Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señora presidenta, comisario Reynders, este Parlamento Europeo hace nada menos que seis años adoptó la iniciativa de incoar el procedimiento de sanción contemplado en el artículo 7 por estimar que, ya entonces, el Gobierno que preside Viktor Orbán en Hungría indicaba riesgo claro de violación grave y sistémica de los valores fundamentales de la Unión Europea. Y desde entonces no ha hecho sino empeorar el deterioro de la libertad de expresión, del respeto del pluralismo informativo, del respeto de las minorías y del respeto del pluralismo político y, por supuesto, el asalto a la independencia del poder judicial y del ministerio fiscal. Pero esta discusión no es sobre el Estado de Derecho, es sobre el Reglamento sobre condicionalidad que este Parlamento Europeo adoptó como ley vinculante para los Estados miembros y que, por tanto, condiciona el acceso a los fondos europeos al cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. La finalidad no es sancionar a gobiernos ni tampoco, por supuesto, sancionar al pueblo húngaro. La finalidad es proteger los intereses financieros de la Unión. No es congelar los fondos, es asegurar transparencia en el manejo de los intereses financieros de la Unión. Y resulta que la Comisión impone diecisiete condiciones de las cuales el Gobierno Orbán, todavía, solo parece haber puesto en marcha el respeto de tres. Y esas medidas requerirán, en todo caso, tiempo para su implementación. Por tanto, no puedo sino suscribir el dictamen del equipo negociador, que señala que no hay ninguna razón para que la Comisión Europea, efectivamente, permita el acceso a los fondos europeos y al Fondo de Recuperación, por un importe de nada menos que 7 500 000 000 de euros, al Gobierno de Hungría. Queda mucho trabajo por hacer. No ha hecho los deberes y, por tanto, solo cabe una conclusión: no procede el levantamiento de la condicionalidad del acceso de los fondos al cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho.

Señor presidente, comisaria Dalli, este debate sobre la justicia racial y la estrategia y el plan europeo contra toda forma de discriminación y racismo está muy bien traído, al igual que la ponencia de nuestra compañera Evin Incir. Usted lo ha dicho, el racismo no tiene ningún lugar en Europa y hay un plan europeo contra el racismo y la discriminación 2020-2025 que incluye un coordinador antirracismo; hasta el momento arroja el preocupante balance de que solo doce Estados miembros han presentado sus planes y tenemos un número muy considerable que aún no ha mostrado ese compromiso. El otro día debatíamos en el Parlamento Europeo el crecimiento de la extrema derecha y uno de sus rasgos más distintivos: el discurso del odio que conduce al crimen de odio. Por eso, quiero señalar que, además de invertir los fondos necesarios para sostener este plan, es imprescindible que se cumpla el compromiso de —sobre la base jurídica del artículo 83— incorporar a la lista de los eurodelitos el crimen de odio. Crimen de odio: delito europeo incorporado al Código Penal de todos los Estados miembros.

Señor presidente, en este Parlamento Europeo todos somos conscientes de que el Consejo se enfrenta a decisiones muy difíciles para dar respuesta a la crisis de suministro energético y al encarecimiento de sus costes para empresas y familias. No obstante, eso no nos puede hacer olvidar ni descuidar la necesidad, que deriva de la ruptura abrupta de toda forma de cooperación con Rusia, de apoyar a los sectores que dependen no solamente del suministro energético sino también de la conectividad a través de puertos y aeropuertos, como es claramente el caso de los sectores que dependen del turismo. Tampoco nos puede hacer descuidar la necesidad de que, manteniendo la unidad en la no aceptación de documentos de viaje expedidos en los territorios ocupados, prestemos la protección humanitaria y el asilo que puedan demandar niños y personas vulnerables procedentes de esos territorios ocupados.

Señora presidenta, el señalamiento de la Rusia de Putin como una amenaza a la paz y a la seguridad en Europa ha obligado a un buen número de Estados miembros a revisar su propio historial de relaciones políticas, diplomáticas, estratégicas y energéticas con la Rusia de Putin, pero no es el caso de Bielorrusia. Nadie se ha llevado a engaño. Todo el mundo sabe que es la dictadura que más perdura de Europa. Lleva treinta años en un poder crecientemente represivo, falseando elecciones, y, por tanto, constituye, para empezar, una amenaza a la propia ciudadanía de Bielorrusia, que merece toda la solidaridad de la Unión Europea. Ese es nuestro primer cometido, pero nadie puede ignorar que considerar a Bielorrusia también agresor de Ucrania y, por tanto, considerarle un actor diferenciado y complementario de Rusia en la guerra contra Ucrania, es una decisión que lleva implicaciones estratégicas que deben ser muy sopesadas, porque significa —reconozcámoslo— una internacionalización de la guerra, que llamamos «la guerra de Putin», para implicar a un tercer actor que, formalmente, sigue siendo un Estado soberano independiente. Rusia ha sido recientemente expulsada del Consejo de Europa. Bielorrusia nunca estuvo en el Consejo de Europa. Nunca se le admitió como socio de la comunidad de Derecho y por la paz en Europa. Por tanto, señalar a Bielorrusia como un agresor de Ucrania es una decisión estratégica que tiene que ser ponderada con todas sus consecuencias.

Señor presidente, al igual que hay gente que opina que el populismo es una fórmula demasiado genérica que requiere conclusiones nacionales, hay quienes dicen que la extrema derecha también exige un examen detallado, que no es la misma la que llega al Gobierno en Italia que la que lo hace en Suecia. Y, sin embargo, exhiben rasgos comunes: el primero, es un nacionalismo reaccionario, propenso a embarcarse en guerras culturales e identitarias y, por tanto, directamente contrario a la diversidad, que es el valor constitutivo de la Unión Europea; el segundo, su carácter rabiosamente antigualitario, lo que la enfrenta tanto con el feminismo como con los movimientos que considera progresistas, porque se fundan precisamente en la exaltación del valor de la igualdad; pero, sobre todo, el rasgo más preocupante, porque conduce a la conclusión de que es rectamente antieuropea, es que practica un lenguaje que entronca con el discurso del odio, que la historia demuestra que propende al delito de odio. Hemos debatido, en esta sesión, el asesinato infame en Bratislava, por un pistolero de extrema derecha, de dos personas discriminadas por su orientación sexual. De modo que hay que decir que, cuando se comete un delito contra inmigrantes, no es ninguna otra ideología, es siempre la extrema derecha, y eso es directamente antieuropeo. Y, por tanto, la conclusión es clara: cualquier forma de colaboración política con la extrema derecha no puede ser blanqueada, porque acaba siendo una forma de complicidad con delitos de odio. Delitos de odio que no pueden ser en ningún caso subestimados ni banalizados.

Señora presidenta, a estas alturas el debate arroja algunas conclusiones claras. La primera es que desacoplar el gas del precio final de la electricidad implica, reconozcámoslo, que lo que un día se llamó excepción ibérica pase a ser la norma general de la Unión Europea. La segunda, que topar el gas para proteger a los consumidores europeos frente a la inflación implica intervenir un mercado que no funciona. La tercera, que, cuando hablamos de incrementar la autonomía energética y estratégica de la Unión Europea, ello implica una compra conjunta, una estrategia de compra conjunta de gas y de suministros de alcance, también europeo. Pero hay una cuarta, y es que, cuando hablamos de Putin como una amenaza —que lo es para el conjunto de la Unión Europea—, tenemos que hacer la autocrítica retrospectiva, porque algunos Estados miembros han alimentado, efectivamente, esa amenaza durante demasiado tiempo, que en estos momentos actúa en el plano de la desinformación, en el ataque a las infraestructuras críticas, pero, sobre todo, es aliado de la extrema derecha, del nacionalismo... (la presidenta retira la palabra al orador).

Señora presidenta, comisaria Johansson, desde que en febrero de este mismo año comenzase la brutal guerra de agresión de Putin contra Ucrania, este Parlamento Europeo ha hecho de todo para apoyar todas las acciones emprendidas por la Unión Europea para responder. Tomando nota, en primer lugar, de que se trata de un vecino gigantesco, directo de la Unión Europea —la Federación de Rusia—, frontera directa de la Unión Europea en las tres Repúblicas bálticas, en Finlandia y en Polonia, en el enclave de Kaliningrado. En segundo lugar, en el frente humanitario, con la Directiva de protección temporal, pero también adoptando sanciones contra los activos de los oligarcas rusos y confiscando sus bienes y, por supuesto, adoptando medidas legislativas como la reforma del Reglamento de Eurojust, precisamente para apoyar los equipos conjuntos de investigación y la investigación emprendida por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los crímenes de guerra, aun sabiendo que Rusia no es signataria de la Corte Penal Internacional. Pero la consideración de Rusia como un Estado que financia o apoya directamente actividades terroristas en suelo europeo requiere que la Unión Europea la encuadre dentro de una expresión de voluntad de madurar deprisa en su política exterior y de seguridad común y en su política de defensa común y, en definitiva, de afirmarse de una vez, como quiere este Parlamento Europeo, como una potencia globalmente relevante.

Señora presidenta, señora comisaria Johansson, en un Pleno tan cargado de asuntos extremadamente sensibles, este Parlamento Europeo vuelve a ocuparse de los derechos de los menores y particularmente de la problemática de los menores desaparecidos. Espeluznante. Las cifras son realmente abrumadoras. El único registro conocido —un informe de 2013— señala que al menos 250 000 menores reportados se encuentran desaparecidos en la Unión Europea y reclaman efectivamente una acción coordinada, puntos de encuentro y cooperación policial y judicial. Todas las propuestas que usted pueda poner sobre la mesa serán apoyadas por este Parlamento Europeo, que muestra su mayor solidaridad cuando se trata de menores vulnerables no acompañados. Usted ha demostrado en esas cifras, también ciertamente impactantes, que las desapariciones se registran en conflictos que están teniendo lugar en nuestras mismas fronteras y, por tanto, que nos impactan a todos los Estados miembros. Cerca de 30 000 menores no acompañados han entrado desde Ucrania reclamando, por tanto, que se preste atención a su vulnerabilidad como víctimas de violencia, abusos y explotación laboral o sexual o de redes de tráfico de personas. Por tanto, no hay ni un segundo que perder. Comisaria Johansson, tiene todo nuestro apoyo para todas las medidas que pueda adoptar para ese registro europeo de personas desaparecidas y, particularmente, de niños desaparecidos.

Señor presidente, comisaria Johansson, los hechos son elocuentes, los datos lo son, pero los hechos no lo son menos. Desde que tuvo lugar la guerra de agresión de Putin contra Ucrania, se ha producido el desplazamiento forzoso de al menos un tercio de la población ucraniana. Más de once millones de personas procedentes de Ucrania han entrado en el territorio de la Unión Europea. Como usted ha puesto de manifiesto, cerca de siete millones han vuelto a Ucrania, lógicamente, por sus contactos familiares o por sus pertenencias. Son libres de hacerlo. Pero al menos cuatro millones —la mayor parte de ellos, el 90 %, mujeres y niños vulnerables e indefensos— están disfrutando en la Unión Europea del estatuto de la Directiva de protección temporal que les da, sin necesidad de visado, acceso al territorio de libre circulación de Schengen, libre residencia y acceso al empleo y a todos los derechos sociales y las prestaciones que están asociados al acceso al mercado de trabajo. Por supuesto, nos alegramos. Pero esto requiere un enorme esfuerzo por parte de este Parlamento para proveer la financiación y el apoyo necesario a los Estados miembros. Y lo hemos hecho. No hemos dudado un segundo en aprobar las ayudas financieras: el programa CARE (Acción de Cohesión para los Refugiados), el programa REACT-EU, todos los remanentes y, sobre todo, el incremento del Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior... hasta 400 millones de euros para apoyar el esfuerzo ingente que están desplegando en frontera, precisamente, los países que los reciben, sin ignorar que, disfrutando de la libre circulación en la Unión Europea, en estos momentos se encuentran en todos los Estados de la Unión Europea. En mi país, en España, hay 140 000. Ahora la lección es clara y la subrayo, y es que: «When there is a way, there is a will; when there is a will, there is a way». Esto podríamos haberlo hecho antes. Por fin hemos activado la Directiva de protección temporal. Es la primera vez, pero lo cierto es que, habiendo recibido cuatro millones de personas en el marco de la Directiva de protección temporal, no han crujido las cuadernas del estado social ni del modelo social europeo. Por tanto, estamos en disposición de hacerlo también con las personas procedentes de otras zonas de conflicto y la oportunidad es la hoja de ruta que hemos acordado con usted, comisaria Johansson, para sacar adelante el nuevo pacto, los cinco reglamentos de... (el presidente retira la palabra al orador).

Señor presidente, señora comisaria Johansson, nunca como en esta legislatura habíamos discutido tanto sobre Schengen: «en problemas», «bajo presión», «en muy mal estado»... Tenemos razones para estar preocupados porque Schengen se identifica como el activo más preciado de la construcción europea. Significa libre circulación de personas, sin fronteras interiores. Y ¿qué ha sucedido? Que una sucesión de episodios de crisis, y particularmente la pandemia, han puesto de manifiesto que los Estados están simplemente violando Schengen, que hace tiempo que dejó de ser un acuerdo, como a menudo se le evoca. No, es Derecho europeo legislado. Hay un código de fronteras Schengen. Y, este debate sobre la sentencia del Tribunal de Justicia, lo que pone de manifiesto es que un Estado miembro en particular violó el código de fronteras Schengen frente a otros Estados miembros. Y lo ha hecho, además, discriminatoriamente con respecto de sus ciudadanos. Y esto nos recuerda, por tanto, que las condiciones para la interposición de fronteras interiores tienen que estar objetivadas, tienen que ser correctamente comunicadas a la Comisión y estar coordinadas por la Comisión y, además, tienen que estar limitadas en el tiempo. Y eso es exactamente lo que dice la sentencia. No nos sorprende porque es lo que venimos diciendo en este Parlamento Europeo una y otra vez. Por tanto, la conclusión es clara: necesitamos deducir las lecciones, necesitamos una gobernanza Schengen a la altura de este gran activo de la construcción europea y, sobre todo, necesitamos no solamente un Schengen plenamente operativo, sino un Schengen en conjunto, que incluya de una vez a Croacia, a Rumanía y a Bulgaria antes de final de año.

Señor presidente, comisaria Dalli, este Parlamento ha debatido muchas veces acerca del incremento en la Unión Europea de los delitos de odio, pero no podía faltar a este debate que no es solamente sobre un delito de odio, sino sobre un crimen contra la comunidad LGTBI por razón de orientación sexual perpetrado por un pistolero de extrema derecha. Por tanto, además de lo que se ha dicho y de la declaración del Consejo que creo que suscribimos y apoyamos desde este Parlamento Europeo, hay que decir que cualquier forma de complicidad con la extrema derecha lo es directamente con el incremento del discurso del odio, que conduce directamente al delito de odio. También hay que decirle al Consejo que tiene que moverse a fondo para levantar el bloqueo impuesto por Polonia y Hungría a la inclusión de los delitos de odio que proceden del discurso del odio en los eurodelitos contemplados en el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Necesitamos cuanto antes una legislación europea contra los delitos de odio.

(inicio de la intervención fuera de micrófono) ... vicepresidente Schinas expresaba claramente que la aspiración es, efectivamente, que no vuelva a pasar que, sobre un suceso tan conmocionante como la interrupción del suministro de gas o un atentado contra el Nord Stream, se puedan tener dudas prolongadas en el tiempo con respecto de la causalidad, de quién lo ha hecho, de la responsabilidad, y de qué es lo que la Unión Europea puede hacer, no solamente para trasladar esa información de manera transparente al conjunto de la opinión pública, sino para protegerse en su conjunto frente a la reiteración o la reproducción eventualmente en el futuro de un suceso de esa gravedad.

Señor comisario, sé que me comprende bien si le interpelo directamente sobre una cuestión relacionada con el objeto de este turno de preguntas, en vivo y en directo, pero seguramente no expresada hasta el momento, y es la de que se pueda no solamente proteger las infraestructuras críticas frente a ataques híbridos, sino compartir la información, no solamente entre los Estados miembros, sino con la ciudadanía. Resulta chocante que exista todavía controversia con respecto a la secuencia fáctica que conduce al ataque en el gasoducto Nord Stream, que conduce a la interrupción de las comunicaciones o que permite el espionaje a primeros ministros o a dirigentes de la Unión Europea y a altos funcionarios de la Unión Europea, lo que impide explicar al conjunto de la opinión pública europea, de manera clara y transparente, cuál es la secuencia fáctica detrás de esos hechos claramente escandalosos. La pregunta es: además de invertir en la protección de las infraestructuras críticas, ¿tenemos algún plan para poder hablar de lo que realmente sucede y explicárselo a la opinión pública europea?

Señora Presidenta, colegas, una vez más, será breve. Solo para explicar el tema de la cuestión, usted sabe que Rusia ha decidido anexar ilegalmente algunos territorios en Ucrania y reconocer la independencia de otros territorios en Georgia, comenzó a expedir documentos de viaje, a saber, los llamados pasaportes rusos, a los residentes de esos territorios ocupados ilegalmente. La Comisión ha decidido presentar una propuesta para poner fin a esta práctica ilegal, con un enfoque común de todos los Estados miembros. Esta es la razón por la que la Comisión está elaborando esta decisión, precisamente para tener un enfoque común de no aceptar los documentos de viaje o pasaportes expedidos ilegalmente por Rusia. Y simplemente sugiero, para hacer frente al tipo de fuerte señal política que hemos respaldado hasta el final contra la agresión rusa, que también respaldemos el procedimiento de urgencia relativo a la decisión de la Comisión.

Señor presidente, comisaria Johansson, corruptio optimi pessima: este adagio latino nos dice que la corrupción de los mejores es la peor de todas, del mismo modo que la desviación de poder de quienes tienen encomendada la tarea de velar por el cumplimiento del Derecho es un daño al conjunto del sistema del que forman parte. Es el caso de Frontex, lamentablemente. No nos sorprende, porque hemos estado encima durante un buen número de años en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Usted lo sabe muy bien. Frontex es, en estos momentos, la agencia gigante de la constelación de la Unión Europea. Cuenta con 750, casi 800, millones de euros en su presupuesto y con un despliegue que aspira a 10 000 agentes uniformados y armados al servicio, precisamente, del cumplimiento del Derecho europeo, que incluye vinculantemente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por eso, además de las desviaciones de poder, que atienden a acosos laborales o abusos de poder en el interior de la Agencia, a la Comisión LIBE del Parlamento Europeo le preocupan especialmente aquellas actuaciones en las cuales ha habido violaciones de derechos fundamentales, devoluciones en caliente y cooperación con operaciones ilegales en frontera y con devoluciones ilegales en frontera, como han sido reportadas, lamentablemente, una y otra vez. Por eso, hay que extraer las lecciones y, por supuesto, suscribimos la necesidad de que el Consejo de Administración y el director informen al Foro Consultivo y al responsable de derechos fundamentales de la Agencia para velar por que los derechos fundamentales sean parte esencial de la dieta y del orden del día del trabajo cotidiano de la Agencia y de todos sus agentes. Pero, además de eso, tenemos en estos momentos nada menos que una perspectiva de renovación de la dirección de la Agencia porque —digámoslo claro— la presión política de este Parlamento Europeo —y usted lo sabe bien, comisaria— ha sido determinante en la dimisión de su anterior director. Por tanto, el mensaje es claro. La próxima dirección tiene que estar fundamentalmente comprometida con los derechos fundamentales. Tiene que tener experiencia política de relación interinstitucional y de rendición de cuentas transparente ante el Parlamento Europeo. Pero, sobre todo, tiene que tener un compromiso beligerante, contrastado en su hoja de servicios, con el respeto de los derechos fundamentales, que son vinculantes desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Señor presidente, la sala de prensa de la sede del Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo lleva el nombre de Daphne Caruana Galizia, una heroica periodista de investigación vilmente asesinada por llevar a cabo indagaciones con respecto a un grave asunto de corrupción. Ha habido una investigación judicial, ha habido condenas en el Estado miembro de la Unión Europea, nada menos, en el que este crimen fue perpetrado. Pero no podemos ignorar que, como se ha recordado, otros seis periodistas de investigación —hombres y mujeres— han sido canallamente asesinados en Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos, Grecia o los Países Bajos. Todos ellos merecen la misma preocupación y todos ellos nos recuerdan el deber que tenemos de poner en marcha esta estrategia de protección de la libertad de expresión contra toda forma de intimidación o de silencio impuesta a través de la amenaza, sea directamente criminal o sea a través de presiones políticas, que intenta acallar las investigaciones que alimentan la libre formación de la opinión pública en una sociedad libremente constituida.

Señora presidenta, es un hecho que la Unión Europea se ha construido a través de sus crisis, uniéndose en su diversidad, y nada lo expresa mejor como la insularidad, las regiones insulares en las que viven nada menos que 20 millones de europeos. Se trata de sesenta regiones insulares, entre las que destacan las regiones ultraperiféricas, que son las únicas que están consagradas por su nombre en el Tratado de Lisboa. En algunas de ellas, el gran protagonista es el turismo. Este es el caso de Canarias, la región de la que procedo, donde el turismo representa el 33 % de su PIB y más del 36 % del empleo. Canarias se está reinventando, después de la pandemia y de la guerra de Ucrania, para relanzarse con una Convención Europea de Islas Turísticas que tendrá lugar en el mes de diciembre, apuntando a la Presidencia española del segundo semestre del 2023, con la idea de incorporar economía azul, economía verde, pero, sobre todo, innovación y digitalización para marcar el mensaje de superación y de cooperación público-privada. Merece enteramente el apoyo de las instituciones europeas y de este Parlamento.

Señora presidenta, comisaria Dalli, si hay un punto de interés para el grupo que represento, el Grupo Socialista, en este debate sobre la libertad de religión o de creencias a escala mundial y la actuación de la Unión Europea, es precisamente el que nos recuerda que la libertad de religión, de creencias y de pensamiento es un derecho fundamental consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no solo para los ciudadanos europeos sino para todas las personas a las que se aplica el Derecho europeo, y que no existe mejor corolario de la libertad de religión que la libertad de no creer, de no profesar ninguna creencia y, por supuesto, de no estar obligado a confesar al respecto, así como el pluralismo religioso. Para servir a ese objetivo, el Parlamento Europeo y la Comisión de Libertades, Justicia e Interior han apoyado un Instrumento para la Democracia y los Derechos Humanos que precisamente propicia el diálogo interreligioso y la cooperación con las comunidades religiosas, con el objetivo último, precisamente, de garantizar la separación de los poderes públicos con respeto de ninguna injerencia en el hecho religioso y en la libertad de religión. Por tanto, apoyamos un fondo europeo, un Instrumento Europeo para los Derechos Humanos, para promover el diálogo interreligioso y la cooperación con las comunidades religiosas y la libertad de religión que tiene como corolario el pluralismo religioso en la Unión Europea.

Señora presidenta, vicepresidenta Jourová, quiero saludar el paso adelante en el proceso siempre querido por una mayoría de este Parlamento Europeo de democratización y parlamentarización de la vida política europea y del proceso europeo. ¿Cómo se da ese paso? Aprobando este decisivo Reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas. Y resalto particularmente, primero, la dimensión europea; en segundo lugar, el atenimiento a los valores y principios que vinculan a los partidos políticos europeos si quieren recibir financiación de acuerdo con el Derecho de la Unión, de modo que no se pueda atentar contra los valores europeos recibiendo financiación europea, y esto es un principio que aprende de las lecciones duramente enseñadas por la historia de Europa y en los Estados miembros, y, en tercer lugar, que asegura la igualdad de género, el equilibrio de género. Por tanto, solo esperamos que esta primera lectura sirva para que la legislación esté en vigor en las próximas elecciones a este Parlamento Europeo en 2024: un paso adelante en la democratización del proceso europeo.

Señor presidente, señor comisario Reynders, esta misma mañana, sobre el debate del Estado de la Unión, la presidenta Ursula von der Leyen ratificaba y reafirmaba el compromiso de la Unión con sus valores, con el Estado de Derecho y sus exigencias, y en la lucha contra la corrupción, en la que ha sido un paso de gigante de envergadura mayor la puesta en marcha de la Fiscalía Europea para investigar delitos de corrupción, delitos de apropiación indebida, delitos de fraude, sobre todo en el manejo de los dineros europeos y contra los intereses financieros de la Unión. Y todo eso se encuadra con el debate que acabamos de tener sobre el estado de los derechos fundamentales en la Unión Europea, que nos recuerda que debemos distinguir aquellos Estados en los que hemos detectado riesgo claro de violación grave de los valores del artículo 2 y aquellos Estados en los que, sin embargo, pueda haber indicios que susciten preocupación, pero que no manifiesten un derrumbamiento general de la credibilidad del Estado de Derecho para dar cuenta de los asuntos que merezcan protección judicial. Y creo que este es el caso. La Fiscalía Europea está investigando un asunto de corrupción en Bulgaria, que ha sido debatido también en este Parlamento Europeo. Y creo que la Fiscalía Europea merece su tiempo de proceso para poder dar cuenta de ese objeto de investigación que ha afectado nada menos que, sí, a quien ha sido primer ministro de Bulgaria y hemos escuchado en esta misma Cámara durante varios años. Pero hay que señalar que Bulgaria todavía da signos de poder dar cuenta, de acuerdo con sus propias instituciones, su sistema de recursos, con presunción de inocencia, tutela judicial y, en su caso, corrección judicial, de cualquier abuso de poder o arbitrariedad que puedan ser perpetrados contra cualquier ciudadana o ciudadano, sea el primer ministro o no, en modo que podemos confiar en que la investigación en curso, si ha cometido alguna arbitrariedad, algún abuso, podrá ser corregida de acuerdo con el sistema judicial de Bulgaria.

Señor presidente, comisario Reynders, para concluir este debate solo puedo agradecer la intensidad y, desde luego, la extensión de este intercambio de puntos de vista al que acabamos de asistir. Y lo único que puedo añadir es que no existe, como he escuchado, ninguna contradicción entre la universalidad de los derechos fundamentales y el acento que hemos puesto en la protección de la igualdad y la prohibición de la discriminación de determinadas categorías de personas. Porque este es un problema muy vivo, lamentablemente, en la Unión Europea, y crece. Por tanto, la Unión Europea en su Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, protege, sí, a los europeos, pero no solo a los europeos: protege a todas las personas en la aplicación del Derecho de la Unión, lo que quiere decir que, además de proteger a los europeos que puedan ser discriminados en razón de su pertenencia a una minoría étnica o cultural, o por su situación de discapacidad o su orientación sexual, protege también a los extranjeros en la Unión Europea. Lo digo de forma muy intencionada porque asistimos a un crecimiento de esa opción de extrema derecha populista o nacionalista excluyente que es, por definición, antieuropea en la medida en que pretende discriminar negativamente a categorías enteras de personas, también a los extranjeros o a los inmigrantes, y, por tanto, frente a esa emergencia de opciones de extrema derecha, con un discurso que pretende que los inmigrantes son una amenaza contra la seguridad o contra la identidad de la Unión Europea, hace falta una Comisión valiente, señor comisario Reynders. Una Comisión que, en el próximo pacto sobre migración, asilo y refugio, sea capaz de afirmar ese equilibrio que tenemos que trabar, no solamente entre solidaridad y responsabilidad compartida, sino también con el respeto que merecen todas las personas en el territorio de la Unión Europea en la aplicación del Derecho de la Unión, sean europeos o no; por tanto, también a los extranjeros y a los migrantes.

Señor presidente, señor comisario de Justicia, Didier Reynders, el Parlamento Europeo tiene más razones que nunca para tomar en serio el estado de los derechos fundamentales en la Unión Europea, no solamente porque se cumplen en diciembre trece años nada menos que de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagró como valores comunes y expresión de las tradiciones constitucionales comunes de la Unión los del artículo 2, cuya violación conduce a la activación del artículo 7 que acabamos de discutir, sino también porque venimos de una serie de episodios críticos, entre ellos la superación de la pandemia, con una aglomeración de medidas de emergencia impuestas , por necesidad, por los Estados miembros, que ha suscitado un período de reflexión del que resulta este informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2020—2021, que cubre nada menos que la experiencia de los dos últimos años, y que tengo el honor de presentar ante ustedes como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Quiero expresar mi gratitud, mi reconocimiento y mi respeto a todos los que se han implicado en la elaboración, debate, enmienda y aprobación de este informe, incluidos los que, en su derecho, han presentado una posición minoritaria. Pero, en todo caso, este informe expresa claramente la voluntad y el sentir mayoritario de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y se ocupa de todo el espectro de asuntos de que debe. Para empezar, poniendo en valor los avances que se han producido en un período de gran dificultad con la entrada en vigor nada menos que de la Fiscalía Europea para combatir la corrupción, que es fuente de graves lesiones al Estado de Derecho, como acabamos de ver en el debate sobre Hungría. Se ocupa también del estado de la igualdad y la no discriminación de los colectivos discriminados por su identidad étnica o cultural, su orientación sexual o su identidad de género. Y reclamamos, igualmente, un acuerdo interinstitucional para velar por el carácter vinculante de los valores del artículo 2, también resaltados en este informe. Prestamos especial atención, sin duda ninguna, al incremento del racismo, la discriminación, la incitación al odio, y, por tanto, saludamos la iniciativa legislativa adoptada por la Comisión para incluir los delitos de odio, que conducen a crímenes de odio, entre los llamados eurodelitos. Y, por supuesto, se ocupa el informe de la discriminación que padecen colectivos largamente señalados como chivos expiatorios: la gitanofobia —que afecta a la comunidad romaní— o el antisemitismo. Y es permanente la preocupación de las personas que sufren discriminación por su orientación sexual, los colectivos LGTBIQ. Por supuesto, la violencia de género tiene cabida en este informe y celebramos igualmente la iniciativa de la Comisión de incorporar por fin también la violencia de género y la lucha contra la violencia de género en el Derecho penal europeo. Señalamos que es alarmante que la Unión Europea no haya suscrito el Convenio de Estambul. Tiene personalidad jurídica para hacerlo y, si se lo está reclamando a aquellos Estados miembros que todavía arrastran los pies, desde luego, haría bien la propia Unión Europea en concluir el procedimiento de adhesión, en el que la última palabra, por supuesto, correspondería a este Parlamento Europeo. Y termino haciendo una referencia a la libertad de prensa y la protección de los periodistas. Sabemos que la libertad de expresión está amenazada. El pluralismo informativo también lo está, y por eso nos hemos ocupado de la iniciativa SLAPP, para reforzar el énfasis en el pluralismo informativo y la libertad de los medios y, por supuesto, en la protección del derecho a la confidencialidad de los datos personales, como se ha puesto de manifiesto en los debates sobre Pegasus o Predator. Concluyo con tres ideas que condenso muy rápidamente. Primero, en ninguna parte está la libertad ni los derechos fundamentales asegurados para siempre. Tampoco en Europa. Son un bien frágil y perecedero, y debemos velar por ellos. Segundo, con todo, la Unión Europea sigue siendo un oasis de derechos y libertades y de oportunidades para la prosperidad y la cohesión social. Tercero, es, por tanto, un equilibrio muy difícil el que tenemos que trabar a la hora de señalar violaciones graves —que las hemos señalado— de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho en la Unión Europea con respecto de aquellas situaciones concretas que merezcan atención y que indicien preocupación pero no un riesgo sistémico para el Estado de Derecho. Ese equilibrio estamos obligados a preservarlo, así como a desarrollar las instituciones y los procesos, y a financiar los servicios públicos que realizan los derechos fundamentales en la Unión Europea.

Quiero decir, estás hablando con la presidenta Von der Leyen, no conmigo. Pero solo me alegro y solo puedo darle las gracias por mencionar el problema de la migración porque también es un problema. ¿O no es que Hungría ha demostrado ser el campeón de la falta de solidaridad cuando se trata de no cumplir con las medidas vinculantes que se han adoptado de acuerdo con la legislación de la UE precisamente para tratar las cuestiones de migración a nivel europeo? ¿No es cierto que Hungría incluso apeló ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, solicitando una reparación por su demanda de no solidaridad contra los mandatos que había adoptado el Consejo en el que estaba sentado Viktor Orbán? Y, por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acertó y dejó claro que si Hungría es miembro de pleno derecho de la Unión Europea, tiene que acatar el Derecho de la Unión Europea incluso cuando se ocupa de cuestiones migratorias y, por supuesto, rendir homenaje al principio de solidaridad, que es el mandato del Tratado de la Unión para siempre.

De acuerdo con la Constitución española, se pueden adoptar medidas de emergencia en situaciones extraordinarias, sin precedentes tanto en la historia democrática española como en el conjunto de la Unión Europea, y esas medidas fueron adoptadas con el apoyo ampliamente mayoritario de las dos Cámaras de las Cortes Generales en España. Por supuesto, esas medidas se han examinado en toda Europa porque fueron adoptadas como provisionales, cumpliendo por tanto los mandatos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y como necesarias. El Tribunal Constitucional en España dicta sentencia y el Gobierno la acata, como no puede ser de otra manera: eso es una diferencia con respecto de esos casos que hemos visto en Hungría y Polonia de incumplimiento clamoroso y contumaz de las sentencias del Tribunal de Justicia independientemente de lo que digan los tribunales de justicia.