Sobre qué Maite ha hablado.

–Señor presidente, señorías, hay un dicho popular en español para casos como el que nos trae aquí. En cuanto al derecho de investigación del Parlamento Europeo, ustedes, el Consejo: ni una mala palabra, ni una buena acción. Lo que está en cuestión es la cooperación leal del Consejo con respecto a unas especialísimas atribuciones del Parlamento Europeo. La Comisión de Asuntos Constitucionales ha sido paciente y ha mostrado buena fe durante más de dos mandatos —doce años. Y en los dos mandatos y pico —y en la parte que a mí me toca, diez años—, nos han tomado el pelo y nos han entretenido hasta llegar al punto ciego del final de cada uno de los mandatos. Es mi percepción personal, pero a mí me parece que a ustedes solo les interesa rebajar nuestras competencias investigadoras y, en algunas cosas, parece que quieren que seamos como un rebaño de corderos. El Parlamento no puede tolerar violaciones de sus prerrogativas en materia de investigación. Ni tan siquiera se cumple plenamente el marco legal vigente desde 1995. Y en lo demás, el rechazo a las tres propuestas sin negociar. Y hoy nos han dicho lo mismo. El Parlamento debe actuar con una sola voz, y el nuevo Parlamento —esta vez sí— no puede dejar pasar otros cinco años con buena fe. Si no hay un acercamiento por parte del Consejo, deberá activar el procedimiento para llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la violación del principio de cooperación mutua sincera entre instituciones. Es bueno que esto se sepa fuera de la Comisión AFCO, es bueno que se sepa en toda esta Cámara. Sin más, me despido de todos ustedes porque hoy es mi último día. Esto ha sido todo, amigos.

Señor presidente, señor comisario, cuando en julio de 2023 la Comisión Europea publicó su informe sobre el Estado de Derecho en España no reflejaba la magnitud de los problemas que los Gobiernos de Pedro Sánchez han creado y siguen creando. Se agudizan los ataques a la independencia de los jueces y la colonización de las altas instituciones del Estado. Se ha producido la investidura a cambio de una promesa de impunidad a delincuentes, juzgados o imputados por graves delitos. El Gobierno de Sánchez ha eliminado el delito de sedición, ha rebajado las penas por malversación, ha indultado a delincuentes que reiteran su intención de delinquir y ahora pretende amnistiar a prófugos de la justicia, investigados por terrorismo, malversación y alta traición e investigados en los expedientes sobre la injerencia rusa en Europa. Y lo último, señorías, es un multimillonario escándalo de corrupción que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude investigará y que llega al menos hasta el número dos del Gobierno y del Partido Socialista cuando ocurrieron los hechos. No podemos permanecer ciegos ni a la corrupción ni a las derivas populistas que suelen venir juntas, sean del signo que sean. La gravísima degradación de nuestro Estado de Derecho pone en riesgo la calidad de la democracia europea en su conjunto. Ojalá puedan integrar todos estos hechos para tener un análisis cabal de lo que ocurre en nuestros países.

Señora presidenta, efectivamente, vamos a hablar de Rusia. La diputada señalada como colaboradora del FSB ruso mostró apoyo durante años al entorno y a los terroristas de ETA. También apoyó constantemente a los secesionistas catalanes que cometieron delitos antes y después de 2017. El caso de la injerencia rusa en Cataluña requiere un apunte especial, porque la investigación judicial, por fortuna, avanza. Podemos indicar que Rusia llevó a cabo en Cataluña intervenciones combinadas a lo largo de una década entera, mezclando agentes de campo del GRU y acceso directo al Gobierno regional, incluyendo al prófugo Puigdemont, así como asesoramiento y una estrategia de desinformación a través de Russia Today y Sputnik, entre otras plataformas digitales, que consiguió pasar información a medios de comunicación que desconocían esta hoja de ruta secreta. Ofrecieron soldados y dinero para montar una especie de paraíso fiscal autocrático, según ha reconocido uno de los implicados públicamente. El objetivo era desestabilizar la Unión a través de la destrucción del Estado de Derecho en España. Por eso es tan importante que el Consejo y la Comisión entiendan la peligrosa agenda del Gobierno español, sí, maquinando una ley de amnistía y una gigantesca operación de impunidad y desacato a la independencia judicial, incluso sobre delitos de corrupción, malversación, terrorismo y colaboración con la injerencia rusa. Tolerar algo así supondría la victoria del populismo más dañoso en la Unión. Abran el angular para defender nuestro Estado de Derecho, que es el suyo, por favor.

– Señora presidente, muchísimas gracias, señor comisario, por sus palabras. Me gustaría dar las gracias a todas las señorías que han trabajado en la redacción de este informe y a la gran mayoría de los que han intervenido en este debate, que, además, muestran que la gran mayoría de este Parlamento tiene muy claro que somos, como operadores políticos, tremendamente responsables de parte del ecosistema de la opinión pública y que podemos dar buenos o malos ejemplos al resto de la ciudadanía sobre lo que significa utilizar el pluralismo ideológico y nuestra libertad de conciencia. Podemos hacerlo con cuidado, pensando en lo que hacemos y en lo que decimos, o podemos dejarnos arrastrar también por las burbujas de la hostilidad y del odio. La gran mayoría de los ponentes hoy, sin embargo, lo que han querido es mostrar la necesidad de trabajar contra las más peligrosas manifestaciones de discursos que pueden generar delitos graves de odio. En eso estamos. Ojalá mañana el Parlamento en su mayoría lo considere de esta manera. Pero yo quiero dar las gracias de una manera muy especial a la señora Adamowicz, que es todo un ejemplo de cómo afrontar desde el punto de vista personal y político lo que es sufrir las consecuencias de los peores discursos de intolerancia que después generan una victimización que es muy, muy complicada de arrastrar. Por eso queremos luchar contra la impunidad. Por eso lamentamos que no esté aquí hoy el Consejo. Yo les quiero indicar algo, que veamos las cosas como son y no nuestros prejuicios. Personas sin hogar asesinadas, por ejemplo, en España; orinar a una mujer romaní por parte de un grupo de jóvenes en Italia; lanzar varios metros a un niño de dos años por asomarse a un coche de niños y porque el niño es negro, en Italia, por parte del padre del bebé del coche ¡a un niño de dos años!; torturar cuarenta y ocho horas a un chico discapacitado psíquico, coserle los labios y torturarle y tatuarle brutalmente en España; asesinar a una mujer persa que se ha convertido al cristianismo en un campo de refugiados en Francia o asesinar a dos jóvenes gais por serlo en un bar en Eslovaquia. Eso son los delitos de odio. Por favor, señorías, veamos la realidad y no nuestros propios prejuicios.

– Señora presidenta, señor comisario, queridos compañeros, hace dos años, la Comisión presentó una propuesta de ampliación de la lista de delitos de la Unión a la incitación al odio y a los delitos de odio. Nos referimos específicamente, comisario, a aquellos incidentes que, por su especial gravedad y dimensión transfronteriza, requieren una respuesta penal europea. Todo no es punible —lo avanzo para no confundirnos en el Pleno—. Por otra parte, la jurisprudencia de la Unión avanza menos rápido que las nuevas dinámicas de odio en los tiempos digitales. Es importante también tener esto en cuenta. El marco actual de la Unión solo cubre, y mínimamente, la incitación al odio y los delitos de odio de motivación social en muy pocas motivaciones. Yo creo que es bueno utilizar a los clásicos. Aristóteles nos sirve para entender perfectamente lo que vamos a decir hoy: los agresores atacan a tipos o clases de personas únicamente porque forman parte de un colectivo detestado por ellos. Los motivos de fondo para detestarlos y cometer delitos graves tienen que ver con ser diferentes, con verlos como inferiores, como negativos, como intolerables, como que no podrían ser visibles. En los últimos años, se han producido importantes transformaciones sociales. Las redes sociales han servido para normalizar discursos de hostilidad extremos —de odio también en ciertas franjas de usuarios— y eso tiene repercusiones en la vida real en nuevos delitos, algunos muy graves. La lucha contra la impunidad en estos tiempos exige rigor jurídico siempre, pero también decisión política. La normativa europea cubre hoy la incitación al odio y los delitos de odio por motivación de raza, color de la piel, religión y origen nacional o étnico. Esto es lo que hay hasta ahora. Los delitos graves sobre género, orientación sexual, edad, ideología y discapacidad, entre otros, no se contemplan. La inclusión de otras categorías delictivas en la lista de eurodelitos es urgente y es necesaria, pero ahora no toca definir jurídicamente la incitación al odio con relevancia penal ni las penas vinculadas a esos delitos, ni tampoco la consideración de especial vulnerabilidad. El objetivo de este informe es hacer un firme llamamiento político al Consejo, que no está para que se mueva y amplíe esta lista. Solo la Presidencia francesa fue activa en su momento, pero Polonia y Hungría expresaron su oposición. Hoy la Presidencia belga, aunque llueve y nieva intensamente en Bruselas, no está aquí. No es excusa y es muy mala señal, desde el punto de vista de lo que significa el respeto tanto a la Comisión, que hace dos años realizó esta petición, como a este Parlamento. No todo es punible. Pero no es menos cierto que se están borrando inhibiciones y que se generan más delitos. La Comisión Europea nos propuso en su comunicación abordar eficazmente la incitación al odio y los delitos eficazmente por motivos de sexo, de orientación sexual, edad y discapacidad, entre otros. El informe provisional que trasladamos hoy, que ojalá se apruebe mañana, quiere trasladar al Consejo, que no está, y a la Comisión, que sí está —muchas gracias, comisario—, los siguientes mensajes. No todo el discurso de odio es ilícito, pero todo él deja una huella. La libertad de expresión debe ser protegida de manera exquisita y limitarla únicamente cuando esté plenamente justificado hacerlo. Y el Consejo sí se pone de acuerdo para otras cosas. Por tanto, ya le mandaremos la Resolución mañana para que sepan lo que dice este Parlamento: que queremos cuanto antes que se pueda acabar con la impunidad que existe actualmente, porque no tenemos elementos coherentes para cuestiones que afectan transnacionalmente a delitos graves y que eso lo pagan muy caro las víctimas reales. La futura legislación penal en esta materia debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad —bien lo sabemos— y garantizar la libertad de expresión, por supuesto. Pero yo voy a finalizar resaltando que la protección de las personas frente a la incitación al odio más grave y los delitos de odio debe ser universal. Las dinámicas sociales, comisario, están cambiando muy rápido. Se manifiestan de forma muy agresiva, por lo que es importante actuar y no dejar espacio para la impunidad. Espero que el Consejo, aunque sea remitido, nos haga caso en algún momento.

Señor presidente, también quiero dar las gracias a las señorías que han trabajado en la redacción de este informe y a todos los que han intervenido en este debate. De hecho, para poder decirle alguna cosa a la Comisión con tanto entusiasmo como el señor López Aguilar, he de decir que tanto el señor Ruiz Devesa como el señor López Aguilar, el señor Doleschal o la señora Collado han hablado de las cuestiones clave: ¿cómo sacamos el máximo valor añadido en el siglo XXI a la ciudadanía europea que viene de finales del siglo XX? Actualizando todo lo que tiene que ver con lo digital, invirtiendo en la juventud, teniendo en cuenta que el mundo se ha transformado extraordinariamente y que ahora cada uno de los ciudadanos europeos es clave para las instituciones, para la democracia del futuro. Por tanto, debemos invertir y ser valientes como fueron en su día quienes propusieron la ciudadanía europea y la hicieron realidad. Nosotros también tenemos que ser valientes, entendiendo el tiempo actual, y no se lo pueden haber dicho mejor mis colegas de lo que yo podría decirlo. Apostemos por aquellas cosas que les estamos indicando en este informe. Agradecemos, por supuesto, el paquete, sobre todo en la cuestión consular, que es muy concreta y muy necesaria, pero crean también en el Estatuto de ciudadanía y en las propuestas que hacemos. Invirtamos en ciudadanía europea, que es invertir en la infraestructura crítica más necesaria en estos tiempos de injerencia dañosa por parte de terceros países.

Señora presidenta, siempre es un honor hablar después de haber escuchado al señor Rangel, pero a mí hoy me toca hablar de la otra parte del debate: el informe que tiene que ver sobre la aplicación de la ciudadanía europea. Me siento muy honrada por tener la oportunidad de hablar sobre ciudadanía europea en este Pleno. La ciudadanía forma parte del proyecto europeo desde hace algo más de treinta años. Precisamente, se adoptó en tiempo de Jacques Delors y fue aprobada durante la Presidencia española de Felipe González. Supuso un hito en el momento de su creación y una diferencia para bien, al posicionar a la Unión Europea de una manera diferente y mejor que otras realidades políticas. Es un hito también, por tanto, hoy y un reto político intelectual. Porque el mundo ha cambiado, extraordinariamente. Así que es el momento de reflexionar sobre el presente y futuro de esa ciudadanía europea, porque hemos experimentado esas transformaciones. Que digo... ¿es un valor añadido? Rotundamente, sí. ¿Se necesitan cambios y mejoras para seguir teniendo el máximo de ese valor? En un mundo geopolíticamente turbulento, yo creo que sí. Las crisis específicas, las causadas por la polarización cruzada, por la injerencia extranjera, por la normalización de la hostilidad interna y otras amenazas híbridas, ponen a prueba a las organizaciones e instituciones ordinariamente encargadas de dar respuesta. En estas circunstancias actuales, cada ciudadano europeo se ha convertido en elemento clave. La no Europa en un mundo globalizado sería la opción de la pobreza y el caos. Y, señorías, cada ciudadano europeo es hoy la infraestructura crítica más crítica. Quiero pensar que reforzar y actualizar la ciudadanía europea es importante para esta Cámara y para la Unión. El Parlamento y la Comisión han trabajado casi en paralelo y con plazos similares para emitir sus informes. Y empezaré hablando sobre la propuesta de informe del Parlamento. En ella, se exponen problemas a los que se enfrenta el ciudadano cuando quiere ejercer sus derechos y también reflexiones sobre el presente y el futuro de esta ciudadanía común. Me gustaría destacar los siguientes mensajes: siguen existiendo obstáculos para el pleno ejercicio de la ciudadanía de la Unión, en particular en los ámbitos de los derechos políticos, la libertad de circulación y residencia, la protección consular —luego hablaremos de ello— y la igualdad. Proponemos también, desde el Parlamento, la elaboración de un Estatuto de la ciudadanía de la Unión que compile derechos existentes dispersos y otros nuevos, en línea con la legislación actual, lógicamente, y con la futura, y también que se incluya una cláusula horizontal de no discriminación. Proponemos la creación o actualización de algunos derechos a fin de contar con una representación democrática equilibrada por género en listas electorales, una plataforma interactiva digital permanente que fomente la participación de la ciudadanía en la vida de la Unión, disfrutar de un reconocimiento de períodos de estudios para trabajar en la Unión. En el ámbito digital, nos parece imprescindible reconocer el acceso universal a internet, otorgar una identidad digital a cada usuario, regular su herencia digital y clarificar la relación del ciudadano con las herramientas de inteligencia artificial. Incluimos otras recomendaciones en el informe. Por ejemplo, crear una Carta Europea de Derechos Digitales, adaptar los programas escolares para enseñar historia de Europa y de la Unión y aumentar la participación y consulta de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, en el proceso de toma de decisiones. Miren, la ciudadanía europea es una fortaleza de la Unión que podemos mejorar y que nos dota de una identidad democrática compartida: la que nos dan las leyes. Quiero recordar que podemos activar la vía del artículo 25 de los Tratados y adoptar nuevas disposiciones que completen —si lo queremos— y actualicen los derechos de ciudadanía existentes, sin esperar a la reforma de los Tratados. Y yo les pediría que apoyaran el texto del informe para que fuera aprobado por una gran mayoría.

Señor presidente, no pensaba pedir la palabra, pero creo que hay que decir algo que es importante. Es algo mucho peor que dar impunidad a cambio de siete votos. En realidad, el gran problema es que los socialistas les han dado la razón. Y no la tienen. Los secesionistas catalanes de todos estos años no tenían y no tienen la razón. No es un déficit democrático. Es un problema de identitarismo excluyente y de populismo rancio. Y el problema, cuando se les da la razón, es que ustedes ahora son sus rehenes. Primero fueron los indultos. Esos indultos que Tomás y Valiente nunca habría apreciado, porque no hubo arrepentimiento. Es la modificación del Código Penal para debilitar la malversación o eliminar la sedición, para hacernos más débiles. Y ahora, una impunidad a gran escala. Y lo que viene por detrás: una mutación constitucional fraudulenta. Porque ¿se puede cambiar la Constitución? Sí, pero no yendo contra las leyes y contra la voluntad de la mayoría de los españoles. Este es el problema.

Señora presidenta, nuestra responsabilidad hoy es analizar el compromiso y valentía de Daphne Caruana. Y también si el trauma de su asesinato hace seis años sirvió suficientemente para cambiar la situación de corrupción en Malta y el ambiente de impunidad. Lamentablemente, del todo no es así. La investigación de su muerte indicó que el Gobierno, con su corrupción, creó una atmósfera de impunidad que condujo a la degradación del Estado de Derecho desde los más altos niveles del Gobierno. Y no tenemos sentencia. Hay, además, noticias sobre escándalos cada uno de los días: compra de votos, tratos de favor administrativos, clientelismo y control social. Esto, señorías, es así. Da igual el color del Gobierno donde ocurran cosas de este tipo. Y las recomendaciones que vamos a votar deben ser contra ese ambiente de impunidad que generó el asesinato de Daphne Caruana. Y sabiendo que necesitamos proteger a cada uno de los periodistas de investigación que luchan contra la corrupción en cada uno de los lugares donde ocurren este tipo de cuestiones. Porque la calidad de nuestras democracias es cosa de todos en la Unión Europea. Y da igual que la corrupción sea de izquierdas o de derechas. Se lo debemos a Daphne, a su familia, a los ciudadanos honrados y a los funcionarios que siguen siendo honrados.

Señora presidenta, la revolución tecnológica nos ha sorprendido a los adultos sin un manual de instrucciones para proteger a los menores de sus riesgos, así que doy las gracias a la comisaria. La Resolución sobre la Nueva Estrategia Europea para una Internet Mejor para los Niños nos pone ante esta responsabilidad y debemos ser rápidos y acertar. Citaré un ejemplo de mi país: se producen delitos terribles relacionados con el uso de imágenes falsas, generadas por inteligencia artificial, que representan —falsamente— a menores en conductas sexuales explícitas o que afectan a su intimidad, y que, además, llevan aparejados la extorsión sexual. Es una muestra de los riesgos a los que nos enfrentamos. En cuanto a las adicciones a la tecnología, las grandes empresas tecnológicas conocen las adicciones de los menores y evitan intencionadamente publicar y compartir datos al respecto —de hecho, llevan un año evitando compartirlos con este Parlamento— porque no quieren que este asunto afecte ni en un céntimo a su modelo de negocio. La colaboración con el legislador en algo así, que también es muy importante, no puede ser voluntaria u optativa. Asimismo, la alfabetización mediática también debe combatir el riesgo —ya mencionado— de tener generaciones de fanáticos, da igual de qué signo, como consecuencia del refuerzo de los sesgos derivado de los algoritmos. Esto también afecta al modelo de negocio de las empresas tecnológicas, y es algo que vamos a tener que resolver porque la democracia también está en juego. Me alegro de que estemos de acuerdo mayoritariamente.

Señora presidenta, señora comisaria, sin verdad no hay democracia. Sin periodismo, entendido como información veraz y verificada, no hay democracia. Proteger a los periodistas y al periodismo es, por tanto, una de las dos o tres cosas más importantes del siglo XXI. Y hablo a título personal. A mí la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación me sabe a poco. ¿Sirve la autocalificación para tener los efectos de un medio de comunicación? Claramente, no. ¿Es precisa una garantía extra para los medios en internet frente a las posibles arbitrariedades de las grandes plataformas? Sí. El artículo 17 de la Comisión de Cultura y Educación es mejorable, pero es mejor que la propuesta de la Comisión Europea, porque la Comisión huye del derecho público a la hora de manejar la cuestión de los contenidos dañosos o ilícitos, les pasa la patata caliente a las grandes plataformas y genera un problema de garantías y de imprecisión jurídica en materia de libertad de expresión y derechos fundamentales. El artículo 17 no está maduro y vamos a pasar la responsabilidad a una negociación mucho más opaca entre el Parlamento y el Consejo. Escapando del Derecho público, eliminamos la confianza y la seguridad jurídicas, que es lo mejor que el Derecho nos dio en el siglo XX. Por los huecos que nosotros dejamos entran los populistas de izquierda, de derecha, nacionalistas, y, al subir al poder, las leyes se convierten en oportunismo, no lo olvidemos.

Señor presidente, muchas gracias al ponente por este informe. Se ha dicho ya: estamos en una democracia liberal y, por tanto, somos ciudadanos. En este caso somos parlamentarios y no somos vasallos. Y por eso —por eso— es tan importante poner el foco en las reglas de juego. Y nos viene bien recordar el fundamento de nuestro sistema democrático y parlamentario para mejorarlo. Destaca el informe que en una democracia, «los parlamentos deben formar parte de todos los procesos de toma de decisiones», por lo que los procedimientos legislativos por la vía rápida de urgencia deberían ser una minoría. Lamentablemente, los Ejecutivos están descollando últimamente con ese tipo de fórmulas. Así está ocurriendo de forma muy extraordinaria en mi país. Hacemos este informe en un momento en que, paradójicamente despuntan los populismos y no solo los de derechas. La democracia liberal está en riesgo en este momento en que estamos intentando dar muchísimos más derechos y dar calidad a la actividad de los ciudadanos en el sistema político liberal. Así lo hemos visto, por ejemplo, en Israel. Así lo vemos en Hungría. Se invocan mayorías parlamentarias para saltarse la igualdad ante la ley y para erosionar la libertad de conciencia. Porque los populistas identitarios creen estar por encima de la ley y de los derechos de los demás. Por eso, la clave es saber si les vamos a dar la razón, si un gobierno puede hacer que los responsables de delitos graves tengan impunidad y si pueden convertir, por tanto, todo lo que estamos intentando hacer en papel mojado. Es muy importante que defendamos también lo obvio.

Señora presidenta, en español hay un dicho que dice: «nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena». Y en este Parlamento ha tronado mucho con el Qatargate; y ha tronado tanto que estamos aquí. Yo espero que podamos tener, después de los truenos y relámpagos y de la lluvia, una buena cosecha en materia reglamentaria. Estamos cambiando las reglas para ser más conscientes de nuestras obligaciones, para minimizar la tentación de mezclar los intereses públicos con cualquier otro. Con estas nuevas reglas un diputado no podrá dejar de serlo e inmediatamente dedicarse a la representación de intereses, lo que llamamos lobbismo. Se exigirá publicar nuestras reuniones y las de nuestros equipos en relación con nuestro trabajo como legisladores. Y definimos —algo muy importante— el conflicto de intereses y determinamos qué hacer cuando existe de manera perfectamente articulada. Hay cuestiones, como la de nuestro patrimonio cuando entramos y cuando dejamos el Parlamento, que, aunque no vayan a ser públicas, estarán a disposición de las autoridades. Serán muy útiles para investigación de posibles pactos corruptos y cuestiones delictivas varias. No suenan ahora mismo los truenos del Qatargate, pero sus efectos están ahí. Ojalá tengamos una buena cosecha de reglas reglamentarias para nuestra transparencia y para defender mejor los intereses parlamentarios.

Señora presidenta, señora comisaria, este Parlamento ha ido creciendo en poder político y legislativo, pero también ha crecido nuestra vulnerabilidad desde el punto de vista de la integridad y de la seguridad. El escándalo de corrupción ha demostrado nuestra ingenuidad en el pasado y el riesgo de sufrir injerencias dañosas de países extranjeros de alto riesgo y del lobismo más indecente. Y esto es lo que vamos a combatir con el voto de este informe. Vamos a invertir en cultura de la seguridad, en verdadera cultura de la seguridad, la que se consigue invirtiendo en transparencia y en integridad. Durante estos tres años hemos visto muchas cosas en la Comisión de Desinformación. El informe Milov nos enseñó la cooptación al más alto nivel; la cooptación por parte de empresas rusas, de Fillon, de Strauss-Kahn, de Schröder, de decenas de grandes líderes. Pero el Qatargate nos ha enseñado que es mucho más multinivel. Ojalá las recomendaciones den un paso adelante para que muy pronto no haya ni un solo diputado cuyo su sueño sea ser contratado millonariamente o corromperse por parte de empresas que dependan de dictaduras como Rusia, China u otras autocracias.

Señora presidenta, señora comisaria, si el informe que vamos a votar hoy causa tanto escozor en los populistas de ultraizquierda y en los de ultraderecha, señora Kalniete, significa que usted ha hecho un gran trabajo. El hecho es que la Unión Europea es un actor central en las democracias del mundo y que las autocracias la atacan muy intensamente porque somos sociedades abiertas y tenemos que seguir siéndolo. Pero lo que no podemos hacer es asistir a la impunidad de la injerencia y de la desinformación dañosa. Tenemos que gobernar bien, con transparencia, evitando todas las formas de corrupción, por supuesto, la corrupción electoral o la corrupción de la injerencia o la cooptación de líderes, sin trampas. La semana pasada se revelaba una supuesta trama de venta de votos en Melilla (España) para interferir en las elecciones; se sospecha que ha habido injerencia directa de Marruecos. Nueve detenidos. Además, ya han ocurrido otros hechos anteriormente: esta es la cuestión, la injerencia marroquí no es una sorpresa para nadie en este Parlamento. Como también son conocidas las conexiones de Rusia con partidos políticos, con políticos o con la injerencia en las actividades contra la democracia europea en Cataluña. Lo que está claro es que necesitamos normas, que las recomendaciones de esta Comisión que van a ser votadas tienen que ser consideradas por la Comisión Europea, y que tenemos que convertirlas en leyes y defendernos; porque el hecho es que nos van a atacar.

Señor presidente, señor comisario, es un crimen nuevo pero es un crimen viejo, y Jackie Fox, una madre coraje, nos ha traído hasta aquí. Y con toda humildad le mandamos el abrazo de nuestro Grupo y, desde luego, mi reconocimiento personal más profundo. Ocurre en todos nuestros países, comisario. Hay unas gemelas en España, Leila y Alana, que el pasado mes de febrero, con 13 años, se lanzaron desde un tercer piso para acabar con su vida y una de ellas falleció en el acto. Eran unas niñas emigrantes argentinas que habían llegado a un pequeño pueblo de Cataluña y estaban en su primer año de instituto. Señor comisario, es el crimen de la banalidad del mal. Y es una plaga. Y debe ser un eurodelito. Porque no podemos permitir la impunidad aunque muchos de los perpetradores sean menores y haga falta —sí— formación y haga falta que la comunidad se implique, y los profesores. Lo que usted quiera. Y hagan falta datos. Pero lo que no puede haber es coste cero para esa tortura moral a los niños y jóvenes de la que no pueden escapar. Es una plaga. Es el crimen de la banalidad del mal. Y debemos actuar.

Señora presidenta, con todas las fuerzas, la corrupción tiene que ser combatida con toda la fuerza para que no gane terreno, para que no carcoma nuestros sistemas y nos lleve al colapso democrático o también económico. Así pues, la propuesta de la Comisión es bienvenida, yo creo que por casi todos nosotros. Enhorabuena. Y va a tener todo nuestro apoyo, desde luego de nuestro grupo. En España llevamos meses denunciando la reforma acometida por el Gobierno español, que crea un tipo atenuado para algunos de sus socios de legislatura contra delincuentes reales. Y, de hecho, España sigue cayendo en la prevención y lucha contra la corrupción y aparece en el ranking global junto con Botsuana y Cabo Verde. Los economistas Acemoglu y Robinson escribieron hace veinte años Por qué fracasan los países. Hay países que fracasan y otros que no. La transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad son claves para no degradarse. Los países que no combaten la corrupción con todas sus fuerzas serán más pobres y menos libres. Por eso, señor comisario, gracias por ayudarnos en este combate. Gracias. Es una cuestión de todos los europeos.

Señor presidente, señorías, comisaria Jourová, un principio general: el Estado de Derecho no se deteriora de un día para otro y el poder político lo puede disimular bastante tiempo. Cosas concretas: a mí me preocupa la situación de España. El gobierno de los jueces, efectivamente, sigue bloqueado. Ya van cuatro años. Porque los grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, no quieren cambiar la ley, porque quieren seguir controlando. La clave, señora comisaria, es primero cambiar la ley; si no, nunca, nunca saldremos de esta situación. Segundo, este Gobierno concreto —y cállese usted, por favor, que estoy hablando yo (dirigiéndose a otro diputado)— está asustando a los jueces, a veces, por motivos ideológicos, para que se autocensuren, y las meras advertencias de la Comisión no han conseguido todavía nada al respecto. El Gobierno ha aprobado reformas del Código Penal para rebajar las penas de malversación y se ha eliminado el delito de sedición para favorecer a unos delincuentes condenados. El partidismo es endémico en el control de los medios de comunicación públicos, cuando puede hacerlo, y en la captura parcial o total de órganos que deberían ser independientes, como el CIS —el importante y poderoso Centro de Estudios Sociológicos—. Los grandes partidos en España tienen esta tentación. Y lo peor es la entrada de los populistas de ultraizquierda en el Gobierno español. Desde entonces ha ido a peor, señora comisaria.

Señora presidenta, queridos colegas, yo escucho a la señora Roswall, del Consejo, y me parece que está tocando el arpa. Con todo respeto. Los parches en materia de inmigración han estallado uno tras otro durante ocho años y el Consejo escribe conclusiones como si no hubiera estado hablando con el Parlamento durante ocho años y como si no hubiera hecho caer el paquete de migración y asilo hace tres y medio. La clave —la primera cosa que tenemos que ver que no funciona— es el Reglamento de Dublín. Escucho también a la señora McGuinness hablar de las fronteras externas y sus problemas de corto plazo y me parece que está tocando el violín. Es que los países con fronteras exteriores, con más exposición a grandes flujos de personas, no pueden con una presión que es ya estructural —no es un tema de corto plazo—. Así que estamos en este Parlamento esperando un milagro, entendiendo la palabra «milagro» como la voluntad, de verdad, de unirse y de sacar este paquete adelante. Porque el problema de la migración es exponencial y está intoxicándolo todo. En 2015 hubo buenas palabras, pero no fueron sinceros muchos gobiernos ¿En 2023 van a serlo? Si no, no podremos ser ni justos ni eficaces.

Señora presidenta, señorías, señor comisario, el Gobierno de Sánchez consigue poder por apoyar al populismo ultraidentitario en Cataluña. No nos lo inventamos, lo dicen los propios interesados. Y asistimos a la erosión de salvaguardas que son importantes para un Estado democrático y el motivo es otorgar impunidad total o parcial a autores de graves delitos contra el Estado de Derecho. Esto es lo sustancial. España acaba de sufrir un carrusel de reformas judiciales que llevan a eliminar el delito de sedición cuando todavía hay acusados sin juzgar por los graves hechos de 2017, que son el ataque más grave en la Unión Europea al Estado de Derecho, señor comisario. Y la rebaja de las penas por malversación afecta directamente a las personas que proclamaron el fin de la separación de poderes en Cataluña —no lo olvidemos—, contra las instituciones democráticas, contra el orden constitucional, señor comisario. Y no hablamos de suposiciones. Los propios beneficiados por la impunidad lo han reconocido públicamente una y otra vez. Y la deriva no cesa, señor comisario. Usted mismo ha hablado de que hay que cumplir las sentencias cuando se refieren a derechos fundamentales y el Gobierno intenta evitarlo, tal vez por otro pacto secreto. La impunidad aparece como una derivada y desde Ciudadanos hemos avisado una y otra vez de esto.

Señora presidenta, señora comisaria, efectivamente, hace treinta años de esa declaración y dos años desde que debatimos, en esta misma Cámara, sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Yo dije entonces, y lo repito hoy, que la protección de las minorías y de los más vulnerables —y, por supuesto, la protección y promoción de la diversidad lingüística— es y tiene que seguir siendo una prioridad creciente. Esta protección solo puede lograrse con la defensa de una sociedad en la que seamos libres e iguales en derechos y libertades. La promoción de la diversidad lingüística debe enmarcarse también en esta idea. En la Resolución sobre derechos de las minorías aprobada en esta Cámara, justamente hace dos años, dijimos cómo hacerlo. Los derechos lingüísticos deben respetarse siempre y promocionarse en consonancia con las leyes, de forma que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Creo que es tiempo de entender la identidad como riqueza compartida, no como dogma, y de promover lenguas y culturas de forma abierta, en una Europa sin policías del pensamiento ni de la identidad, sin discriminación, como digo, con ciudadanos. Una Europa abierta, una Europa con personas libres e iguales. Feliz Navidad.

Señora presidenta, señor comisario, el informe sobre el Estado de Derecho acierta al reunir en un mismo documento aspectos como la lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación. Porque todos ellos nos permiten crear una fotografía global sobre el estado de salud de nuestras democracias. En materia de transparencia de la propiedad de los medios de comunicación nos sigue preocupando la ausencia de reglas suficientes sobre el reparto de la publicidad institucional y el conflicto de intereses. Pero están también los casos de acoso concretos, sistemáticos, a periodistas europeos por parte de países extraeuropeos. Es el caso concreto y real de Ignacio Cembrero, un gran periodista español, encausado ya por cuarta vez por parte de Marruecos por informar sobre la política alauí, mientras las autoridades españolas permanecen indiferentes y dejan que un periodista español sea acosado y hostigado judicialmente. Señor comisario, algo debemos hacer. La lucha contra la corrupción y la libertad de prensa son dos pilares básicos de nuestras democracias que debemos exigir con el mayor rigor desde Europa, sobre todo, cuando vemos a nuestros Estados flaquear abiertamente y también cuando, desgraciadamente, el veneno de la corrupción entra en nuestra propia institución.

Señor presidente, señorías, llevamos siete años dejando pudrirse el paquete de asilo y migración. Y en siete años, se ha intoxicado y polarizado nuestra mirada. Al no resolver un problema común, se han generado problemas sociales que algunos pretenden solucionar a las bravas, contra nuestras propias leyes, mientras otros viven en un mundo de sueños voluntaristas. Y quienes deben ser pragmáticos y liderar —los Gobiernos— no dan la cara, no suficientemente, no lideran, no dicen con claridad hasta dónde pueden llegar juntos. Comisarios, me consta que hacen lo que pueden, pero la voluntad que falta está en el Consejo. La no voluntad. Y la incoherencia del no sistema, de no tener un sistema, está alimentando división social y frustración. Y sigue muriendo gente. Hemos dado asilo a muchas personas —es cierto—, pero también hemos perdido miles de oportunidades de gestionar mejor, de mejorar muchos de nuestros pueblos y ciudades. Y al no gestionar correctamente, hemos dejado que se equipare a personas que solo quieren una oportunidad y trabajan duro, muy duro muchas de ellas, con quienes están abusando del sistema. Quiero pensar que el plan para el Mediterráneo puede ayudar a que el Consejo piense, pero tengo mis dudas.

Señor presidente, señorías, pocas veces podemos estar de acuerdo sobre algo que es realmente tan importante y tan necesario. La Directiva para adaptar los ataques a nuestro sistema de infraestructuras críticas que van mutando, igual que va mutando la sociedad, es realmente un momento de felicitación colectiva. Tenemos que felicitar también a la Presidencia francesa por este acuerdo de última hora. No podemos permitirnos estos ataques. Por ejemplo, hace menos de un mes en España, a través del Punto Neutro Judicial, un sistema gestionado por el Consejo General del Poder Judicial que conecta las redes de distintas administraciones públicas, los atacantes accedieron a millones de datos sensibles: carnets de identidad, declaraciones de la renta, cuentas bancarias, direcciones, vidas laborables, relaciones empresariales de todos y cada uno de los ciudadanos que figuraban en esas bases de datos conectados, políticos, empresarios, personajes de relevancia pública. Se lo llevaron todo: las bases de datos íntegras de los servicios de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo, Dirección General de la Policía, Extranjería o la Dirección General de Tráfico. Estos y otros tipos de infraestructuras críticas son las principales vulnerabilidades en las guerras híbridas del presente —lo ha dicho hoy la comisaria— y del futuro. En Ucrania se ataca la electricidad, las comunicaciones. El secuestro de datos y el ataque de la energía puede llevar al desastre a nuestras sociedades. Estamos reaccionando. Estamos de enhorabuena precisamente por eso. Pero debemos ser rápidos y debemos hacer visible este tipo de vulnerabilidad a nuestras sociedades. Hoy estamos de enhorabuena.

Señora presidenta, comisaria Vestager, muchas felicidades y gracias, Bart. Estamos trabajando contra reloj para que nuestras normas estén a la altura del momento histórico. Los cambios tecnológicos implican nuevos y peligrosos riesgos y la nueva Directiva es absolutamente necesaria, porque se nos ha quedado vieja la anterior. Ahora bien, vamos a completar la Directiva con el Reglamento aplicable a instituciones y organismos europeos y, después, faltará aplicarlo y que funcione eficazmente. Para eso, la ciudadanía tiene que entender los riesgos, lo que nos jugamos si este escudo no funciona. Nuestra economía está en riesgo, nuestros sistemas sanitarios lo pueden estar, nuestra protección como consumidores puede estarlo, pero también lo están, como se ha dicho hoy aquí, nuestra seguridad y la estabilidad de nuestras democracias. Garantizar unos elevados niveles de ciberseguridad servirá para defendernos de las amenazas, conflictos y guerras híbridas en las que estamos envueltos. Nos toca hacer mucho, nos toca abrir los ojos y decir algo que es muy importante. Supongo que existe en todos los idiomas: más vale prevenir que lamentar.