Sobre qué Miguel ha hablado.

Señora presidenta, la persecución, intimidación y violencia de la que es objeto la prensa es un problema muy preocupante. Al menos 47 periodistas han sido asesinados desde 2018, lo que ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa. Una violencia que también golpea de forma especialmente preocupante a los defensores de los derechos humanos y a los defensores del medio ambiente, con 42 asesinatos en 2021. Además de los asesinatos, una de las amenazas más peligrosas a las que se enfrentan los periodistas y los defensores de derechos humanos son las desapariciones: casi 100 000 personas han desaparecido desde 1964, según la Comisión Nacional de Búsqueda de México. Todos estos son problemas reales a los que se enfrenta la sociedad y que deja patentes las carencias del Estado mexicano. Desde aquí, hacemos un llamado para implementar políticas que aseguren un derecho tan básico en democracia como el derecho a la información, sin que esto suponga arriesgar la propia vida, solidarizándonos con periodistas como Guillermo García, un nuevo caso, entre tantísimos otros, de acoso a la prensa. El problema es que algunos grupos políticos de esta Cámara están utilizando esta situación como un arma arrojadiza contra el Gobierno mexicano, con unos intereses que poco tienen que ver con la defensa de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos. Y esto es intolerable.

Señor presidente, en Filipinas, bajo la supuesta guerra contra las drogas, se ha ejecutado extrajudicialmente al menos a treinta mil personas. Bajo la excusa de luchar contra el terrorismo, ahora se ataca, se asesina y se encarcela a sindicalistas, a personas defensoras de los derechos humanos y a líderes y lideresas políticos, como el camarada Tripon/Jojo, que fue recientemente asesinado. Y desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte a sus camaradas. Quienes se oponen al Gobierno son señalados como combatientes y, en muchas ocasiones, esto deriva en persecuciones y asesinatos. Agencias estatales, como el Grupo Operativo Nacional, para acabar con el conflicto armado comunista local, están encargadas de llevar a cabo estos señalamientos que terminan con asesinatos como el de Tripon. Los sindicatos son perseguidos de tal manera que la gente no se atreve ni a sindicalizarse. Y así una larga lista de violaciones de derechos humanos que, aparentemente, no son suficientes para que la Comisión suspenda los privilegios otorgados en el marco del sistema de preferencias generalizadas: cinco declaraciones en este Parlamento. Un sistema que, en teoría, está condicionado a la aplicación de veintisiete convenios de derechos humanos y laborales que, claramente, en Filipinas no se cumplen. Exigimos la suspensión del sistema de preferencias generalizadas y un embargo de tecnología que sirva para la represión del pueblo filipino. Toda nuestra solidaridad con el pueblo filipino.

Señora presidenta, este año en Colombia han asesinado a veintidós lideresas y líderes sociales, y se han producido diecinueve masacres. En 2021, en el marco de las protestas, la policía asesinó, desapareció y agredió sexualmente a cientos y cientos de manifestantes. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos son interminables y los avances en la implementación del acuerdo de paz insignificantes. A pesar de esto, en el diálogo en materia de derechos humanos de la semana pasada, la Unión Europea no hizo más que felicitar a Colombia por sus avances. Ninguna crítica, ni mucho menos una condena por los asesinatos de 174 personas defensoras. Y, para completar la desvergüenza, esta semana Duque está siendo recibido con alfombra roja en Europa. Hoy mismo esta desvergüenza en este Parlamento. Para qué sirven las herramientas de los derechos humanos si luego no se aplican con los Gobiernos supuestamente amigos. Déjense de hipocresías. La vida del pueblo colombiano vale más que los intereses políticos y comerciales. Tomemos nota y no volvamos a tolerar una desvergüenza como la que hemos visto hoy con Iván Duque aquí, en este Parlamento.

Señor presidente, a inicios de enero estalló en Kazajistán una auténtica revuelta obrera y popular. El detonante de las protestas fue el alza del precio del gas licuado, pero en realidad esto solo fue la gota que colmó el vaso de una población que vive bajo un régimen corrupto que exprime a las clases populares mientras beneficia a unas élites corruptas, un régimen que lleva años robando y reprimiendo brutalmente a su propio pueblo. Que en 24 horas y en pleno invierno el precio de los combustibles se duplicara, mientras el 70 % del petróleo kazajo se exporta a los mercados occidentales, es simplemente una vergüenza. Y esto fue la gota que colmó el vaso. Que 162 personas —lo que es lo mismo, el 0,001 % de la población kazaja— posean el 55 % de la riqueza del país es una muestra más de la desigualdad tan brutal que es capaz de generar el modelo capitalista extractivista implementado en el país. Esto también es violencia y no lo podemos olvidar. No podemos olvidar tampoco que una cantidad significativa del expolio al pueblo kazajo se ha convertido en acciones y en propiedades en Europa occidental en medio de un silencio atroz. Exigir el fin de la corrupción en Kazajistán pasa por mirar también los intereses económicos occidentales y defender las demandas que han sacado a las calles al pueblo kazajo, como los que han realizado las y los trabajadores petroleros pidiendo la nacionalización de la riqueza petrolera del país. Mientras no se aborden y se solucionen las causas que están detrás de las protestas y se siga mirando hacia otro lado, el problema persistirá, porque la desigualdad y la corrupción se han convertido en un auténtico secuestro de la democracia. No olvidemos que sin reparto de la riqueza no hay democracia.

Señor presidente, en los últimos años, Serbia ha aplicado reformas neoliberales para atraer la inversión extranjera y como respuesta a las exigencias europeas en el marco del proceso de adhesión. Reformas que, como denuncia la sociedad civil, han afectado a los derechos laborales de los trabajadores con casos especialmente graves que el Gobierno serbio ha pretendido esconder, como el de la fábrica de Linglong. Pero reformas que también han devaluado las normativas medioambientales serbias. No podemos olvidar que Serbia es el país de Europa más contaminado. En las últimas semanas se están celebrando movilizaciones masivas contra el expolio de los recursos naturales del país. Una de esas empresas criticadas en estas movilizaciones es la de Rio Tinto y su proyecto Jadar, uno de los mayores proyectos de extracción de litio que abastecerá principalmente al mercado europeo y que devastará el medio ambiente local. Qué casualidad que la Resolución no lo ha querido mencionar. Los derechos laborales y medioambientales se deben defender independientemente de la nacionalidad de la empresa que los viole. Basta ya de hipocresías y de mirar hacia otro lado cuando se salpica a Europa y se desnudan las vergüenzas de su imposible capitalismo verde. Porque no tenemos planeta B. Es urgente cambiar el sistema para no cambiar el clima.

Señor presidente, la acción humanitaria se enfrenta a tres grandes peligros. En primer lugar, la amenaza constante de la privatización de la ayuda. No pararemos de decirlo: ni la acción humanitaria puede ser una oportunidad de negocio ni la crisis convertirse en pretexto para profundizar en doctrinas del shock. Si crisis como la pandemia que vivimos actualmente aumentan las necesidades humanitarias, la solución pasa por liberar patentes y no por sentar a las multinacionales farmacéuticas a la mesa de la gobernanza mundial. Segunda amenaza: la permanente instrumentalización geopolítica de las crisis humanitarias según intereses que nada tienen que ver con objetivos humanitarios. Buen ejemplo de ello es el silencio impune ante crisis humanitarias como las del Sáhara ocupado o las de Palestina, o llamamientos hipócritas a aumentar la ayuda humanitaria en el Mediterráneo mientras al mismo tiempo se refuerzan los mecanismos de la Fortaleza Europa, que, a la postre, generan nuevas crisis humanitarias como las que se están viendo en Libia. La tercera amenaza tiene que ver con la criminalización de los actores humanitarios, algo que vemos a diario en el Mediterráneo. Salvar vidas no es un delito. Practicar políticas racistas y comprarle la agenda xenófoba a la extrema derecha sí debería serlo. Ojalá este buen Informe contribuya a combatir estas tres lacras de privatización, instrumentalización y criminalización de la ayuda humanitaria europea.

Señora presidenta, la verdad es que el número de empresas militares y de seguridad privada va en aumento, alentadas justamente por muchos Estados que las utilizan con un claro interés geopolítico y para evitar el escrutinio público y la rendición de cuentas. Paralelamente, aumentan también las denuncias sobre la implicación de estas empresas en casos de tortura, de violencia sexual, de asesinatos y de otras muchas violaciones de derechos humanos. Esta Resolución se enfoca en una empresa en concreto, pero, desgraciadamente, hay muchas más que no se han querido mencionar, al igual que tampoco se ha querido mencionar cómo algunas de estas empresas se benefician del aumento del presupuesto de la «Europa fortaleza» a la vez que venden armas y alimentan los conflictos que obligan a la gente a huir. La privatización de la seguridad genera inseguridad e inestabilidad a nivel mundial. Por eso, nuestra postura es muy clara: no a la externalización de la seguridad a entidades privadas. La seguridad no puede convertirse en una mercancía en manos de paramilitares.

Señor presidente, nuestro grupo político estuvo hace un mes en Eslovenia y el recibimiento del Gobierno de extrema derecha fue acusarnos en un tuit de ser terroristas antifascistas. Este solo es un ejemplo del clima de intimidación y de acoso que tiene que sufrir la oposición diariamente; un ejemplo del uso esquizofrénico de las redes sociales, alentando el odio y la crispación. Muy preocupante es cómo el derecho a la protesta —un derecho básico en cualquier democracia— está siendo seriamente amenazado por la represión contra los manifestantes, o cómo el Gobierno ha intentado cambiar el sistema de votación para dificultar el derecho fundamental a ciertos colectivos, o cómo se han utilizado también las supuestas medidas anti COVID-19 como una forma encubierta de recorte de libertades. Todo esto está ocurriendo ahora mismo en Eslovenia, pero también está habiendo resistencias de medios independientes, del movimiento feminista, de las organizaciones que ayudan a los migrantes, de una izquierda que no se resigna. Desde aquí, desde el Parlamento Europeo, quería mandarles todo nuestro apoyo y decirles que no están solos.

Señor presidente, la verdad es que no voy a centrarme en denunciar la situación humanitaria de la frontera de Bielorrusia con Polonia, en la que se está tratando a mujeres, hombres, niños y niñas como si fueran auténticos desechos. Me voy a limitar a expresar mi más profundo rechazo al papel de la Comisión y del Consejo, a sus terribles declaraciones sobre la supuesta guerra híbrida y al apoyo que le están dando a la extrema derecha polaca en su represión contra las personas migrantes, lo que incluye apoyar la separación de familias en la frontera, lo mismo que hizo Trump y ya condenó este mismo Parlamento. Están autorizando y legitimando la versión más reaccionaria, racista y deshumanizadora que se puede tener sobre la migración. A eso justamente nos referimos cuando acusamos a la gran coalición que gobierna la Unión Europea de estar comprando el discurso de la extrema derecha. Basta de imponer su necropolítica migratoria. No necesitamos un ejército en la frontera, sino ayuda humanitaria. Habiliten vías legales y seguras de entrar a Europa.

Señor presidente, el relator de las Naciones Unidas para Birmania lo ha dejado bien claro: las acciones que está llevando a cabo la comunidad internacional no están funcionando. Hay que ir más allá. Los mismos militares responsables del genocidio rohinyá están hoy machacando al pueblo birmano y esto es posible gracias a la financiación que obtienen de su entramado empresarial. Es crucial, por tanto, cortar estos ingresos, y para eso habría que imponer sanciones contra todas las empresas vinculadas a la junta militar, especialmente las relacionadas con el petróleo, el gas y los minerales, que son a día de hoy los que más beneficios están dando. En segundo lugar, hay que paralizar todas las relaciones de bancos y empresas europeas, como Total, Eni o Shell, con compañías ligadas directa o indirectamente a la junta militar. Además, es urgente apoyar a las fuerzas democráticas birmanas, reconocer el Gobierno de Unidad Nacional y asegurar que la ayuda humanitaria no beneficie a los militares ni contribuya a generar más violaciones de los derechos humanos, esto es, que la ayuda llegue a través de organizaciones locales de la sociedad civil y, en particular, de las organizaciones de las minorías étnicas. A pesar de la brutal represión, cientos de miles de personas en Birmania continúan enfrentándose al régimen militar. Una vez más, el pueblo birmano está dando un ejemplo de lucha y dignidad. No podemos seguir mirando hacia otro lado.

Señor presidente, quiero dar las gracias a las colegas y los colegas que han hecho posible que se pueda intervenir en este Parlamento con una camiseta del Sindicato de Manteros de Madrid que habla contra el racismo, que no es una pancarta. Igual que en este Parlamento se puede hablar con camisetas de marca y nadie plantea ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿Que estemos aquí promocionando el Sindicato de Manteros, la Asamblea Sin Papeles y un mensaje que tienen? ¿O que llevemos el de una marca: de Nike, de Adidas o de otras? De verdad, nos lo tenemos que hacer mirar, porque, en teoría, esta es la supuesta casa de la democracia europea. Si en la casa de la democracia europea no cabe el antirracismo, hagámonoslo mirar. Compañeras y compañeros, asistir a los Estados miembros para asegurar que cada persona solicitante de asilo tenga una atención personalizada, individualizada, con rigor y con recursos, este, y no otros, debería ser el objetivo de una agencia europea de asilo. Sin embargo, lo que se nos presenta es una propuesta, a nuestro parecer, recortada, que suprime elementos básicos de control y supervisión de fronteras a petición de países como Grecia, Italia o España. Una propuesta que tiene como uno de sus objetivos principales favorecer la expulsión a países de tránsito no seguros, lo cual entendemos que contraviene cualquier normativa internacional y pone en peligro el mismo derecho al asilo en Europa. Es paradigmático de la política migratoria europea que una agencia dedicada al asilo como esta tenga muchos menos recursos que una agencia como Frontex. Pero, ¿qué podemos esperar de una política migratoria europea que permite que países como Grecia suspendan de facto muchas veces el derecho al asilo o que Gobiernos como el español deporten ilegalmente a menores no acompañados en Ceuta? Una agencia europea de asilo debe servir para las y los refugiados desde el respeto a la legislación internacional y a los derechos humanos. Cualquier otra propuesta no tendrá nuestro apoyo.

Señora presidenta, la anunciada reforma judicial es la enésima muestra de la deriva autoritaria de Erdogan, por no citar el intento de ilegalización del HDP, la persecución y encarcelamiento de activistas, opositores y periodistas críticos o la salida del Convenio de Estambul. Violación de derechos humanos, persecuciones políticas y ataques a la democracia que son sobradamente conocidos justamente en esta Cámara, pero que, sin embargo, no parecen importar a la hora de calificar a Turquía como un tercer país seguro al que expulsar migrantes o para darle millones para que ejerza de policía de fronteras de la Europa fortaleza. Se suponía que estos fondos respondían a una emergencia, pero aquí estamos, cinco años después, discutiendo de cómo hacer de la excepcionalidad la nueva norma permanente. Y no basta con mejorar la transparencia presupuestaria o el control parlamentario de estos fondos, porque el problema son los mismos fondos. El problema es el acuerdo de la vergüenza, de la externalización de fronteras de la Unión Europea a Turquía, que no nos cansaremos de denunciar allá donde estemos. El problema es este acuerdo.

Señora presidenta, los Emiratos Árabes Unidos son el lugar que acoge a dirigentes corruptos huidos de la justicia, como el expresidente de Afganistán o el rey emérito Juan Carlos I, mientras masacran, reprimen y torturan a su pueblo. Ahmed Mansur lleva más de cuatro años detenido en una celda de dos metros, sin contacto ni con familiares ni con otros presos. Por no tener, no tiene ni agua caliente ni, tan siquiera, un colchón donde dormir. Uno de los cargos de los que fue acusado Ahmed se basa en e-mails, en wasaps, que fueron obtenidos gracias a la interceptación de sus comunicaciones vía Pegasus y otros programas espías de empresas europeas. Pero ¡ojo!: esto ya lo dijimos en la Resolución de 2018 de este Parlamento. La Unión Europea y sus empresas ni han asumido ninguna responsabilidad ni han hecho nada para evitar que esta violación de los derechos humanos continúe. De hecho, países como España se han dedicado a firmar acuerdos de venta de armas y dar cursillos entre policías y ofrecer jornadas con francotiradores, mientras los Emiratos mantenían en prisión a activistas y a tuiteros. ¿Cómo pueden seguir intercambiando armas, equipos de seguridad, con los Emiratos mientras se violan los derechos humanos? Por tanto, creemos que es momento de exigir la libertad inmediata de Mansur y de todos los presos políticos; que se aplique una moratoria inmediata de la venta de transferencia y uso de tecnología de vigilancia a los Emiratos; que se establezca un verdadero embargo de armas, porque no podemos ser cómplices de los actos de represión y torturas que se cometen en los Emiratos; y que las relaciones políticas, comerciales y de cooperación se condicionen a resultados en materia de derechos humanos. Mansur dijo que la única forma de contrarrestar la represión en su país era haciéndola pública. No dejemos que sus denuncias le cuesten la vida. No podemos seguir siendo cómplices silenciosos priorizando los beneficios a los derechos humanos.

Señor presidente, desde 2015, Arabia Saudí ha ejecutado a más de ochocientas personas, entre ellas al menos a ocho jóvenes que eran menores; menores como Mustafá, ejecutado en junio, y como otros nueve que pueden ser asesinados cualquier día. A pesar de las promesas y los millones invertidos en lavar su imagen, la realidad es que estamos ante una dictadura absoluta, que viola a diario los derechos de las mujeres y de los activistas sociales, y los de la población civil yemení. Y todo esto ante el silencio cómplice de la Unión Europea, que tiene a Arabia Saudí en su lista de socios estratégicos. Por eso exigimos que cesen las ejecuciones; que haya un embargo de armas ya; que se finalicen las relaciones preferentes y la cooperación; y que relaciones políticas y comerciales estén condicionadas a resultados en materia de derechos humanos. Cerrar los ojos ante las barbaridades cometidas por este régimen solo contribuye a alimentar la impunidad del régimen de Arabia Saudí.

Señor presidente, hace ocho años la fábrica textil de Rana Plaza se derrumbó. Bajo sus escombros murieron 1 134 personas y más de 2 600 resultaron heridas. Pero los cimientos del capitalismo global no se resintieron. Rana Plaza es uno de los miles de eslabones de las interminables e injustas cadenas de valor globales. Rana Plaza es una de los miles de trastiendas de los escaparates de ropa de las multinacionales europeas. Rana Plaza sigue siendo hoy un ejemplo de la impunidad del poder corporativo. Las familias de las víctimas siguen sin ser indemnizadas. Nadie se responsabiliza de las muertes. Todo sigue igual. ¿Por qué? Porque nadie les obliga a hacerlo. Y es que Rana Plaza es una prueba más de la inutilidad de los sistemas voluntarios de la responsabilidad social corporativa y de la connivencia institucional con este sistema global de injusticia, explotación y muerte. El Rana Plaza demuestra que necesitamos normas vinculantes y sanciones ejemplares contra el poder corporativo.

Señora presidenta, este Fondo debería ser una herramienta estructural clave para apoyar el asilo y la integración. Debería permitir que los fondos pudieran ser recepcionados y gestionados, sin ningún tipo de obstáculo, por ayuntamientos y municipios. Debería ser un Fondo que alentara las políticas de regularización. Debería ser muchas cosas más que no es. Y, a pesar de que incluye cuestiones positivas, como apoyar la solidaridad real entre Estados miembros, el reasentamiento humanitario y la mención explícita a tener en cuenta a las ONG en la implementación de fondos, no podemos apoyar con nuestro voto un Fondo que se dice a sí mismo de asilo e integración, pero que incluye la financiación para la externalización de fronteras a terceros países y las devoluciones. Porque integrar y deportar son elementos contradictorios y porque una política centrada en la externalización de fronteras y en la deportación ya sabemos muy bien en donde acaba: en la violación sistemática de los derechos humanos. Y para eso no cuenten con nuestro voto.

Señora presidenta, desde el estallido de las protestas en 2018, la movilización popular ha exigido la liberación de presas y presos políticos y garantías para el respeto de los derechos civiles y políticos. En respuesta, Daniel Ortega solo ha construido una estructura institucional que legitima la represión, la criminalización de la protesta y la detención arbitraria de voces críticas frente a esta escalada autoritaria. Hace dos semanas se produjo la detención de Dora María Tellez, de Hugo Torres, de Víctor Hugo Tinoco, de Ana Margarita Vijil, de Suyén Barahona y de Tamara Dávila Rivas, estas últimas del Movimiento Autónomo de Mujeres, contra el cual Ortega se ha ensañado de manera especial. A día de hoy nadie ha podido verlas, ni familiares ni abogados. Exigimos que se puedan ver, que las puedan visitar de inmediato. Asimismo, exigimos el cese de la represión y la liberación de las presas y los presos políticos y que se garantice su integridad física y moral. La supuesta retórica antiimperialista no engaña a nadie. Del proyecto sandinista no queda nada en el Gobierno de Nicaragua. Desde aquí toda nuestra solidaridad con las demandas populares nicaragüenses.