Sobre qué Javier ha hablado.

. – Señor presidente, señor vicepresidente, señor presidente del Consejo, la guerra de agresión contra Ucrania nos permite ver en toda su gravedad lo que significa la estrategia de desinformación y de injerencia. Y la primera conclusión es que la desinformación y la injerencia son también una guerra. Cuando nos enfrentamos a Estados que no ocultan sus ambiciones, ya sean económicas, territoriales o nucleares, la desinformación que practican es la forma de preparar el terreno para el uso de la fuerza. Antes de que Putin bombardeara Ucrania, había bombardeado las mentes y las opiniones con una campaña permanente de odio y de demonización contra los ucranianos y sus autoridades. La fuerza militar vino después. Por tanto, sepamos que la desinformación es el canario en la mina: siempre anuncia peligro. Después de sus fracasos militares Putin solo puede confiar en que funcione alguna de estas tres hipótesis. En primer lugar, la amenaza del uso del arma nuclear. En segundo lugar, un cambio político de algún aliado de la OTAN, con la esperanza de que ponga en cuestión la ayuda que recibe Ucrania. Y, en tercer lugar, el desistimiento de Occidente por cansancio. Pues bien, en cualquiera de estas hipótesis, y para que estas funcionen, es esencial para Rusia la utilización masiva de la desinformación, de la injerencia, de la manipulación, de la actuación a través de personalidades y organizaciones políticas, sociales y mediáticas aliadas de Rusia y afines a su narrativa antioccidental. Estemos, pues, alerta todos —instituciones, políticos, medios de comunicación, organizaciones sociales— para no dejar que, en este momento crucial, la opinión pública de nuestros países se vea contaminada por la mentira, la amenaza y la manipulación.

Han pasado diecisiete días desde que comenzaron las protestas tras el asesinato de Mahsa Amini en instalaciones policiales iraníes. ¿Cuántos iraníes han sido asesinados? Cientos. ¿Cuántos han sido arrestados o heridos? Miles. No estamos seguros. Las mujeres son golpeadas y arrastradas por la policía. Pero hagámoslo bien: no se trata solo del velo obligatorio o del hiyab. Se trata de la libertad básica. Se trata de un régimen basado en la represión sistemática y la crueldad contra su pueblo. Un régimen encabezado por alguien plenamente implicado en la masacre de 1988, un crimen contra la humanidad que ya ha llegado a los tribunales europeos. Un tribunal sueco ha impuesto una pena de cadena perpetua a un funcionario iraní por participar en este crimen. Hay un levantamiento en curso en Irán, y no solo tenemos que condenar la represión, sino también apoyar a las víctimas de la represión. Necesitamos enviar una señal clara de nuestra preocupación y condena, pero también un mensaje inequívoco de apoyo: Europa significa pluralismo, democracia, libertad de religión, respeto de todas las creencias, igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y aquellos iraníes que luchan por sus derechos, arriesgando sus vidas, merecen ver a Europa firmemente de su lado. Europa en su mejor momento: amistoso, solidario y comprometido. Debe haber demandas específicas al Gobierno iraní sobre la liberación de prisioneros y la rendición de cuentas de los perpetradores, sin importar cuánto tiempo tome. Pero ni el acuerdo nuclear ni los recursos petroleros de Irán pueden justificar hacer la vista gorda o diluir nuestra respuesta. El apaciguamiento, deberíamos saberlo, nunca funciona.

Señor presidente, esta mañana, la presidenta de la Comisión ha recordado que la democracia no puede darse por sentada y tampoco la libertad: este debe ser nuestro punto de partida. La Unión Europea, también España, sigue siendo un gran espacio democrático, comprometido con la preservación del Estado de Derecho, y ahora, además, tiene que ser un ejemplo de firmeza especial a la hora de combatir las acciones, los discursos y las ideologías que desean acabar con la democracia representativa; unas amenazas vienen de fuera, otras las tenemos dentro: está el populismo que pretende encarnar una voluntad popular por encima de la ley, pero también el nacionalismo étnico, racista y excluyente. Se ataca a la democracia y a la libertad, a la diversidad y al pluralismo, en nombre de la religión, de la etnia, de la identidad o de la lengua, y esta amenaza sigue presente en la Unión Europea. Un aspecto concreto, pero sustancial, de esto son las narrativas que en mi país legitiman la violencia ejercida durante casi medio siglo por una banda terrorista. Por eso, reitero, señor comisario, la necesidad de impulsar rápidamente la revisión de la Directiva por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos de la manera que en este informe se recomienda para reforzar la protección de las víctimas y para dar garantías de que se evitará todo acto de humillación y ataque proveniente de los sectores sociales afines a los agresores.

Señora presidenta, sería muy interesante saber cuántos miles de tuits, de fotos y de vídeos fueron borrados precipitadamente después de que Rusia iniciara su agresión contra Ucrania. Las redes sociales dejan constancia de que la influencia de Rusia y de Putin ha ido más allá de la captura de élites, de la financiación de fundaciones o de partidos, o de la penetración en medios y universidades. Tenemos que hacer frente a la agresión rusa contra Ucrania y tenemos que hacer frente también, en la Europa democrática, a los proxies ideológicos de Putin. Unos ven en Putin el hombre de hierro, el patriota, el heraldo de valores, el representante de la virilidad y la esperanza de que sobreviva todo aquello que consideran condenado por la decadencia de Occidente. Otros, nostálgicos del comunismo, identifican a Putin con la supervivencia de ese viejo comunismo que, después de su derrota, se ha transformado en nacionalismo agresivo. Pues bien, frente a unos y frente a otros, sigamos investigando, sigamos dibujando el mapa de la interferencia rusa. Pero lancemos también una advertencia a los que quieran actuar como quinta columna de Putin, una advertencia a sus proxies ideológicos: sepamos quiénes son y confrontémonos con ellos para preservar la libertad y la democracia.

Señor presidente, este es un debate tan importante y el tema es tan grave que, efectivamente, hay que tener cuidado para que no se suban viajeros sin billete, para que no se suban free riders, esos que quieren apropiarse de la preocupación de esta Cámara para convertirla en caja de resonancia de su victimismo. A estos viajeros sin billete, a estos free riders de Pegasus, les gusta presentarse como exiliados perseguidos, cuando en realidad son simples prófugos de la justicia, o quieren hacerse pasar por defensores del Estado de Derecho, cuando en realidad ellos han protagonizado la más flagrante e insólita ruptura de la máxima expresión del Estado de Derecho, que es la Constitución. Incluso algunos partidos que ahora nos aleccionan protagonizaron, por ejemplo, en mi tierra, en el País Vasco, algunos célebres casos de espionaje político, esos sí acreditados ante los tribunales en otros tiempos. Siempre defenderé que un derecho fundamental y, por supuesto, también el derecho fundamental de esos viajeros sin billete, solo puede verse afectado en circunstancias claramente definidas por razones fundadas y con la garantía de un juez independiente. Y no tengo ningún motivo para dar por supuesto que en el caso de España se haya violado la ley que establece esas garantías. Por lo tanto, habrá que distinguir entre los disidentes y los prófugos. Habrá que distinguir entre los que legítimamente pueden desear, reclamar, pedir la independencia de un territorio y los que en nombre de la independencia organizan, participan y lideran procesos sediciosos. Habrá que distinguir entre las víctimas de la arbitrariedad y la legalidad de aquellos que pueden ser objeto de la acción legal de un Estado democrático cuando el Estado legítimamente se defiende.

Señor Presidente, señora Comisaria, a estas horas de la tarde creo que no es el apoyo que algunos de ustedes han expresado, sino su presencia física en el hemiciclo lo que realmente tengo que agradecerles. Permítanme decir que el historial de Europol es un éxito y tenemos que prolongar y reforzar ese éxito, que soy consciente de las dudas y las críticas que se han expresado por parte de algunos grupos y algunos diputados. Lamento decir que algunos de ellos se derivan de una representación totalmente inexacta de lo que dice el Reglamento. Por ejemplo, Europol no está autorizada, y no podrá, introducir descripciones del sistema de información de Schengen por sí sola, y ciertamente no sobre personas que no tengan relación con ninguna actividad delictiva. Eso es simplemente falso. Pero permítanme subrayar que, una vez que el Reglamento esté en vigor, todos tendremos un papel diferente y nuevo. Evidentemente, Europol tendrá un nuevo papel: un nuevo mandato, nuevas responsabilidades, nuevas capacidades. Por supuesto, la Comisión tendrá un nuevo papel. Algunas de las nuevas obligaciones derivadas del desarrollo y la aplicación de los reglamentos de Europol son, y serán, muy importantes. El SEPD desempeñará un nuevo papel en el refuerzo de la intervención en la actividad de la Agencia. Y habrá un nuevo papel para el Parlamento y los instrumentos que hemos puesto en manos del Parlamento para aumentar y reforzar la supervisión democrática. Creo que si todos usamos los instrumentos que el nuevo reglamento pone en nuestras manos, Europol será mejor y todas estas dudas simplemente desaparecerán.

Señor Presidente, en mi calidad de ponente me siento especialmente honrado de dirigirme al Pleno sobre el nuevo Reglamento Europol. Este Reglamento, el nuevo mandato de Europol, marca un salto sustancial, diría yo, en las capacidades de la Agencia, en su capacidad para apoyar a los Estados miembros, en el marco de gobernanza y, por último, pero no menos importante, en el sistema mejorado de salvaguardias que hemos establecido. El presente Reglamento es el resultado de una preocupación compartida por la necesidad de contar con un instrumento mejor y más eficiente para apoyar a los Estados miembros en un panorama de seguridad con amenazas cambiantes y cada vez más complejas. Permítanme subrayar que el Parlamento ha estado a la vanguardia en la promoción de la refundición de Europol. Me gustaría elogiar y expresar mi agradecimiento por el trabajo realizado por mis colegas, los ponentes alternativos, desde el principio de este proceso tras la presentación de la propuesta legislativa por parte de la Comisión el 9 de diciembre de 2020. Hemos tratado cuestiones delicadas desde diferentes puntos de vista, pero hemos sido capaces de crear una atmósfera de cooperación real e intercambio abierto. No se ha pasado por alto ninguna preocupación ni se ha hecho caso omiso de ninguna contribución. Y permítanme añadir que, con el mejor espíritu de compromiso, incluso aquellos que están fuera del consenso mayoritario pueden ver algunas de las contribuciones reflejadas en este reglamento. Hemos establecido una base jurídica sólida para el análisis y el tratamiento de conjuntos de datos grandes y complejos y, en consecuencia, se ampliarán los derechos de intercambio de información y ejecución del SEPD sobre las operaciones de tratamiento de datos previstas por Europol. En el marco del nuevo mandato, Europol cooperará efectiva y directamente con entidades privadas para establecer su jurisdicción. Y se le permitirá intercambiar datos con partes privadas directamente en situaciones de crisis en línea relacionadas con la difusión masiva de contenidos terroristas y en la lucha contra el material de abuso sexual de menores en línea. Europol podrá apoyar a los Estados miembros en el uso de tecnologías emergentes y en el desarrollo de soluciones tecnológicas comunes. Y bajo el nuevo mandato, será posible que esos proyectos incluyan el procesamiento de datos personales en aras de la seguridad, sujeto a salvaguardias muy estrictas. El nuevo mandato también prevé la capacidad de Europol para proponer a los Estados miembros la introducción de descripciones de información en interés de la Unión en el Sistema de Información de Schengen, sobre la base de la información recibida de terceros países u organizaciones internacionales. El nuevo mandato mejora y amplía claramente el alcance de la cooperación con la Fiscalía Europea y con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Europol y la Fiscalía Europea deben celebrar un acuerdo de trabajo en el que se establezcan las modalidades de su cooperación, teniendo debidamente en cuenta sus competencias respectivas. En última instancia, el aumento de las capacidades debe ir acompañado de recursos adecuados para Europol. Pero, lo que es más importante, irá acompañado de una mayor transparencia, supervisión parlamentaria, una mayor rendición de cuentas democrática y una amplia gama de salvaguardias que garanticen el pleno respeto de la protección de datos. Se trata de un importante logro político del Parlamento y demuestra nuestra capacidad para alcanzar compromisos razonables y viables, primero entre nosotros, los grupos políticos representados en este Parlamento, y luego con el Consejo. Y tengo que elogiar el papel que ha venido desempeñando la Comisión. Creo que el Parlamento ha cumplido con su deber. Hemos tenido en cuenta los nuevos requisitos operativos de la aplicación de la ley, el equilibrio necesario con las responsabilidades básicas de los Estados miembros, que sigue en manos de los Estados miembros, las condiciones para una cooperación policial reforzada y las salvaguardias y la supervisión democrática que acompañan a estos acontecimientos. Una mejor gobernanza, un sistema eficiente de supervisión y controles proporcionados a las nuevas capacidades que ponemos en la Agencia solo darán lugar a una Europol mejor y más eficiente que sea adecuada para el desafío. De eso se trata exactamente este reglamento.

Señora presidenta, señora comisaria, este es un debate necesario y oportuno, pero no están todos. ¿Extremistas de derecha? Por supuesto. ¿Separatistas? Desde luego. Pero ¿no hay nadie a la izquierda? Porque no hace falta ser un experto en política francesa para saber cuáles son los discursos y lo que opina el señor Mélenchon de la invasión rusa, y no hace falta ser un experto en política interior española para saber que una parte de la coalición de gobierno se sigue oponiendo a la ayuda militar a Ucrania. Y es que Putin ha conseguido las simpatías de los que ven en la invasión de Ucrania la resurrección, o al menos el aroma, de la vieja Unión Soviética, y también la simpatía de los que consideran que Rusia es el refugio de no se sabe qué valores tradicionales o raciales y, por supuesto, ha conseguido la complicidad de movimientos separatistas. En resumen, todos los que quieren incendiar la Unión Europea saben que, una vez encendida la mecha, Putin vendrá con la gasolina. En el informe de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación, presidida por el ponente, el señor Glucksmann, se revela claramente cuál es la madeja de intereses y de complicidades que tenemos que deshacer, también esas complicidades con los separatistas. Aún hoy, en esta misma Cámara, nos quieren dar lecciones de respeto al pluralismo, la democracia y el Estado de Derecho representantes del separatismo catalán instigadores políticos de una sedición, que denuncian a un Estado democrático como España, mientras sabemos que entre ellos hay quienes han corrido a buscar el amparo de Moscú, el apoyo de una autocracia, y que querían que los mismos aparatos de desinformación y propaganda que hoy mienten contra Ucrania actuaran a favor de su propósito de romper la unidad de un Estado democrático miembro de la Unión Europea —y Rusia colaboró—. Por tanto, si alguna conclusión debería tener este debate es recordar a Jefferson cuando decía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia: los ucranianos lo saben y lo están padeciendo, y los europeos no deberíamos olvidarlo.

Señor Presidente, la guerra híbrida es guerra, y es a la luz de la guerra que Rusia ha declarado que tenemos que leer este informe. A medida que los tanques rusos llegan al territorio ucraniano, no olvidemos que la invasión se ha visto recompensada por la desinformación, las injerencias y los ciberataques. Este informe, que ha sido brillantemente elaborado por Sandra Kalniete, es una contribución importante y oportuna a la protección de las instituciones democráticas. Se basa en conclusiones y hallazgos de expertos e investigadores, pero es un documento político que exige acción política. La invasión de Ucrania es una llamada de atención, y tenemos que crear conciencia sobre el desafío de una confrontación estructural con Rusia como la principal amenaza para nuestra seguridad. Simplemente no podemos tolerar la extensión de la influencia rusa, y este informe muestra cómo prevenirla. Tenemos enemigos. La Unión Europea ha sido objeto de ataques. Sabemos que Rusia, cualquiera que sea la atribución concreta, siempre está lista para desestabilizarse, ya sea en el Brexit o en el movimiento secesionista de los nacionalistas catalanes o el COVID-19. Así que la financiación de partidos populistas y extremistas capturó narrativas antieuropeas. Los medios estatales, que de ninguna manera merecen ser llamados periodismo, son componentes de una realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Y ya es hora de actuar, intensificando los esfuerzos y el compromiso compartido de los Estados miembros y las instituciones europeas.

Señor Presidente, queridos colegas, hace siete meses el Parlamento Europeo exigió al Gobierno iraní la liberación inmediata de Ahmadreza Djalali. Hoy reiteramos que para Djalali y para los miles de disidentes políticos, manifestantes, activistas y miembros de minorías étnicas, religiosas y sexuales injustamente encarcelados y condenados arbitraria y sumariamente a muerte por el régimen iraní. Pero aparte de Djalali, Muhammad Jawad, Narges Mohammadi, Akbari-Monfared y tantos miles de iraníes pacíficos no tienen tiempo de sobra. Es un imperativo moral que la Unión Europea, con su Alto Representante al frente, lidere una respuesta firme al régimen iraní. La respuesta debe ir seguida del compromiso de todos sus Estados miembros. Una respuesta que debe incluir más sanciones específicas si es necesario, y debe incluir también una misión de la ONU sobre el terreno y una investigación independiente sobre las violaciones de los derechos humanos en este país. Y permítanme decir que me pregunto si estamos siendo demasiado generosos con el régimen iraní porque cuando hablamos de la pena de muerte, incluso con un rechazo sin reservas como este es el caso, quiero decir que sugiere que el procedimiento judicial anterior, algún tipo de legalidad. Ese no es el caso. De hecho, no hay pena de muerte en Irán. Hay ejecuciones puras: El asesinato de estado como una forma de crimen contra la humanidad. Mire la terrible represión, las desapariciones forzadas y las ejecuciones masivas de disidentes políticos en la masacre de 1988 y observe que no ha habido ninguna investigación o rendición de cuentas por estos crímenes que involucran al actual líder de Irán en un papel prominente. Mire el horrible historial de ejecuciones de Irán: al menos 275 el año pasado, incluidas 10 mujeres y dos menores infractores. No podemos hacer la vista gorda. La Unión Europea no es solo otra voz en el ámbito internacional. La Unión Europea se encuentra en una posición única para abogar por la abolición de la pena de muerte y tiene la responsabilidad única de hacerlo. Ninguna otra comunidad política en el mundo tiene la autoridad moral y la credibilidad para exigir el fin de este castigo inhumano, irreversible y cruel. Estamos orgullosos de nuestros estándares de derechos humanos. Exigimos respeto por el estado de derecho. Bueno, tenemos que estar a la altura de los valores que tanto apreciamos. El respeto de la vida no es un privilegio, es un derecho básico. Y donde y cuando este derecho es violado de una manera tan abominable y masiva, aquellos que sufren, y es el caso del pueblo iraní, tienen derecho a esperar de nosotros nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra conciencia y nuestra ayuda.

Señora presidenta, el mecanismo de condicionalidad tiene base jurídica, entra dentro de las competencias de la Unión y queda muy claramente definido por el Tribunal. Se trata de proteger el presupuesto, no de sancionar. Tiene que haber un vínculo real entre la infracción y el impacto sobre la gestión financiera. Las medidas tienen que ser proporcionadas. La aplicación del mecanismo está sujeta a requisitos procedimentales estrictos y sometidos al control del juez europeo. No estamos ante un instrumento arbitrario, sino que se trata de un marco de seguridad jurídica tanto para las instituciones de la Unión que tienen que aplicarlo como para los Estados miembros, para todos ellos. ¿Y ahora qué? Pues ahora la Comisión y, eventualmente, el Consejo tienen que asumir su responsabilidad. El Tribunal ha hecho lo que tenía que hacer. El Parlamento ha proporcionado el instrumento legal para hacerlo. Porque, por muchos debates que tengamos, debates recurrentes, debates a veces redundantes, el Parlamento no puede ni debe llenar este vacío, ni desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista político. La situación —artículo 7 y condicionalidad—, en este momento, lleva camino de ser insostenible. Daña la credibilidad de la Unión, daña el significado de los instrumentos jurídicos que hemos establecido y daña la confianza y, por tanto, la disposición de los Estados para cooperar en muchos ámbitos. No nos corresponde prejuzgar ahora qué es lo que tiene que proponer la Comisión y qué es lo que tiene que decidir el Consejo en su momento. Sí que es el momento de insistir, de exigir que haya propuestas y haya decisiones, porque en este momento lo prudente es actuar.

Señor Presidente, queridos colegas, me dirijo hoy a la Cámara como ponente del paquete legislativo sobre Europol para pedirles que confirmen la decisión adoptada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) de entablar negociaciones interinstitucionales sobre los dos proyectos de actos legislativos, a saber, la revisión del Reglamento Europol y la consiguiente modificación del Reglamento sobre el Sistema de Información de Schengen. La reforma del mandato de Europol es una petición de larga data de este Parlamento, y me motivó principalmente la necesidad de dotar a la Agencia de nuevas herramientas y capacidades para hacer frente a la transformación digital. Los delincuentes han adaptado su modus operandi a la nueva realidad digital, por lo que es necesario que Europol pueda apoyar mejor a los Estados miembros en la lucha contra estas amenazas a la seguridad en evolución. Los dos informes legislativos, que fueron adoptados por una amplia mayoría del 75 % de los votos emitidos en la Comisión LIBE la semana pasada, se basan en los principales elementos de las propuestas legislativas de la Comisión Europea, al tiempo que introducen salvaguardias adicionales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la protección de los datos personales. El informe, además, incluye disposiciones para mejorar la supervisión parlamentaria y la rendición de cuentas de Europol, marcando un progreso sustancial y logrando el equilibrio adecuado entre las nuevas capacidades y un control y supervisión democráticos más estrechos. Por consiguiente, solicito su apoyo a ambas decisiones, que cuentan con un amplio apoyo en la Comisión LIBE, lo que nos permite entablar negociaciones para que podamos iniciar pronto el debate con el Consejo y la Comisión con vistas a elaborar una nueva legislación que permita a Europol apoyar mejor a los Estados miembros en la lucha contra los delitos graves y el terrorismo, respetando plenamente los derechos fundamentales.

Señor presidente, señora comisaria, cuando más del 1 % del producto interior bruto de la Unión está implicado en actividades financieras sospechosas, es evidente que el blanqueo supone un grave problema financiero y fiscal, pero también supone un grave problema para la seguridad. Por eso, necesitamos un enfoque doble, integrado: por un lado, vigilancia y prevención y, por otro, coerción para poder actuar eficazmente, desde el punto de vista policial y judicial, contra el blanqueo y contra los delitos subyacentes. En ese sentido, las iniciativas de la Comisión resultan prometedoras, y espero que sean mejoradas en el debate parlamentario. Permítanme referirme en particular a la autoridad que está llamada a coordinar las acciones europeas en materia de blanqueo, porque entiendo que es importante que encaje y fortalezca las capacidades que ya existen en la Unión, en especial Europol, para luchar contra la delincuencia financiera mediante unos mecanismos estrechos de coordinación y de intercambio de la información que tendremos que debatir en su momento.

Señora presidenta, permítame unirme a las palabras de la Presidencia en el anuncio del Premio Sájarov y en el reconocimiento debido por este Parlamento a las mujeres afganas. Lo primero en mi intervención es expresar la condena más absoluta, más radical, por los actos de violencia que nos traen a este debate. Tenemos plena confianza en la actuación de las autoridades italianas, que sabemos que están afrontando esta amenaza con toda determinación y con todos los instrumentos legales y constitucionales a su alcance para impedir que nadie que utilice, que justifique o que exalte la violencia pueda tener cabida en un sistema democrático. A nosotros nos toca ahora apoyar a la sociedad italiana y a sus autoridades, y así lo quiero hacer aquí. La violencia se combate con las armas del Estado de Derecho. No se le ofrece acomodo ni en las calles ni en las instituciones. Es una amenaza para la democracia lo que nos trae aquí a debatir, y es una amenaza para la seguridad de los europeos y sus libertades. En el mundo real y ahora, de manera muy preocupante, también, en el mundo digital. Efectivamente, tenemos motivos para preocuparnos, porque ese radicalismo, ese fascismo en Europa asoma con diversas caras: la cara del fascismo antisemita que amenaza y profana y quiere perpetuar la violencia de persecución contra los judíos; el fascismo xenófobo que quiere sustituir la ley por el odio; ese fascismo nacionalista como el que agrede y amenaza a jóvenes militantes de mi partido en el País Vasco y silencia por la fuerza a organizaciones cívicas defensoras de la Constitución en Cataluña —como ha ocurrido con la Asociación Universitaria S’ha Acabat! recientemente en Barcelona— ; y ese populismo fascista que habla del pueblo pero lo divide y lo enfrenta. Los sistemas democráticos en Europa se enfrentan a la presión polarizadora de los extremos, que constituyen la peor herencia de los totalitarismos que hemos sufrido. Por eso, ninguna tolerancia, ningún compromiso con los que utilizan la violencia. Ni cuando dicen que utilizan la violencia para defender a la nación ni cuando dicen que agreden a policías para hacer la revolución social.

Señora presidenta, señor comisario, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación advierte que, debido a la complejidad y al secreto del sistema offshore, no es posible saber cuánto de ese dinero está vinculado a evasión fiscal y otros delitos y cuánto incluye fondos que proceden de fuentes legítimas y han sido declarados a las autoridades competentes. La diferencia entre lo legal, aunque nos parezca inapropiado, y lo ilegal es una diferencia esencial y, a estos efectos, plantea problemas y cuestiones distintas. Y digo esto porque estamos ante un debate en el que a veces lo más llamativo o lo más escandaloso no es siempre lo más importante. Y me refiero concretamente a la lucha contra el blanqueo. Hemos hecho avances notables, pero las operaciones policiales más recientes vuelven a poner de manifiesto la enorme dimensión de este problema. La revisión en curso de la legislación europea es importante. Necesitamos legislación, pero —y se ha dicho— también necesitamos implementación y recursos. Crear una compañía offshore no es ilegal. Pero también sabemos que esta ingeniería jurídica, asociada a paraísos fiscales, activada por intermediarios y asesores cómplices y potenciada por las actuales herramientas y productos financieros digitales, forma complejos circuitos en los que se pierde el rastro del dinero obtenido ilegalmente. Necesitamos una evaluación estricta, realista y creíble de la lista de paraísos fiscales y de las obligaciones de cooperación desde la Unión Europea. Y este Parlamento debe exigir con firmeza el cumplimiento de esas obligaciones.

Señor presidente, no hay duda de que la inteligencia artificial es una tecnología estratégica del siglo XXI y que esta tecnología tiene cabida también en el ámbito de la justicia penal y del cumplimiento de la ley. Hoy existen formas de delincuencia que solo pueden combatirse con la eficacia que deseamos si ponemos a disposición de las fuerzas de seguridad y de los tribunales herramientas tecnológicas innovadoras. Pensemos en el blanqueo de dinero, en la financiación del terrorismo, en la proliferación de contenidos terroristas en línea, en el tráfico de seres humanos por las mafias de la inmigración o para propósitos de explotación sexual o laboral, o en la proliferación de contenidos de abuso sexual de menores, que exigen un trabajo de identificación de las víctimas y de identificación de los perpetradores y de los lugares donde se han cometido los abusos y que ponen a prueba la resistencia psicológica de los que tienen que hacer este trabajo de identificación. Es cierto que los algoritmos tienen que mejorar y que sus riesgos exigen rodear su uso de grandes salvaguardias. Pero no soy partidario de prohibiciones absolutas, sino de garantías como las que las enmiendas presentadas por mi grupo establecen en relación con la autorización judicial previa. Tenemos que ofrecer un entorno que facilite el desarrollo de la inteligencia artificial, también en aquellas áreas que se pueden calificar de «alto riesgo», con las debidas garantías. Y permítanme que, cuando se habla de ejemplos de otras ciudades o de otros países, les diga que me da la impresión de que los sesgos racistas en estos casos no están precisamente en los algoritmos.

Señora Presidenta, en diciembre de 2020 estaba a punto de comenzar la segunda sesión del juicio de Amberes. Un diplomático iraní y sus cómplices estaban siendo juzgados y luego condenados por el intento de bombardeo de la reunión anual de la oposición democrática iraní en París. Ese día del juicio, las autoridades iraníes anunciaron que Ahmadreza Djalali iba a ser ejecutado. Y hoy nos reunimos en este Parlamento para pedir que se ponga fin de nuevo a su ejecución. Terrorismo contra la oposición democrática en suelo europeo; ejecutor número uno de mujeres en el mundo; el uso irrestricto de la pena de muerte; la persecución incesante de las minorías étnicas, religiosas y sexuales; estrategias desestabilizadoras en la región; anfitrión del liderazgo de Al Qaeda; y ahora Ebrahim Raisi ha sido elegido presidente, alguien sometido a acusaciones escandalosas y bien fundamentadas de violaciones de los derechos humanos tan graves que el investigador de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en Irán ha pedido una investigación exhaustiva sobre la masacre de 1988 y la participación de Raisi en ella. La elección de Raisi debería poner fin a la ilusión sobre la existencia de los llamados moderados que desempeñan algún papel dentro del régimen iraní. Al apoyar a Djalali, apoyamos al pueblo de Irán, porque hay un nuevo Irán que está luchando por emerger y comprometido a abrazar los principios democráticos de gobernanza. Así que hagamos todos los esfuerzos diplomáticos a nuestro alcance, como se supone que debemos hacer. Pero no olvidemos la lucha por la democracia, la separación del Estado y la religión, la igualdad de género, el respeto y la protección de los derechos de las minorías. Si bien instamos a las autoridades iraníes a que liberen a Djalali, deberíamos preguntarnos cuántos Djalalis, sean ciudadanos europeos o no, permanecen encerrados en prisiones iraníes. Y cuántos de ellos serán asesinados a menos que refuercemos nuestra respuesta a la autocracia iraní y su determinación de prevalecer sobre el sufrimiento de su pueblo.

Señora presidenta, señor alto representante, en relativamente poco tiempo hemos adquirido conciencia del desafío que supone la desinformación, pero también hemos adquirido conciencia de los medios limitados que tiene la Unión Europea para hacer frente a este problema. Por eso, todos los puntos que ha suscitado el Parlamento son pertinentes y son relevantes, tanto la definición del mandato del StratCom como la suficiencia de sus recursos y la coordinación más eficaz entre las estructuras administrativas. Pero se nos han olvidado las sanciones. La Comisión tuvo el coraje y el acierto de designar por su nombre a los países que son origen de las principales estrategias más agresivas de desinformación. Pues bien, hay que seguir por ese camino. No se trata solamente de detectar, de denunciar, de neutralizar, de atribuir. Necesitamos también dar el paso y hablar el lenguaje de las sanciones a los actores, estatales o no, que utilizan esas estrategias para desestabilizar la democracia e intoxicar el debate político. No se trata de definir la verdad, se trata de señalar lo que es mentira. Y, aunque sabemos que puede haber dificultades en la atribución, tampoco debemos caer en la ingenuidad de pensar que en China, en Rusia o en Irán existen actores no estatales que tienen libertad para operar. Por tanto, es preciso que caiga el velo sobre esta realidad y que se pongan al descubierto sus responsabilidades y se actúe con el lenguaje de las sanciones, que debe figurar en el conjunto de medios de que la Unión dispone.

Señor presidente, señora comisaria, no ha sido fácil llegar hasta aquí: muchas horas de trabajo, un debate jurídico y técnico de una enorme complejidad y mucha presión sobre los ponentes. Pero este informe demuestra que el Parlamento ha estado a la altura de lo que se requería. Las cifras de abuso sexual a menores son terribles. El consumo masivo de internet durante el confinamiento ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de los menores ante depredadores y traficantes sexuales. Por eso, mi grupo insistió en ampliar las tecnologías a aquellas que pueden detectar no solo el material de abuso sexual ya conocido, sino también el de nueva producción y el grooming. Somos conscientes de que una legislación de esta naturaleza necesita garantías y salvaguardias añadidas y las hemos introducido en la nueva normativa para reducir al máximo los riesgos que puede correr la privacidad ante el procesamiento de estos datos. Desde diferentes posiciones hemos llegado a un acuerdo que, reiterando las palabras de la ponente, de la señora Sippel, es un acuerdo posible y necesario. Creo sinceramente que esta normativa resuelve bien la necesidad de conciliar protección de la privacidad y protección de los menores. Porque, si llegáramos a la conclusión de que tenemos que elegir entre privacidad o protección de los menores, entonces tendríamos un grave problema. Tendríamos un grave problema como legisladores, como padres y como madres, y como ciudadanos responsables.