio Europeo de Investigación tiene que ser un marco sólido para reforzar la capacidad científica y tecnológica de Europa y consolidar un área común de investigación e innovación centrada en la excelencia y orientada a todos los talentos y que, por supuesto, contribuya al bienestar social. Y, para ello, será vital, primero, mejorar las condiciones en el desarrollo de la carrera investigadora, sobre todo de aquellos que empiezan, muy especialmente de las mujeres y de los colectivos poco representados; segundo, incentivar tanto al sector público como también al privado, para apostar más por la investigación europea; tercero, reducir las desigualdades territoriales o la brecha de género; cuarto, incrementar la cooperación entre las universidades, los centros de investigación y la industria; y quinto, facilitar la ciencia abierta y mejorar la disponibilidad y estandarización de los datos. En definitiva, tiene que contribuir al desarrollo sostenible basado en el conocimiento y a alcanzar los objetivos de la transición verde y el liderazgo digital, y apoyar la recuperación social y económica europea.