Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señora presidenta, señor comisario Dombrovskis, este Parlamento Europeo ha apoyado todos los paquetes de sanciones, empezando por la congelación de los activos del Banco Central ruso, hasta sumar en sucesivas medidas sancionadoras trescientos mil millones de euros rusos congelados en la Unión Europea. Y es triste que a estas alturas estemos discutiendo sobre la viabilidad de una solución jurídica y la cobertura que puede prestar una resolución de las Naciones Unidas para reparar las responsabilidades contraídas con Rusia, con las víctimas y con la destrucción causada por su guerra de agresión. Pero más preocupante todavía es nuestra falta de unidad, que tengamos que asistir a que un jefe de Gobierno europeo, Viktor Orbán, se apreste a recibir en la Unión Europea a Putin, violando nuestros compromisos con el Tribunal Penal Internacional y los suyos todavía vigentes. Y, desde luego, es mucho más preocupante todavía que tengamos que soportar que el futuro de Ucrania se decida haciendo a la Unión Europea irrelevante, situándola fuera completamente de la escena, y sin ni siquiera escuchar a Ucrania. Que el futuro de Ucrania puedan decidirlo entre Putin y Trump es absolutamente inaceptable.

Señor Presidente, Señorías, en esta sesión plenaria conmemoramos a Daphne Caruana, periodista asesinada. ¡No es el único! También lo hemos visto en Eslovaquia, Grecia, los Países Bajos, incluso España, durante los años de terrorismo de ETA: Periodistas que cayeron bajo balas criminales. Y en este momento rendimos homenaje a Sigfrido Ranucci, amenazado muchas veces, entre cientos de periodistas italianos que también están amenazados. Se ha dicho que la libertad de información y el pluralismo de la información están protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y este Parlamento lo ha hecho todo, el Reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación y la Directiva contra las DECPP, es decir, la Directiva para proteger a los periodistas de demandas imprudentes e intimidación. Pero este trabajo no se completará hasta que haya justicia penal contra los responsables de este ataque contra Sigfrido Ranucci, es decir, una investigación exhaustiva y, por supuesto, un juicio penal y una condena ejemplar contra este ataque a la información libre y el pluralismo de la información que afecta no solo a Sigfrido Ranucci, no solo a Italia, sino a Europa en su conjunto.

Señor presidente, señor comisario, la presidenta von der Leyen ha proclamado un «Europe's independence moment» que requiere sobre todo unidad, la que no podemos exhibir cuando Viktor Orbán recibe a Putin en Budapest la misma semana en que debatimos en este Parlamento Europeo el uso de los activos rusos para financiar el esfuerzo de defensa de Ucrania. Ha hablado también del Pacto sobre Migración y Asilo, que claro que requiere unidad en su implementación, pero la requiere también para reforzar los retornos, porque la única vía es negociar acuerdos mutuamente interesantes con los países de origen y tránsito. Requiere unidad también combatir el modelo de negocio de los tráficos ilícitos sobre los que se ha explayado la señora von der Leyen, porque es imprescindible vincularlo con la apertura de vías legales a la que he hecho referencia. Es la única manera de disuadir el modelo de negocio de los tráficos ilícitos y de incentivar los retornos. Si ofrecemos vías legales y seguras tendremos un incentivo para que los países de origen y tránsito se avengan a negociar y a acordar con la Unión Europea retornos dignos que respeten sus derechos fundamentales.

Señor Presidente, señor Presidente von der Leyen, señor Vicepresidente Virkkunen, durante ocho años consecutivos hemos respetado la memoria de Daphne Caruana Galizia regularmente cada año, y con razón. Pero no es justo usar esa conmemoración y rendir homenaje a Daphne Caruana para atacar a Malta, porque Malta no ha desafiado el marco del estado de derecho. Malta no ha impugnado la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Ha habido una investigación, ha habido procesamientos, ha habido acusaciones y también ha habido condenas. La Comisión de Venecia y la Comisión Europea han certificado que Malta ha refrendado la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación y las normas sobre DECPP —demandas estratégicas contra la participación pública— con el fin de proteger mejor a los periodistas. Así pues, todo el respeto a la memoria de Daphne Caruana y de todos los periodistas de investigación, incluido Sigfrido Ranucci, que fue objeto de un intento ayer mismo, y, por supuesto, a toda velocidad al Estado de Derecho, los derechos fundamentales y el marco democrático de la Unión Europea.

La historia de la Unión Europea es la historia de su crecimiento, de sus ampliaciones y —por tanto— es un hecho que la ampliación ha hecho a la Unión Europea más fuerte y —además— muestra que todavía está viva. Muestra que, a pesar de sus crisis, de sus parálisis y —a veces— de su impotencia, continúa siendo un polo de atracción por su combinación virtuosa de derechos, libertades, corrección de desequilibrios y oportunidades de prosperidad. Pero para que la ampliación siga teniendo esa capacidad motriz, es imprescindible que se atiendan las lecciones de este informe de la Comisión Constitucional. Primera lección: los costes de la no ampliación son insoportables porque la Unión Europea entra en contradicción consigo misma. Para que la ampliación sea coherente, es imprescindible también que se produzcan reformas institucionales al tiempo que supera la dinámica de vetos cruzados y, por supuesto, la exigencia de unanimidades. La segunda lección es que es imprescindible que se utilicen las pasarelas y las cooperaciones reforzadas. La tercera es que seamos capaces de elegir aquellas reformas de los Tratados que resulten imprescindibles para acoger a nuevos miembros. La clave está en las modificaciones específicas, no en una reforma indiscriminada ni en entrar en la batidora de una gran convención que haga perder el control de la situación. Hay que saber elegir cuáles son exactamente los mensajes porque es imprescindible que la Unión Europea siga aportando recursos propios, reforme el marco financiero plurianual y —sobre todo— refuerce su compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales de modo que ninguna nueva ampliación deteriore —que ya lo hemos visto— el estándar europeo de respeto al Estado de Derecho, a la democracia, a los derechos fundamentales, a la promoción del pluralismo y a la protección de minorías.

Señor presidente, señor comisario Brunner, sí, libertad y seguridad van juntas en el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y no hay libertad sin seguridad. Como no hay seguridad sin libertad. Y este Parlamento Europeo hace esa apuesta cuando renueva la estrategia de seguridad interior para que la Unión Europea sea un actor global contra la criminalidad organizada y el terrorismo en ese nuevo frente que plantean las amenazas híbridas. Y quiere también el Parlamento Europeo ser parte de la renovación del mandato de Europol —que usted ha prometido para 2026—, porque hemos trabajado en el refuerzo de las capacidades tecnológicas de Europol. Pero hace falta también el intercambio de información, el intercambio de inteligencia y la cooperación efectiva entre todas las agencias de seguridad europeas, además de la cooperación público- privada en la garantía de la seguridad de los europeos. Pero el mensaje no está completo si no decimos que la libertad está representada también en el control parlamentario, en el escrutinio que ejercen los Parlamentos nacionales y este Parlamento Europeo, sobre la seguridad interior, cumpliendo también el mandato del artículo 12 del Tratado de la Unión Europea.

Señor presidente, el acuerdo de Sharm el Sheij no es un acuerdo de paz: acomete la neutralización del terrorismo de Hamás, sí, y abre paso al intercambio de rehenes y presos; pero no garantiza, en ningún caso, la solución de dos Estados —que es la única forma de que los dos pueblos puedan convivir dentro de fronteras seguras y se reconozcan mutuamente—; ni mucho menos la retirada de Israel de los territorios ocupados de Gaza, para empezar; pero también de Cisjordania. Por tanto, este debate, que habla del papel de la Unión Europea —y lo han calificado de irrelevante— no es, sin embargo, la última palabra. La Unión Europea puede todavía cumplir sus compromisos adquiridos en el debate del Estado de la Unión: suspender la parte comercial del Acuerdo con Israel —como así le exigió la Resolución aprobada por amplia mayoría en este Parlamento Europeo inmediatamente después—, además de sancionar a los ministros y a los colonos y, por supuesto, garantizar que no habrá impunidad para los crímenes de guerra perpetrados en Gaza. Porque, en ningún caso, el acuerdo de Sharm el Sheij significa impunidad para esos crímenes.

Señora presidenta, señor vicepresidente Séjourné, el nuevo marco financiero plurianual para los próximos años, anunciado por la Comisión, es una amenaza sin precedentes a la política agrícola, a la política de cohesión y a la política regional tal como la hemos conocido. Pero es particularmente inaceptable para las regiones ultraperiféricas, como Canarias, lo que debería moverle a usted, como representante francés en la Comisión, como nos mueve a españoles y portugueses. Porque ignora completamente la base jurídica exclusiva del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; porque elimina programas históricos como el POSEI o el FEDER en relación con las RUP. Y sobre todo porque, al eliminar el escalón de gobernanza regional de esos fondos, obliga a las regiones a una competencia desleal, si es que no feroz, para participar de los llamados «sobres nacionales». Por eso, desde esta tribuna, los parlamentarios residentes o nacidos en regiones ultraperiféricas urgimos al respeto del artículo 349, al mantenimiento de los programas singulares avalados por la base jurídica del artículo 349. Pero, además, llamamos a Gobiernos regionales y actores económicos y productivos y a la sociedad civil de las regiones ultraperiféricas a movilizarse para impedir que se consume esa amenaza en el próximo marco financiero.

Señor presidente, señor vicepresidente Séjourné, nunca estuve de acuerdo con que en la pasada legislatura la vicepresidenta encargada de los derechos fundamentales lo fuera al mismo tiempo de la protección del consumidor. Pero encuentro que esa conexión está justificada en este nuevo marco legislativo para unas transiciones digital y sostenible hacia la economía circular. Porque es reforzar los derechos de los europeos, reforzar los derechos de los consumidores frente a la obsolescencia planificada de esa fast fashion y de esa tendencia a desperdiciar y a tirar más que a reparar y conservar. Porque, evidentemente, es una apuesta por la calidad más que por la cantidad y porque además es un acto legislativo en el que por fin, en lugar de degradar el estándar europeo, podemos reforzarlo incrementando no solo la protección de los consumidores, sino la responsabilidad de las empresas para que se adapten a este nuevo marco regulatorio que les obliga a reforzar la sostenibilidad y la incorporación de la Unión Europea a la economía circular.

Señor presidente, señora vicepresidenta Ribera, un riesgo amenaza esta legislatura desde el minuto uno: el de degradar o diluir el balance legislativo de la pasada legislatura del Parlamento Europeo: Agenda Digital, Reglamento de Servicios Digitales, Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, inteligencia artificial en coherencia con el Reglamento General de Protección de Datos, que sienta el estándar más alto del mundo de protección de datos personales... Pero ese riesgo se convierte en una amenaza si, además, la Unión Europea incurre en el error —muchas veces ensayado— del apaciguamiento ante los poderosos, los gigantes en la red, Google. Por eso lo escucha con claridad: este Parlamento Europeo apoya esa multa ejemplar de 3 000 millones de euros por abuso de un modelo publicitario monopolístico inaceptable de Google. Pero nuestro trabajo no estará completo hasta que —cumpliendo nuestra promesa de autonomía estratégica— seamos capaces, conforme al informe Draghi, de desarrollar también nuestra propia «soberanía digital», como la han llamado algunos. Es decir, desarrollar nuestra propia industria tecnológica, e incluso redes sociales públicas que protejan mejor los derechos de los europeos.

Señor presidente, este debate sobre una estrategia europea de salud mental apela a las competencias legislativas de este Parlamento Europeo sobre las plataformas tecnológicas, cuyos algoritmos adictivos tienen un impacto decisivo sobre los menores de edad en los que la tasa de suicidio es la principal causa de mortalidad en toda la Unión Europea, y está directamente relacionada con el acceso a internet. Por tanto, el mensaje es muy claro: el Parlamento Europeo debe legislar sobre la protección de los menores en línea con urgencia porque es imprescindible poner reglas comunes en lo que de otro modo serán soluciones fragmentarias y contradictorias entre sí de los Parlamentos nacionales. Y la tercera lección es que sí: ya no hay debate sobre salud que no incorpore la salud mental. Pero no hay debate sobre la salud mental que no tenga que fijar la vista en una regulación del acceso de los menores a las plataformas en línea y a los servicios de internet que sea compatible con la privacidad y la confidencialidad de los datos personales —claro que sí—, pero también con la dignidad y con el libre desarrollo de la personalidad, que son derechos fundamentales.

Señor presidente, no quería perder la ocasión de saludar el trabajo de la Comisión de Peticiones, porque es una comisión en la que se sustancia un derecho fundamental de la ciudadanía europea. La petición es, desde su concepción en el Tratado de Maastricht —pero desde luego en el Tratado de Lisboa y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea— un derecho fundamental. Pero tenemos que respetar el perímetro de ese derecho fundamental sin distorsionarlo y comunicarlo mal, porque se da muy frecuentemente el caso de que, cuando se utiliza legítimamente la caja de resonancia, que es el Parlamento Europeo, para exponer una preocupación, esta preocupación no tiene que ver con las competencias del Parlamento Europeo, y ese es el sentido del derecho fundamental de petición. Y otra forma de distorsionarlo es que luego se dé lugar al equívoco de que el Parlamento Europeo investigará un asunto como si el Parlamento Europeo fuese una comisión de investigación permanente. No, no es prestar un buen servicio al derecho de petición el rebasar el perímetro de su ejercicio: competencias institucionales europeas y caja de resonancia europea para una preocupación ciudadana.

Señora presidenta, señora comisaria Virkkunen, la Agenda Digital para Europa, el Reglamento de Mercados Digitales, el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Inteligencia Artificial fueron aprobados por este Parlamento Europeo no solo para sujetar a los servicios digitales y las grandes plataformas tecnológicas al Derecho de la Unión; no solo para afirmar el efecto regulatorio que llamamos soberanía digital —el llamado «efecto Bruselas»—, sino también para proteger los derechos fundamentales de la Carta, de ciudadanía y de democracia. El modelo europeo de democracia no se puede, de ninguna manera, arrodillar ante el modelo de negocio de esas grandes plataformas tecnológicas y sus algoritmos adictivos. Por tanto, comisaria: firmeza. Ninguna concesión a las presiones de esas empresas tecnológicas y de Trump, que las ampara, porque se trata absolutamente de defender ese modelo sin concesión alguna, so pretexto de flexibilización o de simplificación, a la disolución o la degradación del estándar que fijó este Parlamento Europeo la pasada legislatura.

Señora presidenta, llevamos horas debatiendo una amenaza real: la creciente y reiterada violación de nuestro espacio aéreo por drones rusos en una guerra híbrida de Putin contra la Unión Europea y todo lo que la Unión representa. ¿Y qué lecciones surgen después de haber escuchado a la presidenta Von der Leyen? La primera, la unidad. Claro que sí. Y, la segunda, una estrategia para construir un muro europeo antidrones y un escudo europeo de defensa aérea y espacial. Pero no basta con enunciarla. Desde luego, para que sea eficaz, no puede depender del incremento de veintisiete esfuerzos fragmentados, de veintisiete presupuestos nacionales. No. Es un ejemplo de libro de la necesidad de apuntar a una integración de nuestras capacidades de ciberseguridad con tecnologías sofisticadas que detecten y derriben drones hasta disuadir a Putin. Pero además, debe ser creíble. Y esto significa que no puede perjudicar lo que la Unión Europea realmente representa. La generación de inversiones y recursos requiere recursos propios e inversiones estratégicas de la propia Unión Europea y, por tanto, no puede perjudicar ni la política social ni de cohesión, ni la solidaridad. Ni tampoco, por supuesto, ese pilar social del que depende la dignidad del trabajo y la vivienda que tanto preocupa a los europeos.

Señor presidente, la Unión Europea es el primer actor global en ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo. Pero, del mismo modo que no hemos sido capaces de traducir toda la ayuda al pueblo palestino en unidad para imponer sanciones al Gobierno genocida de Netanyahu y suspender el Acuerdo de Asociación UE‑Israel, tampoco hemos sido capaces de aliviar el sufrimiento de las víctimas del terremoto del 31 de agosto en Afganistán y, particularmente, de las mujeres sometidas a la brutalidad discriminatoria del régimen talibán. La Unión Europea es el primer contribuyente de la Corte Penal Internacional y, sin embargo, del mismo modo que no hemos sido capaces de imponer unidad a los Estados miembros en el respeto a la orden de detención internacional contra Netanyahu, tampoco hemos sido capaces, hasta ahora, de llevar la causa de delito de lesa humanidad —que es competencia de la Corte Penal Internacional, junto con el genocidio y los crímenes de guerra— contra los responsables del régimen talibán. Y, por tanto, este es el mensaje de este punto en el orden del día: que la Unión Europea lleve como responsables de delitos de lesa humanidad a los miembros del régimen talibán que han impuesto ese brutal apartheid y acabar con el silencio, el apartheid de género y también con la impunidad.

Señora presidenta, señor comisario Brunner, en la Unión Europea no hay lugar para el odio ni para la discriminación. He defendido este principio con pasión y convicción en todos mis trabajos en el Parlamento Europeo. Apoyé decididamente y fui impulsor de la definición común del antisemitismo, que debe inspirar acciones educativas y legislación penal en todos los Estados miembros. En mi trabajo como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, entonces, tuve el honor de presidir el Intergrupo contra el Antisemitismo, además de apoyar la Declaración sobre el apoyo a la vida judía y la lucha contra el antisemitismo. Y afirmo que no hay antisemitismo en las manifestaciones consternadas contra la masacre y el genocidio del pueblo palestino, la brutal y desproporcionada reacción del Gobierno de Netanyahu después de los atentados terroristas de Hamás, que condenamos desde el principio. Pero sí hay antisemitismo, sin duda, en ese incremento de violencia contra las comunidades judías en Europa, que tienen derecho a vivir en libertad y seguridad porque son parte integral de nuestra identidad plural. Y, por tanto, afirmo que es preciso reforzar la seguridad de sus lugares de residencia, de reunión y de culto con el Fondo de Seguridad Interior, de modo que afirmemos con claridad que no solamente no hay lugar para el antisemitismo ni para la discriminación, sino que tampoco lo hay para el racismo.

Señora presidenta, señor primer ministro, se debe un reconocimiento al Luxemburgo europeísta en una Unión en la que no hay grandes ni pequeños, puesto que todos son necesarios para cumplir tareas comunes. Luxemburgo es la sede de las dos instituciones de mayor vocación federal: el Tribunal de Justicia y la Fiscalía Europea. Pero esa vocación federal de integración enseña también que no puede haber ampliación sin que el Consejo responda al requerimiento que hizo el Parlamento Europeo el pasado mandato: una conferencia política que ―conforme el artículo 48― reforme las reglas de funcionamiento y acabe con la unanimidad. Y, además, usted ha reivindicado Schengen. ¡Cómo no! Pero del mismo modo que la libre circulación es importante, lo es también perfeccionar el mercado interior reduciendo la competencia desleal fiscal entre los Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, apostando claramente por la armonización fiscal. De manera que, señor primer ministro, muestre esa vocación europeísta aportando todavía más Europa desde un país tan grande como todos los demás: Luxemburgo.

Señora presidenta, señor vicepresidente Séjourné, ya lo ha visto. Nadie discute la importancia del mercado único como gran logro y objetivo de la Unión. Sí se discute, en cambio, que simplificación equivalga a reducción de los estándares y exigencias del Derecho europeo bajo la presión de las grandes empresas tecnológicas, ya sean americanas o chinas. Sí se discute que pueda completarse o reforzarse el mercado único sin mayor armonización fiscal. Porque el mercado único es incompatible con los paraísos fiscales, pero también con el forum-shopping y la búsqueda de jurisdicciones favorables que no están al alcance de las pequeñas empresas que actúan en lo local. Y, por supuesto, se discute que una lectura correcta de los informes Draghi y Letta pueda hacerse sin mayores inversiones, con recursos propios de la Unión, porque es absolutamente imposible hacer más con menos.

Señora presidenta, señor comisario Brunner, no es halagüeño que Netanyahu haya firmado que la Unión Europea es irrelevante en cualquier acuerdo en Gaza, pero lo cierto es que, a pesar de la contundencia de las resoluciones adoptadas en el último debate sobre el Estado de la Unión, se ha mostrado todavía incapaz de sancionar al Gobierno genocida de Netanyahu y de suspender el Acuerdo de Asociación UE‑Israel por violación grave de la cláusula de derechos humanos del artículo 2. Se mostró igualmente irrelevante el 8 de agosto en el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, dos Estados europeos, nada menos que en la Casa Blanca y ante Trump, sin que haya ninguna garantía —contradiciendo a Kaja Kallas— en cuanto al respeto de los derechos humanos de los armenios expulsados de Nagorno Karabaj. Pero, también, en el debate del Estado de la Unión, se escuchó con claridad que es inaceptable la propuesta de marco financiero plurianual que disuelve la política regional, lo que impide un escalón de gobernanza regional que es absolutamente crucial para regiones necesitadas como son las regiones ultraperiféricas. El tiempo corre en nuestra contra y, por tanto, es imprescindible mayor integración, no el regreso a la casilla nacional, porque no queremos...

Señora presidenta, comisario Brunner, una de las innovaciones de mayor impacto político y constitucional del Tratado de Lisboa, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, consistió en hacer de la política de visados una política europea, con una legislación común. Una competencia que fue, durante mucho tiempo, distintiva de los Estados miembros. Y el Parlamento Europeo se lo tomó en serio, porque legisló, efectivamente, con un Reglamento común de visados europeo y, anejo, también un Reglamento de exención de visados para terceros países, en condiciones de reciprocidad, cuyo artículo 8 permite su suspensión en determinadas situaciones. Y ahora, este Parlamento ha participado de un procedimiento legislativo; saludo a su ponente, Matjaž Nemec ―¡muy bien!―, y a los ponentes alternativos, porque va a ser culminado con éxito en esta sesión parlamentaria, introduciendo novedades que son significativas. Usted ha mencionado la de suspender el acuerdo de exención de visados con aquellos países que incurran en prácticas inaceptables de golden passport, tan criticadas por este Parlamento Europeo: se ha sacudido en este Parlamento Europeo a aquellos Estados miembros que las han practicado y, por supuesto, a aquellos Estados terceros. Pero también se contempla la suspensión de la exención de visados para aquellos países que perpetren actos hostiles contra la Unión Europea con amenazas híbridas y, fundamentalmente, para aquellos países que incurran en graves violaciones del Derecho internacional humanitario, con violación de los derechos humanos. Lo que viene absolutamente a cuento con respecto del debate todavía pendiente sobre la ejecución de las sanciones a un Estado como es el de Israel ―con el Gobierno de Netanyahu, con los graves crímenes de genocidio perpetrados en su ofensiva indiscriminada y brutal en Gaza―, quedando todavía pendiente la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, tal y como mandató este Parlamento Europeo en el debate del Estado de la Unión. Pero, desde luego, saludamos este acuerdo legislativo de modificación del Reglamento de exención de visados. Y solo puedo añadir, finalmente, que toda legislatura del Parlamento Europeo debería conocer una exención de visados. Una ampliación de la exención de visados quedó pendiente en la pasada legislatura, por circunstancias que no quiero evocar, pero afectaba a países que, como Ecuador, están homologando su política de visados a la europea, en la aspiración de ser beneficiarios de esa exención de visados que, como usted ha subrayado, protege no solamente a la Unión Europea, sino también a los ciudadanos de terceros países en condiciones de reciprocidad, fomentando no solamente la actividad cultural y el intercambio turístico, sino también la oportunidad de influir a través de las visitas de europeos exentos de visados a esos terceros países.

Señora presidenta, señor comisario Micallef, seguramente la definición más elocuente y hermosa de la Unión Europea es la que enseña que es un pacto solidario, interterritorial e interregional; social, pero también intergeneracional. Y es bueno recordarlo, porque a Europa se la ha conocido siempre como el Viejo Continente, y se asoma a ser un continente viejo. Por tanto, la reflexión sobre ese envejecimiento activo y esa dignidad de las personas mayores es absolutamente imprescindible en Europa. Pero es también una ocasión para salir al paso y desmentir esa pretensión de que la juventud, que por primera vez se asoma a vivir peor que sus padres y que sus mayores, no debe ver a los mayores ni como rivales ni como culpables de ese empeoramiento de perspectivas. No. La responsabilidad está en el debilitamiento del pilar social europeo. Y solo la restauración del pilar social europeo, con ocasión de esta estrategia europea de envejecimiento activo y dignidad de las personas mayores, puede restaurar ese pacto intergeneracional solidario de rentas entre los jóvenes y los mayores.

Señora presidenta, ¡drones rusos en la Unión! En Polonia, Estado miembro de la Unión Europea que ha visto modificadas todas las fronteras heredadas de la Segunda Guerra Mundial, pero que tiene frontera directa con Rusia en Kaliningrado. ¿Podemos creernos al Kremlin cuando dice que se trataba de drones perdidos y fuera de control? Evidentemente, no. ¿Cómo reaccionar con cabeza y sangre frías, pero, sobre todo, con unidad? En la Alianza Atlántica existe el artículo 4, preludio del artículo 5 sobre defensa colectiva. Y en el Tratado de la Unión Europea tenemos un instrumento de solidaridad, el artículo 42. Pero la solidaridad no basta, hace falta unidad. Y la unidad no será la suma de veintisiete esfuerzos de defensa fragmentados, veintiséis esfuerzos de defensa que se sumen al de Polonia; no, será una estrategia común, compartiendo inteligencia, instrumentos y recursos. Y esos recursos no pueden detraerse de la solidaridad política, regional ni de cohesión, tienen que ser nuevos recursos, nuevos instrumentos y programas que den prueba de vida de la voluntad de ser de Europa.

Señor presidente, señor comisario, de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho a la educación es un derecho fundamental, y el acceso a la educación superior —la universidad— es un bien público europeo. De ahí el proceso de Bolonia —que se llama así por la Universidad más antigua de Europa y del mundo—, el programa Erasmus y, ahora, este instrumento de alianza de universidades, que quiere fomentar no solamente un grado académico europeo —y, por consiguiente, la cooperación interuniversitaria, favoreciendo la movilidad de los estudiantes— sino también la competitividad, y que requiere una financiación estable y sostenible. Pero pongo particularmente el acento en su capítulo regional, porque las universidades de regiones ultraperiféricas tienen una enorme oportunidad de hacer valer su proyección en la gran vecindad —distante, sí— del gran espacio de integración europeo, pero son tan europeas como el resto de las universidades españolas. Las regiones ultraperiféricas cuentan, por tanto, con un enorme potencial para fomentar su proyección exterior, movilidad y la competitividad de sus universidades.

Señor presidente, comisario McGrath, ¿se da usted cuenta de cuántas veces se ha hablado en este Pleno del Parlamento Europeo —también en el debate del Estado de la Unión— de las plataformas digitales y su modelo de negocio como problema europeo? Porque solo desde Europa puede hincársele el diente a esa oligarquía que ha recibido el nombre de «tecnofeudalismo», que escapa al Derecho europeo si puede. Por tanto, hay un problema no solamente de equidad fiscal, como se ha dicho, de justicia tributaria, que paguen la parte que les corresponda y lo hagan como pagamos todos los demás contribuyentes: donde generan sus beneficios. No, hay un problema también de lo que se ha denominado —no sé si con un léxico muy acertado— «soberanía europea», el «Brussels Effect», la capacidad de la Unión Europea de imponer sus derechos a los gigantes de la red. Pero, en tercer lugar, es un problema de credibilidad de la Unión Europea, máxime cuando después de haber hecho el ridículo en la cita del campo de golf escocés, estrechando la mano de Trump para intentar aplacarlo, amenaza todavía con sanciones a quien se atreva a imponer fiscalidad justa a los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Es completamente intolerable: la fiscalidad justa es una necesidad europea.

Señora presidenta, señor comisario, este Parlamento, lo saben bien, ha hecho cuanto ha estado en su mano para establecer un ciclo político con un marco vinculante de Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales que prevenga —y no solamente corrija cuando ya es tarde— las desviaciones con respecto del estándar europeo, que es vinculante para todos los Estados miembros. La Unión Europea no es solamente un mercado ni un club de intereses, sino también valores y un modelo europeo de Estado de Derecho y de democracia que todos los Estados miembros tienen la obligación de cumplir. En un momento dado tuvimos que enfrentarnos con la deriva autocrática del Gobierno de Orbán en Hungría y luego vinieron los «orbanitas», que es como llamamos a los imitadores de Orbán: durante un tiempo tuvimos la cuestión polaca —también sujeta al procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea— y ahora tenemos un desafío con Eslovaquia. El Gobierno de Eslovaquia se desvía notoriamente del estándar europeo y lo desafía, con un primer ministro que estrecha la mano de Putin y acude solícito a entrevistarse con él y con Xi, sin ninguna cobertura europea, sin representar ni los valores ni el estándar europeo: desmantela la Fiscalía Anticorrupción, ataca a la prensa independiente, hace retroceder pavorosamente las libertades en Eslovaquia... Es una cuestión en la que no solo tenemos la obligación de velar, de vigilar, sino también de advertir de que la condicionalidad del Estado de Derecho se ideó exactamente para prevenir y bloquear el acceso a los fondos europeos y al presupuesto europeo a los Gobiernos que no cumplan con sus obligaciones, con los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Este es el momento de fijar la vista en Eslovaquia y de apoyar la misión que llevó a cabo en ese país la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, que sufrió, una vez más —lo recuerdo bien porque yo fui parte de esas misiones en más de una ocasión— un trato indigno para el Parlamento Europeo, que no es un ovni ni una injerencia exterior en un Estado miembro, sino una representación democrática directa de la ciudadanía eslovaca en la medida en que esa ciudadanía es también europea.