Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señora presidenta, señor comisario Reynders, esta mañana en el debate sobre el estado de la Unión he aplaudido el pasaje del discurso en que la presidenta Von der Leyen ha ratificado su compromiso por el Estado de Derecho, los valores de la Unión y la lucha contra la corrupción, pero no era la primera vez, por eso lo ha ratificado, como no es la primera vez que en este Parlamento debatimos la situación en Hungría, al igual que la hemos debatido también en relación con Polonia. Y, sin embargo, ¿podemos permitirnos que esto se convierta en una rutina? Bajo ningún concepto. Hace ya más de diez años que el Parlamento Europeo viene acumulando poderosas razones para ocuparse de Hungría y Polonia, porque constituyen un ejemplo superlativo de confusión de la idea europea de democracia con ganar las elecciones y tener mayoría absoluta en el Parlamento; lo hemos escuchado hoy mismo en este debate. La democracia en Europa no consiste solamente en tener mayoría en el Parlamento, sino en respetar las minorías y el pluralismo político, y en Hungría hemos visto en el curso de los años toda una serie de signos de ese síndrome que hemos llamado «orbanización», que luego se ha manifestado también en Polonia, que afecta a la separación de poderes, a la independencia del poder judicial, a la libertad académica, al respeto a las minorías, con esa infame ley que prohíbe los contenidos de educación sexual en las escuelas con el pretexto de que pueden desviar la orientación de género o sexual de los estudiantes. De modo que, con todas esas poderosas razones, el Parlamento Europeo, en su momento, aprobó por una mayoría de dos tercios en 2018, hace ya cuatro años, poner en marcha el artículo 7 en relación con Polonia, como, por supuesto, puso en marcha y activó también el artículo 7 en relación con Hungría, como hizo posteriormente en relación con Polonia. Ahora, lo hemos dicho muchas veces, toca al Consejo decidir: esa sucesión de audiencias especializadas sobre la situación de Hungría en el Consejo tiene que tener por fin un resultado tangible, recomendaciones vinculantes. Y, por supuesto, último punto que quiero subrayar, cuando se acomete un asalto a la independencia del poder judicial en un contexto en el que hay corrupción constatada en el manejo de los fondos públicos europeos, hay un hilo conductor: se quiere controlar la judicatura precisamente para impedir que haya una dación de cuentas de cómo se utilizan los dineros europeos. (El orador acepta responder a dos intervenciones formuladas con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»)

Señora presidenta, vicepresidente Borrell, este debate ha puesto de manifiesto que durante largas décadas Taiwán ha tenido presencia en la agenda exterior de la Unión Europea en delicado y frágil equilibrio con la doctrina que llamamos «One China policy». Eso es el statu quo al que tantas veces se ha aludido en tantas intervenciones y que ha sido roto unilateralmente por los ciberataques y las maniobras militares y de ocupación del espacio aéreo del mar de China, desplegados por nada menos que una potencia nuclear de primera generación como es China —y como, por cierto, lo es también Rusia, objeto del debate anterior en la agresión contra Ucrania—. Por tanto, todo lo que usted ha escuchado, vicepresidente Borrell, en este debate contribuye a que la Unión Europea se ejercite con su mejor capacidad diplomática para preservar la legalidad internacional y contribuir a la desescalada militar, que es de lo que se trata. De modo que, por un lado, la Unión Europea se afirme en su autonomía sin ninguna réplica seguidista de la política de los Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, sea capaz de contribuir eficazmente a la afirmación de un escenario de paz amenazado en estos momentos por los movimientos militares de la República Popular China, que está buscando un objeto de fricción con Taiwán, que mantiene una relación diplomática con la Unión Europea.

Señor presidente Karas, señor comisario de Justicia Reynders, la Unión Europea se precia de tener el estándar de protección más alto del mundo de la privacidad y de la confidencialidad de las comunicaciones personales. Y arrostramos, cuando es necesario, incluso nuestras diferencias con socios estratégicos como los Estados Unidos, porque estamos orgullosos de ese estándar de protección. Y, además, todos los Estados miembros están vinculados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dice con claridad que solo se puede injerir en los derechos fundamentales de la privacidad y las comunicaciones personales por razones de necesidad, con proporcionalidad y de manera reglada por la ley. ¿Y es posible creer que nuestro colega Androulakis o el periodista de investigación Kukakis en Grecia hayan representado ninguna amenaza contra la seguridad del Estado que justifique un espionaje de sus comunicaciones personales? Imposible. Aquí hay una comisión de investigación que tiene la obligación de establecer las conclusiones de nuestro trabajo con un régimen jurídico que proteja a los europeos, que establezca remedios judiciales frente a los abusos absolutamente intolerables y que, en su caso, prohíba un espionaje tan intolerable como el que vamos revelando a través de las secuencias de datos, a estas alturas irrefutables, que venimos discutiendo en este Parlamento.

Señora Presidenta, el punto político aquí es ampliar el ámbito de aplicación del artículo 83 como base jurídica para la adopción de legislación en materia penal. El punto de procedimiento que tuvimos el martes fue el procedimiento de urgencia para la votación que estamos teniendo hoy, que es el consentimiento para que la Comisión tome la iniciativa.

Señor presidente, el Parlamento Europeo se distingue por ser la única institución directamente electiva de la arquitectura europea, la única legitimada por el voto. Pero es el único parlamento del mundo que es supranacional y legislador. Por tanto, cuando hablamos de «legislar mejor» tenemos que saber que no hay ningún déficit de legitimación democrática ni de potestad legislativa en este Parlamento Europeo. De lo que hay déficit es de comunicación, por el lenguaje abstruso y oscuro que a menudo describe la legislación europea. Vicepresidente Šefčovič, legislar mejor es también exigir a los Estados miembros el cumplimiento de la actual legislación en vigor, concentrarnos más en los reglamentos directamente vinculantes para los Estados miembros que generan derechos a la ciudadanía, de modo que la Comisión cumpla con su deber de guardiana de los Tratados y de la legislación europea —exigiendo que, en el caso de los Estados incumplidores, incoe procedimientos de infracción, les imponga sanciones económicas o, en su caso, los lleve ante el Tribunal de Justicia—, y velar por que las sentencias del Tribunal de Justicia garanticen la primacía del Derecho europeo. También eso es legislar mejor.

Señor presidente, quiero llamar la atención del Consejo sobre la necesidad de dar un impulso político al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que no aparece en las conclusiones, porque no hay un segundo que perder. Hay cinco reglamentos de 2022 y cuatro pendientes de la anterior legislatura. Es imprescindible que todos avancen de forma equilibrada, como señala la hoja de ruta que ha suscrito este Parlamento Europeo, de modo que no haya control de fronteras sin solidaridad vinculante, creíble y efectiva. Además, me gustaría que diga con claridad que las fronteras exteriores de la Unión Europea son de una Europa unida, de una unión. Por tanto, no puede haber una perspectiva del norte que prevalezca sobre la del sur, o una perspectiva del oeste que prevalezca sobre la del este. Debe conseguirse un equilibrio, por tanto, que dé una respuesta, por fin, europea a la dimensión demográfica del fenómeno migratorio, a la dimensión humanitaria y, sobre todo, a la dimensión normativa, para que haya, por fin, una legislación europea que sea vinculante para los Estados miembros y acatada por todos los Estados miembros.

Señora Presidenta, gracias, no serán tres minutos. Sólo para explicar de qué se trata. El Consejo se ha dirigido al Presidente del Parlamento Europeo para solicitarle que vote sobre el procedimiento de urgencia de un procedimiento de aprobación relativo al Derecho penal para castigar las violaciones de las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea. Esto incluye la violación de las medidas restrictivas en la lista de delitos de la UE sobre la base jurídica del artículo 83 del deber de funcionamiento de la Unión Europea. De modo que sea posible establecer normas penales comunes y sanciones y penas mínimas para investigar, enjuiciar y sancionar las violaciones de las medidas restrictivas en todos los Estados miembros por igual. Por lo tanto, estamos votando primero y le pido amablemente que vote positivamente, mostrando nuevamente su compromiso con la lucha contra la impunidad, contra todas las atrocidades cometidas, particularmente en el contexto de la guerra contra Ucrania. Vote a favor de este procedimiento de urgencia para que podamos votar el jueves sobre el procedimiento de aprobación para que la Comisión ponga la directiva en conocimiento y deliberación de este Parlamento.

Señora presidenta, señora comisaria Johansson, un suceso en la frontera exterior de la Unión Europea que se salda con un balance de muertes todavía por determinar y abrumador es lamentable e inaceptable. Pero no ha pasado en Melilla, ha pasado al otro lado de la frontera entre España y Marruecos, es decir, de la frontera entre la entera Unión Europea y el entero continente africano. Y este Parlamento Europeo en su resolución, sin duda, tiene que exigir una investigación independiente, exhaustiva, que esclarezca lo que ha sucedido, que determine las responsabilidades y que adopte las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar. Pero del mismo modo en que no basta con expresar dolor y consternación, tampoco basta con centrar o detener la vista en Marruecos, que soporta una importante presión migratoria de personas procedentes del África subsahariana. La mayoría de los miles que estuvieron involucrados en ese suceso en la frontera exterior eran sudaneses y chadianos, también víctimas ellos de los tráficos ilícitos y de las mafias que explotan a los seres humanos en su desesperación, y también ellos sometidos, por tanto, a ese esclavismo inhumano que es el que explica la situación en la que nos encontramos. Por tanto, es imprescindible que este Parlamento Europeo exija responsabilidad compartida, además de solidaridad, tal y como ordena el Derecho europeo del conjunto de la Unión Europea y no solo de los Estados que tienen frontera con el continente africano o ante el Mediterráneo. Que exija también que se desactive el modelo de negocio de las mafias que trafican con seres humanos y que exija finalmente vías legales y seguras a todas esas personas que, en su desesperación, de otro modo, arriesgarán la vida en el intento o la perderán. Como ha sido, lamentablemente, el caso.

Señora presidenta, señora comisaria de Igualdad, hoy es 4 de julio. Hoy hace 246 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y por eso es su fiesta nacional. Es el acta mítica fundacional de una democracia que hoy se manifiesta herida, fracturada y expuesta a graves retrocesos. Y sí, es triste que esos retrocesos vengan impuestos por un Tribunal Supremo de composición arcaica, escorado como nunca a la derecha ultraconservadora, como consecuencia de los nombramientos impuestos por el presidente Bush. Y nada puede hacer este Parlamento Europeo con respecto al daño que esto causa a los Estados Unidos. Pero sí puede, y debe, este Parlamento Europeo recalcar que la libre igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos sexuales y reproductivos y, por tanto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, son derechos fundamentales en la Unión Europea, que deben observar la Unión Europea y todos sus Estados miembros. Y, en este campo, no podemos dar un solo paso atrás. Por tanto, el Parlamento Europeo tiene que centrarse en reclamar que aquellos Estados que todavía no reconocen la interrupción voluntaria del embarazo lo hagan, porque es una dimanación de un derecho fundamental protegido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Señora Presidenta, les doy las gracias a todos, solo un minuto de su tiempo para mostrar su agradecimiento por el trabajo realizado por el equipo negociador, no solo para responder a la iniciativa de la Comisión de prorrogar el instrumento actual antes de que llegue su fecha límite, el 1 de julio, sino también para mejorarlo de al menos dos maneras. En primer lugar, afirmando el principio de que la Comisión debe evaluar si es necesaria o no antes de finales de año, con arreglo a los últimos avances y conocimientos científicos. Y en segundo lugar, comprometer a la Comisión a revisar los usos nacionales para evitar que haya más restricciones para viajar y que todas las medidas que se adopten se ajusten a los principios de necesidad y proporcionalidad.

Señor presidente, este debate acerca del veto impuesto contra un acuerdo para una imposición mínima sobre sociedades en todos los Estados miembros, que obedece a un mandato muy prolongado de este Parlamento Europeo, pone de manifiesto, primero, que se trata de una Directiva y, por tanto, los Gobiernos de los Estados miembros tienen la oportunidad de hacer valer en el Consejo sus especificidades fiscales, allí donde las haya, por ejemplo, los territorios insulares. Pero imponer el veto sobre la base de la represalia frente a las medidas adoptadas y votadas por este Parlamento Europeo en relación con el Estado de Derecho es sencillamente inaceptable. De modo que se pone de manifiesto que la reforma de los Tratados, como consecuencia de los trabajos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, es inevitable para acabar con la unanimidad y establecer, por tanto, un proceso de toma de decisiones que permita, además, la ampliación. Estamos hablando de incorporar nuevos Estados miembros. ¿Puede sostenerse una ampliación sobre la base de una unanimidad que haga imposible un principio de justicia tributaria tan elemental como que las grandes multinacionales paguen donde obtienen los beneficios? La respuesta es sencillamente no.

Señora presidenta, que nadie se engañe: este no es un debate sobre una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que aún no se ha producido, no; este punto ha sido traído al orden del día del Parlamento Europeo por grupos parlamentarios, y hombres y mujeres, miembros de este Parlamento Europeo, firmemente comprometidos con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y con la idea de que son una expresión de derechos fundamentales protegidos por la Carta —que vincula con el mismo valor jurídico que los Tratados a sus Estados miembros—, derechos como la libertad personal y la igual dignidad de todas las personas, como la privacidad y como el libre desarrollo de la personalidad. Por tanto, si se produce esa sentencia que revocaría la histórica sentencia Roe contra Wade de 1973, lo lamentaremos, pero no tenemos jurisdicción al respecto; ahora, contra cualquier paso atrás, contra cualquier regresión o retroceso que se produzca como consecuencia del empuje de los movimientos reaccionarios que intentan sacudir los cimientos de la igual dignidad de todas las personas y la libertad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa, tienen que saber que este Parlamento Europeo va a hacer cuanto esté en su mano para denunciarlo, para combatirlo y, en su caso, para corregirlo con legislación europea.

Señor presidente, el Parlamento Europeo es la única institución directamente elegida y legitimada por el voto de la arquitectura europea. Es un verdadero Parlamento, pero es más: es el único parlamento multinacional con poderes legislativos de todo el mundo. Es un Parlamento legislador, y es un verdadero Parlamento porque inviste a la Comisión en la persona de su presidenta con su voto, controla a dicha institución y puede derribarla también con su voto. Por eso resulta inexorable que el Parlamento Europeo —la institución que más ha crecido en el curso de la historia de la Unión Europea— complete su proceso de maduración y crecimiento con esa iniciativa legislativa directa. No es verdad que no la tenga en absoluto; la tiene de manera indirecta. Puede ordenar, mandatar a la Comisión que adopte iniciativas legislativas. Pero hay tres maneras de mejorar la actual situación. La primera: que la Comisión se obligue, cada vez que el Parlamento Europeo adopta un informe de iniciativa, a responder y traer la iniciativa que le ha ordenado el Parlamento Europeo. La segunda: un acuerdo institucional —«interinstitucional», lo llamamos— que refuerce la posición y la opinión del Parlamento en los procedimientos legislativos especiales. Pero la tercera es la inevitable: es la reforma —en virtud del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea— que complete este proceso de maduración final del Parlamento Europeo con la iniciativa legislativa directa.

Ambos, Hungría y Polonia, son Estados miembros de la Unión Europea. Están obligados exactamente por las mismas normas y por la misma ley que el resto de nosotros y el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Este Parlamento Europeo representa a 10 millones de ciudadanos húngaros en su ciudadanía europea. Este Parlamento Europeo representa a 40 millones de ciudadanos polacos en su ciudadanía polaca. Por lo tanto, es nuestro deseo que el Gobierno polaco no solo diga que está dispuesto a cumplir, que tiene la intención de cumplir, que tal vez considere cumplir. Queremos que tanto Hungría como Polonia cumplan. Y mientras no cumplan, tenemos un caso aquí. Esta es la razón por la que hemos establecido el artículo 2. Esta es la razón por la que hemos establecido el procedimiento del artículo 7. Por eso esperamos que finalmente Polonia cumpla las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En la medida en que no es el caso, y en particular no cumple con el desmantelamiento de esta misma Sala, tenemos un caso. Ese es el principio. Por lo tanto, solo esperamos que Polonia y Hungría finalmente lo hagan y entiendan que están obligados por las mismas normas y por la misma ley que el resto de los Estados miembros y por el resto de nosotros.

Señora presidenta, presidenta Von der Leyen, cuando la Comisión anuncia que va a autorizar el desembolso de nada menos que 24 000 millones de euros en subsidios, además de 11 500 millones de euros en préstamos a Polonia está contradiciendo las Resoluciones de este Parlamento, pero también sus propias declaraciones en esta tribuna ante el Parlamento Europeo. El fondo de recuperación es una muestra de solidaridad de toda la Unión Europea con sus Estados miembros, también con Polonia. ¿Es mucho pedir que, a cambio, los Estados miembros —también Polonia— cumplan el Derecho europeo? Le recuerdo sus declaraciones en esta tribuna. Para desembolsar el fondo de recuperación es preciso que se cumplan tres condiciones. Dismantling the disciplinary chamber, reviewing the disciplinary procedures and reinstating the judges that were dismissed or suspended by the disciplinary chamber. None of these requirements have already been met. Not so far. De modo que, mientras no se cumplan estos requisitos, mientras no se cumpla el desmantelamiento de la Cámara Disciplinaria y no solamente se la llame de otra manera, es imprescindible que nos atengamos a la cuestión de principios. Y este Parlamento, por supuesto, respeta el esfuerzo de Polonia ante la crisis desatada por la brutal guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Pero, al mismo tiempo decimos que eso no justifica que miremos para otro lado ante el incumplimiento clamoroso de las reglas del Estado de Derecho y de la independencia judicial y del cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todas clamorosamente desoídas por el Gobierno de Polonia. ¿O es que acaso hemos visto en algún otro Estado miembro de la Unión Europea que el Gobierno haya solicitado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que diga que la primacía del Derecho de la Unión Europea es incompatible con su Constitución y vaya su Tribunal Constitucional y lo diga sin más, exactamente porque es lo que le pide el Gobierno? Por tanto, mientras no se cumplan los requisitos, señora presidenta Von der Leyen, este Parlamento se atiene a sus Resoluciones. (El orador acepta responder a una intervención realizada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»)

Señora presidenta, cuando la presidenta Von der Leyen anunció en su investidura su ambiciosa agenda verde y su intención de colocar a la Unión Europea en el liderazgo mundial de la lucha contra el calentamiento global, nadie dijo que fuera a ser fácil. Pero una mayoría clara en este Parlamento Europeo apoyamos ese objetivo irrenunciable, un objetivo indisputable. Además, reclamamos una transición justa a una economía libre de carbono, justa con los sectores vulnerables y justa con los territorios insulares y alejados, como las RUP, que tienen una base jurídica específica para un trato singular que les permita un tiempo razonable de asimilación del objetivo, para que no sea inasumible. Por eso quiero dar las gracias a quienes van a votar las enmiendas sobre las RUP en la Directiva sobre comercio de derechos emisión en este Pleno de Estrasburgo, porque estoy convencido de que esto les dará el plazo modulado y ajustado a sus necesidades para incorporar energías renovables y cumplir el objetivo de una economía sostenible, verde, azul, circular e innovadora.

Señora presidenta, la Unión Europea no es solamente un territorio contiguo que va desde el Atlántico hasta su frontera con Rusia, con Bielorrusia, con Ucrania o con Turquía. Son también islas en las que viven millones de europeas y europeos que necesitan ese pacto europeo de las islas que propone el ponente Omarjee, que atienda las ayudas de Estado del artículo 107, la política regional del 174 y los problemas de adaptación a la transición verde que requieren las islas como territorio fragmentado, donde hay paro, donde hay necesidad de apoyo al sector primario, pesquero y agrícola, y donde hay necesidad de diversificar la economía con un esfuerzo singular en materia de conectividad que corrija la problemática suscitada por la doble y por la triple insularidad. Por eso, sí al pacto europeo de las islas. Por eso, sí a la especialización de la política regional y sí a la especialización de las ayudas de Estado, que muestre que la Unión Europea se retrata también en su política de cohesión y de integración regional en las islas, no solamente en el territorio contiguo.

Señor Presidente, en breve, como tuve el honor de declarar ayer, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior apoya tanto el fondo como el procedimiento de urgencia en relación con este Reglamento modificativo de Eurojust. Por lo tanto, los coordinadores de la Comisión LIBE me han encomendado que presente en breve la posición de la Comisión LIBE de la siguiente manera: En primer lugar, tenemos que atenernos a las enmiendas mínimas posibles para mejorar el proyecto de propuesta. En segundo lugar, hemos incluido las consideraciones formuladas en el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Hemos mantenido conversaciones informales tanto con el Consejo como con la Comisión. Así que nos enteramos de que ayer mismo el Coreper estuvo de acuerdo con la posición adoptada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, lo que significa que si votamos positivamente sobre este Reglamento modificativo de Eurojust, esa será la primera lectura, el final de la misma, porque el Consejo ha aceptado esta posición. Esa será la vía final para que entre en vigor. Será una respuesta, una respuesta rápida de nuestra determinación tanto de ayudar a Ucrania como de luchar contra la impunidad de todos los crímenes de guerra.

Señora presidenta, mientras debatimos en este Pleno del Parlamento Europeo, está teniendo lugar la Conferencia de las Regiones Ultraperiféricas en Martinica; regiones ultraperiféricas que son las únicas mencionadas por su nombre en el Derecho europeo, en el Tratado de Lisboa, exactamente para proteger sus singularidades: seis regiones francesas, entre ellas Martinica, dos portuguesas y una española, Canarias. Y están debatiendo acerca de la estrategia de la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas presentada por la comisaria de Cohesión y Reformas Elisa Ferreira. Y está bien, hay que celebrarlo. Pero su defensa no estará completa hasta que no se afirme un tratamiento especial en dos leyes europeas que están siendo debatidas por este Pleno. La primera es la imposición de un tipo mínimo a los beneficios de las grandes multinacionales. Porque este Parlamento está siendo consultado, pero será a los Gobiernos nacionales, durante el debate definitivo de la Directiva, a los que les corresponda fijar las especialidades de los regímenes fiscales de algunas de estas regiones ultraperiféricas. La segunda es la modalidad temporal de adaptación a la descarbonización de la economía para que no imponga condiciones inasumibles a regiones que dependen enteramente de su conectividad aérea y del suministro marítimo.

Señora presidenta, señor comisario Reynders, desde superar con el impulso decisivo de este Parlamento Europeo esa fase embrionaria de compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea hasta convertir este debate, ya regular, habitual, el debate sobre el informe sobre el Estado de Derecho que presenta anualmente la Comisión, en una institución de este Parlamento Europeo, hemos cubierto efectivamente terreno. Y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior da la bienvenida a este nuevo informe de la Comisión y lo valora positivamente, poniendo de manifiesto, por supuesto, que continúa pendiente la ampliación del espectro de preocupaciones de que se ocupa de modo que no solamente hable del funcionamiento de los sistemas judiciales —que por supuesto—, de la lucha contra la corrupción o del pluralismo informativo, sino que incluya toda forma de abuso de poder, que incluya la no discriminación en el acceso a un juicio justo o que incluya también las condiciones carcelarias: son elementos adicionales. Pero sobre todo subraya la importancia de que la Comisión, en su informe anual. En primer lugar, distinga entre lo que son violaciones graves y sistémicas del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales —de modo que marquemos la diferencia con respecto de aquellos países que se encuentran sujetos al procedimiento del artículo 7 y, por cierto, también bajo el foco de la condicionalidad del Estado de Derecho— y aquellas que plantean problemas concretos o específicos, pero que en ningún caso suponen una violación sistémica, ni un riesgo claro de violación de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Y, en segundo lugar, además, nos permita afrontar el déficit de propuestas concretas de mejora de modo que el informe incluya recomendaciones específicas en cada capítulo por país en las que se señale a aquellos países que tengan problemas concretos de cumplimiento de los principios consagrados en el artículo 2 cuál es el camino para la mejora de sus instituciones, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales.

Señor Presidente, en esta fase le pido humilde y amablemente que respalde esta propuesta de modificación del Reglamento Eurojust. Ya sabes cómo es: tras la guerra iniciada por la Rusia de Putin contra Ucrania, surgió la necesidad urgente de modificar el Reglamento Eurojust precisamente para garantizar su capacidad de evitar la impunidad de las atrocidades perpetradas en esta guerra contra Ucrania por las tropas rusas. El objetivo de este Reglamento modificado es precisamente establecer un sistema automatizado de gestión de datos y una instalación de almacenamiento con el objetivo de ayudar a Eurojust a preservar y compartir pruebas que sean pertinentes precisamente para evitar la impunidad de los delitos perpetrados en la guerra contra Ucrania. Este es el único objetivo de estos Reglamentos modificativos: precisamente para ayudar a Eurojust a cooperar mejor con los Estados miembros, los terceros Estados y, lo que es más importante, con la Corte Penal Internacional y su fiscal, que abrieron una investigación sobre el asunto, para ayudar a los equipos conjuntos de investigación, que ya están en marcha, y para garantizar que, lo antes posible, Eurojust tenga la capacidad de asistir y apoyar a los Estados miembros en sus investigaciones y, en última instancia, en el enjuiciamiento de todos los responsables de esos crímenes de guerra, a saber: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esos son los crímenes que se contemplan en este reglamento modificado. Y la idea es que, por el procedimiento de urgencia, ustedes saben que es como si, en una primera lectura, tuviéramos la votación mañana, que será el final de nuestra posición en la medida en que el Consejo esté de acuerdo con la posición que ha sido aprobada por la Comisión LIBE, que votaremos mañana. Esto significa que si el Coreper, es decir, el Consejo, está de acuerdo con la posición del Parlamento Europeo, ese será el final del procedimiento, que será la entrada en vigor del presente Reglamento modificado. Esa es la idea. Por lo tanto, le ruego que respalde este procedimiento de urgencia para que demostremos una vez más que, cuando sea necesario, podemos lograr resultados concretos en la lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra.

Señora Presidenta, si me lo permite, esto es solo un llamamiento a los diputados para que respalden el mandato de la Comisión LIBE para entablar negociaciones —las denominadas negociaciones interinstitucionales—, ya que se trata de una ampliación del plazo de la primera versión del certificado COVID digital de la UE. Tiene sentido en la medida en que la pandemia no ha terminado —lo peor ha terminado, pero la pandemia aún no ha terminado—, por lo que una prórroga limitada en el tiempo es razonable, y ese es el mandato de negociación de la Comisión LIBE.

Señora presidenta, comisaria Johansson, muy bien, Robert Biedroń, presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer, por traer a este Parlamento Europeo una interpelación urgente sobre un drama que tiene que ser prioritario en nuestra agenda: el impacto de la guerra de Ucrania sobre las mujeres, que constituyen la inmensa mayoría de las personas que han huido de la zona de guerra. Ellas son las víctimas más vulnerables de la violencia sexual ejercitada brutalmente por las tropas rusas y, por supuesto, de la explotación sexual a la que están expuestas en las redes de tráfico ilícito que se han activado en la frontera. Por eso, el Parlamento Europeo saluda también la sensibilidad con que la Comisión, en primer lugar, ha coordinado el transporte seguro de las personas que huyen de la zona de guerra: mujeres, niñas y niños en su inmensa mayoría. En segundo lugar, ha asegurado los derechos de salud sexual y reproductiva, la atención médica y el derecho al aborto de las mujeres que han sido víctimas de violación por las tropas rusas. En tercer lugar, ha reforzado la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, Eurojust, para que coopere con la Fiscalía ucraniana y con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, de modo que ningún crimen de guerra —particularmente los perpetrados contra las mujeres— pueda quedar impune: recolección de pruebas, investigación y enjuiciamiento hasta del último delito de violencia sexual.

Señor presidente, señora comisaria, a quien todavía se pregunte acerca de la pertinencia de que este Parlamento debata acerca de la inestabilidad y de la inseguridad en el Sahel y en el África Occidental le bastará con escuchar los argumentos corales en este punto de nuestro orden del día. Porque la motivación es ineludible: África está viviendo una explosión demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad. Ha duplicado su población en los últimos cincuenta años y la volverá a duplicar en los próximos treinta. Y, en particular en el Sahel y en el África Occidental, la violencia, la crisis alimentaria y la mortandad causada en su combate contra el yihadismo por los mercenarios criminales del grupo Wagner patrocinados por Putin tienen como resultado un flujo constante de seres humanos que huyen y que, en su desesperación, se abandonan a los tráficos ilícitos, que conducen a regiones ultraperiféricas como Canarias, es decir, la Unión Europea. Es imprescindible que la Unión Europea entienda que es esa la escala de respuesta y que solo la Unión Europea puede responder con salvamento marítimo, con solidaridad, con responsabilidad compartida. Si lo hemos hecho en Ucrania, con la inteligencia de la solidaridad, es imprescindible que Europa lo haga también en el Sahel y en el África Occidental.

Señor presidente, señor comisario, este importante debate coincide con el arranque de los trabajos de la Comisión de Investigación Pegasus, una tecnología de espionaje telefónico altamente sofisticada y amenazadora para la idea europea de democracia, sus valores y sus derechos. A diferencia de cualquier antecedente con el que podamos compararlo, Pegasus se caracteriza, no solamente por su opacidad, difícil de rastrear, sino, también, por su intrusividad y su lesividad en relación con derechos fundamentales que estimamos muy preciados; por su expansividad viral (se ha multiplicado muy deprisa y tiene alto poder de contagio); y por ser prohibitivamente caro (un coste, por tanto, que no está al alcance de cualquiera, y está por contrastar si solo es accesible por parte de los Estados). Lo que sí es cierto es que, hasta el momento, a duras penas, han ido emergiendo, con todas las incidencias y controversias y polémicas expuestas a agrios debates en los paisajes políticos de los Estados miembros, indicadores claros de que al menos veinte Estados han dispuesto de esta tecnología, entre ellos algunos Estados miembros que lo han reconocido (Hungría y Polonia, de nuevo). De modo que a la Comisión de investigación lo que le toca es mucho por saber, mucho territorio por explorar, mucho trabajo por delante. Es lo que cabe esperar del año de la Comisión de Investigación activada en el Parlamento Europeo, a la que tengo el honor de pertenecer. Lo que sí sé por la experiencia, porque presidí la Comisión de Investigación que investigó el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad, es que el objetivo tiene que ser legislación europea que refuerce los derechos fundamentales de los europeos, apoyada en los testimonios y documentos que se desprendan de los trabajos de la comisión, que fortalezca los derechos en materia de confidencialidad de las comunicaciones, la privacidad y el secreto de las comunicaciones, con una garantía de reserva de autorización judicial. No cabe descartar de nuestros trabajos que debamos concluir con la incompatibilidad de Pegasus con el estándar europeo de protección de los derechos fundamentales, que es el más alto del mundo. Estamos orgullosos de eso, precisamente por el carácter invasivo y potencialmente incontrolable de su amenaza contra los derechos fundamentales contemplados en el artículo ocho de la Carta Europea. Pero, sin duda habrá también que reforzar la ciberseguridad y las medidas de contraespionaje esenciales para hacer creíble esa autonomía estratégica de la política exterior, de seguridad y de defensa de la Unión Europea. Concluyo: el spyware Pegasus sí se perfila como un acicate al proceso legislativo europeo, pero solo en la medida en que aborde una amenaza de entidad hasta ahora desconocida contra la ciudadanía europea y sus derechos fundamentales. No tomarla suficientemente en serio equivaldría, por omisión o connivencia, a asumir los riesgos por los que, según el diagnóstico de Levitsky y Ziblatt, acaban muriendo las democracias.