Sobre qué Pernando ha hablado.

Señora presidenta, señorías, nuestra condolencia más sentida a los familiares y al entorno de las personas fallecidas en la emergencia medioambiental del País Valencià y Albacete. Toda la solidaridad y el apoyo mostrado tienen que transformarse en hechos porque, dos semanas después de la DANA del 29 de octubre, todavía se continúa limpiando y solo ahora se empiezan a reconstruir pueblos y ciudades. Es necesario activar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y dar apoyo financiero inmediato que permita el acompañamiento de todo tipo —sanitario, psicológico, laboral— a los familiares de las víctimas y a todos los afectados para que puedan comenzar a rehacer sus vidas y sus pueblos. El negacionismo y el retardismo climático ya no son una mera extravagancia, son una posición que tiene responsabilidades políticas criminales. Las consecuencias del cambio climático, el agravamiento de todos los fenómenos meteorológicos, como las sequías, el calor extremo y las inundaciones, son más que evidentes para quien las quiera ver. Las desgracias de hoy son herederas de esa realidad que supone someterlo todo a la especulación más brutal y al beneficio privado. Quiero decir que, solo en el Estado español, tres millones de personas viven en zonas inundables y, para proteger sus vidas, hay que tomar medidas: en primer lugar, prohibir la nueva construcción en zonas inundables y, con ese fin, dotar de alta capacidad económica y legal a las entidades locales.

Señora presidenta, en este punto sobre las amenazas persistentes a zonas marinas protegidas y comunidades costeras quiero llamar la atención de sus señorías sobre un proyecto para la construcción en Gernika (País Vasco) de un nuevo museo Guggenheim en plena reserva de la biosfera de Urdaibai, que es un estuario en la desembocadura del río Oca al mar Cantábrico, en el océano Atlántico. Estamos hablando de un proyecto que vulnera la legislación europea al plantearse en la marisma de Urdaibai, una Zona de Especial Protección para las Aves o ZEPA y, por lo tanto, parte de la Red Natura 2000. Por esta zona, declarada de especial protección, se estima que circularían alrededor de 140 000 visitantes anuales, según los promotores del museo, lo cual es absolutamente un sinsentido. Esta situación hace que el proyecto cuente con una enorme oposición de los habitantes del lugar, que exigen detener este proyecto porque creen que pone en riesgo una zona que debiera estar especialmente protegida y que necesita un plan de desarrollo acorde con el valor del entorno ambiental de Urdaibai. Queremos interpelar a la Comisión para que actúe en consecuencia, proteja los intereses medioambientales de los ciudadanos de la zona y no permita el deterioro absoluto de este espacio costero, protegido por una figura diseñada por la propia Comisión Europea como es la Red Natura 2000.

Señora presidenta, como todo cambio disruptivo, las enormes ventajas derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías también tienen otra cara, en este caso proporcionada por la deshumanización que permite el anonimato. El crecimiento de las posiciones de ultraderecha tiene mucho que ver con la manipulación online para difundir mensajes de odio y antidemocráticos, desde los deepfakes a la mera difusión masiva de información falsa y difamante: todo vale. Y hasta las nuevas mayorías en este Parlamento tienen mucho que ver con la utilización de esos recursos oscuros. Creo que ustedes ya me entienden. Es especialmente grave que las plataformas que permiten este comportamiento estén en manos de magnates que las explotan en clave pura y dura de negocio. Son cuentas empresariales que no tienen ningún interés ni responsabilidad social y a quienes no interesan ni la veracidad ni el interés público. Existe una necesidad de nuevas plataformas, nuevas herramientas moderadas en contenidos veraces y legítimos, por encima de la rentabilidad y de la cuenta de resultados, que prioricen el interés público. No hay iniciativa privada que asegure el interés público; esto solo puede ser garantizado desde el ámbito público y, por lo tanto, emplazamos a la próxima Comisión a que nos haga llegar una reflexión sobre cómo desde ese ámbito público europeo se pueden crear nuevas plataformas que superen el modelo de negocio actual y garanticen la utilidad pública.

Señor presidente, señorías, hace un año Azerbaiyán culminó una limpieza étnica de absolutamente toda la población armenia de Nagorno Karabaj, su tierra ancestral, donde los armenios habían vivido durante miles de años, una limpieza étnica precedida de todo tipo de crímenes de guerra. En este momento, la situación de lo que ocurre allí ha quedado desdibujada por la magnitud de otras crisis y conflictos, pero la realidad es que decenas de miles de armenios de Karabaj ahora están refugiados fuera de su hogar y hay decenas de presos políticos en poder de Bakú. Las conversaciones entre Armenia y Azerbaiyán pueden ser un buen paso para dar paz y estabilidad a la región, pero no podemos olvidar la realidad de los karabajíes ni tomar Azerbaiyán por un país aliado de la Unión Europea por mucho gas que tenga o por mucha diplomacia del caviar que siga ejerciendo en los pasillos de esta Casa. No podemos olvidar que Azerbaiyán es un Estado autoritario donde se detiene a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, se reprimen protestas pacíficas y se restringe ilegítimamente el trabajo de medios de comunicación y organizaciones independientes. Europa no puede mirar hacia otro lado porque necesite compensar el embargo a Rusia: el gas azerí que llega a Europa lo hace manchado de sangre armenia y de la vulneración de derechos humanos contra la ciudadanía de Azerbaiyán.

Señor presidente, señor comisario, señorías, la exigencia de condiciones de vida dignas y decentes para toda la ciudadanía es un discurso transversal que exige tomar la iniciativa desde el ámbito público, particularmente en temas de vivienda. Una vez más, el gran dogma liberal de ese mercado que supuestamente se autorregula cae por su propio peso y se muestra incapaz de garantizar derechos básicos. Las políticas habitacionales deben abordarse desde la idea de que la vivienda es un bien básico, un derecho humano fundamental y no un bien de objeto de comercio y especulación. Las administraciones públicas deben garantizar este enfoque de salida. En el Estado español, existe una herramienta legal que permite topar el precio de los alquileres por medio de una declaración de zona tensionada y en su breve aplicación ya está demostrando cierta capacidad de contención de los precios. Apoyamos que esta iniciativa se acompañe de una regulación restrictiva de los alquileres cortos y de temporada y de una política fiscal que grave el negocio del alquiler vacacional, imponga límites a su expansión y, además, fomentar la cultura del alquiler frente a la de la propiedad. Las competencias están básicamente en manos de los Estados, pero desde la Unión se pueden tomar medidas para impulsar ese cambio de orientación totalmente necesario. Verdaderamente, al nuevo comisario de Vivienda no le va a faltar trabajo.

Señora presidenta, señora comisaria, señorías, la Cumbre del Futuro auspiciada por las Naciones Unidas ha acordado un documento que habla, entre otras ideas, de seguridad y paz y de la transformación de la gobernanza global. Ambos conceptos están íntimamente unidos y hoy es imposible hablar de seguridad internacional y paz sin referirnos a Ucrania y Palestina y volver a exigir el fin de la invasión rusa de Ucrania y el fin de la ocupación israelí de Palestina, y ahora también del Líbano. Un alto el fuego es totalmente necesario y exigible para parar el genocidio. La seguridad internacional y la paz son el resultado del respeto del Derecho internacional, que no puede ser violado sin consecuencias. Si consideramos como contraria al Derecho internacional la invasión de Ucrania, que lo es, debemos hacer lo propio con la invasión de Palestina y el Líbano o la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos y hasta la fecha las instituciones europeas aplican el Derecho internacional según quién sea el que lo vulnera. Mucha mano dura y escalada militar contra Rusia, porque es el enemigo a batir, pero complicidad con Israel y Marruecos, porque se consideran socios de la Unión Europea y la OTAN. Nosotros no podemos aceptar ese doble rasero. Confronten con Marruecos e Israel como lo hacen con Rusia, señora Jourová, porque los tres están vulnerando el Derecho internacional. Denuncien la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y comiencen por acatar, señora Jourová, la sentencia del TJUE que dice que el Sáhara Occidental no es Marruecos y, por lo tanto, invalida el acuerdo comercial. Y corten, de una vez por todas, con el estatus de privilegio que otorga a Israel el Acuerdo de Asociación del año 2000.

Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Afganistán se enfrenta actualmente a múltiples crisis que se solapan: económico, humanitario, climático y político, cada uno de los cuales está interconectado y exacerbado por la creciente crisis de los derechos de las mujeres. En los últimos dos años, los talibanes han impuesto políticas cada vez más abusivas, en particular contra las mujeres y las niñas y las minorías religiosas y étnicas, que violan claramente las obligaciones del Afganistán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La situación en el Afganistán exige un enfoque dirigido por las mujeres, centrado en el género y basado en datos empíricos. La Unión Europea debe realizar sus esfuerzos humanitarios y garantizar que nuestros programas de ayuda en todo el país luchen contra las fuentes de desigualdades sociales y den prioridad a la ayuda a las víctimas de los derechos humanos y de la violencia de género. Me gustaría pedir a los Estados miembros de la Unión Europea que establezcan y faciliten vías seguras y legales para los afganos en situación de riesgo, en particular aumentando las cuotas de reasentamiento, los visados humanitarios y facilitando la reunificación familiar, en particular para las mujeres y las niñas. Las mujeres del Afganistán nos necesitan y nuestra voz debe utilizarse para amplificar la suya.

Señora presidenta, señor comisario, señorías, la Unión Europea, y este Parlamento en particular, están obligados a denunciar el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra Palestina con la complicidad de la comunidad internacional. La población palestina tanto en Gaza como en Cisjordania sigue siendo atacada y bombardeada por Israel, y esto tiene que parar ya. La presión contra Israel por parte de la Unión Europea debe contemplar la suspensión del Acuerdo de Asociación UE‑Israel del año 2000: se acabó la zona de libre comercio con Israel mientras continúe con el genocidio en Palestina. Quiero subrayar que esto no comenzó el 7 de octubre pasado. Volver al statu quo anterior no es una opción y quiero aprovechar para mencionar la importante conferencia internacional contra el apartheid en Palestina convocada por la diáspora palestina en Bruselas este próximo 19 de octubre. Es imprescindible seguir trabajando por el fin del genocidio en Palestina, por un alto al fuego inmediato y por buscar una solución que permita al pueblo palestino disponer de su propio Estado, viable y respetado por la comunidad internacional.

Señor presidente, es imprescindible asegurar que la ciudadanía ejerza con todas las garantías su derecho democrático en el proceso de deliberación europeo, asegurando su papel activo en procesos de democracia directa. Para ello, es fundamental que las instituciones ahonden en la transparencia, muchas veces puesta en cuestión, como ocurrió con la Iniciativa Ciudadana Europea «Minority SafePack», que fue finalmente rechazada por la Comisión. La transición digital es una oportunidad para garantizar una participación ciudadana clave a la hora de asegurar derechos fundamentales, tan necesarios en este contexto de amenaza constante por parte de sectores reaccionarios, respetando los derechos fundamentales y luchando contra la discriminación contra mujeres, personas, migrantes y personas LGBTI+. Para terminar, quisiera subrayar que el texto recoge el derecho de iniciativa legislativa por parte del Parlamento Europeo mediante la revisión de los Tratados, por ejemplo por medio de la Convención. Además, es fundamental que los cauces de participación, también de los Estados miembros, se abran a la escala local y regional, así como que se tenga en cuenta la realidad de las naciones sin Estado.

Señor presidente, lo vivido en Navarra desde el 15 hasta el 19 de junio ha sido una situación crítica absolutamente excepcional y sin precedentes. La situación meteorológica en torno a 40 grados durante días, tormentas eléctricas y la sequedad de la tierra con más de cincuenta días sin lluvias, han provocado varios incendios con efectos devastadores. Afortunadamente, no ha habido daños personales de gravedad y la afección en núcleos urbanos ha sido mínima, pero han ardido unas 15 000 hectáreas en diversas zonas de Navarra, dejando graves daños en la masa forestal, la fauna y la flora; un desastre en términos medioambientales que el Gobierno de Navarra ya ha prometido restaurar con celeridad. Y, para ello, ya se ha iniciado la tramitación de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil ante el Gobierno estatal. Se están trabajando también las ayudas posibles de fondos europeos, las del FSUE, y va a ser necesaria una inversión muy importante para la reforestación y apoyar a los agricultores y explotaciones agrarias perjudicados. Y para eso es necesario que se permita el acceso a las ayudas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea a quienes han sufrido este tipo de desastres naturales y que probablemente no entran en los mínimos exigibles de daños cuantificados pero que, para una economía regional como la navarra, son devastadores y de complicada resolución económica. Atiendan, pues, esta situación y reduzcan los umbrales de acceso al Fondo de Solidaridad para que este mecanismo de emergencia cumpla con el objetivo para el que fue creado.

Señor Presidente, con la creación de Irlanda del Norte en 1921, los británicos diseñaron un estado segregado que negó los derechos más básicos a los ciudadanos irlandeses durante décadas. Un sistema de discriminación social y política que buscaba impedir que obtuvieran una representación y un acceso al poder adecuados. El Acuerdo del Viernes Santo de 1998 puso fin a esa situación y marcó el comienzo de una nueva era de transformación democrática y gobierno compartido entre unionistas y nacionalistas. La legislación anunciada por Boris Johnson podría poner en riesgo el Protocolo y, además, dijo que el Reino Unido procedería unilateralmente. No hay duda de que esto pondría en peligro el acuerdo del Viernes Santo. Pondría en peligro la gobernanza en la isla de Irlanda y pondría en peligro los progresos realizados en los últimos 24 años en el proceso de paz. Como sabemos, el Sinn Féin ganó las últimas elecciones, pero el DUP, liderado por Jeffrey Donaldson, se niega a compartir el poder. Desempeñan un papel de mal perdedor. Es hora de que respeten y apliquen la plena democracia y de que la Comisión Europea aumente la presión sobre el Gobierno británico para que el legado de paz permanezca intacto.

Señora presidenta, señora comisaria, existe un gran paralelismo entre la traición de Suecia y Finlandia con los kurdos para contentar a Turquía y la enésima puñalada de España al Sáhara Occidental. En el caso saharaui, va evidenciándose que España ha cambiado de posición histórica en favor del ocupante marroquí a cambio de externalizar la frontera sur de la Unión Europea en Melilla, con el resultado trágico de las 37 muertes que conocimos hace dos semanas. Se trata de una pésima gestión del Gobierno español que también implica a la Unión Europea, porque España ha subcontratado el control de la entrada sur de la Unión Europea a un país cuyo respeto por los derechos humanos brilla por su ausencia. Esto pone en entredicho los valores fundamentales de la propia Unión. Pero esto no es solo responsabilidad de España. La Unión Europea también es responsable de estas atrocidades cuando recurre las sentencias del Tribunal de Justicia, que no reconocen otra soberanía que la saharaui sobre el Sáhara Occidental. Señora comisaria, es hora ya de terminar con esta vulneración interminable de derechos, porque las vidas de los africanos también importan. Dejen de jugar con los derechos del pueblo saharaui y acaten de una vez por todas las resoluciones de los tribunales europeos.

Señora Presidenta, queridos colegas, permítanme llamar su atención sobre la situación de los estudiantes vascos en las escuelas superiores que se presentan al examen final llamado Diplôme Nationale du Brevet que tiene lugar en el sistema internacional francés mañana y al día siguiente. Los estudiantes del Departamento de los Pirineos-Atlánticos que han obtenido todo su estatus en euskera hasta la fecha deben presentarse a los exámenes finales en lengua francesa. Su protesta y reivindicación de que los exámenes finales se hicieran en euskera fue atacada por un cargo policial francés contra los propios estudiantes, padres y profesores. Este comportamiento de las autoridades francesas no está a la altura de las normas europeas de diversidad y protección de los derechos humanos. Estos estudiantes merecen ser tratados como europeos decentes que están haciendo todo lo posible para promover la diversidad europea. La República Francesa debe protegerlos, y no molestarlos, debido a su identidad lingüística. Por lo tanto, quiero pedir, por un lado, a las autoridades francesas que estos exámenes finales finalmente se tomen y corrijan en euskera sin ninguna objeción y, por otro lado, a la Comisión también que se mantenga vigilante sobre el tema para que los derechos lingüísticos de los estudiantes vascos estén protegidos en Francia.

Señor presidente, todas las personas tenemos el derecho a emigrar y mejorar nuestra situación personal y económica, máxime en circunstancias de vulnerabilidad o riesgo para nuestras vidas o la de nuestros familiares. Todas, absolutamente todas las personas somos sujetos de derechos humanos y sociales y esto no puede soslayarse por razones de raza, religión, cultura o clase. No es admisible que el enfoque que se nos propone sea única y exclusivamente permitir la entrada a la Unión de nacionales de terceros países que tengan acreditados perfiles profesionales o académicos que interesen a Europa. Quiero decir que este aspecto ya está cubierto por la Directiva de la tarjeta azul que recientemente aprobó este Parlamento; tan reciente que todavía no ha habido tiempo de evaluar su eficacia. Quiero subrayar la ironía del origen de estas iniciativas de corte racista que se nos presentan. Quiero recordar de dónde salió la emigración europea no hace tanto tiempo: de los países nórdicos, del este europeo, de los países del sur, hacia los Estados Unidos, América del Sur, Australia, África. Exactamente por las mismas razones que esgrimen algunos que vienen de lugares donde la guerra, el hambre o la falta de dignidad humana son una realidad diaria. No podemos ser tan indignos y negar el derecho a emigrar y ser acogido que garantizaron a millones de europeos tiempo atrás. Quiero además recomendarles que, si su preocupación es atraer talento norteafricano a Europa, comiencen por reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática para que así también los saharauis puedan acceder al mercado laboral europeo.

Señor presidente, comisario, esta moción que debatimos hoy viene de la pregunta con solicitud de respuesta oral que hicimos varios diputados con relación a las microcredenciales en la enseñanza en el contexto del Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025. El texto recoge propuestas ambiciosas en el marco de la accesibilidad universal a la educación haciendo hincapié en temas como la relación estrecha entre el aprendizaje permanente y la empleabilidad, el afianzamiento de los lazos con la transición verde, la formulación de un marco de reconocimiento de habilidades y competencias adquiridas a través del aprendizaje informal y no formal, y la insistencia en el hecho de que las opciones disponibles no deben limitarse estrictamente a las necesidades del marco laboral. En todo caso, en las microcredenciales debería tenerse en cuenta la situación de las personas que estudian en lenguas minorizadas de la Unión. Cabe subrayar que estas lenguas son vehiculares en el sistema educativo —en mi país, por ejemplo, casi el 70 % del alumnado elige el euskara como lengua vehicular— y no deberían ser ignoradas por el Espacio Europeo de Educación, y las microcredenciales también deberían servir para promover el movimiento de estudiantes a escala transfronteriza, ayudando así a que puedan completar sus estudios en nuestras lenguas europeas.

Señor presidente, señorías, en un Estado de Derecho nada, absolutamente nada, justifica la vigilancia por medio del software de espionaje Pegasus y similares a políticos electos, periodistas y activistas. Las instituciones europeas deben investigar qué gobiernos han violado la legislación europea y los derechos fundamentales espiando ilegalmente a oponentes políticos. Es importante subrayar que estamos hablando de un asunto de alcance europeo. Está probado que Hungría y Polonia han utilizado Pegasus, y ahora sabemos que los servicios de inteligencia del Estado español también han utilizado Pegasus para intervenir las comunicaciones de docenas de políticos catalanes y vascos, entre otros el secretario general de mi partido. No olvidemos que Pegasus está solamente al alcance de los Estados. Es especialmente grave que un Estado miembro como España espíe ilegítimamente a cargos políticos electos, entre ellos diputados a este Parlamento, vulnerando su intimidad y el derecho a ejercer su mandato sin presiones externas, como recoge el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. Este Parlamento ha creado una Comisión sobre Pegasus. Tenemos que examinar la industria que está detrás del software de espionaje, porque Pegasus es solamente la punta del iceberg. Nuestro grupo hace tiempo que está planteando una prohibición general de las tecnologías de vigilancia de masas y el Parlamento Europeo tiene que tomar la iniciativa para prohibir el software espía ilegítimo como Pegasus y para que los Estados miembros que lo utilicen afronten consecuencias por ello.

Señora presidenta, en primer lugar, tenemos que estar agradecidos a los ciudadanos y ciudadanas que han invertido su tiempo en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, a los que participaron en los paneles de ciudadanos y en los plenarios y a todos los que dejaron su opinión en las aportaciones de la web multilingüe. Estas personas nos han demostrado una vez más que la ciudadanía va por delante de las instituciones europeas, que son más flexibles y eficaces a la hora de detectar qué falla y cómo hay que solucionarlo. Por eso el resultado de la Conferencia, en general, ofrece una visión mucho más progresista que la composición, por ejemplo, de este Parlamento, lo cual es motivo de satisfacción. En ese sentido, los ciudadanos respaldaron como segunda aportación más votada en la plataforma digital una iniciativa para solucionar conflictos de soberanía en la Unión Europea en base a la aplicación de un mecanismo de claridad que no ha sido incluida en el texto final de la Conferencia. Consideramos que es un error; Europa no puede reinventarse dejando fuera a las naciones sin Estado, e insistiremos en ello. Por último, nuestro apoyo al llamamiento de la Convención Europea para una posible reforma de los Tratados. Será una oportunidad para separar lo que funciona de lo que no y poner de relieve la Europa de los derechos humanos, la Europa social y guardiana de los derechos de los pueblos, para poder decidir libremente su futuro.

Señor Presidente [...]trabaja en la Comisión AIDA. Tomó mucho esfuerzo y mucho entendimiento mutuo también. Tengo que decir que somos muy críticos con las ideas principales del proyecto final. Debo admitir que se han realizado algunos avances durante el procedimiento y que se han introducido algunos elementos ligeramente positivos en lo que respecta a la inteligencia artificial y el mercado laboral, la salud y la privacidad de los datos y la alfabetización digital como componente de la educación básica. Más allá de estos puntos, el informe reconoce que no es posible idear algoritmos de inteligencia artificial, como señaló nuestro grupo. Sin embargo, nuestro grupo no puede compartir el enfoque empresarial global flexible y basado en el riesgo de la inteligencia artificial y el dramático de la Unión Europea en riesgo, incluida una narrativa audaz de un enfoque pro-Estados Unidos y anti-China en todo el informe, en lugar de una visión global más amplia, multilateral y colaborativa. Lamentamos especialmente que nuestra propuesta de incluir un enfoque multilateral para la cooperación en inteligencia artificial con terceros países, utilizando organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, no haya sido aceptada en la comisión. El informe final carece de puntos pertinentes, como la ausencia de regulación para los casos de alto riesgo y la ausencia de un mensaje claro sobre el impacto medioambiental del desarrollo incontrolado de la inteligencia artificial en lo que respecta a las materias primas, las emisiones de CO2 y el consumo de energía. El informe reconoce la brecha de género, pero no llega a formular recomendaciones políticas claras para aumentar el papel de las mujeres en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial. La peor parte es la relativa a la aplicación de la ley y la defensa, donde pide una cooperación más estrecha con la OTAN en ciberdefensa y pide a los aliados de la OTAN que regulen el uso militar de la inteligencia artificial. Ninguna prohibición del despliegue del reconocimiento facial y ninguna prohibición de todos los sistemas de armas autónomos. Estos son puntos clave para un desarrollo conforme con las libertades civiles de la inteligencia artificial. Por lo tanto, nos queda un informe sin objetivos claros, excepto una regulación flexible para las empresas, en consonancia con la OTAN y los Estados Unidos en la política exterior de IA, y haciendo hincapié en el establecimiento de normas de inteligencia artificial por parte de China, que plantea un reto perverso para la Unión Europea. Estas cuestiones son cruciales para nuestro Grupo y les animo a todos a apoyar nuestras enmiendas sobre el papel de la OTAN y sobre la aplicación de la IA en el ámbito del desarrollo de las lenguas minoritarias europeas. Pero permítanme llamar su atención sobre nuestras enmiendas, en particular con respecto a la prohibición del reconocimiento facial y el armamento autónomo. Como he dicho antes, estos aspectos deben tenerse en cuenta en un documento delicado como este.

Señor presidente, el mecanismo de evaluación debe asegurar que se refuerza el respeto de los derechos fundamentales, así como el derecho a la libre circulación. Y, sin embargo, desde 2015, en las fronteras internas del espacio Schengen hay pasos transfronterizos que llevan cerrados más de un año, algo que en un principio debería haber sido una medida temporal. Este es el caso de algunos pasos en el País Vasco, que el Gobierno francés ha decidido cerrar o donde ha puesto controles internos. Medidas que afectan al día a día de la gente que trabaja y vive en ambos lados de la frontera y que, además, han causado la muerte de al menos ocho jóvenes migrantes al tratar de cruzar la frontera por el río Bidasoa que separa Irún y Hendaya. En cambio, la Comisión Europea, en su revisión del Código de fronteras Schengen, en lugar de asegurar que se respetan los derechos fundamentales, normaliza los controles internos y premia a los Estados miembros que están vulnerando derechos fundamentales. Es hora de tomar medidas contra los pushbacks. La propuesta de revisión —hay que señalarlo— va a convertir en norma los abusos y las muertes de solicitantes de asilo. Y el éxodo ucraniano nos demuestra que necesitamos una reforma del espacio que asegure... (el presidente retira la palabra al orador).

Señor presidente, quisiera empezar mi intervención agradeciendo la labor del ponente Domènec Ruiz Devesa por el trabajo realizado y por su disposición a incluir nuestras aportaciones desde la elaboración del primer borrador de informe y durante todo el proceso de negociación. Debo decir que estamos satisfechos con el resultado. El informe recoge un amplio examen de las acciones para implementar el concepto de ciudadanía europea, teniendo en cuenta realidades sociales diferentes y prestando una atención muy específica para que las realidades de las personas migrantes y refugiadas sean tenidas en cuenta, así como un plan específico para combatir la xenofobia en todas sus variantes, haciendo especial hincapié en las mujeres, las personas LGTBI y las minorías. Quiero destacar que el informe recoge la diversidad lingüística dentro de la estrategia de ciudadanía europea, poniendo el foco en las lenguas minoritarias y aquellas que están en peligro de desaparición. A este respecto, quisiera traer a colación como referencia positiva el amplio acuerdo al que se ha llegado en el País Vasco sobre el pacto educativo, refrendado por la amplísima mayoría política y social. El euskera, lengua minoritaria, será el eje de la educación y se podrá dar un salto cualitativo en la adquisición de la lengua vasca por parte del alumnado y la sociedad en general. También pone medios para terminar con la segregación por motivos de origen y de renta del alumnado. Hacemos votos para que esta realidad sea tenida en cuenta en la implementación de acciones en materia de educación para la ciudadanía europea.

Señora presidenta, la Comisión Europea presentó recientemente una acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible, donde se recoge un plan para que Europa sea independiente de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030, así como, en el corto plazo, responder al aumento de los precios de la energía en Europa y reconstituir las reservas de gas de cara al próximo invierno: el plan REPowerEU. En cambio, la Comunicación recoge medidas preocupantes, como la opción de importar gas licuado de los Estados Unidos, la apuesta por la energía nuclear y limitar la independencia a los combustibles rusos y no a los combustibles fósiles en general. Ante la escalada de precios de la energía, que padecen especialmente la ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas, es imprescindible cambiar el modelo del mercado marginalista con un mayor control público y aumentar la tributación de los dividendos «venidos del cielo» —como se denominan— de las grandes empresas eléctricas. Y, de la misma manera, es vital acelerar la transición energética verde, sin perjuicio de la biodiversidad y priorizando el desarrollo de comunidades de energías renovables. Quisiera decir también que, en este contexto energético, no parece lo más inteligente provocar gratuitamente la ira de uno de nuestros principales proveedores de gas, Argelia. La decisión del presidente Sánchez sobre el Sáhara Occidental, además de contraria al Derecho internacional, es torpe y va a ocasionar dificultades añadidas en el suministro energético europeo.

Señora Presidenta, el pueblo armenio ha conocido lo peor con los genocidios perpetrados por Turquía en 1915, y ha anhelado la libertad y la democracia. Dos años después del ataque azerí apoyado por Turquía contra el pueblo de Artsaj, el pueblo armenio y su patrimonio cultural siguen amenazados. En este contexto, en primer lugar, pedimos a Azerbaiyán que descarte de una vez por todas su enfoque militarista y sus reivindicaciones territoriales en Armenia y que participe de buena fe en las negociaciones y en el marco del Grupo de Minsk de la OSCE sobre el estatuto definitivo de Nagorno Karabaj. Es esencial respetar el derecho a la autodeterminación de Nagorno Karabaj como principio democrático para hacer frente a los conflictos de manera democrática. No podemos aceptar la postura de Azerbaiyán y debemos enviar un mensaje claro. Azerbaiyán debe dejar de atacar y negar la existencia de Nagorno Karabaj como entidad política totalmente independiente. Azerbaiyán debe ser respetuoso con el pueblo de Artsaj y el derecho internacional.

Señora Presidenta, hace un año, los militares de Myanmar tomaron el poder mediante un golpe de Estado y detuvieron a la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y al presidente. En agosto, el comandante en jefe del ejército anunció que se nombraba a sí mismo primer ministro y desde entonces un movimiento de protesta masiva ha salido a las calles y ha protestado por el regreso a un gobierno civil elegido democráticamente. Desde el golpe, las autoridades militares han perpetrado una vez más crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Han continuado las violaciones de los derechos humanos, en particular contra los rohinyás. Apoyamos las sanciones adoptadas por la UE contra los implicados en graves violaciones de los derechos humanos en Myanmar/Birmania, pero no podemos limitar el ámbito de aplicación ni examinar a quién. La excepción que permite explícitamente que los operadores de petróleo y gas de la UE permanezcan en Myanmar/Birmania es inaceptable y debe suprimirse. Es hora de la paz y la democracia en Myanmar/Birmania y eso solo llegará junto con la desmilitarización, el diálogo, la diplomacia y el Derecho internacional. Europa debería presionar al Tatmadaw para que detenga inmediatamente la represión contra activistas pacíficos y miembros del público en general y transfiera poderes a la sociedad civil organizada. Esa es la única manera aceptable de avanzar.

Señora presidenta, señorías, los más de dos millones de refugiados que han huido de Ucrania hasta la fecha necesitan nuestra ayuda y, por eso, damos la bienvenida a la Directiva de protección temporal, que da acceso a la residencia, a la educación y al mercado laboral de la Unión, tal y como llevábamos pidiendo desde 2015. Esto refleja que, cuando hay voluntad política, la Unión Europea es un lugar abierto a la gente que huye de la guerra y la persecución. En estos trece días hemos acogido a más refugiados que en la crisis migratoria de 2015. Hay una forma, por lo tanto, más humana de proceder que la del Pacto sobre Inmigración y Asilo de la Comisión Europea, que se limita a organizar devoluciones y reducir los derechos de quien finalmente llega a la Unión. Todos los solicitantes de asilo y sus derechos fundamentales deben ser respetados de igual manera —¡de igual manera!—, independientemente de su nacionalidad y país de origen: vengan de Ucrania o de Siria o de Afganistán, sean vecinos o no, sean cristianos o no, sean blancos o no, son personas que huyen de la guerra y del horror. Yo soy vasco de la nación que sufrió el bombardeo de Guernica y somos un país de acogida y en contra de la guerra, volcado siempre en la acogida de las personas refugiadas. ¡Siempre! Y, por eso, denunciamos la hipocresía de Polonia, que hace dos meses cerró su frontera con Bielorrusia a refugiados afganos e iraquíes y los dejó morir de frío, mientras, ahora sí —con buen criterio, hay que subrayar—, acoge a los refugiados ucranianos. Es una actuación hipócrita y racista, impropia de un Estado europeo.

Señor presidente, señor ponente, el Parlamento Europeo lleva años pidiendo la creación de un estatuto a nivel europeo para las asociaciones y las ONG con el fin de asegurar el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros y facilitar la labor transfronteriza de dichas asociaciones. A día de hoy siguen existiendo grandes complicaciones a la hora de reconocer las actividades de las asociaciones internacionales y esto es especialmente grave en las regiones transfronterizas, como es el caso de mi país, Euskal Herria. Tal y como se recoge en la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, precisamente en las regiones transfronterizas y las eurorregiones, las asociaciones y las organizaciones juegan un papel muy importante a la hora de facilitar el trabajo en torno a los intereses de los que la sociedad civil es partícipe. Y, además, cada vez son más las asociaciones y las ONG que defienden el interés público y se enfrentan a diferentes retos económicos, sociales o ambientales, entre otros, y que operan a través de las fronteras en medio de comunidades naturales. Pero, a pesar de ello, siguen enfrentándose a obstáculos legales y fiscales. Quiero, además, llamar la atención sobre la anunciada reforma del espacio Schengen, porque puede ser un obstáculo para la vida comunitaria transfronteriza y específicamente para el funcionamiento real de las asociaciones que trabajan a ambos lados de las fronteras.