Sobre qué Alicia ha hablado.

Señora presidenta, señor comisario, normas como el Reglamento de minimis son necesarias para preservar el mercado interior. Poner límites a ayudas que puede dar un Gobierno a sus empresas debería servir para evitar una competencia desigual entre Estados miembros. Pero cuando nos fijamos en el efecto que tiene este Reglamento de minimis en las economías de las islas de la Unión, observamos una paradoja: los límites establecidos no permiten a los Estados ayudar a las empresas de las islas a compensar el sobrecoste de la insularidad. Es muy sencillo entender lo que es el sobrecoste de la insularidad: una empresa basada en una isla solo puede transportar sus mercancías por mar o por aire, lo que supone un coste adicional de en torno a un 70 % con respecto al transporte por carretera o ferroviario. Por tanto, las empresas de las islas de la Unión Europea tienen que competir dentro del mercado interior con una desventaja comparativa y el Reglamento de minimis no permite a los Estados corregirla con ayudas de Estado. Esto es una disfunción del mercado interior. Todas las empresas compiten en igualdad de condiciones menos aquellas que están basadas en una isla; el resultado es un encarecimiento generalizado de los productos, una pérdida de competitividad de nuestras empresas y la desindustrialización de las economías isleñas. Los europeos que vivimos en las islas exigimos, tal como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo del pasado 7 de junio de 2022, que la Unión posibilite competir en condiciones de igualdad. Por eso pedimos más flexibilidad en el Reglamento de minimis para que los Estados puedan compensar esos sobrecostes de la insularidad con ayudas de Estado. No pedimos un privilegio, sino la corrección de una desigualdad.

Señor presidente, alto representante, es evidente que nos preocupa mucho la situación en la que se encuentra Perú. Como bien ha dicho el señor Borrell, es una sensación importante y grave. Deseamos que vuelvan la estabilidad y la paz social para que el país pueda seguir avanzando en su desarrollo y en la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Es necesario que todos los actores respeten la institucionalidad del país y la separación de poderes y, a su vez, también es importante que las instituciones respeten los derechos humanos, el derecho de manifestación pacífica y el importante papel de la sociedad civil peruana y de las organizaciones indígenas. Y para llegar a recuperar el equilibrio, el primer paso, que no el único, es que son imprescindibles unas elecciones justas y libres tan pronto como sea posible. Es así como recuperarán la legitimidad que necesitan las instituciones peruanas. Desde Europa, continuaremos apoyando a Perú para resolver esa situación y que el país pueda seguir avanzando.

Señor presidente, comisaria Gabriel, cuando designamos el año 2021 como el Año Europeo de la Juventud, teníamos por objetivo empoderar a la juventud europea, situándola en el centro, aumentando su participación y escuchando lo que nos tenía que decir. Estos jóvenes ya han hablado y lo han hecho de forma clara y contundente en foros como la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Ellos quieren contratos estables, salarios decentes y protección social. Quieren viviendas dignas y asequibles. Quieren una mejor educación y una mejor salud mental. Quieren que les aseguremos que ningún otro joven va a ser explotado y utilizado como mano de obra barata cuando realice unas prácticas. Por ello, me gustaría preguntarle: ¿qué valoración están haciendo de esas conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa? y ¿qué políticas concretas van a llevar a cabo en ese sentido? Sobre todo, ya no se trata solo de escuchar y dejar participar a los jóvenes, sino también de hacer lo que nos piden. Y, siendo la generación que más cree en este proyecto, creo que tenemos que hacerlo.

Señor presidente, comisaria Johansson, cuando el pasado mes de julio salieron a la luz los archivos de Uber, pudimos comprobar cuál era el modus operandi utilizado por ciertas grandes multinacionales: creerse por encima de la ley y utilizar tácticas éticamente cuestionables para influir en el proceso democrático. La cruda realidad muestra que plataformas de trabajo como Uber se han desarrollado a través de un modelo de negocio basado en el retroceso social y en socavar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Mientras este Parlamento busca proteger a más de treinta millones de personas que, a día de hoy, trabajan a través de plataformas digitales en la Unión Europea, garantizándoles acceso a sus derechos sociales y laborales, otros tienen por objetivo desmantelar el modelo social europeo que tanto nos ha costado construir. No es muy habitual que un mandato negociador aprobado en comisión se desafíe y se traiga a Pleno, sobre todo cuando sale adelante por una amplia mayoría, como pasó en la Comisión de Empleo. De hecho, solo ha ocurrido con siete de los ochenta y dos mandatos anunciados en el Pleno durante esta legislatura. Por tanto, una no puede evitar preguntarse qué hay detrás del retraso deliberado de las negociaciones de una Directiva que pretende prohibir el falso trabajo por cuenta propia en las plataformas, cuando los únicos que están en contra de esta legislación son precisamente las plataformas como Uber.

Señor presidente, señor comisario Schmit, señor ministro, la pandemia, la guerra de Putin y lo que ha supuesto esta guerra para el aumento del coste de la vida están poniendo en entredicho la fortaleza de nuestros sistemas de protección social. Y ¿cuáles son las consecuencias más directas? Unos niveles de pobreza y desigualdad inaceptablemente altos en Europa y, especialmente, entre los niños y niñas que vienen de hogares más vulnerables. Si queremos romper con el ciclo de pobreza intergeneracional —porque se trata un problema intergeneracional—, debemos reforzar la protección social de la infancia y de la adolescencia y universalizar los derechos sociales mediante el acceso a servicios esenciales de calidad inclusivos y su disfrute. Debemos universalizar servicios como la sanidad, que en algunas regiones se está desmantelando. Pero esto no será posible si no contamos con un presupuesto adecuado para financiar esta Garantía Infantil Europea, bien sea aumentando los recursos del Fondo Social Europeo Plus, bien sea creando un programa específico, como ya se ha hecho en el pasado con otros programas, para encontrar una solución. Los niños y niñas son el presente y el futuro. Es el momento de estar a la altura; la Europa de las oportunidades arranca en la infancia.

Señor presidente, señor comisario, no puedo coincidir más con la conclusión que acaba usted de hacer. Estamos de acuerdo en que, en estas guías de empleo, hemos tenido en cuenta las transiciones verde y digital, y muchos otros temas que afectan de manera directa o indirecta el mercado laboral. ¿O me van a decir, los señores de la derecha, que los niños que se encuentran en riesgo de exclusión y de pobreza no es porque sus padres y sus madres tienen trabajos precarios y, por tanto, se ven obligados a que sus hijos vivan en esa situación? ¿O me van a decir también, los señores de la derecha, que hay otras, de las tantas propuestas que hemos hecho en este informe, que no afectan de manera directa o indirecta a los trabajadores de los cuales estamos hablando? ¿O también me van a decir que estamos revisando las guías de empleo cada año? Llevamos sin revisarlas desde antes de la COVID-19. ¿De qué estamos hablando? No queremos que la Comisión quite competencias a los Estados miembros. Eso no lo hemos dicho en ningún momento dentro de este documento. Lo que es terrible es que la derecha esté del lado de los más privilegiados, como hace siempre, y no de los más vulnerables, que es a los que tenemos que proteger. Otros hablan de la cultura del subsidio. Yo les digo que ayudamos a los más vulnerables porque merecen las mismas oportunidades que todos los ciudadanos y ciudadanas. Y así lo avalan tanto el FMI, como el BCE, como la OCDE. Por tanto, yo no veo error en la línea que estamos siguiendo para proteger a los trabajadores, a la clase trabajadora y a los más vulnerables. Y tampoco veo error en todas esas políticas progresistas de ayudar a los que más lo necesitan. Yo creo que deberían hacer una reflexión y mirar si, quizás, los que estén equivocados sean ustedes, que defienden siempre a los más privilegiados.

Señor presidente, comisario Schmit, antes de empezar, me gustaría agradecer el trabajo de todas las personas implicadas en este informe. Cuando empecé a trabajar en él el pasado mes de junio, nos marcamos tres objetivos principales: el primero, proteger a los trabajadores y trabajadoras; también fortalecer, por supuesto, el Estado del bienestar; y el tercero, garantizar que las transiciones verde y digital fueran socialmente justas y que no dejaran a nadie atrás. La pandemia de COVID-19, la emergencia climática, la guerra de Putin y el aumento exponencial del coste de la vida piden que pongamos en marcha políticas progresistas que aseguren una recuperación democrática, inclusiva y socialmente justa. El futuro de Europa pasa por crear empleos de calidad y blindar la inversión social. A diferencia de aquellos que apuestan por desmantelar el Estado social y volver a políticas de austeridad draconianas, los socialdemócratas defendemos que quien tenga mayor capacidad económica contribuya en mayor medida. La fiscalidad justa y progresiva es la principal herramienta para luchar contra la desigualdad y contra la pobreza. Reforzar el escudo social no es una opción, sino que es una obligación, y más en tiempos de crisis. Y no lo digo solo yo: el propio Fondo Monetario Internacional se mostraba contrario hace unos días a las bajadas de impuestos generalizadas y demandaba a los Estados miembros desplegar políticas inclusivas y justas con el foco puesto en las clases medias y trabajadoras, que están ahora mismo en dificultades. Políticas como las que incluimos en estas orientaciones y con las que algunos grupos parecen tener ciertas dificultades. Y hablo en concreto de crear un paquete de resiliencia social que asegure la financiación de los ERTE, que tanto han ayudado a trabajadores y trabajadoras, y un mecanismo de rescate social para los más vulnerables. Tenemos que seguir avanzando. Esto ya fue adoptado en resoluciones pasadas del Parlamento Europeo y no podemos ir hacia atrás. Tenemos que seguir hacia adelante. También hablo de activar esquemas de renta mínima en todos los Estados miembros a través de una directiva. Y hablo también de asegurar la universalidad en el caso de los sistemas de salud y los cuidados de calidad, que tan necesarios han sido durante la pandemia. Se acabó también el trabajar gratis. Europa debe estar al lado de sus ciudadanos y ciudadanas y, sobre todo, de los de hoy, pero también de los de mañana. Por eso nos vamos a asegurar de que todos aquellos jóvenes que realicen unas prácticas reciban una remuneración justa, tengan condiciones de trabajo dignas y accedan al sistema de seguridad social. A mí, personalmente, me hubiera gustado ir un paso más allá prohibiendo las prácticas no remuneradas, una acción que me parece una explotación laboral para nuestros jóvenes. Pero, una vez más, a la derecha le ha faltado no sé si decir compromiso o valentía. Y por eso pedimos también en estas orientaciones sobre el empleo hasta 20 000 millones de euros para la Garantía Infantil Europea, con el fin de sacar a cinco millones de niños y niñas de la pobreza o la exclusión social de aquí a 2030. Putin ha provocado una guerra en Ucrania y los europeos y europeas estamos viviendo las consecuencias de esta guerra. Ante esa situación, es más necesario que nunca reforzar el escudo social, tener interiorizado qué significa la igualdad de oportunidades. Por todo ello, pido al resto de grupos, no ya compromiso o valentía, sino un poco de sentido común a la hora de respaldar el informe tal y como salió de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

Señora presidenta, señora comisaria, el matrimonio Ortega—Murillo lo ha vuelto a hacer: persigue en Nicaragua a las personas por sus ideas, y su última víctima ha sido la Iglesia católica con el arresto del obispo Rolando Álvarez. ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué más van a hacer? En Europa no nos olvidamos de lo que está pasando en Nicaragua y lo hemos demostrado en severas resoluciones que hemos ido redactando. Seguimos y seguiremos exigiendo la liberación de todos y cada uno de los presos políticos que han sido encarcelados de manera arbitraria, y no nos olvidamos tampoco de aquellos ciudadanos y ciudadanas que se han visto obligados a salir del país por su seguridad, ya que a día de hoy no ven la posibilidad de volver. Por eso, es importante que no cesen, que no ceséis, en vuestra lucha pacífica por poner fin al modelo dictatorial que vive el país. Centrémonos nosotros en lo importante y actuemos en consecuencia tomando las medidas que sean necesarias: el pueblo nicaragüense necesita vivir en libertad, con dignidad y en democracia.

Señora presidenta, señor comisario, en los últimos meses hemos sido testigos de la clara instrumentalización de la Justicia como herramienta represiva en Nicaragua: un nuevo intento de represión por parte, exclusivamente, del régimen de Ortega contra una oposición siempre pacífica. Los tribunales nicaragüenses se han dedicado a dictar sentencias absolutamente desproporcionadas contra presas y presos políticos en procesos a todas luces corruptos, faltos de transparencia y que ofrecían nulas garantías a las personas acusadas; por ello, esta Resolución —y es en lo que nos tenemos que centrar— pide sanciones a los jueces, ya que son agentes de la represión, están ayudando a Ortega a esa represión. A día de hoy, más de ciento ochenta personas continúan detenidas de forma arbitraria, privadas de sus derechos fundamentales, y, desde la Unión Europea, debemos seguir del lado de los y las nicaragüenses reclamando que se ponga fin al uso de tratos crueles e inhumanos contra las personas detenidas y sus familias, y exigimos la liberación, por supuesto incondicional, de todas esas presas y presos políticos.

Señor presidente, señor vicepresidente de la Comisión, señor presidente en ejercicio del Consejo, la Unión Europea es hoy una región seguramente mejor en muchos aspectos que hace treinta o cuarenta años. Los y las jóvenes vivimos en una realidad más rica que la de nuestros padres, más sana, más globalizada y más libre. Sin embargo, que ese progreso no nos lleve al engaño. Si pidiésemos a cualquier persona menor de treinta o treinta y cinco años que definiera su situación en una sola palabra, seguramente esa palabra sería «precariedad». En todos los aspectos de su vida. La Unión Europea no puede permitir que en su territorio existan empresas que compitan de forma ventajosa a costa de sus trabajadores y trabajadoras. Es nuestro deber moral defender contratos laborales estables, salarios decentes y protección social. Y se preguntaba por respuestas, ¿no? Pues, en este Año Europeo de la Juventud, legislemos para prohibir de una vez las prácticas no remuneradas. Tomemos este Año Europeo de la Juventud como la oportunidad para llevar a cabo políticas concretas que aseguren que los y las jóvenes tengamos un presente, porque somos presente, pero también un futuro digno.

Señor presidente, señora vicepresidenta de la Comisión, señor secretario de Estado, hablamos en este debate de empoderar a la juventud europea, a esa generación —mi generación— que crecimos marcados por las nefastas políticas de austeridad defendidas por la derecha en la crisis financiera y sus consecuencias: paro o precariedad. Porque sí: a pesar de que las cifras de desempleo se sitúan ya en niveles prepandemia, la inestabilidad laboral sigue siendo una losa enorme que nos expone a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social. En un año como 2022, Año Europeo de la Juventud, tenemos que dirigirnos a toda esa juventud sin perspectivas de futuro, porque el éxito de Europa será el éxito de quienes hoy tienen los mayores obstáculos para emanciparse, que por desgracia tienen cara de jóvenes también. Empoderar a los y las jóvenes implica hacer de las políticas juveniles una prioridad horizontal incorporada en todas las políticas de la Unión; implica garantizarles derechos creando empleos de calidad, poniendo fin a la temporalidad garantizando contratos estables, asegurando que los salarios que percibimos son decentes y nos abren la puerta a una vivienda digna y asequible, prohibiendo las nuevas formas de explotación —como son las prácticas no remuneradas— y evitando que nos discriminen en los salarios y rentas mínimas solo porque somos jóvenes, pero, sobre todo, haciendo de la salud mental también una verdadera prioridad. No nos olvidemos de que los y las jóvenes somos quienes más creemos en el proyecto europeo; por eso, Europa tiene que creer en nosotros y garantizarnos las oportunidades que merecemos.

Señor presidente, señor alto representante, lo sabemos todos: las elecciones, ya se ha dicho, del pasado 7 de noviembre en Nicaragua fueron una farsa, una pantomima que pretendía humillar a la oposición democrática nicaragüense y también a su pueblo. Pero ese día la oposición se hizo notar con un silencio que retumbó en todo el país. La dictadura de Ortega, Murillo y los suyos son una élite que parasita las instituciones de un país que antaño ya levantó el puño y se alzó para poner fin a una dictadura decrépita. Por eso, yo no pierdo ni perderé nunca la esperanza de que Nicaragua se vuelva a levantar. Y no la pierdo porque son los ciudadanos y ciudadanas del país los primeros que están convencidos de que más pronto que tarde van a conseguirlo. Van a recuperar la democracia, pero de forma pacífica. Por esto, desde Europa no podemos perder nunca esa esperanza. Contribuyamos a visibilizar esa gran mayoría demócrata de la población. Sigamos en el país para ayudarles y ayudemos también a todas y todos los exiliados, porque todos ellos y ellas son indispensables para corregir la situación a través de unas elecciones verdaderamente libres y justas; para liberar a los presos políticos, para conseguir que los partidos, las organizaciones internacionales y las ONG vuelvan a cooperar en el país. Para lograr el cambio, contemos con todas y todos los demócratas nicaragüenses y sigamos trabajando para conseguir la democracia en el país.

Señora presidenta, señora comisaria, Europa tiene que escoger: o somos un actor autónomo en el mundo, que reduce la tensión de la peligrosa política de bloques, o nos unimos a ella. Creo que tanto este Parlamento como la Comisión tenemos claro que queremos diseñar y perseguir nuestra propia estrategia global para fortalecer el orden multilateral. Pero la derecha, sobre todo la española, parece olvidarse de esto cuando se trata de nuestras relaciones con países como Cuba. El Grupo S&D es coherente. Condenamos los abusos de derechos humanos sin importar el país del que estamos hablando. La derecha, en cambio, impide que en este Parlamento hablemos de las vulneraciones a los derechos humanos en países de América Latina con gobiernos conservadores. El Grupo S&D es también responsable en lo que se refiere a la posición política de Europa en el mundo. Defendemos el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación que se aprobó en este Parlamento con un apoyo del 85 %. Es un marco que nos permite contribuir al desarrollo político, económico y social en Cuba. El PPE parece que ahora preferiría tumbarlo y aislar a Cuba. Aislar a Cuba nunca ha sido una estrategia útil. Miren de lo que sirve el bloqueo de los Estados Unidos: de chivo expiatorio para el Gobierno de Cuba. Europa tiene que estar para ayudar a las sociedades del mundo, no para obstaculizar su desarrollo. Ayudando, seguro que podemos contribuir a mejorar los derechos humanos. ¿Aislando? Seguro que no.

Señor presidente, comisario Schmit, hace algo más de año y medio la sociedad comenzaba a afrontar su mayor desafío hasta la fecha. El impacto de la pandemia de COVID—19 en nuestras economías y mercados laborales ponía en entredicho la fortaleza de nuestros sistemas de bienestar y de protección social. Hemos conseguido adaptarnos y estamos saliendo adelante, en parte por haber dejado atrás las erróneas políticas conservadoras de austeridad, apostando por una recuperación más social, más inclusiva y más sostenible que pone a las personas en el centro. Sin embargo, esta capacidad de adaptación y resiliencia no se distribuye por igual. Las condiciones socioeconómicas son un factor determinante, como bien nos ha mostrado la pandemia de COVID-19 cada día durante el año pasado. Todo ello hace necesario recopilar datos desglosados de calidad sobre las consecuencias de la pandemia a nivel laboral y a nivel social, asegurar que las inversiones de los planes nacionales de recuperación y resiliencia contribuyen a la consecución de los objetivos del pilar europeo de derechos sociales y actualizar, por ejemplo y de manera muy necesaria, las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros para reflejar mejor la cambiante realidad laboral que ha acentuado la pandemia. Por todas estas razones y otras muchas más, necesitamos propuestas políticas progresistas, también legislativas, que garanticen una recuperación democrática, inclusiva y socialmente justa. Todo empleo debe basarse en la igualdad de derechos, buenas condiciones de trabajo y salarios justos para eliminar la pobreza de los trabajadores y proporcionar un nivel de vida digno. La precariedad no puede ser la base para los trabajos del mañana.

Señor presidente, señora comisaria, hace un par de meses, una servidora defendía en este Pleno que la movilidad laboral en la Unión Europea debía avanzar hacia un modelo más libre, más justo y más seguro. Sin embargo, las prácticas que hemos visto en el sector aéreo durante los últimos años no solo distan mucho de suponer un avance para todos los trabajadores y trabajadoras del sector, sino que son contrarias al Derecho europeo: salarios por debajo del mínimo interprofesional; contratos de cero horas; programas de pago por vuelo; cesión ilegal de trabajadores; trabajadores que son reemplazados por falsos autónomos; falta de protección jurídica; obstáculos a la sindicalización y la negociación colectiva; y así un largo etcétera. Esta es la realidad de lo que sucede a día de hoy en la Unión Europea. Se ha creado una carrera hacia el abismo, hacia el abismo de la precarización de un sector, como el aéreo, que es vital para España y, sobre todo, para Europa. La falta de adecuación del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 da pie a que aquellas compañías que basan su modelo de negocio en la precariedad eludan el cumplimiento de la ley. ¿No cree que es hora de que procedamos a la revisión inmediata de este Reglamento? ¿No cree que es hora de desarrollar medidas jurídicas para garantizar la igualdad de condiciones y la seguridad jurídica para las tripulaciones? El mercado único no es una jungla. Actuemos para evitar que se utilice como pretexto para socavar los derechos fundamentales y perpetuar condiciones de trabajo precarias.

Señora presidenta, señor alto representante, en las últimas semanas hemos sido testigos de una oleada de represión descarada en Nicaragua. No habíamos visto algo así en América Latina desde los años setenta. Señor Ortega, señora Murillo, ¿cómo puede ser que hayan acabado instaurando un régimen del terror muy similar al que ustedes mismos combatieron? ¿Cómo puede ser que, ante una oposición que siempre ha sido pacífica, la respuesta del Gobierno haya sido la represión? Ya son 108 000 los nicaragüenses que han huido de su país. Hay al menos 130 presos políticos, 27 de ellos detenidos arbitrariamente en las últimas semanas y en paradero desconocido. Y hubo más de 300 muertos y 2 000 heridos en la represión de las protestas de 2018. La Unión Europea va a estar siempre del lado de los nicaragüenses y del respeto de los derechos humanos. Desde aquí exigimos la liberación incondicional de todos los presos y presas políticos. Además, es urgente que el Gobierno dé una prueba de vida de las 27 personas detenidas en este último mes. No sabemos dónde están ni cómo se encuentran, y esto es inaceptable e inhumano. Basta ya de represión en Nicaragua, señor Ortega.