Sobre qué Pernando ha hablado.

Señor presidente, señor ponente, el Parlamento Europeo lleva años pidiendo la creación de un estatuto a nivel europeo para las asociaciones y las ONG con el fin de asegurar el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros y facilitar la labor transfronteriza de dichas asociaciones. A día de hoy siguen existiendo grandes complicaciones a la hora de reconocer las actividades de las asociaciones internacionales y esto es especialmente grave en las regiones transfronterizas, como es el caso de mi país, Euskal Herria. Tal y como se recoge en la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, precisamente en las regiones transfronterizas y las eurorregiones, las asociaciones y las organizaciones juegan un papel muy importante a la hora de facilitar el trabajo en torno a los intereses de los que la sociedad civil es partícipe. Y, además, cada vez son más las asociaciones y las ONG que defienden el interés público y se enfrentan a diferentes retos económicos, sociales o ambientales, entre otros, y que operan a través de las fronteras en medio de comunidades naturales. Pero, a pesar de ello, siguen enfrentándose a obstáculos legales y fiscales. Quiero, además, llamar la atención sobre la anunciada reforma del espacio Schengen, porque puede ser un obstáculo para la vida comunitaria transfronteriza y específicamente para el funcionamiento real de las asociaciones que trabajan a ambos lados de las fronteras.

Señor presidente, señor vicepresidente de la Comisión, quisiera comenzar mi intervención al hilo de lo manifestado por una de sus señorías y, una vez más, denunciar la excesiva mano política de la presidencia de la Comisión de Peticiones, que actúa reiteradamente al margen de la imparcialidad que se le supone, tal y como venimos denunciando diferentes diputados al Parlamento. El texto acordado refleja la labor realizada por la Comisión de Peticiones en el año 2020, pero a la vez es notorio el desconocimiento público sobre el alcance del derecho de petición; por ello, la Comisión de Peticiones debe adoptar un enfoque más proactivo y una estrategia de comunicación más potente. Quiero expresar mi inquietud, como miembro de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, ante la versión diluida de la participación ciudadana que se está ofreciendo: se está perdiendo una oportunidad de oro para poner en marcha un verdadero proceso de abajo arriba para dotar de mayor adhesión ciudadana al proyecto europeo. Y finalmente, quiero decir que celebramos que en el texto se recoja la necesidad de que la iniciativa ciudadana europea sea un mecanismo mucho más dinámico y atractivo para los colectivos y la ciudadanía en general. Las naciones sin Estado de Europa también tienen la necesidad de que se establezca un marco europeo para el ejercicio libre y con garantías del derecho a decidir, la necesidad de un mecanismo de claridad a nivel europeo, tal y como presentamos una serie de diputados y diputadas en octubre pasado.

Señor presidente, desde que en 2003 se empezaron a recoger datos sobre violencia hacia las mujeres, han sido asesinadas en Euskal Herria 112 mujeres, 11 menores. Detrás de este número inaceptable hay nombres y existencias, proyectos de vida robados. Especialmente queremos tener en la memoria a Erika Tavares, Conchi González, Aintzane Pujana, María Pilar Berrio y la vecina de Biarritz de 75 años que han sido asesinadas a lo largo de 2021 en Euskal Herria. Para hacer frente a esto necesitamos herramientas y compromisos claros, y uno de ellos es el Convenio de Estambul, una herramienta que abrió la perspectiva de lo que son las violencias machistas y exigió a los Estados compromisos y respuestas claras, con medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Como ya han dicho otros compañeros precedentes, a día de hoy solo veintiún Estados miembros han ratificado el Convenio y la Unión todavía no lo ha hecho como tal. Pedimos de manera urgente que la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul y que entre ya en la agenda del Consejo. Sabemos que los domicilios no son seguros para muchas mujeres, del mismo modo que los Estados e instituciones tampoco lo son si no se hacen cargo de convenios como estos. Quiero acabar agradeciendo al movimiento feminista la labor incansable de concienciación y actuación. Si hoy estamos aquí, evidentemente es porque ellas siguen abriendo camino.

Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente y a todo el equipo que ha estado trabajando en este expediente. Hemos logrado un informe ambicioso. El actual marco de la Unión Europea hace demasiado hincapié en los trabajadores altamente cualificados y no lo suficiente en los trabajadores de cualificación media y baja, y las vías de movilidad laboral para los migrantes de todos los niveles de cualificación son cruciales. Sin embargo, creemos que es hora de dejar de ver la migración laboral solo como una solución a los problemas socioeconómicos actuales basados únicamente en las necesidades inmediatas de los empleadores. Debemos entender esto en un sistema más amplio que tenga en cuenta una serie de criterios. Asimismo, en el caso de los solicitantes de asilo y los trabajadores indocumentados, deben tener acceso al empleo y a los mismos derechos laborales, garantizando una acción rápida para regularizar su situación y evitar la explotación en su lugar de trabajo. Crear vías seguras y legales es la única manera de reducir la dependencia de rutas inseguras e irregulares. Es esencial proteger y priorizar a los grupos vulnerables, como los niños, las mujeres y las personas LGBTIQ, ya que son estos grupos los que más sufren. Necesitamos políticas reales, reales y ambiciosas para hacer que la Unión sea fuerte y un lugar donde los derechos humanos sean importantes.

Señor presidente, quisiera, en primer lugar, felicitar a la ponente, señora Šojdrová, y a todos los ponentes alternativos, porque hemos conseguido un buen texto que encaja con el debate que, al menos en el País Vasco, se está dando sobre la necesaria innovación educativa y la transformación pedagógica, con propuestas ambiciosas como la accesibilidad universal a la educación y la importancia de la educación presencial más allá de las herramientas virtuales; hay que decir que el uso masivo de la educación digital durante la pandemia ha puesto en evidencia importantes desigualdades en los sectores sociales más desfavorecidos. Aplaudimos, asimismo, que se recoja que por lo menos el 10 % de los fondos de recuperación y del marco financiero plurianual 2021-2027 sean destinados para programas de educación como un aspecto importante de las medidas de recuperación y como parte de las medidas para combatir el cambio climático y el auge de la ultraderecha y el autoritarismo. Y también la necesidad de que los títulos de educación superior, incluidos los de formación profesional, sean reconocidos en toda la Unión. También hay alguna sombra: el texto no es ambicioso. En la inversión en educación nos hemos quedado lejos del 6 % del PIB propuesto anteriormente y echamos de menos que las lenguas minorizadas y cooficiales no hayan sido tenidas en cuenta en el texto. Son lenguas vehiculares en educación —en gran parte de mi país, por ejemplo, el 70 % del alumnado elige el euskara como lengua vehicular—, y pensamos que no deberían ser ignoradas por el Espacio Europeo de Educación.

Señora presidenta, estamos viviendo un aumento dramático en los precios de la luz eléctrica; en el País Vasco hemos conocido apagones y movilizaciones ciudadanas porque es un tema que afecta a las economías más modestas de manera brutal, y las medidas que nos ha presentado la Comisión no van dirigidas a bajar el precio de la energía, sino a paliar sus efectos en la factura doméstica, y ahí se quedan. Con unos precios disparatados, la Comisión Europea sigue sin cuestionar el modelo de precios marginalista que provoca esta escalada de precios, un modelo que provoca que paguemos el megavatio hora a los precios actuales, sin importar si la generación de energía viene de fuentes renovables, mucho más baratas. Abaratar el IVA no es en absoluto una solución; bajar la tributación de las eléctricas es un desastre que afecta doblemente a la cobertura social de las familias europeas. Hace un par de semanas, diecinueve diputados y diputadas enviamos una carta al vicepresidente Timmermans y a la comisaria Simson y les recordábamos que los Estados miembros sí disponen de herramientas legales para intervenir el precio de la energía en situaciones de emergencia como la actual, y por lo tanto, y de cara al próximo Consejo Europeo, hay que volver a exigir que las administraciones públicas se involucren, aumenten su participación en las eléctricas y aseguren el abastecimiento a toda la ciudadanía a precios soportables. Las ineficiencias de un modelo de mercado del siglo pasado, que ya no responde a la realidad del siglo xxi, son más que notorias y ya no se aguantan. Hay que preparar los cambios previstos para el 2030 para avanzar hacia la transición energética, y esta situación no nos hace situarnos en el camino correcto; hay que hablar seriamente, ya, de un cambio de modelo productivo.

Señor presidente, Polonia es un Estado de la Unión que ya no mantiene garantías mínimas para preservar la separación de poderes: los tribunales están influenciados políticamente, se vulneran sistemáticamente los derechos de género y LGTBI e incluso se ha llegado a utilizar el estado de emergencia para evitar el flujo de migrantes burlando la legislación europea en materia de asilo. La sentencia de 7 de octubre de este año niega el Estado de Derecho de la Unión y es un precedente muy peligroso para la coherencia de la legislación de la Unión Europea. El uso de los sistemas judiciales para fines políticos es completamente deplorable: esto ocurre en Polonia y otros Estados, como España, donde la renovación del Consejo General del Poder Judicial está paralizada a fecha de hoy por su mediatización partidista. La Comisión y el Consejo podrían haber actuado mejor y de forma más eficaz: el Consejo debe priorizar ya la crisis del Estado de Derecho en Polonia y declarar que existe un riesgo grave de violación del artículo 7, y la Comisión debería iniciar un procedimiento de infracción en relación con la legislación sobre el Tribunal Constitucional polaco, y así le pedimos, señora Von der Leyen, que active el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho.

Señora presidenta, en primer lugar, quiero dar las gracias a Malin Björk, que es compañera del Grupo The Left, y a Diana Riba, compañera de candidatura en Ahora Repúblicas, por el gran trabajo realizado con este informe. La violencia de género es una de las vulneraciones de derechos humanos más grande de la historia, que radica en la estructura patriarcal de las sociedades y en los estereotipos de género y debe ser totalmente erradicada para poder hablar de igualdad. En los últimos años, los casos de violencia han ido a más, y no podemos olvidar, además, que la COVID-19 ha aumentado notablemente el número de agresiones. Gracias al movimiento feminista, la igualdad y la violencia de género están en el foco, prestando especial atención, además, en las mujeres migrantes discapacitadas de grupos minoritarios y a otros colectivos vulnerables, desde un enfoque multisectorial. Me gustaría subrayar también que la violencia de género se manifiesta de muchas maneras y que la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva también es violencia contra la mujer. Tenemos que seguir denunciando todas y cada una de esas agresiones. Es vital que la violencia de género se incluya en la lista de delitos europeos para abordarla de forma conjunta en la Unión Europea, porque la violencia de género es también una pandemia.

–Señor presidente, señora comisaria, en primer lugar, quiero agradecer al ponente, Javier Moreno, y a su equipo el trabajo que han hecho en la revisión de la Directiva sobre la tarjeta azul, al igual que a todos los grupos que han colaborado para llegar a este resultado después de tantos años. El objetivo era conseguir una tarjeta azul más atractiva y, aunque los diálogos tripartitos no han sido fáciles, hemos conseguido que se consideren elementos positivos, como procedimientos más rápidos cuando hablamos de movilidad intraunión y reunificación familiar o periodos de desempleo más favorables en cuanto a la residencia de largo plazo, condiciones de hecho más propicias para el solicitante. Estos son los puntos que consideramos que constituyen el valor añadido de la revisión del instrumento. Con todo nos hubiese gustado que se consideraran temas como extender el listado de capacidades, que se abrieran más categorías o que los puntos mencionados anteriormente, como la residencia a largo plazo o el período de desempleo, fueran aún más favorables para el solicitante, para de verdad haber conseguido una herramienta todavía más atractiva. En resumen, nuestra opinión es que el resultado conseguido es satisfactorio, pero no debemos olvidar que solo incluye a los grupos altamente cualificados, y pensamos que hay que seguir trabajando para que la Unión también propicie vías de entrada para los trabajadores de baja y media cualificación, tal y como ya se propone en el informe sobre inmigración ilegal. Para terminar, quiero decir que debemos tener presente que la situación en Afganistán va a ocasionar una nueva corriente migratoria hacia la Unión, que, en nuestra opinión, debería abordar, entre otras medidas urgentes, la creación de vías legales y seguras para los colectivos más vulnerables. Hoy damos satisfactoriamente un pequeño paso que debería enmarcarse en el conjunto de una política europea migratoria respetuosa con los derechos humanos. Hay que decir, una vez más, que ese no es el caso del Pacto sobre Migración y Asilo que se nos propone desde la Comisión Europea.

Señor presidente, señora comisaria, el aeronáutico es un sector estratégico de la Unión que cuenta con más de 600 000 puestos de trabajo directos. Los fabricantes de aeronaves se han visto afectados por la cancelación de entregas y, solo en el País Vasco, 600 trabajadores han perdido su empleo. Ha desaparecido el 20 % del sector por los despidos en Aernnova, ITP, Alestis, Aciturri y Lauak, y esto sitúa a la Comisión Europea ante la necesidad de tomar medidas al respecto. Es necesario hacer una defensa decidida del empleo del sector y de su futuro, porque los despidos relacionados con la pandemia no son aceptables. Estamos hablando de una situación absolutamente circunstancial. Y hay que proteger al sector de las deslocalizaciones, consecuencia de las grandes operaciones de compraventa que se están dando en el contexto de la pérdida de valor de algunas compañías. La Unión no puede dar facilidades para que se cree una concentración oportunista al rebufo de la pandemia. Y, finalmente, el gran reto del sector de la aeronáutica pasa también, en este caso, por la transición ecológica. Al igual que se está haciendo, con mayor o menor acierto, en el sector de la automoción, el sector de la aeronáutica necesita de un plan público para su acople a los objetivos del Pacto Verde y así proteger prioritariamente el empleo de miles de trabajadores y trabajadoras.

Señora presidenta, para los que defendemos el papel de los Estados emergentes en la construcción de Europa, Eslovenia ha sido una referencia ineludible de proceso democrático, no violento y exitoso desde aquel diciembre de 1991 en el que consiguió su independencia. Los que aspiramos, como los vascos, a disponer de nuestro propio Estado en Europa, creemos que la independencia es la mejor manera de alcanzar la justicia social para toda nuestra ciudadanía. Hoy debo decir con frustración que, treinta años después, Eslovenia ha iniciado una senda peligrosa que la lleva a la autocracia por medio de discursos y prácticas xenófobas y antieuropeas, ataques al Estado de Derecho y a la separación de poderes, la eliminación de derechos fundamentales bajo la excusa de la pandemia, el control de los medios de comunicación, un Estado policial y la persecución de partidos políticos legales, como también conocimos en el País Vasco. Su política antimigración contra el derecho de asilo y de devoluciones en caliente avergonzaría a todos los eslovenos que encontraron una nueva vida en los Estados Unidos o Argentina huyendo de la represión política y el hambre. Solo vamos a pedirle que proteja los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en Eslovenia, y que devuelva a su país el prestigio internacional de un pueblo que consiguió ser libre hace treinta años, señor Janša.