Sobre qué Miguel ha hablado.

Señora presidenta, Nigeria tiene una constitución laica que, teóricamente, protege la libertad de religión, pero también tiene una ley contra la blasfemia impuesta en la época colonial y que no ha sido abolida. Además, en doce Estados del norte del país se aplica la sharía, lo que significa que manifestar tus creencias religiosas te puede costar la vida. Este es el caso del músico Sharif Aminu, acusado de componer y difundir una canción supuestamente blasfema. Por ello se enfrenta a la pena de muerte y su familia está siendo perseguida y acosada. En más de setenta países del mundo se aplican leyes penales o se intentan introducir nuevas normativas para castigar la blasfemia, la apostasía, la difamación religiosa y la conversión. Y la verdad, señorías, es que no hay que irse muy lejos para encontrar estos países: España, Italia o Alemania son algunos ejemplos de Estados miembros de la Unión Europea que mantienen leyes penales contra la blasfemia o el insulto religioso. En mi país, ciudadanos como Willy Toledo se han enfrentado a procesos judiciales por cagarse en Dios y en la Virgen. Inquisición en pleno siglo XXI. Exijo la libertad inmediata de Sharif Aminu y de todas aquellas personas acusadas de delitos relacionados con la religión y la blasfemia. Pero también pido, una vez más, que dejemos a un lado la hipocresía y prediquemos con el ejemplo aboliendo este tipo de normativas en Europa, porque la religión nunca podrá estar por encima de nuestros derechos, incluso al cagarnos en Dios.

Señora presidenta, la verdad es que nos solemos llenar la boca con el respeto a los derechos humanos, pero la aplicación de las Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos suele dejar de ser una prioridad cuando hablamos de negocios. La Unión Europea refuerza inversiones que, a menudo, tienen un impacto negativo sobre el territorio, el medio ambiente, los derechos de las comunidades y, en particular, sobre las organizaciones defensoras de los derechos humanos. El 17 de enero desaparecieron Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes, dos defensores ambientales mexicanos que brindaban apoyo jurídico a una comunidad afectada por un proyecto minero propiedad de una empresa europea. A pesar de la gravedad del caso, la Unión Europea no ha emitido ninguna condena pública al respecto. También en enero, dos líderes de Guapinol fueron asesinados, y actualmente otros seis están siendo víctimas de un segundo intento de persecución judicial. Este Parlamento ha negado que tengamos una urgencia de derechos humanos sobre el caso; y, por desgracia, no son casos aislados. La aplicación de este tipo de instrumentos debería ser obligatoria y las políticas comerciales y de cooperación deberían estar estrictamente condicionadas a mecanismos vinculantes en materia de derechos humanos, porque, de lo contrario, al final lo que hacemos es llenar documentos con buenas palabras, que solo cumplimos si nuestros intereses comerciales o geoestratégicos no se ven afectados. Y eso, señoría, se llama hipocresía. Esperemos que este informe empiece a cambiar esta situación.

Señora presidenta, ejercer la oposición en Guinea Ecuatorial es una actividad de alto riesgo, incluso para quienes, como Julio Obama, vivían en otros países. Julio fue secuestrado en 2019 en Sudán del Sur, junto con otros tres opositores del régimen dictatorial de Obiang. Fueron secuestrados, torturados y condenados injustamente. Esto, que parece el guion de una película, es un plan sistemático de secuestros, torturas, detenciones y ejecución de opositores por parte del régimen de Obiang, un régimen que lleva más de 44 años reprimiendo a su pueblo, pero que también, no lo podemos olvidar, favorece los intereses de las empresas europeas que expolian los recursos naturales de Guinea. Es justo por eso cómo se explica que el secuestro y la tortura de dos ciudadanos españoles y otros dos residentes haya sido tratado hasta ahora con la mal llamada diplomacia del silencio, que solo sirve a los intereses de las dictaduras. No es tiempo de silencios. Debemos de condenar rotundamente el asesinato de Julio, exigir la libertad inmediata de Feliciano, de Martín y de Bienvenido, los tres opositores detenidos arbitrariamente; denunciar todas las atrocidades cometidas por la dictadura de Obiang; embargar los bienes de la familia que tienen en países europeos, empezando justamente en el Estado español, y condicionar las relaciones políticas y comerciales con Guinea Ecuatorial al respeto a los derechos humanos. El pueblo guineano merece vivir en paz y que desde aquí mandemos un claro mensaje en este sentido.

Señora presidenta, más de veinte años y un escándalo de corrupción como el Moroccogate han tenido que pasar para que podamos hablar sobre los derechos humanos en esta Cámara. Hasta ahora, Marruecos ha sido el niño mimado de la política exterior europea. Solo así se entiende que Europa mire hacia otro lado ante la represión de las protestas en el Rif, en las que cientos de personas como Nasser Zefzafi fueron detenidas y torturadas por exigir los derechos más básicos, y ante la criminalización de los periodistas que denuncian esta situación o la corrupción del régimen marroquí, como el caso del periodista Omar Radi, que es un magnífico ejemplo de cómo el régimen marroquí encarcela y espía con programas como Pegasus a periodistas independientes o críticos. Europa no puede seguir siendo cómplice de la violación de los derechos humanos y la libertad de información o de la ocupación del Sáhara. Por ello debemos exigir la libertad de Omar Radi y del resto de periodistas presos, así como el cese del acoso judicial al periodista español Ignacio Cembrero y la libertad de los presos políticos y de conciencia, especialmente saharauis y rifeños. Mención especial debe hacerse del finalista del Premio Sájarov Nasser Zefzafi. Debemos pedir el respeto escrupuloso de la libertad de expresión y de prensa y condicionar los fondos europeos al respeto de los derechos humanos y no al control migratorio. Y adoptar con Marruecos las mismas medidas cautelares que con Qatar hasta que se aclare judicialmente la presunta trama de injerencia en este Parlamento. Hoy podemos mandar un mensaje al pueblo marroquí: que más allá de los cálculos económicos o geoestratégicos, los derechos humanos, la libertad de prensa y la democracia en Marruecos importan y que quienes luchan por conseguirlo en Marruecos nunca estarán solos.

Señor presidente, Bolsonaro fue derrotado en las urnas, pero el bolsonarismo sigue muy vivo en las instituciones y en las calles, como pudimos comprobar recientemente con el asalto trumpista, porque la internacional reaccionaria comparte agenda, discurso y también maneras de actuar. En la derecha hay quien cree que las instituciones le pertenecen y que la democracia es un estorbo para sus intereses. Los responsables intelectuales y los financiadores también tienen que ser juzgados. Pero más allá de los tribunales, la mejor manera de combatir al bolsonarismo es desmontando su herencia política. Desde Europa podemos dar nuestro apoyo y una buena manera de hacerlo desde este Parlamento es negándonos a firmar un acuerdo comercial como el de Mercosur negociado por Bolsonaro, romper con su herencia. Brasil necesita una agenda que amplíe derechos, que reparta la riqueza, que construya la democracia popular y que combata la emergencia climática.

Es un magnífico ejemplo de los discursos del odio que alimentan el terrorismo ultraderechista. Muchas gracias, compañero, por demostrarlo en público ante el resto de los compañeros. Por cierto, mire su móvil y las pegatinas que tiene en su móvil y que luego pone en los despachos de los diputados que no votan como a usted le gusta.

Señora presidenta, basta ya de menospreciar el peligro de la extrema derecha. Basta ya de cicatrizar la violencia y el terrorismo de la extrema derecha. Ni son lobos solitarios ni son locos radicales. Son actores necesarios de la internacional reaccionaria que recorre el mundo. Y no son casos aislados. Hoy la extrema derecha representa el mayor peligro para la democracia en Europa. Vayamos a las causas de esta violencia. Señalemos a los cómplices que, con sus políticas, normalizan los discursos del odio, esa gasolina para el terrorismo ultraderechista. Pero no olvidemos que el neoliberalismo autoritario es la economía política de la exclusión, la escasez y el odio: ese «no hay para todos», ese «sobra gente», que alimenta el auge de la extrema derecha y su violencia. A la extrema derecha se la combate reconstruyendo los lazos de clase y de comunidad. Hoy más que nunca, no pasarán. (El orador acepta responder a una intervención realizada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»)

Señor presidente, el 24 de junio ha quedado marcado en el calendario de este año. Aquel día, en la frontera sur europea, al menos cuarenta personas fueron asesinadas y cientos heridas en una brutal intervención policial que incluyó también devoluciones en caliente. Siete meses después, no solo no se asumen responsabilidades, sino que la Fiscalía española ha decidido archivar la investigación. Muchas de las personas que intentaban llegar a Europa eran sudaneses, de un país que lucha por superar uno de los muchos conflictos olvidados que hay en el planeta. Y es que, aunque no abren nuestros telediarios y no se ha querido mencionar en este informe, en el mundo hay conflictos armados en al menos veintitrés países que afectan a 850 millones de personas, más del doble que hace una década. Conflictos que están siendo alimentados por nuestras armas y por nuestros intereses geoestratégicos y comerciales, porque para las élites europeas parece que los beneficios económicos están por encima de las vidas humanas. Pero cuando las personas que huyen de estas realidades vienen a tocar a nuestra puerta, ahí no interesa abrirla. Europa debe acabar con sus políticas racistas e hipócritas y asumir las consecuencias de sus decisiones. No hay conflictos ni refugiados de primera ni de segunda, según su procedencia o el color de su piel. La normativa internacional es clara, solo hace falta voluntad política para aplicarla.

Señora presidenta, lo primero que quería decir es que me parece una auténtica vergüenza que el Partido Popular no esté participando en estos debates. El Partido Popular parece que quiere acabar con las injerencias de terceros países sobre este Parlamento aboliendo los derechos humanos. Parece que el Partido Popular quiere combatir la corrupción aboliendo la democracia. ¿Cuál será la próxima propuesta del Partido Popular? ¿Cerrar el Parlamento? Claro, es lo que estamos viendo. Hace dieciocho meses este Pleno habló de un golpe de Estado que la Unión Europea no quería reconocer en Chad. Una violencia sobre el pueblo que clamaba democracia. Nos pidieron confiar en el período de transición por la estabilidad en la región. Hoy hemos llegado al final de ese período y ha pasado lo previsible: la Junta Militar y Déby han decidido alargar su dictadura y continuar reprimiendo a su pueblo. Decenas de muertos, de detenidos y de perseguidos. El uso de la fuerza letal contra los manifestantes en Chad es una costumbre. Mientras esto pasa, la Unión Europea y los Estados miembros, como Francia, han apoyado a la Junta Militar y han mantenido la cooperación con el régimen, incluida la cooperación militar y policial con muertos encima de la mesa. ¿Esto es estabilidad? Exigimos que se restablezca el orden constitucional y se entregue el poder político a las autoridades civiles y, hasta que esto no pase, que se cese la cooperación con la dictadura de Chad.

Señor presidente, un nuevo Gobierno de extrema derecha en Italia y nuevo cierre de puertos ilegal en Italia. Un Gobierno que aplica las mismas políticas neoliberales de Draghi y que parece que lo único que le queda para diferenciarse es la xenofobia. La xenofobia del cierre de puertos ilegal. ¿Y qué? ¿Cómo responde la Unión Europea? Pidiendo nuevas normas para las ONG de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Miren, las ONG cumplen el Derecho internacional marítimo, que es la norma a la que se tienen que someter. Lo que necesitan las ONG de búsqueda y rescate es que se las escuche. Señores comisarios, los tienen ahí arriba, pueden hablar con ellos y pueden ver justamente el trabajo que están haciendo. Necesitan que no se les criminalice ni se les estigmatice por salvar vidas. Porque salvar vidas nunca puede ser un delito. Y lo tenemos que repetir más porque nuestra política migratoria está convirtiendo el Mediterráneo en una gran fosa común y lo que necesitamos es cambiar justamente eso. Necesitamos pasajes seguros. Necesitamos normas vinculantes de acogida. No necesitamos solidaridad. Necesitamos derechos. Derechos que se puedan exigir y cumplir. Y menos hipocresía. ¿Alguien piensa que si el barco que ha tenido que desembarcar en Francia, y al que no se dejó desembarcar en Italia, llevara refugiados ucranianos, alguien le hubiera puesto algún problema? No. Eso se llama xenofobia. Se ha mirado el color de piel y no la necesidad de estas personas. Y yo creo que Ucrania ha sido un gran ejemplo. Un gran ejemplo de que se pueden hacer las cosas de una forma diferente. Que hay capacidad de acogida, que no hay problemas técnicos, que lo que falta es justamente voluntad política para poder acoger y dejar de convertir el Mediterráneo en esa gran fosa común. Lo que se necesita aquí —como han dicho muchos— es menos palabras y más voluntad política.

Señora presidenta, el Mundial de Qatar es otro ejemplo más de cómo se utilizan grandes eventos para lavar la cara de regímenes autoritarios. Organizar un Mundial de fútbol en un país que viola veinte de los treinta artículos de la Carta de las Naciones Unidas es un mensaje político, el mensaje de que el dinero está por encima de los derechos humanos. La legislación qatarí considera que las mujeres son personas bajo tutela masculina y la homosexualidad, un daño mental penado con la cárcel. Por no hablar de la censura, de la prohibición de los sindicatos y los partidos políticos o de los miles de trabajadores migrantes que han muerto en las obras de este Mundial. Un Mundial manchado de sangre. Mientras la FIFA y sus corruptelas se llenan los bolsillos, los brazaletes en apoyo a la comunidad LGTBI son vetados. Eso es un mensaje político. Por todo ello, yo apoyo el boicot a este Mundial de la vergüenza. Si no lo podemos evitar, por lo menos que se escuchen nuestras voces. Boicot al Mundial de Qatar.

Señor presidente, año y medio después del golpe de Estado, la situación sigue siendo crítica en Myanmar. Los mismos militares responsables del genocidio rohinyá ahora siguen perpetrando abusos generalizados y sistemáticos contra el pueblo birmano y, por supuesto, intentan acallar a las y los periodistas que lo cuentan. Esto es posible gracias, en parte, a la financiación que la Junta Militar obtiene de su entramado empresarial. Tenemos que reforzar las sanciones contra todas las empresas vinculadas a la Junta y eliminar la excepción que permite, por ejemplo, que cuando las empresas europeas salen del país puedan transferir sus acciones a la Junta, tal y como pasó con la salida de Total, que transfirió sus acciones a una empresa controlada por los militares. Además, hay que promover la congelación de activos específicos y la prohibición de las transferencias financieras internacionales a los dos bancos estatales controlados por la Junta. El apoyo incondicional a las fuerzas prodemocráticas debe pasar por reconocer al Gobierno de unidad nacional, al que aprovecho la ocasión para solicitarle que exprese claramente su posición sobre el estatuto de los rohinyá y en particular, sobre su derecho a la ciudadanía y al reconocimiento como grupo étnico de Myanmar y su derecho a regresar al país. Una vez más, el pueblo birmano nos está dando un ejemplo de lucha y dignidad. No podemos seguir limitándonos a observar mientras lo masacran. Hay que actuar.

Señor presidente, Pakistán produce menos del 1 % de las emisiones mundiales. Sin embargo, es uno de los países que más sufre las consecuencias del cambio climático. Lleva veinte años en la lista de los diez países más vulnerables por riesgos climáticos. Veinte años en los que también ha estado sufriendo otra crisis: la trampa de la deuda externa. Las recientes inundaciones han provocado pérdidas de 10 000 millones de dólares. Pero en lo que llevamos de año, Pakistán ha pagado más de 15 000 millones de dólares en devolver deudas. Unas deudas que siguen aumentando gracias al acuerdo firmado con el FMI, que obliga a Pakistán a recortar su gasto social y a aumentar los precios de los bienes de primera necesidad. Es ilegítimo enriquecerse con el empobrecimiento y las desgracias ajenas. Si la Unión Europea quiere contribuir a paliar la emergencia humanitaria en Pakistán, que empiece cancelando la parte de la deuda ilegítima de la Unión Europea con Pakistán.

. – Señora presidenta, me gustaría, en primer lugar, aprovechar el final del turno de palabra para pedir que los debates sobre derechos humanos no sean los últimos debates de la noche en este Pleno. Creo que habla mal de este Parlamento y habla mal de la Unión Europea que los debates sobre derechos humanos se releguen justamente a las 22 o 23 h. Creo que se merecen mucho más. Simplemente deseo dar las gracias a quienes han tomado la palabra durante este debate y a quienes han hecho posible que este informe llegue al Pleno y se vote mañana. Me gustaría hacer una mención especial al Secretariado de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, a las y los ponentes alternativos —o en la sombra— de los distintos grupos parlamentarios, a sus equipos técnicos, que trabajan doblemente en la sombra, y muy particularmente a mis compañeras Ana y Leire, miembros del personal del Grupo The Left. Sin el trabajo invisible de todas estas personas, ninguno de los informes que debatimos y votamos en esta y en otras sesiones plenarias serían posibles. Para terminar, me gustaría recordar que, aunque este informe se centre en la dimensión exterior del acceso al agua y al saneamiento, como han reconocido otros compañeros que me han precedido, no podemos ignorar que en la Unión Europea también existen serios problemas para gozar de este derecho de acceso al agua. Sin ir más lejos, en la Unión Europea, trece millones —y se dice rápido—, trece millones de personas están en riesgo de exclusión del derecho de acceso al agua. Esperemos que la aprobación de este informe contribuya modestamente a la lucha para que el derecho al agua potable y al saneamiento sea una realidad universal, tanto en Europa como en el resto del mundo. Porque no podemos olvidar que el disfrute de este y de otros derechos no dejan de ser decisiones políticas. Y mañana tenemos la oportunidad de tomar una buena decisión política.

. – Señora presidenta, la verdad es que, si el agua es la base de la vida, el acceso al agua es un derecho humano, quizá el más básico, y su disfrute es un requisito para otros derechos fundamentales como la sanidad, la educación o los derechos de las mujeres y de la infancia. Sin embargo, el derecho humano al agua y al saneamiento está dramáticamente mal repartido entre países, regiones, clases y colectivos sociales. Un par de datos en este sentido: una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a agua potable, es decir, más de 3 000 millones de personas —el 40 % de la población mundial— viven en zonas con una grave escasez de agua. Hoy el acceso al agua está amenazado por múltiples razones: el extractivismo, el acaparamiento de tierras, la ganadería intensiva, las represas hidroeléctricas, la agroindustria contaminante, los conflictos bélicos y, por supuesto, por la crisis climática, con temperaturas récord e inundaciones y sequías históricas. De hecho, alrededor del 90 % de todas las catástrofes naturales actuales tienen relación con el agua. Su escasez podría desplazar a 700 millones de personas de aquí a 2030 en busca de refugio climático. Una situación que afecta especialmente a las mujeres. Y este informe demanda un enfoque de género que tenga en cuenta estas desigualdades en la gestión de los recursos hídricos. Y es que los recursos hídricos son, hoy, un bien sobreexplotado y en disputa. La denegación del acceso al agua y la destrucción de las infraestructuras hídricas han sido utilizadas por potencias ocupantes, como Israel o Marruecos, para desplazar a la población palestina o saharaui. Este informe recuerda que todos los pueblos, incluidos los ocupados, disfrutan del derecho soberano a controlar su riqueza natural y a un acceso equitativo al agua. Este texto también aborda la situación de quienes defienden el derecho humano al agua y al saneamiento: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, personas defensoras de derechos ambientales y líderes y lideresas sociales que están siendo atacadas y criminalizada a diario por defender el derecho al agua. Berta Cáceres o los defensores de Guapinol o Lolita Chávez son algunos ejemplos de quienes son perseguidos por defender el acceso a un bien público y común o por enfrentarse a las empresas mineras e hidroeléctricas. Necesitamos instrumentos vinculantes que aseguren el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. En este sentido, este informe pide a la Comisión Europea que los proyectos de infraestructura y energía financiados a través de los distintos instrumentos de cooperación al desarrollo y de la política exterior europea respeten y no pongan en peligro el derecho humano al agua y al saneamiento, y que no contribuyan a la expulsión de los pueblos indígenas de sus tierras y territorios. La pandemia ha demostrado una vez más la incapacidad del mercado para proveer bienes y derechos básicos para la vida. En lugar de tomarse nota, hace dos años el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, en contra de los criterios del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento. Frente a quienes la consideran una mercancía, este informe insiste en la defensa del agua como un bien común y público, y exige a los Estados que adopten medidas para evitar que el agua sea objeto de especulación financiera y que promuevan una gobernanza democrática y un enfoque de derechos humanos. Asegurar un acceso equitativo, universal al agua pasa por aumentar las inversiones públicas en infraestructuras sostenibles, proteger el agua como un bien público y esencial y emprender procesos de exprivatización para mejorar el disfrute efectivo de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Esperemos, sinceramente, que este informe sea un paso más para asegurar el acceso al agua como un derecho humano que permita una vida que merezca la pena ser vivida.

Señora presidenta, la verdad es que a la extrema derecha que propone este punto le dan absolutamente igual los derechos de la infancia y de la familia. De hecho, su partido votó recientemente en el Parlamento español en contra de que se investigaran justamente los casos de pederastia en el seno de la Iglesia. Lo único que le interesa a la extrema derecha es seguir extendiendo sus bulos contra las mujeres, el feminismo, el colectivo LGTBI y, también, contra la educación sexual. Por lo tanto, llamo a votar en contra de esta propuesta para que la extrema derecha deje de utilizar este Parlamento como altavoz de sus odios y de sus mentiras.

Señora presidenta, el oleoducto de África Oriental es un ejemplo más de cómo el nuevo colonialismo europeo extrae beneficios mientras externaliza los costes humanos y ecológicos. Otro caso flagrante de expolio de los recursos naturales de un país africano y de la violación de los derechos ambientales y sociales de un pueblo. Y todo esto con la inestimable cooperación de Gobiernos europeos como el francés. Varias investigaciones han denunciado no solo el apoyo de las autoridades francesas a las actividades de la empresa Total en Uganda sino también las puertas giratorias, que funcionan como un auténtico premio para políticas y políticos complacientes con los intereses de las multinacionales. Aun así, o más bien por ello, esta Resolución no solo no ha querido exigir la suspensión inmediata de este proyecto, sino que ni siquiera pide la moratoria de un año de Total. En 2021 la Agencia Internacional de la Energía advirtió que para evitar los efectos más destructivos de la crisis climática se necesitaba detener inmediatamente el desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo y gas. Pero en este Parlamento seguimos ignorando estas recomendaciones. La crisis climática que enfrentamos puede ser uno de los mayores retos y peligros que tenemos como sociedad. No podemos seguir como si no pasara nada. Es fundamental acabar con una política neocolonial y extractivista europea en los países africanos, como en Uganda y en Tanzania, que no solo tiene un alto coste medioambiental sino también social, porque no hay planeta B. Los beneficios de las multinacionales nunca pueden valer más que las vidas de las personas.

–Señora presidenta, los asesinatos de Dom Phillips y Bruno Pereira no son casos aislados. La persecución a indígenas y ambientalistas es parte de la política genocida y ecocida de Bolsonaro. Hoy, Brasil no solo es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales e indígenas, sino que también lidera los índices mundiales de deforestación. La agroindustria, la minería y la tala indiscriminada han crecido exponencialmente durante el Gobierno de Bolsonaro, expropiando y destruyendo los territorios indígenas. Un modelo extractivista y depredador del medio ambiente que se multiplicará si no frenamos la firma del actual Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero esto no es solo culpa de la política criminal de Bolsonaro, sino que los países europeos deben responsabilizarse de los impactos que su modelo comercial está generando, porque no tenemos un planeta B, porque no tenemos otra Amazonía. Es fundamental rechazar tanto la necropolítica de Bolsonaro como el modelo económico extractivista y neocolonial del Acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Señor presidente, en un mundo donde se produce suficiente comida para alimentar a toda la población, el hambre es una cuestión política o, más concretamente, de voluntad política. No es un problema de falta de alimentos, sino de cómo se reparten los alimentos. La pandemia o la guerra en Ucrania son agravantes, pero las causas de la inseguridad alimentaria tienen otras raíces mucho más profundas: la especulación con alimentos, mercados de productos básicos desregulados, abusos de empresas multinacionales, tratados comerciales injustos, es decir, reparto de la riqueza, injusticia y desigualdad. El capitalismo es incompatible con la soberanía alimentaria. Vivimos una guerra entre el capital y la vida, entre los beneficios y los derechos colectivos. Y no hay derecho más básico que el derecho a la alimentación. Si queremos defenderlo, ataquemos de raíz las causas políticas y económicas del hambre. Si no, seguiremos igual.

Señora presidenta, las muertes en la frontera de Melilla no son una tragedia, son una masacre, son asesinatos provocados por la Europa fortaleza. Estos crímenes tienen culpables: el Gobierno y la policía marroquí. Pero también responsables, y hay que hablar de ellos: primero, el Gobierno español, que calificó de manera vergonzante la situación como bien resuelta; segundo, la criminal política migratoria europea de externalización de fronteras que subcontrata a dictaduras como la marroquí para que hagan de matones de fronteras. Es fundamental impulsar una investigación internacional e independiente que depure las responsabilidades penales y políticas de esta matanza. El ministro del Interior español, Grande-Marlaska, no puede seguir ni un día más en su puesto. Más de cuarenta muertes bien merecen una dimisión fulminante. Y eso es lo que pedimos también desde aquí, desde esta Cámara. Europa debe acabar con sus políticas migratorias, racistas e hipócritas. No hay refugiados de primera y de segunda según su procedencia o el color de su piel. Eso es racismo. Derechos para todas. Ningún ser humano es ilegal. Derrumbemos la Europa fortaleza.

Señor presidente, la política europea de cooperación al desarrollo está en pleno proceso de transformación. Asistimos a una progresiva subordinación a intereses que nada tienen que ver con la lucha contra las desigualdades o contra la pobreza. Y todo en plena emergencia climática, que es el mayor reto al que nos enfrentamos como humanidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son suficientes y su implementación está plagada de carencias. Tenemos que ir más allá. Este informe señala algunos elementos clave para avanzar en ese sentido. Tenemos que romper con el corsé neoliberal del Semestre Europeo, que condiciona cualquier política expansiva en favor de las clases populares europeas y del Sur Global. Y tenemos que mejorar la gobernanza de los ODS para evitar la captura creciente de los organismos multilaterales por parte del poder corporativo. Más protagonismo a las comunidades locales y a la sociedad civil organizada y ningún papel para las empresas multinacionales en la agenda al desarrollo. Y ninguno es ninguno.

Señora presidenta, el año pasado, cincuenta y tres periodistas fueron brutalmente atacados por grupos de extrema derecha mientras cubrían la manifestación LGTBI en Georgia. Este año, esos mismos grupos ya han anunciado su oposición a la marcha. La persecución a periodistas y los ataques contra la libertad de prensa son, por desgracia, problemas de larga data en Georgia, como también lo es la persecución al colectivo LGTBI y los discursos de odio en su contra. Pero, una vez más, parece que la posición de la Unión Europea viene motivada por el importante papel geoestratégico del país caucásico y su solicitud de adhesión, y no realmente por la situación de los derechos humanos en Georgia. Exigimos que se garantice la libertad de prensa y expresión y que se tomen todas las medidas necesarias para proteger al colectivo LGTBI. El pueblo de Georgia merece nuestra solidaridad y nuestro respeto, y esto implica no ser utilizado como marionetas en función de intereses externos que muchas veces nada tienen que ver con la defensa de la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos.

Señor presidente, a pesar de que llevamos tres meses de una invasión ilegal por parte de Rusia en Ucrania, las Naciones Unidas han dicho alto y bien claro que al menos desde 2014 se están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania; sus autores nunca han sido condenados, y por ello es fundamental apoyar una investigación independiente que determine y condene a los culpables. Esperemos que el repentino interés de esta Cámara por los crímenes de guerra en Ucrania sea un cambio de actitud para que desde este momento se combatan todos los crímenes de guerra, vengan de donde venga: quiero recordar hoy aquí como el asesinato por parte del Ejército de los Estados Unidos del periodista español José Couso en Irak sigue impune, o como Julian Assange espera a ser extraditado a Estados Unidos por revelar terribles crímenes de guerra, o como países como España siguen ochenta años después sin juzgar sus crímenes de guerra o sin restaurar el principio de… (el presidente retira la palabra al orador).

Señor presidente, la cadena perpetua, sin pruebas, a Kavala muestra cómo el sistema judicial en Turquía ha sido destruido y politizado, y cómo las personas críticas con el Gobierno son atacadas, acosadas y enjuiciadas. Otro buen ejemplo de esto es el caso de Demirtaş, que lleva años encarcelado, o cómo el HDP se enfrenta a una ilegalización inminente que pretende dejar sin representación a millones de personas. La Unión Europea no puede seguir mirando hacia otro lado. Hacen faltan acciones claras y contundentes, como condicionar cualquier mejora de las relaciones oficiales de la Unión Europea con Turquía a sus obligaciones en el respeto a la materia de derechos humanos y de Estado de Derecho y exigir que se cumplan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, liberando a Kavala, a Demirtaş y a los cientos de presos políticos que están encarcelados ahora mismo en Turquía. Violar los derechos humanos tiene que tener un coste político y económico, y hay que dejarlo bien claro.

Señor presidente, Álvaro Marcos Román es uno de los veintitrés líderes de la organización indígena CODECA asesinados desde 2018. Bernardo Caal ha estado más de cuatro años encarcelado por defender los derechos de su comunidad frente a un proyecto hidroeléctrico. Lolita Chávez está exiliada por oponerse a megaproyectos que afectan a territorios indígenas. El líder sindical Carlos Mancilla y su familia han recibido recientemente amenazas de muerte. En Guatemala, quienes se oponen a los intereses del capitalismo extractivista, la impunidad y la corrupción son cada vez más perseguidos. Megaproyectos de empresas transnacionales europeas, como el proyecto hidroeléctrico Renace o el minero Fénix, son responsables de esta situación y también de esta persecución. Exigimos que ninguna ayuda europea permita proyectos extractivistas que no cumplan la consulta libre previa informada de las comunidades indígenas, que se suspenda inmediatamente la aplicación provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación... (el presidente retira la palabra al orador).