Sobre qué Javier ha hablado.

Señora presidenta, señor comisario, en los tres últimos períodos parciales de sesiones hemos hablado de amenazas y riesgos para los menores en el ámbito digital. Los contenidos de abuso sexual infantil, en un caso, el cyberbullying en el pasado período parcial de sesiones y, hoy, el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales. Esto demuestra que tenemos un problema y es un problema estructural, con los riesgos y con las amenazas que el ámbito digital plantea para nuestros menores. Insisto, un problema estructural. Sabemos que la utilización de menores para actividades criminales responde a una convergencia creciente entre la delincuencia organizada, la radicalización online y la explotación infantil. Y sabemos también que no es una cuestión solo de seguridad, sino de protección, de prevención y de cohesión. Por tanto, de nuevo tenemos que hablar de una estrategia integral de todos los actores implicados. Las redes sociales, las plataformas de mensajería cifrada, videojuegos online y servicios de streaming son utilizados cada vez más para captar y manipular a menores vulnerables. Vulnerabilidad que radica en su aislamiento, en su dependencia digital, pero también en el aprovechamiento de dinámicas de ludificación en las que la actividad criminal a los menores se les presenta como protagonistas de un videojuego. El espacio digital no puede ser una trampa permanente para nuestros menores, tiene que ser un mundo que puedan explorar de una manera segura. Tenemos que tomar medidas ya.

Señora presidenta, señor comisario, muchas gracias a todos los diputados que han participado en este debate, a los que apoyan nuestra propuesta y a los que han criticado esta Directiva. Lamento, sin embargo, que algunos de nuestros estimados diputados hayan hablado más de los delincuentes que de las víctimas y lamento también que se hable de imposición ideológica, porque creo que no hace justicia al trabajo que se ha realizado. ¿Qué hay de imposición ideológica en que las víctimas tengan derecho a la protección frente a la glorificación del delito? ¿Qué hay de imposición ideológica en que las víctimas sean informadas en el proceso, que se proteja su identidad, que se asegure la asistencia legal, el derecho a recurrir decisiones judiciales que les afectan, el derecho a ser escuchadas? ¿Qué imposición ideológica hay en que se integren servicios especializados, en que se establezcan líneas de ayuda y que se facilite la denuncia? ¿Qué imposición ideológica hay en identificar aquellos grupos de víctimas más vulnerables, con necesidades especiales, y hacia las cuales nosotros tenemos la obligación de ofrecer apoyo especial? ¿Qué imposición ideológica hay en afirmar, de manera estricta y clara, la competencia nacional sobre los servicios de salud sexual y reproductiva que pueden ser ofrecidos a las mujeres víctimas de violencia sexual? No, no hay imposición ideológica. Esta es una Directiva que ha nacido, que se ha desarrollado y que se ha podido culminar en medio del espíritu de consenso y presidida por él. Y ese espíritu de consenso nos permite hoy ofrecer un importante paso adelante en la protección de las víctimas. Agradezco a los grupos y a las asociaciones de víctimas con los que nos hemos entrevistado. También, por supuesto, expreso mi agradecimiento a la coponente Lucia Yar y a todos los que han participado, específicamente al comisario McGrath y a sus servicios, por el apoyo que nos han prestado y por su compromiso personal para hacer posible hoy que mañana podamos reunir el máximo apoyo a esta Directiva.

Señor Presidente, señor Comisario McGrath, cada año 10 millones de personas son víctimas de delitos en la Unión Europea, y un gran número de estos delitos no se denuncian, por lo que las víctimas permanecen desprotegidas en sí mismas, y los sistemas judiciales y policiales se ven gravemente afectados. También vemos una legislación fragmentada a nivel nacional, con un trato desigual para las víctimas y normas de protección muy diferentes. Al mismo tiempo, sabemos que la presentación de informes y los procedimientos judiciales pueden representar una tarea extremadamente engorrosa para muchas víctimas, si no una experiencia dolorosa y estresante. En este contexto, el Parlamento inició, en el mandato anterior, un largo debate y complejas negociaciones que han dado lugar a una Directiva revisada que es muy satisfactoria y supone una mejora sustancial del estatuto de las víctimas y de la protección de sus derechos. Por primera vez, la Directiva introduce obligaciones específicas para que los Estados miembros garanticen que las víctimas que sufran daños adicionales debido al enaltecimiento de infracciones penales graves puedan acceder a medidas de apoyo y protección. Además, el acuerdo establece un sistema de «privacidad por defecto», que garantiza que los datos personales de las víctimas no serán accesibles a los delincuentes a menos que sea estrictamente necesario, y que representa una mejora sustancial de la seguridad y la confianza de las víctimas en los procedimientos judiciales. Los Estados miembros deben proporcionar canales de notificación accesibles, seguros y fáciles de usar por ‑, incluidas herramientas digitales, y esperamos que esto reduzca la notificación por parte de ‑ y permita la intervención temprana de las autoridades competentes. La Directiva prevé el establecimiento de líneas de ayuda a escala de la UE ‑, el refuerzo del acceso a una asistencia jurídica efectiva y el desarrollo de servicios de apoyo especializados, incluidos refugios, mejorando al mismo tiempo las condiciones para las víctimas que participan en procesos penales transfronterizos ‑. Las víctimas tendrán derecho a recibir toda la información pertinente sobre su caso, incluida la liberación y el traslado del delincuente, el cambio de régimen o la terminación anticipada de una responsabilidad penal. La revisión judicial también será un derecho: el derecho a la revisión de las decisiones adoptadas durante el procedimiento, el derecho a la traducción, el derecho a ser oído y el derecho a la asistencia jurídica cuando dichas decisiones se adopten durante el procedimiento. El considerando 7 fue clave para un compromiso final, y tuvimos que conciliar la preocupación y el apoyo a las víctimas de violencia sexual con una disposición jurídicamente sólida. Creo que conseguimos este equilibrio en el considerando 7: los servicios de salud sexual y reproductiva se mencionan en el considerando, no en la parte dispositiva del texto. Se mencionan a modo de ejemplo, por lo que la Directiva no tiene la intención de establecer una lista europea de servicios de salud sexual y reproductiva, sino que se denominan servicios. El considerando reafirma claramente la competencia nacional en la elección, la definición y la prestación de estos servicios con arreglo a las leyes nacionales y los marcos constitucionales, y de conformidad con el artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Permítanme decirles que el resultado es totalmente positivo y satisfactorio para aquellos que han estado tan estrechamente involucrados, como mi caso como ponente, y co‑ponente junto con mi colega Lucia Yar. Es totalmente positivo, no solo porque creo que obtendrá un gran apoyo del Parlamento, sino que también marcará una diferencia, una mejora sustancial en la situación de las víctimas y el apoyo que tienen derecho a recibir.

Sí. Una vez expirado el Reglamento provisional, la Ley de Servicios Digitales es probablemente el único instrumento jurídico que podemos utilizar, pero es insuficiente. Necesitamos una regulación específica sobre los riesgos específicos, las amenazas y las medidas para proteger a los menores. Eso es lo que estamos haciendo. Pero mientras tanto, creo que deberíamos considerar medidas para evitar cualquier brecha legal en la detección y denuncia de abuso sexual infantil en línea.

Señora Presidenta, señora Comisaria, si hoy celebramos este debate es porque creemos que ni la Unión Europea ni los Estados miembros están dando las respuestas adecuadas, o al menos las están dando en el momento adecuado. La tecnología parece estar superándonos como si no fuéramos capaces de abordar la realidad de la vida digital de nuestros hijos. Y sí, tenemos que tomar decisiones. Permítanme poner un ejemplo, porque si bien confío en el resultado positivo, en las negociaciones en curso con el Consejo sobre un reglamento permanente de cese y prevención, el hecho es que ahora, en este mismo momento, carecemos de un marco jurídico que permita la detección de material de abuso sexual de menores en línea. Sí, necesitamos definiciones claras. Necesitamos una armonización de las disposiciones penales. Necesitamos una aplicación estricta de las normas de la UE. El espacio digital es cada vez más desafiante, por decir lo menos, para los niños, para su integridad, para su salud mental, para su educación. Y deberíamos considerar toda una gama de medidas. La mayoría de ellos pueden basarse en instrumentos jurídicos reales. La mejora de la evaluación de riesgos, con especial atención a los menores, las medidas de mitigación específicas, incluidos los controles parentales adecuados o los mecanismos eficaces de verificación de la edad, las medidas de detección y la moderación del contenido humano, son mecanismos eficaces y accesibles que requieren una actuación rápida cuando se detecta o notifica la situación de ciberacoso o el material de abuso sexual de menores. Si el ciberacoso, el CSAM, el aseo y la distorsión sexual están entrando en nuestros hogares y atacando a nuestros hijos, se debe en gran medida a una sensación de impunidad de los perpetradores, y eso debe terminar.

Señor presidente, señor comisario, hace menos de tres años, en Polonia, un cambio político liderado por el Partido Popular abría la vía para que Polonia pudiera revertir el deterioro en su Estado de Derecho. Hace unos días, en Hungría, un cambio político también liderado por el Partido Popular, hace posible que siga ese mismo camino de reencuentro pleno con los valores democráticos. Eso significa que debemos pedir que la Comisión tenga, al menos, la misma ambición que este Parlamento demuestra cuando afrontamos los problemas del Estado de Derecho. Porque, señor comisario, reformas esenciales para el buen gobierno de un poder judicial independiente siguen a la espera; porque la lucha contra la corrupción encuentra obstáculos serios en decisiones políticas de Gobiernos nacionales que debilitan los instrumentos de lucha contra estos delitos, protegen a sus amigos políticos o les recompensan con la ocupación de las instituciones y de las empresas públicas; porque vemos cómo la libertad de expresión sufre mediante la manipulación y el control político de los medios públicos; cuando vemos que el estado de transposición del Derecho europeo al ámbito nacional tiene, en algunos casos, una situación absolutamente lamentable; cuando la glorificación del terrorismo y de la violencia política, el acoso a partidos democráticos y a medios de comunicación por parte de grupos violentos vuelve a las calles, desde un alarmante sentido de impunidad. Por tanto, necesitamos que las recomendaciones de la Comisión sean firmes y bien definidas y que vayan acompañadas de todas las capacidades de actuación que usted tiene como comisario.

El problema no fue una ley, el problema fue una mala ley que se impulsó desde su partido político. Mire, yo acabo de ser coponente en la nueva Directiva relativa a las víctimas. Lo que yo pienso sobre todos estos temas está en la Directiva sobre los derechos de las víctimas que este Parlamento próximamente aprobará y de la que me siento especialmente orgulloso como coponente.

Señor presidente, si no hay consentimiento, hay violación. Pero la afirmación de este principio lo que tiene que llevarnos es a hacer las cosas bien, también desde el punto de vista jurídico, porque tenemos, por ejemplo, en el caso de España, una experiencia trágica de una mala regulación de la violación y de la agresión sexual que tuvo que ser rectificada, pero que significó la puesta en libertad anticipada de más de mil violadores y agresores sexuales. Esta también es una experiencia de la que tenemos que aprender para centrarnos en el objetivo esencial y no perdernos en narrativas divisivas. Tenemos que centrarnos en una definición legal sólida; en incentivar y facilitar la denuncia; en mejorar los plazos de prescripción; en fortalecer los servicios de asistencia a las víctimas; en ofrecer a las víctimas el tratamiento y el apoyo que merecen en situaciones tan traumáticas; en potenciar la labor de jueces y fiscales independientes y bien formados para investigar, perseguir y enjuiciar este delito y hacer que, hasta que no tengamos una definición armonizada, la cooperación judicial permita evitar la impunidad.

Señora presidenta, señor comisario, nuestra ponente —a quien agradezco su trabajo— decía que «la corrupción mata» y, efectivamente, la corrupción mata la democracia, la corrupción mata la confianza en las instituciones y la corrupción mata la igualdad de oportunidades. Tenemos un instrumento legislativo valioso que, sin duda, puede ser mejor y más ambicioso, pero quiero denunciar la impostura de quienes lo critican por no ser suficientemente ambicioso y, al mismo tiempo, se erigen en representantes de la soberanía nacional para impedir los avances que muchos queríamos que se hubieran reflejado en este texto. No se puede estar a las dos cosas a la vez. Y ahora sí. Pero el trabajo ha empezado, señor comisario, porque es la Comisión la que tiene que asegurar que esta Directiva se traspone en tiempo y forma y de una manera leal con sus objetivos; porque, sí, sabemos que hay todavía demasiados procedimientos a través de los cuales los Estados eluden las obligaciones derivadas de la lucha contra la corrupción: diferentes formas de definir los delitos, jugando con los plazos de prescripción, debilitando las unidades judiciales y policiales de lucha contra la corrupción, con el uso abusivo e injustificado de indultos o promoviendo amnistías que determinan la impunidad de los criminales y que lo único que hacen es beneficiar a los amigos o a los socios políticos. La corrupción es un desafío existencial para la democracia y para la Unión Europea, y tenemos que responder unidos, juntos y fuertes en este mismo compromiso.

Mr President, yesterday in this Chamber, we listened to the heartbreaking testimony of a mother, Jackie, whose daughter Coco fell victim to online bullying. Heartbreaking testimony, indeed, but also challenging to us as legislators. What are we going to do about it? What do we intend to do about it? Because right now there are thousands of children going through the same torture that Coco suffered. Children in isolation, in distress, in fear, who are being harassed, extorted, humiliated, bullied and abused. Children whose images as victims are being disseminated online. This is happening now, in homes that are no longer the safe environment we think they are, when sexual predators, bullies or even criminal organisations break into them through digital doors. Child sexual abuse online, radicalisation of minors online, recruitment by organised crime online. Europol reports show that terrorist actors, organised crime groups and online communities involved in child exploitation increasingly operate in the same digital spaces. As a result, minors can be targeted simultaneously for grooming, manipulation, criminal purposes, and radicalisation. So the situation of children in the digital space, in terms of risks and threats, is deteriorating seriously. And we need a whole‑of‑society approach with the strong commitment and involvement of government, industry and platforms, law enforcement, civil society and legislators. This is a simple principle that we have to translate into truly enforceable legislation: what is legal offline should be illegal online. Unfortunately, the gap is here and the gap is widening. The whole thing starts with prevention. I find it really extraordinary, to say the least, that, while we discuss about child protection online, there is no effective procedure of age verification in place yet. Yes, prevention requires detection of illegal content, content removal according to the law, early warnings. It is feasible. It is legally possible within a sound and proportionate legal architecture with a strong set of safeguards, targeted actions, clear limits and accountable technologies. We should uphold the fundamental rights of children, their dignity, their moral integrity, their right to be protected, the right to be assisted and supported. Protection of children is not an option. It is a primary obligation, and we as legislators have the opportunity and the duty to deliver. The legislation that is under negotiation now and the new proposals that we expect to be put forward by the Commission should make a real difference as a comprehensive approach to child protection, both online and offline, as a truly European framework of integral protection, in which national responsibilities are effectively articulated and reinforced with the stronger cooperation mechanisms at European level. So let me state in the strongest possible way that protecting children is not chat control. I find it absolutely regrettable and seriously misleading to speak about measures to protect children in such a dismissive and untrue way. But there may be some who advocate for a digital space with no rules, no limits and no responsibility, where hate speech spreads freely, where racism and threats go unchecked, all in the name of freedom. Certainly, that is not my option and not that of the EPP. Children deserve protection, the protection that law can and should provide. They do not deserve to turn our commitment into a political battlefield in confrontation driven by ideological prejudice or partisan political interests. Let us move beyond slogans and fear. Let us work together and deliver on our responsibility, compelled by the suffering of victims and survivors, and driven by our duty as legislators.

Lamentablemente, no puedo contestar a la pregunta porque es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. Sin embargo, no somos precisamente nosotros, los miembros del Partido Popular, los que tenemos que responderla. Son explicaciones que también hemos pedido sin ningún resultado.

Sí, bueno, le explico: es notorio que el Partido Popular votó a favor de la admisión a trámite de esa iniciativa legislativa popular, que, por cierto, decía que pretendía la regularización extraordinaria de inmigrantes siempre que se siguieran haciendo estas regularizaciones caso por caso, como propone esta iniciativa, que es lo que decía literalmente. Y se hablaba de la regularización de aquellos extranjeros que se encontraran en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021. ¿Algún parecido con esto? Bastante lejos.

Señora presidenta, comprendo que este debate puede suscitar alguna confusión entre nuestros compañeros europeos porque cuando hablamos de la política migratoria en España, hemos convertido a Bad Bunny en referencia del debate, y porque la política migratoria resulta que para la izquierda consiste en regularizar y dar papeles a 600 000, 800 000... —ni siquiera lo saben—. Y, para este lado, también, a veces parece que la política migratoria consiste en expulsar a 600 000 inmigrantes durante ¿cuántos años? En cinco años, ustedes han expulsado al 8 % de la población española: es un buen plan de política migratoria. Es decir, estamos entre el disparate y la mentira, y nosotros, desde el Grupo PPE, no vamos a participar en eso. Por el contrario, lo que queremos es seguir liderando —como se ha demostrado en la votación de esta mañana— políticas firmes, responsables, efectivas y posibles para regular la inmigración de acuerdo con la ley. Esta regularización no significa extender la ley; esta regularización significa eludir la legalidad. Cinco meses de estancia en España no generan arraigo ni en España ni en ningún país, y no se puede actuar unilateralmente tomando decisiones de impacto masivo para los demás socios europeos y para terceros países. Por tanto, tiene que haber legalidad, claro; ese es el principio rector de la política migratoria, pero con procesos consensuados, caso por caso, con arraigo efectivo, vinculada al empleo, con garantías en materia de salud y sin antecedentes penales, naturalmente, con los mismos deberes, las mismas obligaciones y los mismos derechos que se exigen a los ciudadanos españoles —ni más ni menos—. Eso es lo que queremos.

Como se ha aludido reiteradamente a la supuesta regularización del señor Aznar, yo quería saber si nuestro colega Javier Moreno sabe que la llamada regularización del señor Aznar está producida por un decreto de 2 de febrero de 1996, dictado en las últimas semanas del Gobierno de Felipe González. El Gobierno del señor Aznar, efectivamente, que no considera que cumplir la ley es opcional, a diferencia de otros, cumplió con el decreto que le había dejado el Gobierno socialista del señor González.

Señor presidente, señora vicepresidenta, en el año 2023 se registraron 400 000 entradas irregulares en la Unión Europea. En el año 2025, 178 000. Esta evolución demuestra que, cuando las instituciones de la Unión Europea se alinean en los mismos objetivos, llegamos a resultados. Lo hemos visto con el Pacto sobre Migración y Asilo, lo vemos con el mecanismo de suspensión de visados o con los acuerdos de Frontex. Pues bien, sabemos, sin embargo, que solo una de cada cinco órdenes de retorno se ejecuta realmente. Y hablamos de órdenes de retorno, no de expulsiones arbitrarias; de decisiones adoptadas después de un procedimiento legal que determinan quién puede y quién no puede estar legalmente en el territorio de la Unión. Conocemos cuáles son las falsas recetas de los populismos demagógicos y sus mentiras peligrosas, y conocemos también las posiciones de una izquierda irresponsable, con apariencia de superioridad moral, pero sin compromiso alguno con el cumplimiento efectivo de la ley. Pues bien, cuando estamos discutiendo el Reglamento sobre los retornos tenemos que hacer una apelación a la responsabilidad, porque sin retornos creíbles y ejecutables no hay confianza en el sistema, y sin confianza no puede existir una política de inmigración y asilo sostenibles. Abandonemos, por tanto, esas narrativas equivocadas que siguen bloqueando los avances con la idea de que la gestión de la migración y la protección de los derechos fundamentales son ámbitos separados o incluso contrapuestos. En Europa, no.

Señora presidenta, señora alta representante, me encuentro entre los que no sienten ningún pesar por el hecho de que un autócrata haya sido removido del poder en Venezuela, un autócrata corrupto a la cabeza de un régimen represor que ha provocado el exilio de uno de cada cinco venezolanos y ha llevado al país a una miseria sin precedentes. Pero me encuentro también entre los que sienten una seria preocupación ante la posibilidad de que los intereses enunciados por el presidente Trump y los intereses de supervivencia del régimen chavista puedan alinearse a costa del avance hacia la democracia que en su inmensa mayoría quieren los venezolanos. Y, sí, podemos hablar de la gran mayoría de los venezolanos, porque se expresaron en julio de 2024 en unas elecciones presidenciales que Nicolás Maduro simplemente robó. Por tanto, si Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela —y no lo es—, la señora Rodríguez tampoco puede serlo. La representación legítima de los venezolanos corresponde a Edmundo González y a María Corina Machado y solo desde el respeto a esa voluntad se puede articular la transición política que devuelva el destino del país a los venezolanos, sus protagonistas.

Señora Presidenta, creo que el reto es claro: debemos evitar que la IA se convierta en una máquina de abuso sexual infantil. En 2025, la Fundación Internacional Internet Watch identificó 3 440 videos de IA de abuso sexual infantil, en comparación con solo 13 en 2024. Por lo tanto, en términos de política, necesitamos una acción urgente sobre la expansión explosiva de CSAM en línea, y es por eso que estamos negociando con el Consejo el Reglamento CSAM. Pero seamos claros, no debería haber una doble conversación sobre eso. Por lo tanto, nuestras preocupaciones deben ir acompañadas de una regulación significativa y eficaz. También necesitamos una aplicación estricta de las normas de seguridad existentes, incluida la Ley de Servicios Digitales, para asegurarnos de que las empresas incorporen herramientas de seguridad por diseño desde el principio. Y sí, también debemos garantizar que la Directiva CSA refundida tipifique como delito el uso o la posesión de generadores de imágenes CSA o material producido utilizando dichos modelos y debemos considerar seriamente una prueba independiente de los sistemas de IA para garantizar que no puedan generar CSAM. El contenido sexualizado no consentido, ya sea real o generado por IA, es explotación y un acto de violencia que debe ser confrontado y combatido.

Madam President, Commissioner, with this report we take an important and meaningful step for the future of disability rights in Europe, and I would like to commend the work of our rapporteur, Rosa Estaràs, along with the political groups. Over the past years, the EU strategy for the rights of persons with disabilities has made considerable progress, showing what is possible when we strongly uphold a shared commitment. The truth is clear that, despite these achievements, too many people with disabilities still face fragmented support, barriers for free movement and unequal access to opportunities. Their fundamental rights – our shared European values – are not fully guaranteed. The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs takes note that it is necessary to continue efforts in order to address the remaining gaps relating to the free movement of persons with disabilities, and the mutual recognition of disability rights across the EU. We join the call on the Commission to present, without delay, an updated and ambitious study for the rights of persons with disabilities 2025-2030, ensuring that no one in Europe is left behind.

Madam President, Commissioner, it is indeed valuable to hold debates and organise numerous events in this Parliament on the protection of minors online. These discussions help raise awareness. But awareness is not enough. Children cannot be protected by speeches alone. And that is why, from the committee responsible for the online protection of minors, data protection, law enforcement and judicial cooperation – the LIBE Committee – I would like to deliver a clear call to action. A call to all actors, to all stakeholders. The situation of children in the online environment is seriously deteriorating on all counts, not only considering exposure to pornography, addictions, betting, self-harm, recruitment by organised crime. Well, we must work together with a strong sense of responsibility and determination and make the most of our respective positions and roles in the legislative process. Every minute we lose without producing effective legislation, every excuse we hear for not taking action, means more children harmed, more lives shattered, more lives ruined.

Madam President, Commissioner, we must welcome the adoption of this report. It represents both a commitment to our shared security and recognition of the work that Europol and national law enforcement authorities perform. So I think the work of our rapporteur Jeroen Lenaers and the shadow rapporteurs deserves to be commended. Migrant smuggling, human trafficking –⁠ these have become highly profitable activities for organised crime. In this case, I would say that the victims are particularly vulnerable. Most of them, women and children, are exposed to all sorts of abuse. Lack of national jurisdiction or the ineffective enforcement of it makes impunity the rule. The fight against this despicable criminal business is not only about safeguarding our borders, but also about preventing and fighting massive violations of human rights. So we must ensure that our response remains as agile, innovative and resilient as the threats we face. This is a remarkable step forward, and we need to put in place more effective cooperation through data exchange, better and broader data processing, and the strengthening of operational arrangements. The business model of traffickers has to be disrupted to its roots. A clear message has to be sent –⁠ on the one hand to the criminals, as we step up our fight and our capabilities and, on the other hand, a message to reassure our citizens, a message of social responsibility, clear priorities, closer cooperation and more effective protection of our territory, which must be denied as a workplace for human traffickers.

Señor Agius Saliba, muchas gracias por su pregunta, porque me da la oportunidad de exponer lo siguiente. Primero, me alegro mucho de todos los avances que se están produciendo en el fortalecimiento de la independencia judicial. Señalo todavía los muchos avances que están pendientes. Además, creo que el respeto por la independencia judicial es incompatible con los ataques que los jueces están sufriendo en Malta por investigar estos casos de corrupción.

Señor presidente, señora vicepresidenta, hoy no solo recordamos el asesinato de Daphne Caruana. Recordamos asimismo que el Estado de Derecho es la columna vertebral de la Unión Europea y, por tanto, tenemos que insistir en que el Estado de Derecho es un deber y una responsabilidad de la Unión. Si levantamos el velo del lenguaje siempre medido de la Comisión en su informe sobre el Estado de Derecho, vemos que se ha avanzado muy poco. Señorías, han pasado ocho años ocho años —¡ocho años!— y, tras ocho años, el instigador y autor intelectual del crimen se encuentra en libertad, y altos cargos que han obstaculizado la investigación no han sido procesados. Ocho años después de las treinta y dos recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa solamente se han adoptado cuatro. Ocho años después —¡ocho años después!— la Comisión nos dice que no se han producido avances en la protección de los periodistas ni en la libertad de los medios. Ocho años después —¡ocho años después!— del asesinato, cuando los jueces actúan, se les acusa de terrorismo político. Y ocho años después, personas vinculadas a la Oficina del Primer Ministro han destruido la ofrenda floral en memoria de Daphne Caruana. Ocho años. Podemos hablar, por tanto, de lo que se ha hecho, pero hablemos de lo que no se ha hecho en estos ocho años, porque ese será nuestro compromiso y el mejor homenaje a la memoria de Daphne Caruana.

Señor presidente, señor comisario, este es un debate, el del papel central de la policía en la estrategia de seguridad interior de la Unión, que ha tardado mucho tiempo en producirse y, por eso, tenemos que sacar conclusiones. Con demasiada frecuencia tenemos la impresión de que, al definir las estrategias de seguridad, simplemente damos por supuesta a la policía, damos por supuesto su compromiso profesional, que existe. Por eso tenemos que empezar haciendo honor a un imperativo político y moral, y es el de proteger a quienes nos protegen. Sin policía, sin fuerzas de seguridad, sin agencias de cumplimiento de la ley, no hay Estado de Derecho ni hay ejercicio de las libertades. La policía al servicio de la democracia es el Estado de Derecho. Y lo cierto es que nunca ha habido tantas agresiones físicas, verbales y digitales contra los profesionales de la seguridad pública. Por lo tanto, si queremos una estrategia de seguridad eficaz, hay que fortalecer el instrumento primordial de esa estrategia, que son las fuerzas de seguridad. En este sentido, la policía debe ser considerada como una profesión de riesgo, y estamos comprometidos con ello. Tenemos que velar por la mejora general de las condiciones de trabajo y de los servicios de apoyo integral —incluido el psicológico— a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad; tenemos que avanzar en la armonización del tratamiento penal de la protección a las fuerzas de seguridad y sus profesionales en el ámbito europeo; y es preciso, con urgencia, mejorar sustancialmente la dotación de medios humanos, materiales y tecnológicos para que se cierre la brecha escandalosa entre la capacidad de la policía y la ventaja de las organizaciones criminales.

Señora Presidenta, señor Comisario, Irán está incumpliendo gravemente sus obligaciones básicas con respecto a su programa nuclear. Pero esto no es noticia. Por lo tanto, la introducción de sanciones es bienvenida y debería haberse hecho hace mucho tiempo. Las sanciones deben ser significativas, aplicarse plenamente y ser objeto de un estrecho seguimiento. Pero no olvidemos que este no es el problema. El verdadero problema es el régimen iraní, que es un desafío que requiere un enfoque completamente nuevo de nuestra política hacia Teherán. Con el régimen iraní en su lugar, no habrá paz en la región. Los ayatolás tuvieron mucho cuidado de destruir los Acuerdos de Abraham a través de sus representantes: Hamas, los hutíes y Hezbolá. Y ahora, a medida que surja la nueva oportunidad de paz en la región, Teherán hará todo lo posible para interrumpir el proceso de paz. Con el régimen iraní en vigor, Rusia seguirá teniendo un aliado útil en su agresión contra Ucrania. Con el régimen iraní en su lugar, la represión brutal sin límites legales o morales continuará cayendo sobre cualquiera que se atreva a desafiar la tiranía. Más de 1000 personas ejecutadas en los primeros nueve meses de 2025. Entonces, en este punto, permítanme preguntar, ¿por qué los embajadores iraníes viven tan cómodamente en las capitales europeas? ¿Y por qué la inclusión de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista todavía no está incluida en las sanciones adoptadas, a pesar de la petición constante y enérgica de este Parlamento? Estimados colegas, muchos iraníes dentro y fuera de Irán arriesgaron sus vidas. Merecen ser apoyados, protegidos y compartir su compromiso por un Irán libre y democrático.