Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señor comisario, sé que me comprende bien si le interpelo directamente sobre una cuestión relacionada con el objeto de este turno de preguntas, en vivo y en directo, pero seguramente no expresada hasta el momento, y es la de que se pueda no solamente proteger las infraestructuras críticas frente a ataques híbridos, sino compartir la información, no solamente entre los Estados miembros, sino con la ciudadanía. Resulta chocante que exista todavía controversia con respecto a la secuencia fáctica que conduce al ataque en el gasoducto Nord Stream, que conduce a la interrupción de las comunicaciones o que permite el espionaje a primeros ministros o a dirigentes de la Unión Europea y a altos funcionarios de la Unión Europea, lo que impide explicar al conjunto de la opinión pública europea, de manera clara y transparente, cuál es la secuencia fáctica detrás de esos hechos claramente escandalosos. La pregunta es: además de invertir en la protección de las infraestructuras críticas, ¿tenemos algún plan para poder hablar de lo que realmente sucede y explicárselo a la opinión pública europea?

Señora Presidenta, colegas, una vez más, será breve. Solo para explicar el tema de la cuestión, usted sabe que Rusia ha decidido anexar ilegalmente algunos territorios en Ucrania y reconocer la independencia de otros territorios en Georgia, comenzó a expedir documentos de viaje, a saber, los llamados pasaportes rusos, a los residentes de esos territorios ocupados ilegalmente. La Comisión ha decidido presentar una propuesta para poner fin a esta práctica ilegal, con un enfoque común de todos los Estados miembros. Esta es la razón por la que la Comisión está elaborando esta decisión, precisamente para tener un enfoque común de no aceptar los documentos de viaje o pasaportes expedidos ilegalmente por Rusia. Y simplemente sugiero, para hacer frente al tipo de fuerte señal política que hemos respaldado hasta el final contra la agresión rusa, que también respaldemos el procedimiento de urgencia relativo a la decisión de la Comisión.

Señor presidente, comisaria Johansson, corruptio optimi pessima: este adagio latino nos dice que la corrupción de los mejores es la peor de todas, del mismo modo que la desviación de poder de quienes tienen encomendada la tarea de velar por el cumplimiento del Derecho es un daño al conjunto del sistema del que forman parte. Es el caso de Frontex, lamentablemente. No nos sorprende, porque hemos estado encima durante un buen número de años en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Usted lo sabe muy bien. Frontex es, en estos momentos, la agencia gigante de la constelación de la Unión Europea. Cuenta con 750, casi 800, millones de euros en su presupuesto y con un despliegue que aspira a 10 000 agentes uniformados y armados al servicio, precisamente, del cumplimiento del Derecho europeo, que incluye vinculantemente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por eso, además de las desviaciones de poder, que atienden a acosos laborales o abusos de poder en el interior de la Agencia, a la Comisión LIBE del Parlamento Europeo le preocupan especialmente aquellas actuaciones en las cuales ha habido violaciones de derechos fundamentales, devoluciones en caliente y cooperación con operaciones ilegales en frontera y con devoluciones ilegales en frontera, como han sido reportadas, lamentablemente, una y otra vez. Por eso, hay que extraer las lecciones y, por supuesto, suscribimos la necesidad de que el Consejo de Administración y el director informen al Foro Consultivo y al responsable de derechos fundamentales de la Agencia para velar por que los derechos fundamentales sean parte esencial de la dieta y del orden del día del trabajo cotidiano de la Agencia y de todos sus agentes. Pero, además de eso, tenemos en estos momentos nada menos que una perspectiva de renovación de la dirección de la Agencia porque —digámoslo claro— la presión política de este Parlamento Europeo —y usted lo sabe bien, comisaria— ha sido determinante en la dimisión de su anterior director. Por tanto, el mensaje es claro. La próxima dirección tiene que estar fundamentalmente comprometida con los derechos fundamentales. Tiene que tener experiencia política de relación interinstitucional y de rendición de cuentas transparente ante el Parlamento Europeo. Pero, sobre todo, tiene que tener un compromiso beligerante, contrastado en su hoja de servicios, con el respeto de los derechos fundamentales, que son vinculantes desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Señor presidente, la sala de prensa de la sede del Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo lleva el nombre de Daphne Caruana Galizia, una heroica periodista de investigación vilmente asesinada por llevar a cabo indagaciones con respecto a un grave asunto de corrupción. Ha habido una investigación judicial, ha habido condenas en el Estado miembro de la Unión Europea, nada menos, en el que este crimen fue perpetrado. Pero no podemos ignorar que, como se ha recordado, otros seis periodistas de investigación —hombres y mujeres— han sido canallamente asesinados en Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos, Grecia o los Países Bajos. Todos ellos merecen la misma preocupación y todos ellos nos recuerdan el deber que tenemos de poner en marcha esta estrategia de protección de la libertad de expresión contra toda forma de intimidación o de silencio impuesta a través de la amenaza, sea directamente criminal o sea a través de presiones políticas, que intenta acallar las investigaciones que alimentan la libre formación de la opinión pública en una sociedad libremente constituida.

Señora presidenta, es un hecho que la Unión Europea se ha construido a través de sus crisis, uniéndose en su diversidad, y nada lo expresa mejor como la insularidad, las regiones insulares en las que viven nada menos que 20 millones de europeos. Se trata de sesenta regiones insulares, entre las que destacan las regiones ultraperiféricas, que son las únicas que están consagradas por su nombre en el Tratado de Lisboa. En algunas de ellas, el gran protagonista es el turismo. Este es el caso de Canarias, la región de la que procedo, donde el turismo representa el 33 % de su PIB y más del 36 % del empleo. Canarias se está reinventando, después de la pandemia y de la guerra de Ucrania, para relanzarse con una Convención Europea de Islas Turísticas que tendrá lugar en el mes de diciembre, apuntando a la Presidencia española del segundo semestre del 2023, con la idea de incorporar economía azul, economía verde, pero, sobre todo, innovación y digitalización para marcar el mensaje de superación y de cooperación público-privada. Merece enteramente el apoyo de las instituciones europeas y de este Parlamento.

Señora presidenta, comisaria Dalli, si hay un punto de interés para el grupo que represento, el Grupo Socialista, en este debate sobre la libertad de religión o de creencias a escala mundial y la actuación de la Unión Europea, es precisamente el que nos recuerda que la libertad de religión, de creencias y de pensamiento es un derecho fundamental consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no solo para los ciudadanos europeos sino para todas las personas a las que se aplica el Derecho europeo, y que no existe mejor corolario de la libertad de religión que la libertad de no creer, de no profesar ninguna creencia y, por supuesto, de no estar obligado a confesar al respecto, así como el pluralismo religioso. Para servir a ese objetivo, el Parlamento Europeo y la Comisión de Libertades, Justicia e Interior han apoyado un Instrumento para la Democracia y los Derechos Humanos que precisamente propicia el diálogo interreligioso y la cooperación con las comunidades religiosas, con el objetivo último, precisamente, de garantizar la separación de los poderes públicos con respeto de ninguna injerencia en el hecho religioso y en la libertad de religión. Por tanto, apoyamos un fondo europeo, un Instrumento Europeo para los Derechos Humanos, para promover el diálogo interreligioso y la cooperación con las comunidades religiosas y la libertad de religión que tiene como corolario el pluralismo religioso en la Unión Europea.

Señora presidenta, vicepresidenta Jourová, quiero saludar el paso adelante en el proceso siempre querido por una mayoría de este Parlamento Europeo de democratización y parlamentarización de la vida política europea y del proceso europeo. ¿Cómo se da ese paso? Aprobando este decisivo Reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas. Y resalto particularmente, primero, la dimensión europea; en segundo lugar, el atenimiento a los valores y principios que vinculan a los partidos políticos europeos si quieren recibir financiación de acuerdo con el Derecho de la Unión, de modo que no se pueda atentar contra los valores europeos recibiendo financiación europea, y esto es un principio que aprende de las lecciones duramente enseñadas por la historia de Europa y en los Estados miembros, y, en tercer lugar, que asegura la igualdad de género, el equilibrio de género. Por tanto, solo esperamos que esta primera lectura sirva para que la legislación esté en vigor en las próximas elecciones a este Parlamento Europeo en 2024: un paso adelante en la democratización del proceso europeo.

Señor presidente, señor comisario Reynders, esta misma mañana, sobre el debate del Estado de la Unión, la presidenta Ursula von der Leyen ratificaba y reafirmaba el compromiso de la Unión con sus valores, con el Estado de Derecho y sus exigencias, y en la lucha contra la corrupción, en la que ha sido un paso de gigante de envergadura mayor la puesta en marcha de la Fiscalía Europea para investigar delitos de corrupción, delitos de apropiación indebida, delitos de fraude, sobre todo en el manejo de los dineros europeos y contra los intereses financieros de la Unión. Y todo eso se encuadra con el debate que acabamos de tener sobre el estado de los derechos fundamentales en la Unión Europea, que nos recuerda que debemos distinguir aquellos Estados en los que hemos detectado riesgo claro de violación grave de los valores del artículo 2 y aquellos Estados en los que, sin embargo, pueda haber indicios que susciten preocupación, pero que no manifiesten un derrumbamiento general de la credibilidad del Estado de Derecho para dar cuenta de los asuntos que merezcan protección judicial. Y creo que este es el caso. La Fiscalía Europea está investigando un asunto de corrupción en Bulgaria, que ha sido debatido también en este Parlamento Europeo. Y creo que la Fiscalía Europea merece su tiempo de proceso para poder dar cuenta de ese objeto de investigación que ha afectado nada menos que, sí, a quien ha sido primer ministro de Bulgaria y hemos escuchado en esta misma Cámara durante varios años. Pero hay que señalar que Bulgaria todavía da signos de poder dar cuenta, de acuerdo con sus propias instituciones, su sistema de recursos, con presunción de inocencia, tutela judicial y, en su caso, corrección judicial, de cualquier abuso de poder o arbitrariedad que puedan ser perpetrados contra cualquier ciudadana o ciudadano, sea el primer ministro o no, en modo que podemos confiar en que la investigación en curso, si ha cometido alguna arbitrariedad, algún abuso, podrá ser corregida de acuerdo con el sistema judicial de Bulgaria.

Señor presidente, comisario Reynders, para concluir este debate solo puedo agradecer la intensidad y, desde luego, la extensión de este intercambio de puntos de vista al que acabamos de asistir. Y lo único que puedo añadir es que no existe, como he escuchado, ninguna contradicción entre la universalidad de los derechos fundamentales y el acento que hemos puesto en la protección de la igualdad y la prohibición de la discriminación de determinadas categorías de personas. Porque este es un problema muy vivo, lamentablemente, en la Unión Europea, y crece. Por tanto, la Unión Europea en su Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, protege, sí, a los europeos, pero no solo a los europeos: protege a todas las personas en la aplicación del Derecho de la Unión, lo que quiere decir que, además de proteger a los europeos que puedan ser discriminados en razón de su pertenencia a una minoría étnica o cultural, o por su situación de discapacidad o su orientación sexual, protege también a los extranjeros en la Unión Europea. Lo digo de forma muy intencionada porque asistimos a un crecimiento de esa opción de extrema derecha populista o nacionalista excluyente que es, por definición, antieuropea en la medida en que pretende discriminar negativamente a categorías enteras de personas, también a los extranjeros o a los inmigrantes, y, por tanto, frente a esa emergencia de opciones de extrema derecha, con un discurso que pretende que los inmigrantes son una amenaza contra la seguridad o contra la identidad de la Unión Europea, hace falta una Comisión valiente, señor comisario Reynders. Una Comisión que, en el próximo pacto sobre migración, asilo y refugio, sea capaz de afirmar ese equilibrio que tenemos que trabar, no solamente entre solidaridad y responsabilidad compartida, sino también con el respeto que merecen todas las personas en el territorio de la Unión Europea en la aplicación del Derecho de la Unión, sean europeos o no; por tanto, también a los extranjeros y a los migrantes.

Señor presidente, señor comisario de Justicia, Didier Reynders, el Parlamento Europeo tiene más razones que nunca para tomar en serio el estado de los derechos fundamentales en la Unión Europea, no solamente porque se cumplen en diciembre trece años nada menos que de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagró como valores comunes y expresión de las tradiciones constitucionales comunes de la Unión los del artículo 2, cuya violación conduce a la activación del artículo 7 que acabamos de discutir, sino también porque venimos de una serie de episodios críticos, entre ellos la superación de la pandemia, con una aglomeración de medidas de emergencia impuestas , por necesidad, por los Estados miembros, que ha suscitado un período de reflexión del que resulta este informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2020—2021, que cubre nada menos que la experiencia de los dos últimos años, y que tengo el honor de presentar ante ustedes como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Quiero expresar mi gratitud, mi reconocimiento y mi respeto a todos los que se han implicado en la elaboración, debate, enmienda y aprobación de este informe, incluidos los que, en su derecho, han presentado una posición minoritaria. Pero, en todo caso, este informe expresa claramente la voluntad y el sentir mayoritario de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y se ocupa de todo el espectro de asuntos de que debe. Para empezar, poniendo en valor los avances que se han producido en un período de gran dificultad con la entrada en vigor nada menos que de la Fiscalía Europea para combatir la corrupción, que es fuente de graves lesiones al Estado de Derecho, como acabamos de ver en el debate sobre Hungría. Se ocupa también del estado de la igualdad y la no discriminación de los colectivos discriminados por su identidad étnica o cultural, su orientación sexual o su identidad de género. Y reclamamos, igualmente, un acuerdo interinstitucional para velar por el carácter vinculante de los valores del artículo 2, también resaltados en este informe. Prestamos especial atención, sin duda ninguna, al incremento del racismo, la discriminación, la incitación al odio, y, por tanto, saludamos la iniciativa legislativa adoptada por la Comisión para incluir los delitos de odio, que conducen a crímenes de odio, entre los llamados eurodelitos. Y, por supuesto, se ocupa el informe de la discriminación que padecen colectivos largamente señalados como chivos expiatorios: la gitanofobia —que afecta a la comunidad romaní— o el antisemitismo. Y es permanente la preocupación de las personas que sufren discriminación por su orientación sexual, los colectivos LGTBIQ. Por supuesto, la violencia de género tiene cabida en este informe y celebramos igualmente la iniciativa de la Comisión de incorporar por fin también la violencia de género y la lucha contra la violencia de género en el Derecho penal europeo. Señalamos que es alarmante que la Unión Europea no haya suscrito el Convenio de Estambul. Tiene personalidad jurídica para hacerlo y, si se lo está reclamando a aquellos Estados miembros que todavía arrastran los pies, desde luego, haría bien la propia Unión Europea en concluir el procedimiento de adhesión, en el que la última palabra, por supuesto, correspondería a este Parlamento Europeo. Y termino haciendo una referencia a la libertad de prensa y la protección de los periodistas. Sabemos que la libertad de expresión está amenazada. El pluralismo informativo también lo está, y por eso nos hemos ocupado de la iniciativa SLAPP, para reforzar el énfasis en el pluralismo informativo y la libertad de los medios y, por supuesto, en la protección del derecho a la confidencialidad de los datos personales, como se ha puesto de manifiesto en los debates sobre Pegasus o Predator. Concluyo con tres ideas que condenso muy rápidamente. Primero, en ninguna parte está la libertad ni los derechos fundamentales asegurados para siempre. Tampoco en Europa. Son un bien frágil y perecedero, y debemos velar por ellos. Segundo, con todo, la Unión Europea sigue siendo un oasis de derechos y libertades y de oportunidades para la prosperidad y la cohesión social. Tercero, es, por tanto, un equilibrio muy difícil el que tenemos que trabar a la hora de señalar violaciones graves —que las hemos señalado— de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho en la Unión Europea con respecto de aquellas situaciones concretas que merezcan atención y que indicien preocupación pero no un riesgo sistémico para el Estado de Derecho. Ese equilibrio estamos obligados a preservarlo, así como a desarrollar las instituciones y los procesos, y a financiar los servicios públicos que realizan los derechos fundamentales en la Unión Europea.

Quiero decir, estás hablando con la presidenta Von der Leyen, no conmigo. Pero solo me alegro y solo puedo darle las gracias por mencionar el problema de la migración porque también es un problema. ¿O no es que Hungría ha demostrado ser el campeón de la falta de solidaridad cuando se trata de no cumplir con las medidas vinculantes que se han adoptado de acuerdo con la legislación de la UE precisamente para tratar las cuestiones de migración a nivel europeo? ¿No es cierto que Hungría incluso apeló ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, solicitando una reparación por su demanda de no solidaridad contra los mandatos que había adoptado el Consejo en el que estaba sentado Viktor Orbán? Y, por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acertó y dejó claro que si Hungría es miembro de pleno derecho de la Unión Europea, tiene que acatar el Derecho de la Unión Europea incluso cuando se ocupa de cuestiones migratorias y, por supuesto, rendir homenaje al principio de solidaridad, que es el mandato del Tratado de la Unión para siempre.

De acuerdo con la Constitución española, se pueden adoptar medidas de emergencia en situaciones extraordinarias, sin precedentes tanto en la historia democrática española como en el conjunto de la Unión Europea, y esas medidas fueron adoptadas con el apoyo ampliamente mayoritario de las dos Cámaras de las Cortes Generales en España. Por supuesto, esas medidas se han examinado en toda Europa porque fueron adoptadas como provisionales, cumpliendo por tanto los mandatos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y como necesarias. El Tribunal Constitucional en España dicta sentencia y el Gobierno la acata, como no puede ser de otra manera: eso es una diferencia con respecto de esos casos que hemos visto en Hungría y Polonia de incumplimiento clamoroso y contumaz de las sentencias del Tribunal de Justicia independientemente de lo que digan los tribunales de justicia.

Señora presidenta, señor comisario Reynders, esta mañana en el debate sobre el estado de la Unión he aplaudido el pasaje del discurso en que la presidenta Von der Leyen ha ratificado su compromiso por el Estado de Derecho, los valores de la Unión y la lucha contra la corrupción, pero no era la primera vez, por eso lo ha ratificado, como no es la primera vez que en este Parlamento debatimos la situación en Hungría, al igual que la hemos debatido también en relación con Polonia. Y, sin embargo, ¿podemos permitirnos que esto se convierta en una rutina? Bajo ningún concepto. Hace ya más de diez años que el Parlamento Europeo viene acumulando poderosas razones para ocuparse de Hungría y Polonia, porque constituyen un ejemplo superlativo de confusión de la idea europea de democracia con ganar las elecciones y tener mayoría absoluta en el Parlamento; lo hemos escuchado hoy mismo en este debate. La democracia en Europa no consiste solamente en tener mayoría en el Parlamento, sino en respetar las minorías y el pluralismo político, y en Hungría hemos visto en el curso de los años toda una serie de signos de ese síndrome que hemos llamado «orbanización», que luego se ha manifestado también en Polonia, que afecta a la separación de poderes, a la independencia del poder judicial, a la libertad académica, al respeto a las minorías, con esa infame ley que prohíbe los contenidos de educación sexual en las escuelas con el pretexto de que pueden desviar la orientación de género o sexual de los estudiantes. De modo que, con todas esas poderosas razones, el Parlamento Europeo, en su momento, aprobó por una mayoría de dos tercios en 2018, hace ya cuatro años, poner en marcha el artículo 7 en relación con Polonia, como, por supuesto, puso en marcha y activó también el artículo 7 en relación con Hungría, como hizo posteriormente en relación con Polonia. Ahora, lo hemos dicho muchas veces, toca al Consejo decidir: esa sucesión de audiencias especializadas sobre la situación de Hungría en el Consejo tiene que tener por fin un resultado tangible, recomendaciones vinculantes. Y, por supuesto, último punto que quiero subrayar, cuando se acomete un asalto a la independencia del poder judicial en un contexto en el que hay corrupción constatada en el manejo de los fondos públicos europeos, hay un hilo conductor: se quiere controlar la judicatura precisamente para impedir que haya una dación de cuentas de cómo se utilizan los dineros europeos. (El orador acepta responder a dos intervenciones formuladas con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»)

Señora presidenta, vicepresidente Borrell, este debate ha puesto de manifiesto que durante largas décadas Taiwán ha tenido presencia en la agenda exterior de la Unión Europea en delicado y frágil equilibrio con la doctrina que llamamos «One China policy». Eso es el statu quo al que tantas veces se ha aludido en tantas intervenciones y que ha sido roto unilateralmente por los ciberataques y las maniobras militares y de ocupación del espacio aéreo del mar de China, desplegados por nada menos que una potencia nuclear de primera generación como es China —y como, por cierto, lo es también Rusia, objeto del debate anterior en la agresión contra Ucrania—. Por tanto, todo lo que usted ha escuchado, vicepresidente Borrell, en este debate contribuye a que la Unión Europea se ejercite con su mejor capacidad diplomática para preservar la legalidad internacional y contribuir a la desescalada militar, que es de lo que se trata. De modo que, por un lado, la Unión Europea se afirme en su autonomía sin ninguna réplica seguidista de la política de los Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, sea capaz de contribuir eficazmente a la afirmación de un escenario de paz amenazado en estos momentos por los movimientos militares de la República Popular China, que está buscando un objeto de fricción con Taiwán, que mantiene una relación diplomática con la Unión Europea.

Señor presidente Karas, señor comisario de Justicia Reynders, la Unión Europea se precia de tener el estándar de protección más alto del mundo de la privacidad y de la confidencialidad de las comunicaciones personales. Y arrostramos, cuando es necesario, incluso nuestras diferencias con socios estratégicos como los Estados Unidos, porque estamos orgullosos de ese estándar de protección. Y, además, todos los Estados miembros están vinculados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dice con claridad que solo se puede injerir en los derechos fundamentales de la privacidad y las comunicaciones personales por razones de necesidad, con proporcionalidad y de manera reglada por la ley. ¿Y es posible creer que nuestro colega Androulakis o el periodista de investigación Kukakis en Grecia hayan representado ninguna amenaza contra la seguridad del Estado que justifique un espionaje de sus comunicaciones personales? Imposible. Aquí hay una comisión de investigación que tiene la obligación de establecer las conclusiones de nuestro trabajo con un régimen jurídico que proteja a los europeos, que establezca remedios judiciales frente a los abusos absolutamente intolerables y que, en su caso, prohíba un espionaje tan intolerable como el que vamos revelando a través de las secuencias de datos, a estas alturas irrefutables, que venimos discutiendo en este Parlamento.

Señora Presidenta, el punto político aquí es ampliar el ámbito de aplicación del artículo 83 como base jurídica para la adopción de legislación en materia penal. El punto de procedimiento que tuvimos el martes fue el procedimiento de urgencia para la votación que estamos teniendo hoy, que es el consentimiento para que la Comisión tome la iniciativa.

Señor presidente, el Parlamento Europeo se distingue por ser la única institución directamente electiva de la arquitectura europea, la única legitimada por el voto. Pero es el único parlamento del mundo que es supranacional y legislador. Por tanto, cuando hablamos de «legislar mejor» tenemos que saber que no hay ningún déficit de legitimación democrática ni de potestad legislativa en este Parlamento Europeo. De lo que hay déficit es de comunicación, por el lenguaje abstruso y oscuro que a menudo describe la legislación europea. Vicepresidente Šefčovič, legislar mejor es también exigir a los Estados miembros el cumplimiento de la actual legislación en vigor, concentrarnos más en los reglamentos directamente vinculantes para los Estados miembros que generan derechos a la ciudadanía, de modo que la Comisión cumpla con su deber de guardiana de los Tratados y de la legislación europea —exigiendo que, en el caso de los Estados incumplidores, incoe procedimientos de infracción, les imponga sanciones económicas o, en su caso, los lleve ante el Tribunal de Justicia—, y velar por que las sentencias del Tribunal de Justicia garanticen la primacía del Derecho europeo. También eso es legislar mejor.

Señor presidente, quiero llamar la atención del Consejo sobre la necesidad de dar un impulso político al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que no aparece en las conclusiones, porque no hay un segundo que perder. Hay cinco reglamentos de 2022 y cuatro pendientes de la anterior legislatura. Es imprescindible que todos avancen de forma equilibrada, como señala la hoja de ruta que ha suscrito este Parlamento Europeo, de modo que no haya control de fronteras sin solidaridad vinculante, creíble y efectiva. Además, me gustaría que diga con claridad que las fronteras exteriores de la Unión Europea son de una Europa unida, de una unión. Por tanto, no puede haber una perspectiva del norte que prevalezca sobre la del sur, o una perspectiva del oeste que prevalezca sobre la del este. Debe conseguirse un equilibrio, por tanto, que dé una respuesta, por fin, europea a la dimensión demográfica del fenómeno migratorio, a la dimensión humanitaria y, sobre todo, a la dimensión normativa, para que haya, por fin, una legislación europea que sea vinculante para los Estados miembros y acatada por todos los Estados miembros.

Señora Presidenta, gracias, no serán tres minutos. Sólo para explicar de qué se trata. El Consejo se ha dirigido al Presidente del Parlamento Europeo para solicitarle que vote sobre el procedimiento de urgencia de un procedimiento de aprobación relativo al Derecho penal para castigar las violaciones de las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea. Esto incluye la violación de las medidas restrictivas en la lista de delitos de la UE sobre la base jurídica del artículo 83 del deber de funcionamiento de la Unión Europea. De modo que sea posible establecer normas penales comunes y sanciones y penas mínimas para investigar, enjuiciar y sancionar las violaciones de las medidas restrictivas en todos los Estados miembros por igual. Por lo tanto, estamos votando primero y le pido amablemente que vote positivamente, mostrando nuevamente su compromiso con la lucha contra la impunidad, contra todas las atrocidades cometidas, particularmente en el contexto de la guerra contra Ucrania. Vote a favor de este procedimiento de urgencia para que podamos votar el jueves sobre el procedimiento de aprobación para que la Comisión ponga la directiva en conocimiento y deliberación de este Parlamento.

Señora presidenta, señora comisaria Johansson, un suceso en la frontera exterior de la Unión Europea que se salda con un balance de muertes todavía por determinar y abrumador es lamentable e inaceptable. Pero no ha pasado en Melilla, ha pasado al otro lado de la frontera entre España y Marruecos, es decir, de la frontera entre la entera Unión Europea y el entero continente africano. Y este Parlamento Europeo en su resolución, sin duda, tiene que exigir una investigación independiente, exhaustiva, que esclarezca lo que ha sucedido, que determine las responsabilidades y que adopte las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar. Pero del mismo modo en que no basta con expresar dolor y consternación, tampoco basta con centrar o detener la vista en Marruecos, que soporta una importante presión migratoria de personas procedentes del África subsahariana. La mayoría de los miles que estuvieron involucrados en ese suceso en la frontera exterior eran sudaneses y chadianos, también víctimas ellos de los tráficos ilícitos y de las mafias que explotan a los seres humanos en su desesperación, y también ellos sometidos, por tanto, a ese esclavismo inhumano que es el que explica la situación en la que nos encontramos. Por tanto, es imprescindible que este Parlamento Europeo exija responsabilidad compartida, además de solidaridad, tal y como ordena el Derecho europeo del conjunto de la Unión Europea y no solo de los Estados que tienen frontera con el continente africano o ante el Mediterráneo. Que exija también que se desactive el modelo de negocio de las mafias que trafican con seres humanos y que exija finalmente vías legales y seguras a todas esas personas que, en su desesperación, de otro modo, arriesgarán la vida en el intento o la perderán. Como ha sido, lamentablemente, el caso.

Señora presidenta, señora comisaria de Igualdad, hoy es 4 de julio. Hoy hace 246 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y por eso es su fiesta nacional. Es el acta mítica fundacional de una democracia que hoy se manifiesta herida, fracturada y expuesta a graves retrocesos. Y sí, es triste que esos retrocesos vengan impuestos por un Tribunal Supremo de composición arcaica, escorado como nunca a la derecha ultraconservadora, como consecuencia de los nombramientos impuestos por el presidente Bush. Y nada puede hacer este Parlamento Europeo con respecto al daño que esto causa a los Estados Unidos. Pero sí puede, y debe, este Parlamento Europeo recalcar que la libre igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos sexuales y reproductivos y, por tanto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, son derechos fundamentales en la Unión Europea, que deben observar la Unión Europea y todos sus Estados miembros. Y, en este campo, no podemos dar un solo paso atrás. Por tanto, el Parlamento Europeo tiene que centrarse en reclamar que aquellos Estados que todavía no reconocen la interrupción voluntaria del embarazo lo hagan, porque es una dimanación de un derecho fundamental protegido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Señora Presidenta, les doy las gracias a todos, solo un minuto de su tiempo para mostrar su agradecimiento por el trabajo realizado por el equipo negociador, no solo para responder a la iniciativa de la Comisión de prorrogar el instrumento actual antes de que llegue su fecha límite, el 1 de julio, sino también para mejorarlo de al menos dos maneras. En primer lugar, afirmando el principio de que la Comisión debe evaluar si es necesaria o no antes de finales de año, con arreglo a los últimos avances y conocimientos científicos. Y en segundo lugar, comprometer a la Comisión a revisar los usos nacionales para evitar que haya más restricciones para viajar y que todas las medidas que se adopten se ajusten a los principios de necesidad y proporcionalidad.

Señor presidente, este debate acerca del veto impuesto contra un acuerdo para una imposición mínima sobre sociedades en todos los Estados miembros, que obedece a un mandato muy prolongado de este Parlamento Europeo, pone de manifiesto, primero, que se trata de una Directiva y, por tanto, los Gobiernos de los Estados miembros tienen la oportunidad de hacer valer en el Consejo sus especificidades fiscales, allí donde las haya, por ejemplo, los territorios insulares. Pero imponer el veto sobre la base de la represalia frente a las medidas adoptadas y votadas por este Parlamento Europeo en relación con el Estado de Derecho es sencillamente inaceptable. De modo que se pone de manifiesto que la reforma de los Tratados, como consecuencia de los trabajos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, es inevitable para acabar con la unanimidad y establecer, por tanto, un proceso de toma de decisiones que permita, además, la ampliación. Estamos hablando de incorporar nuevos Estados miembros. ¿Puede sostenerse una ampliación sobre la base de una unanimidad que haga imposible un principio de justicia tributaria tan elemental como que las grandes multinacionales paguen donde obtienen los beneficios? La respuesta es sencillamente no.

Señora presidenta, que nadie se engañe: este no es un debate sobre una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que aún no se ha producido, no; este punto ha sido traído al orden del día del Parlamento Europeo por grupos parlamentarios, y hombres y mujeres, miembros de este Parlamento Europeo, firmemente comprometidos con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y con la idea de que son una expresión de derechos fundamentales protegidos por la Carta —que vincula con el mismo valor jurídico que los Tratados a sus Estados miembros—, derechos como la libertad personal y la igual dignidad de todas las personas, como la privacidad y como el libre desarrollo de la personalidad. Por tanto, si se produce esa sentencia que revocaría la histórica sentencia Roe contra Wade de 1973, lo lamentaremos, pero no tenemos jurisdicción al respecto; ahora, contra cualquier paso atrás, contra cualquier regresión o retroceso que se produzca como consecuencia del empuje de los movimientos reaccionarios que intentan sacudir los cimientos de la igual dignidad de todas las personas y la libertad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa, tienen que saber que este Parlamento Europeo va a hacer cuanto esté en su mano para denunciarlo, para combatirlo y, en su caso, para corregirlo con legislación europea.

Señor presidente, el Parlamento Europeo es la única institución directamente elegida y legitimada por el voto de la arquitectura europea. Es un verdadero Parlamento, pero es más: es el único parlamento multinacional con poderes legislativos de todo el mundo. Es un Parlamento legislador, y es un verdadero Parlamento porque inviste a la Comisión en la persona de su presidenta con su voto, controla a dicha institución y puede derribarla también con su voto. Por eso resulta inexorable que el Parlamento Europeo —la institución que más ha crecido en el curso de la historia de la Unión Europea— complete su proceso de maduración y crecimiento con esa iniciativa legislativa directa. No es verdad que no la tenga en absoluto; la tiene de manera indirecta. Puede ordenar, mandatar a la Comisión que adopte iniciativas legislativas. Pero hay tres maneras de mejorar la actual situación. La primera: que la Comisión se obligue, cada vez que el Parlamento Europeo adopta un informe de iniciativa, a responder y traer la iniciativa que le ha ordenado el Parlamento Europeo. La segunda: un acuerdo institucional —«interinstitucional», lo llamamos— que refuerce la posición y la opinión del Parlamento en los procedimientos legislativos especiales. Pero la tercera es la inevitable: es la reforma —en virtud del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea— que complete este proceso de maduración final del Parlamento Europeo con la iniciativa legislativa directa.