Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señora presidenta, llevamos horas debatiendo una amenaza real: la creciente y reiterada violación de nuestro espacio aéreo por drones rusos en una guerra híbrida de Putin contra la Unión Europea y todo lo que la Unión representa. ¿Y qué lecciones surgen después de haber escuchado a la presidenta Von der Leyen? La primera, la unidad. Claro que sí. Y, la segunda, una estrategia para construir un muro europeo antidrones y un escudo europeo de defensa aérea y espacial. Pero no basta con enunciarla. Desde luego, para que sea eficaz, no puede depender del incremento de veintisiete esfuerzos fragmentados, de veintisiete presupuestos nacionales. No. Es un ejemplo de libro de la necesidad de apuntar a una integración de nuestras capacidades de ciberseguridad con tecnologías sofisticadas que detecten y derriben drones hasta disuadir a Putin. Pero además, debe ser creíble. Y esto significa que no puede perjudicar lo que la Unión Europea realmente representa. La generación de inversiones y recursos requiere recursos propios e inversiones estratégicas de la propia Unión Europea y, por tanto, no puede perjudicar ni la política social ni de cohesión, ni la solidaridad. Ni tampoco, por supuesto, ese pilar social del que depende la dignidad del trabajo y la vivienda que tanto preocupa a los europeos.

Señor presidente, la Unión Europea es el primer actor global en ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo. Pero, del mismo modo que no hemos sido capaces de traducir toda la ayuda al pueblo palestino en unidad para imponer sanciones al Gobierno genocida de Netanyahu y suspender el Acuerdo de Asociación UE‑Israel, tampoco hemos sido capaces de aliviar el sufrimiento de las víctimas del terremoto del 31 de agosto en Afganistán y, particularmente, de las mujeres sometidas a la brutalidad discriminatoria del régimen talibán. La Unión Europea es el primer contribuyente de la Corte Penal Internacional y, sin embargo, del mismo modo que no hemos sido capaces de imponer unidad a los Estados miembros en el respeto a la orden de detención internacional contra Netanyahu, tampoco hemos sido capaces, hasta ahora, de llevar la causa de delito de lesa humanidad —que es competencia de la Corte Penal Internacional, junto con el genocidio y los crímenes de guerra— contra los responsables del régimen talibán. Y, por tanto, este es el mensaje de este punto en el orden del día: que la Unión Europea lleve como responsables de delitos de lesa humanidad a los miembros del régimen talibán que han impuesto ese brutal apartheid y acabar con el silencio, el apartheid de género y también con la impunidad.

Señora presidenta, señor comisario Brunner, en la Unión Europea no hay lugar para el odio ni para la discriminación. He defendido este principio con pasión y convicción en todos mis trabajos en el Parlamento Europeo. Apoyé decididamente y fui impulsor de la definición común del antisemitismo, que debe inspirar acciones educativas y legislación penal en todos los Estados miembros. En mi trabajo como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, entonces, tuve el honor de presidir el Intergrupo contra el Antisemitismo, además de apoyar la Declaración sobre el apoyo a la vida judía y la lucha contra el antisemitismo. Y afirmo que no hay antisemitismo en las manifestaciones consternadas contra la masacre y el genocidio del pueblo palestino, la brutal y desproporcionada reacción del Gobierno de Netanyahu después de los atentados terroristas de Hamás, que condenamos desde el principio. Pero sí hay antisemitismo, sin duda, en ese incremento de violencia contra las comunidades judías en Europa, que tienen derecho a vivir en libertad y seguridad porque son parte integral de nuestra identidad plural. Y, por tanto, afirmo que es preciso reforzar la seguridad de sus lugares de residencia, de reunión y de culto con el Fondo de Seguridad Interior, de modo que afirmemos con claridad que no solamente no hay lugar para el antisemitismo ni para la discriminación, sino que tampoco lo hay para el racismo.

Señora presidenta, señor primer ministro, se debe un reconocimiento al Luxemburgo europeísta en una Unión en la que no hay grandes ni pequeños, puesto que todos son necesarios para cumplir tareas comunes. Luxemburgo es la sede de las dos instituciones de mayor vocación federal: el Tribunal de Justicia y la Fiscalía Europea. Pero esa vocación federal de integración enseña también que no puede haber ampliación sin que el Consejo responda al requerimiento que hizo el Parlamento Europeo el pasado mandato: una conferencia política que ―conforme el artículo 48― reforme las reglas de funcionamiento y acabe con la unanimidad. Y, además, usted ha reivindicado Schengen. ¡Cómo no! Pero del mismo modo que la libre circulación es importante, lo es también perfeccionar el mercado interior reduciendo la competencia desleal fiscal entre los Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, apostando claramente por la armonización fiscal. De manera que, señor primer ministro, muestre esa vocación europeísta aportando todavía más Europa desde un país tan grande como todos los demás: Luxemburgo.

Señora presidenta, señor vicepresidente Séjourné, ya lo ha visto. Nadie discute la importancia del mercado único como gran logro y objetivo de la Unión. Sí se discute, en cambio, que simplificación equivalga a reducción de los estándares y exigencias del Derecho europeo bajo la presión de las grandes empresas tecnológicas, ya sean americanas o chinas. Sí se discute que pueda completarse o reforzarse el mercado único sin mayor armonización fiscal. Porque el mercado único es incompatible con los paraísos fiscales, pero también con el forum-shopping y la búsqueda de jurisdicciones favorables que no están al alcance de las pequeñas empresas que actúan en lo local. Y, por supuesto, se discute que una lectura correcta de los informes Draghi y Letta pueda hacerse sin mayores inversiones, con recursos propios de la Unión, porque es absolutamente imposible hacer más con menos.

Señora presidenta, señor comisario Brunner, no es halagüeño que Netanyahu haya firmado que la Unión Europea es irrelevante en cualquier acuerdo en Gaza, pero lo cierto es que, a pesar de la contundencia de las resoluciones adoptadas en el último debate sobre el Estado de la Unión, se ha mostrado todavía incapaz de sancionar al Gobierno genocida de Netanyahu y de suspender el Acuerdo de Asociación UE‑Israel por violación grave de la cláusula de derechos humanos del artículo 2. Se mostró igualmente irrelevante el 8 de agosto en el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, dos Estados europeos, nada menos que en la Casa Blanca y ante Trump, sin que haya ninguna garantía —contradiciendo a Kaja Kallas— en cuanto al respeto de los derechos humanos de los armenios expulsados de Nagorno Karabaj. Pero, también, en el debate del Estado de la Unión, se escuchó con claridad que es inaceptable la propuesta de marco financiero plurianual que disuelve la política regional, lo que impide un escalón de gobernanza regional que es absolutamente crucial para regiones necesitadas como son las regiones ultraperiféricas. El tiempo corre en nuestra contra y, por tanto, es imprescindible mayor integración, no el regreso a la casilla nacional, porque no queremos...

Señora presidenta, comisario Brunner, una de las innovaciones de mayor impacto político y constitucional del Tratado de Lisboa, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, consistió en hacer de la política de visados una política europea, con una legislación común. Una competencia que fue, durante mucho tiempo, distintiva de los Estados miembros. Y el Parlamento Europeo se lo tomó en serio, porque legisló, efectivamente, con un Reglamento común de visados europeo y, anejo, también un Reglamento de exención de visados para terceros países, en condiciones de reciprocidad, cuyo artículo 8 permite su suspensión en determinadas situaciones. Y ahora, este Parlamento ha participado de un procedimiento legislativo; saludo a su ponente, Matjaž Nemec ―¡muy bien!―, y a los ponentes alternativos, porque va a ser culminado con éxito en esta sesión parlamentaria, introduciendo novedades que son significativas. Usted ha mencionado la de suspender el acuerdo de exención de visados con aquellos países que incurran en prácticas inaceptables de golden passport, tan criticadas por este Parlamento Europeo: se ha sacudido en este Parlamento Europeo a aquellos Estados miembros que las han practicado y, por supuesto, a aquellos Estados terceros. Pero también se contempla la suspensión de la exención de visados para aquellos países que perpetren actos hostiles contra la Unión Europea con amenazas híbridas y, fundamentalmente, para aquellos países que incurran en graves violaciones del Derecho internacional humanitario, con violación de los derechos humanos. Lo que viene absolutamente a cuento con respecto del debate todavía pendiente sobre la ejecución de las sanciones a un Estado como es el de Israel ―con el Gobierno de Netanyahu, con los graves crímenes de genocidio perpetrados en su ofensiva indiscriminada y brutal en Gaza―, quedando todavía pendiente la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, tal y como mandató este Parlamento Europeo en el debate del Estado de la Unión. Pero, desde luego, saludamos este acuerdo legislativo de modificación del Reglamento de exención de visados. Y solo puedo añadir, finalmente, que toda legislatura del Parlamento Europeo debería conocer una exención de visados. Una ampliación de la exención de visados quedó pendiente en la pasada legislatura, por circunstancias que no quiero evocar, pero afectaba a países que, como Ecuador, están homologando su política de visados a la europea, en la aspiración de ser beneficiarios de esa exención de visados que, como usted ha subrayado, protege no solamente a la Unión Europea, sino también a los ciudadanos de terceros países en condiciones de reciprocidad, fomentando no solamente la actividad cultural y el intercambio turístico, sino también la oportunidad de influir a través de las visitas de europeos exentos de visados a esos terceros países.

Señora presidenta, señor comisario Micallef, seguramente la definición más elocuente y hermosa de la Unión Europea es la que enseña que es un pacto solidario, interterritorial e interregional; social, pero también intergeneracional. Y es bueno recordarlo, porque a Europa se la ha conocido siempre como el Viejo Continente, y se asoma a ser un continente viejo. Por tanto, la reflexión sobre ese envejecimiento activo y esa dignidad de las personas mayores es absolutamente imprescindible en Europa. Pero es también una ocasión para salir al paso y desmentir esa pretensión de que la juventud, que por primera vez se asoma a vivir peor que sus padres y que sus mayores, no debe ver a los mayores ni como rivales ni como culpables de ese empeoramiento de perspectivas. No. La responsabilidad está en el debilitamiento del pilar social europeo. Y solo la restauración del pilar social europeo, con ocasión de esta estrategia europea de envejecimiento activo y dignidad de las personas mayores, puede restaurar ese pacto intergeneracional solidario de rentas entre los jóvenes y los mayores.

Señora presidenta, ¡drones rusos en la Unión! En Polonia, Estado miembro de la Unión Europea que ha visto modificadas todas las fronteras heredadas de la Segunda Guerra Mundial, pero que tiene frontera directa con Rusia en Kaliningrado. ¿Podemos creernos al Kremlin cuando dice que se trataba de drones perdidos y fuera de control? Evidentemente, no. ¿Cómo reaccionar con cabeza y sangre frías, pero, sobre todo, con unidad? En la Alianza Atlántica existe el artículo 4, preludio del artículo 5 sobre defensa colectiva. Y en el Tratado de la Unión Europea tenemos un instrumento de solidaridad, el artículo 42. Pero la solidaridad no basta, hace falta unidad. Y la unidad no será la suma de veintisiete esfuerzos de defensa fragmentados, veintiséis esfuerzos de defensa que se sumen al de Polonia; no, será una estrategia común, compartiendo inteligencia, instrumentos y recursos. Y esos recursos no pueden detraerse de la solidaridad política, regional ni de cohesión, tienen que ser nuevos recursos, nuevos instrumentos y programas que den prueba de vida de la voluntad de ser de Europa.

Señor presidente, señor comisario, de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho a la educación es un derecho fundamental, y el acceso a la educación superior —la universidad— es un bien público europeo. De ahí el proceso de Bolonia —que se llama así por la Universidad más antigua de Europa y del mundo—, el programa Erasmus y, ahora, este instrumento de alianza de universidades, que quiere fomentar no solamente un grado académico europeo —y, por consiguiente, la cooperación interuniversitaria, favoreciendo la movilidad de los estudiantes— sino también la competitividad, y que requiere una financiación estable y sostenible. Pero pongo particularmente el acento en su capítulo regional, porque las universidades de regiones ultraperiféricas tienen una enorme oportunidad de hacer valer su proyección en la gran vecindad —distante, sí— del gran espacio de integración europeo, pero son tan europeas como el resto de las universidades españolas. Las regiones ultraperiféricas cuentan, por tanto, con un enorme potencial para fomentar su proyección exterior, movilidad y la competitividad de sus universidades.

Señor presidente, comisario McGrath, ¿se da usted cuenta de cuántas veces se ha hablado en este Pleno del Parlamento Europeo —también en el debate del Estado de la Unión— de las plataformas digitales y su modelo de negocio como problema europeo? Porque solo desde Europa puede hincársele el diente a esa oligarquía que ha recibido el nombre de «tecnofeudalismo», que escapa al Derecho europeo si puede. Por tanto, hay un problema no solamente de equidad fiscal, como se ha dicho, de justicia tributaria, que paguen la parte que les corresponda y lo hagan como pagamos todos los demás contribuyentes: donde generan sus beneficios. No, hay un problema también de lo que se ha denominado —no sé si con un léxico muy acertado— «soberanía europea», el «Brussels Effect», la capacidad de la Unión Europea de imponer sus derechos a los gigantes de la red. Pero, en tercer lugar, es un problema de credibilidad de la Unión Europea, máxime cuando después de haber hecho el ridículo en la cita del campo de golf escocés, estrechando la mano de Trump para intentar aplacarlo, amenaza todavía con sanciones a quien se atreva a imponer fiscalidad justa a los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Es completamente intolerable: la fiscalidad justa es una necesidad europea.

Señora presidenta, señor comisario, este Parlamento, lo saben bien, ha hecho cuanto ha estado en su mano para establecer un ciclo político con un marco vinculante de Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales que prevenga —y no solamente corrija cuando ya es tarde— las desviaciones con respecto del estándar europeo, que es vinculante para todos los Estados miembros. La Unión Europea no es solamente un mercado ni un club de intereses, sino también valores y un modelo europeo de Estado de Derecho y de democracia que todos los Estados miembros tienen la obligación de cumplir. En un momento dado tuvimos que enfrentarnos con la deriva autocrática del Gobierno de Orbán en Hungría y luego vinieron los «orbanitas», que es como llamamos a los imitadores de Orbán: durante un tiempo tuvimos la cuestión polaca —también sujeta al procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea— y ahora tenemos un desafío con Eslovaquia. El Gobierno de Eslovaquia se desvía notoriamente del estándar europeo y lo desafía, con un primer ministro que estrecha la mano de Putin y acude solícito a entrevistarse con él y con Xi, sin ninguna cobertura europea, sin representar ni los valores ni el estándar europeo: desmantela la Fiscalía Anticorrupción, ataca a la prensa independiente, hace retroceder pavorosamente las libertades en Eslovaquia... Es una cuestión en la que no solo tenemos la obligación de velar, de vigilar, sino también de advertir de que la condicionalidad del Estado de Derecho se ideó exactamente para prevenir y bloquear el acceso a los fondos europeos y al presupuesto europeo a los Gobiernos que no cumplan con sus obligaciones, con los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Este es el momento de fijar la vista en Eslovaquia y de apoyar la misión que llevó a cabo en ese país la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, que sufrió, una vez más —lo recuerdo bien porque yo fui parte de esas misiones en más de una ocasión— un trato indigno para el Parlamento Europeo, que no es un ovni ni una injerencia exterior en un Estado miembro, sino una representación democrática directa de la ciudadanía eslovaca en la medida en que esa ciudadanía es también europea.

Señora presidenta, comisario Kubilius, esta mañana, al conocer la noticia de la flagrante violación del espacio aéreo polaco —ergo europeo— por parte de drones rusos, escuchamos a la presidenta Von der Leyen en el debate del Estado de la Unión hacer una apuesta muy concreta por la industria de defensa europea. Sí, sabemos que no ha existido en la historia un motor más eficaz de unidad federal que la defensa, porque la enseñanza es clara; en ningún caso vamos a ser más fuertes sumando los esfuerzos fragmentados de los 27 Estados miembros, pero tampoco detrayendo recursos de las políticas distintivas de la Unión Europea: cohesión, solidaridad y política regional. Lo que se quiere decir, en este debate, es que claro que hay que apoyar ese refuerzo frente a las interferencias en la navegación aérea —el sistema Galileo—, pero, fundamentalmente, hay que apoyar que —para que tengamos una unidad de fuerza común— es imprescindible tener inteligencia común que conduzca a la acción común, no solamente de los Estados miembros, sino del conjunto de la Unión, con valor añadido europeo.

Señora presidenta, señor comisario, sí, cada vez son más frecuentes, intensos y perturbadores los ataques contra el modelo europeo de democracia que protege su Derecho, provenientes de interferencias extranjeras, pero no solo de actores estatales —notoriamente Rusia—, sino también de actores no estatales, como esas plataformas digitales con redes sociales, cuyo modelo de negocio son algoritmos adictivos que estragan los valores europeos y causan un daño incuantificable en las nuevas generaciones —como sabemos bien los que tenemos hijos e hijas—, polarizando, confrontando y generando odio. Y para eso hace falta no solamente alfabetización digital, sino sobre todo un Derecho europeo. La Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia, que se puso en marcha en este Parlamento Europeo el 18 de diciembre de 2024, acaba de renovar su mandato un año más, pero arrojará conclusiones, y lo importante es que la Comisión convierta esas conclusiones en nueva legislación para reforzar no solamente la capacidad disuasoria frente a Rusia y sus interferencias, sino también frente a las plataformas digitales, con multas tan contundentes como la que ha tenido el coraje de sacar adelante esta Comisión —la comisaria Teresa Ribera— contra Google.

Señora presidenta, señor comisario, ha mencionado usted en su intervención que el turismo es una industria que genera millones de empleos en la Unión Europea y representa el 10 % de su producto interior bruto (PIB). En algunas regiones especialmente dependientes de esa industria —como es el caso de Canarias— representa el 35 % del PIB y el 36 % del empleo, y el hundimiento de Thomas Cook significó una catástrofe para los derechos de los consumidores, pero también para el conjunto de la economía regional. Un marco europeo de protección de los consumidores que refuerce la seguridad jurídica y el atenimiento de las grandes compañías turísticas a las reglas europeas es esencial también para prevenir que haya empresarios que impongan condiciones abusivas, que tienen que ser enfrentadas no solamente con el coraje de determinados Gobiernos —como es el caso del español— sino con el respaldo del Derecho europeo. Y una última recomendación: una campaña de información que expanda el conocimiento de sus derechos por parte de todos los que están expuestos a las nuevas reglas de refuerzo de protección de los derechos de los consumidores ante la industria turística y los viajes combinados.

Señor Tarr, ¿no le parece extraño que, hasta ahora, ningún interviniente en nombre del Grupo PPE —al que pertenece la señora Von der Leyen— haya hecho mención al párrafo de su discurso en el debate sobre el Estado de la Unión dedicado a migración y asilo, que es el asunto seguramente más desafiante y sostenido en el tiempo, desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa? Porque ha hecho mención de que sí hace falta una lucha conjunta contra los tráficos ilícitos y su modelo de negocio, pero también el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que incluyen responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria entre los Estados miembros. ¿No le parece extraño que la única mención al asunto haya venido del discurso...

Señor presidente, cuando debatimos aquí sobre las amenazas híbridas y las intereferencias que se ciernen sobre las inminentes elecciones en Moldavia estamos llamando al elefante en la habitación por su nombre: la Rusia de Putin, que mantiene presencia militar en Transnistria (secesionista de Moldavia) y que además ha dicho con claridad que cualquier extensión de la Unión Europea hacia el este —no ya digamos de la OTAN— no solamente no contribuirá a la seguridad del continente sino que, por el contrario, ampliará los objetivos militares en lo que reivindica como su zona de influencia. Por tanto, para apoyar la progresión de Moldavia hacia la Unión Europea no basta con aplaudir a su presidenta como hemos hecho esta mañana, ni con resoluciones y buenas palabras. Hace falta, además, una voluntad política y una unidad de acción exterior que en esta legislatura se ha debilitado gravemente con respecto de la promesa de la autonomía estratégica. Y eso significa que, cuando hemos aprobado extender el mandato de la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia, lo que hay que hacer es deducir las lecciones para que la Comisión adopte iniciativas concretas, que demuestre que no bastan las palabras y las buenas intenciones ni el poder blando para defender la idea europea de democracia.

Señora presidenta, la pervivencia de un escalón de gobernanza regional en la política de cohesión no es solamente un examen existencial para la razón de ser de Europa, sino para el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía a la que este Parlamento representa, especialmente en las regiones insulares y alejadas, como las regiones ultraperiféricas. Y no se puede hacer más con menos. Por tanto, las prioridades para el Grupo Socialista están señaladas en la política de cohesión que se identifica con la política social: financiación para las emergencias —que cada vez son más frecuentes y devastadoras— pero también financiación para una nueva prioridad: la política de vivienda. Este nuevo pilar de cohesión resulta divisivo ideológicamente, porque hay quien se aproxima a la vivienda como un bien de mercado y de especulación, pero los socialistas lo hacemos como un derecho que la Unión Europea tiene la obligación de atender, con una financiación suficiente, y tiene que estar incrustado en la política de cohesión con un escalón de gobernanza regional.

Señora presidenta, alta representante Kallas, hay dos debates esta mañana en el pleno sobre Ucrania y Gaza, conflictos de causalidad y naturaleza muy distintas, pero con un hilo conductor que denuncia la impotencia que amenaza la irrelevancia y la hipocresía de la política exterior de la Unión Europea. La «coalición de los dispuestos» es un subrogado para la ausencia de unanimidad, lo que significa que no existe una posición de la Unión Europea, y parte de esa coalición integra a países que ya no están en la Unión Europea, como el Reino Unido. Lo más grave no es que la premisa sobre la seguridad de Ucrania requiera una paz que está muy lejos de la vista, ni que Putin diga, con claridad, que la implicación de la Unión Europea en la seguridad de Ucrania no se traduce en seguridad para Ucrania sino en inseguridad para el conjunto de la Unión Europea. Lo más grave es que, en los escenarios en los que todo esto se discute, la Unión Europea no está ni se la espera, en flagrante traición a la promesa proclamada de su autonomía estratégica.

Señor presidente, la intensidad de las reuniones del Grupo de contacto sobre asilo de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo expresa el compromiso con la ejecución de las obligaciones de las instituciones y los Estados miembros respecto a la legislación aprobada en el Pacto de Migración y Asilo. Y en la última sesión tuvimos una conversación intensa con el coordinador de la UE para la solidaridad designado, que expresa también el interés en la redistribución de las personas rescatadas en las regiones de la frontera exterior. Pero en estas regiones también tienen lugar intervenciones de la agencia Frontex que deben ser respetuosas, en todo caso, no solamente con el mandato, vinculante en su Reglamento, de respeto a los derechos fundamentales (que incluye los agentes de derechos fundamentales), sino con la normativa de protección de datos personales y de confidencialidad de esos datos personales, que es el más alto del mundo, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Por tanto, en este contexto resulta extremadamente deplorable que la solidaridad esté encontrando tanta obstrucción y tantas dificultades en España, pese a los esfuerzos de su Gobierno, debido a la obstrucción de las regiones gobernadas por el Partido Popular.

Señor presidente, señora Virkkunen, el Grupo S&D apoya decididamente la renovación del mandato del Parlamento Europeo en la participación del Foro de las Naciones Unidas para la Gobernanza de Internet, pero que lo haga sobre todo en coherencia con los valores que distinguen a la Unión Europea y, particularmente, con el acervo legislativo que conseguimos poner en vigor en la pasada legislatura 2019-2024, que incluye una ambiciosa agenda digital con gobernanza de los servicios digitales, del mercado digital y de la inteligencia artificial. La politología llama «Brussels Effect» al impacto de la Unión Europea: regulatorio, vinculante para todas sus instituciones. Y eso significa que sí, apoyamos esa multa ejemplarizante a Google de 2 400 millones, pero, sobre todo, manda un mensaje claro de que tenemos un compromiso con el estándar de protección de la privacidad y los derechos fundamentales que es el más alto del mundo, pero también con nuestra autonomía estratégica cuando está presionada, cuando se enfrenta a la presión directa de los gigantes de la red y de quienes los protegen: la Administración Trump hablando por Silicon Valley. Por lo tanto, adelante con la gobernanza de Internet.

Señora presidenta, señora comisaria, es una iniciativa ciudadana. Consigue un millón de firmas en siete Estados miembros, al menos. Por tanto, merece respeto, además de ejercer un derecho reconocido en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea. Pero, además, se hace eco de preocupaciones muy compartidas en este Parlamento Europeo, entre ellas las mías: la primera, con un presupuesto de apenas un 1 % del PIB europeo, el contraste entre las ambiciones proclamadas y los medios es insoportable; la segunda, no se puede hacer más con menos, de manera que si tenemos nuevas ambiciones, como defensa y seguridad, no se puede hacer en perjuicio de la política de cohesión y de la política regional, que son la razón de ser de la Unión Europea —lo que incluye la política regional del artículo 164 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la política social (que quiere crecer hacia la vivienda, un derecho), a que se refiere el artículo 162—; y la tercera, no puede haber sobres nacionales bajo ningún concepto, porque hace falta incluir activamente a las regiones, ese modelo de gobernanza multinivel que atiende las especialidades y las singularidades, incluidas las regiones ultraperiféricas, como es el caso de Canarias. Por tanto, un mensaje muy claro: la política regional debe preservarse y el Fondo Social Europeo también. Esa es la razón de ser de Europa.

Señor presidente, el pasado mes de abril tuve el honor de ser parte de una misión del Parlamento Europeo —de la Asamblea Parlamentaria África-UE, de la que soy miembro— a la República Democrática del Congo. Nos entrevistamos largamente con el presidente de la República, Félix Tshisekedi, y creo que no revelo ningún secreto si digo que toda su intervención se centró en la preocupación con respecto del conflicto con Ruanda, que desde hace décadas gobierna Paul Kagame, y la intervención de M23 en Goma y en regiones de Congo ricas en recursos naturales. La intercesión de Estados Unidos y Qatar a través de la penetración de esos recursos naturales —el litio, el cobalto, las tierras raras— en Congo puede ser celebrada, sí, como un acuerdo de paz que hacía falta para que cesara el derramamiento de sangre, pero en ningún caso condona la responsabilidad penal de las masivas violaciones de derechos humanos. Mujeres, niños vulnerables, que han pagado con su vida ese conflicto, y esas responsabilidades penales en ningún caso pueden quedar disueltas en el acuerdo de paz. Esa es la vulnerabilidad del acuerdo.

Señor presidente, muchos en el Parlamento Europeo, y especialmente en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, trabajamos duramente y con determinación para poner en pie la Fiscalía Europea, activa desde 2021, que tiene el poder de investigar cualquier indicio delictivo contra el presupuesto de la Unión y sus intereses financieros. Pero no solo eso, puede ejercer la acusación penal, sentar en el banquillo a quienes hayan perpetrado esos delitos y enfrentarlos con la justicia penal, de acuerdo con las reglas procesales de cada uno de los países. Ya va siendo hora de que se entere todo el mundo. Esa arquitectura se completa con la OLAF, de carácter no judicial, sino administrativo, que persigue los fraudes contra los intereses de la Unión. Pero hace falta también —sí, lo afirmo— el Órgano de ética, lamentablemente bloqueado en esta Cámara, y no por casualidad, por los grupos de la extrema derecha, pero en esta legislatura con la complicidad también del Partido Popular Europeo, porque el Órgano de ética se dirige no solamente a reprimir —como la Fiscalía Europea— los delitos cuando ya se han cometido, sino a prevenir para que no se cometan, con dación de cuentas, transparencia y reglas de integridad. Por tanto, el Órgano de ética sí que es necesario.

Señora presidenta, señor comisario McGrath, otra vez el Gobierno de Viktor Orbán en Hungría en el pleno del Parlamento Europeo a propósito de una doble infamia: la primera, pretender que la orientación sexual es ideología gay y que la identidad de género es propaganda LGTB patrocinada por Bruselas; y la segunda, pretender que prohibir la educación sexual en el sistema educativo es proteger a los niños. Hay que decir con toda claridad que los niños no necesitan ser protegidos de su orientación sexual ni de la transmisión de la educación sexual en el sistema educativo. Los niños necesitan ser protegidos del odio y de la transmisión del odio. Por tanto, hay que subrayar una vez más —hay que decir aquí con toda claridad una vez más— que la orientación sexual no es contagiosa; el odio sí lo es. Por ello, las leyes represivas de 2018 y 2021, dictadas por el Gobierno de Orbán, están en contradicción con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Le pedimos a la Comisión, en primer lugar, que retome la Directiva sobre la igualdad de trato largamente bloqueada en el Consejo, que retome el artículo 7 contra Hungría, el procedimiento de sanción extraordinario, y, por supuesto, también que incoe ante el Tribunal de Justicia medidas cautelares de suspensión de esas leyes represivas inaceptables por estar en rebeldía contra el Derecho europeo como lo está el Gobierno de Orbán.