Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señor Presidente. Buenas noches, Concejal. Presidencia sueca, buenas noches. Una vez más, Comisario Dalli, buenas noches. Estimados colegas, tengo el honor de presentarles esta pregunta oral en nombre de la Comisión. También tengo el honor de presidir la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior. Se trata de una pregunta oral sobre la igualdad: Directiva horizontal contra la discriminación. Por buenas razones, la Comisión Europea publicó en el verano de 2008 una propuesta de Directiva relativa a la igualdad de trato de las personas independientemente de su religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, la denominada Directiva horizontal contra la discriminación. Así que va a ser pronto 15 años ahora. Fue hace 15 años. Este Parlamento Europeo adoptó su posición hace 14 años. Ha pasado mucho tiempo desde que la legislación europea cambió sustancialmente. El Tratado de Lisboa entró en vigor, junto con la Carta de los Derechos Fundamentales, y el procedimiento legislativo ha pasado de la consulta sobre este asunto a la aprobación, que tiene un voto positivo de este Parlamento Europeo. Pero, sin embargo, este largo tiempo no ha permitido hasta ahora al Consejo llegar a un acuerdo sobre el asunto y permitir que la iniciativa de la Comisión Europea se convierta finalmente en ley efectiva, ley ejecutable, que era el objetivo de la misma. Y por eso nos preocupamos tanto por ello. No se trata solo de una cuestión de procedimiento legislativo estancado en los debates, debates interminables, que no parecen encontrar ningún tipo de salida concluyente de su túnel. También estamos presenciando aquí una incapacidad de toda la toma de decisiones europea, un proceso legislativo para aportar una respuesta de la UE para resolver una cuestión política importante, que es la discriminación en aumento en todos los Estados miembros y en toda la Unión Europea. En estos 15 años, nuestro tejido social no ha superado el debate sobre la discriminación. Por el contrario, siempre ha ido en aumento contra categorías, categorías enteras de personas. Por supuesto, las mujeres, los derechos de las mujeres, hemos hablado de ellos hoy, justo hoy, recordando que los derechos de las mujeres son importantes en todas las sociedades y, por supuesto, en la Unión Europea. Pero también va a personas discapacitadas, minorías LGBTIQ, romaníes, comunidades judías, fobias en todo el lugar. Por lo tanto, destacar la importancia de no solo contar con un Derecho aplicable, respetando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en todos los Estados miembros y en toda la Unión Europea, ese es un propósito hoy, con las dos preguntas orales que presentamos a la atención de este Parlamento Europeo, centrándose en las vías de acción a nivel de la UE para desbloquear este trabajo legislativo para siempre. Es por eso que el Parlamento Europeo, que hasta ahora no ha recibido ninguna posición sobre el Consejo al respecto, y que no es una oportunidad para desempeñar realmente su papel de colegislador con el Consejo sobre este asunto relevante, tiene este mandato del Parlamento Europeo que comienza 2019 nombrado un nuevo ponente sobre el expediente, nuestra colega Alice Kuhnke, y junto con los ponentes alternativos sobre el expediente, estamos esperando y esperando una resolución que se aprobará en la próxima sesión plenaria aquí en Estrasburgo. En la próxima sesión estamos aprobando una resolución que envía un mensaje. Así que es más que suficiente. Es más que hora de que la Unión Europea actúe aquí. El Parlamento ha decidido plantear dos preguntas. En primer lugar, a la Comisión: ¿Tiene la intención de desbloquear la adopción de la Directiva contra la discriminación y adoptar finalmente un marco jurídico para los ciudadanos, respetando sus derechos contra todas las formas de discriminación, que ha estado esperando durante demasiado tiempo? Y la misma pregunta va con seguridad al Consejo, a la Presidencia sueca. No estamos hablando aquí de procedimientos desde la consulta hasta el consentimiento. Estamos hablando de plena responsabilidad, 15 años de nuestra incapacidad para concluir este archivo tan relevante realmente importa. En realidad, algunos Estados miembros han tomado la iniciativa siguiendo el ejemplo de la iniciativa europea, aunque hasta ahora no ha sido concluyente, y han promulgado legislación, legislación antidiscriminatoria y legislación horizontal antidiscriminatoria en algunos Estados miembros, incluido el mío, España. Estamos esperando el marco jurídico de la Unión Europea. Por eso esperamos escuchar la respuesta tanto de la Comisión como del Consejo sobre este expediente pendiente tan importante desde hace nada menos que quince años.

Señor presidente, señora comisaria Dalli, es cierto que el debate sobre las adopciones transfronterizas a nivel global debe reflejar algunas preocupaciones, particularmente en un contexto en el que tiene lugar el incremento de delitos contra los menores, incluso el tráfico de niños y el tráfico de órganos. Pero en la Unión Europea, el hecho de que haya Derechos sustantivos y Derechos procesales muy diferentes entre sí en todos los Estados miembros no puede dar lugar a ninguna discriminación de la filiación adoptiva, que debe hacerse con igualdad de derechos y sin discriminación. Se trata de un derecho fundamental en la Unión Europea, recogido en los artículos 24 y 32 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que protegen a los menores sin discriminación, haciendo prevaler, en todo caso, su interés superior. Por tanto, hay que saludar la iniciativa de la Comisión de una nueva legislación europea en materia de filiación parental que cumpla la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de reconocimiento mutuo, basada en la confianza mutua entre los Estados miembros y sus respectivos sistemas judiciales de la filiación adoptiva sin discriminación. Creo, por tanto, que esto concierne de manera muy particular a las situaciones especialmente vulnerables, no solamente los menores, sino también de los propios padres adoptivos, independientemente de su orientación sexual y de su género.

Señora presidenta, en el orden del día defendíamos una enérgica posición de la Unión Europea en favor de los activistas de los derechos fundamentales en la Unión Europea —en el caso de una activista por los derechos al libre desarrollo de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos, perseguida precisamente por proporcionar una píldora abortiva de interrupción del embarazo en Polonia—. ¿Cómo no vamos a trasladar esos criterios, como propone con claridad el informe de nuestra colega Neumann, a la política exterior, cuando deben estar exactamente en el mismo eje? Pero previniendo dos tentaciones: la primera, hacer pasar por un debate sobre derechos humanos lo que es un debate sobre objetivos políticos, que pueden ser discutibles y legítimos, pero que no tienen nada que ver con los derechos humanos como eje conductor de la política exterior de la Unión Europea. Y la segunda, acabar con este debate sobre la naturaleza de la política exterior de la Unión Europea con actores terceros cuyos estándares de derechos fundamentales son incomparablemente peores que los de la Unión Europea, mediante la defensa enérgica, decidida y determinada de la Unión Europea de los derechos humanos.

Señora presidenta, cuando se ve la rúbrica de este debate, «Activismo de las mujeres: defensoras de los derechos humanos relacionados con la salud sexual y reproductiva y derechos conexos», parece abstracto, pero no lo es. Está hablando de ciudadanas europeas de carne y hueso: Justyna, en Polonia, amenazada con una pena de hasta tres años de cárcel por un fiscal sometido directamente al fiscal general, que resulta ser el mismo ministro de Justicia que solicitó al Tribunal Constitucional polaco, intervenido políticamente, que declarase que Polonia ya no está sujeta a la primacía del Derecho europeo. El mismo Tribunal Constitucional que restringió gravísimamente la libre determinación de las mujeres polacas a la hora de decidir libremente sobre su embarazo. Por lo tanto, es el momento de recordar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos vinculados a derechos fundamentales preciosísimos, como la privacidad, como el libre desarrollo de la personalidad y, por supuesto, la integridad física y moral de las mujeres. Por ello, este Parlamento Europeo hace bien en lanzar un mensaje no solamente de preocupación, sino de rechazo de cualquier persecución penal contra mujeres que decidan libremente sobre su embarazo y, por tanto, sobre sus propias vidas.

Señora presidenta, señora presidenta en ejercicio del Consejo, señora comisaria, el crimen organizado es el crimen de nuestro tiempo. Más del 75 % de la delincuencia que tiene lugar en la Unión Europea es organizada y transfronteriza. Y, por eso, celebramos que el Consejo haya establecido con claridad sus diez prioridades en la evaluación de esta amenaza, que incluyen, por supuesto, el terrorismo, el tráfico de drogas, la delincuencia económica y medioambiental y el tráfico de armas de fuego. Pero, como socialistas, nos importa particularmente el combate frontal contra el tráfico de seres humanos y la explotación sexual y laboral de personas especialmente vulnerables, como las mujeres y los niños, y el abominable tráfico de órganos. Pero, además, como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, subrayo en este debate que estamos tramitando la propuesta de Directiva sobre recuperación y decomiso de activos y el paquete contra el lavado de dinero procedente de negocios ilícitos, o blanqueo de capitales. Es imprescindible completarlo y establecer, además, la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Pero concluyo diciendo que es importante que todo esto se haga preservando el activo más preciado de la construcción europea, la libre circulación de personas. De modo que no lo hagamos introduciendo restricciones innecesarias o desproporcionadas a la libre circulación y, por ende, erosionando o dañando el espacio Schengen que es, sin duda, el activo más precioso. Respetémoslo en la lucha contra el crimen organizado.

Señor presidente, señora comisaria Johansson, este es el quinto debate en los dos últimos años en el Parlamento Europeo sobre muertes en el Mediterráneo y la necesidad de vías legales y seguras y de un mecanismo europeo de salvamento y rescate. Setenta y dos muertos en las costas de Calabria, cerca de Crotone. De acuerdo con el testimonio de los supervivientes, se hacinaban en el viejo barco pesquero al menos doscientas personas. ¿Y sabe qué? Frontex había avisado de la presencia de ese barco pesquero cerca de las costas. ¿Y sabe qué? Que el Gobierno de Giorgia Meloni ha hecho la vida imposible a las organizaciones no gubernamentales, de modo que no había ninguna cerca del naufragio. La consecuencia es que no intervino la Guardia Costera. No intervinieron ni respondieron las autoridades italianas, y por eso, hay una investigación penal dirigida por la Fiscalía italiana para determinar las responsabilidades. Pero hay más. Se suman esas setenta y dos víctimas, de ellas dieciocho niños, a las veintiséis mil muertes en el Mediterráneo en los últimos diez años, procedentes de Irak, de Irán, de Siria, de Afganistán, de Pakistán, de Somalia, de nuestra vecindad torturada, y esto exige una respuesta. Esta puede venir del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, con solidaridad efectiva y realojamientos, mandatos de reubicación vinculantes y también, por supuesto, con obligaciones para los Estados miembros de atender el Derecho internacional humanitario en un mecanismo europeo de salvamento y rescate. Por tanto, créanlo, no puede parar este Parlamento Europeo hasta que haya solidaridad vinculante de los Estados miembros, cumplimiento estricto del Derecho internacional humanitario y del Derecho europeo por parte de todos los Estados miembros y un mecanismo europeo de salvamento y rescate, además de vías legales y seguras y visados humanitarios para llegar a la Unión Europea.

Señora presidenta, la migración es un hecho. No es una amenaza ni contra nuestra seguridad ni contra nuestra identidad y, desde luego, los muros no son la respuesta. La respuesta debe ser europea en su alcance, en sus valores, pero también en su Derecho legislado conforme a los principios de solidaridad vinculante y responsabilidad compartida. Este Parlamento ha puesto en vigor ese Derecho legislado en migración y en asilo. Si estamos negociando un nuevo Pacto es porque ha habido incumplimientos por parte del Derecho de los Estados miembros, de los Gobiernos de los Estados miembros, y falta de solidaridad y de responsabilidad compartida. Pero aún tenemos una oportunidad. Para ello es imprescindible que exista solidaridad vinculante y responsabilidad compartida desde las fronteras expuestas, desde Canarias hasta Lesbos, por parte de los Estados miembros. El Parlamento Europeo va a hacer su trabajo. Por eso hemos asumido la hoja de ruta, el calendario antes del final de este mandato para que se aprueben esos cinco reglamentos. Es imprescindible, sencillamente, que el Consejo haga su parte del trabajo. When there is a will, there must be a way.

Señora presidenta Regner, señora comisaria, señora presidenta del Consejo, una vez más debatimos en el Parlamento Europeo la erosión del Estado de Derecho y del pluralismo informativo. Y lo hacemos con fundamento. Desde que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior mandató a la Comisión —al Comisario de Justicia Didier Reynders— que trajera anualmente un informe sobre el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en la Unión Europea, sabemos que hay Estados en los que se detecta un riesgo claro de violación sistémica de los valores comunes de la Unión. Pero en todos los Estados miembros pueden, efectivamente, darse problemas de erosión del Estado de Derecho y retrocesos de libertades que consideramos fundamentales. Es el caso de la concentración de medios informativos, debatida hoy, en Grecia. Es importante que se sepa que este debate no concierne solo a un Estado miembro, sino al conjunto de la Unión. Desde luego, concierne al conjunto de la Unión la violación de los derechos fundamentales consagrados en la Carta, en el artículo 8, de nuestro colega Androulakis. Es inverosímil tratar de alegar que puede haber una amenaza a la seguridad que justifique una interceptación masiva de sus comunicaciones telefónicas y personales con un instrumento tan intrusivo y, a mi juicio, tan incompatible con la garantía de los derechos fundamentales de la Carta, como la herramienta Pegasus y, en el caso griego, la herramienta de spyware Predator. Considero completamente inaceptable que se produzca en un Estado miembro una concentración de medios de comunicación en muy pocas manos y, particularmente, próximas al Gobierno. Porque es inaceptable que existan periodistas amenazados en la Unión Europea por ejercer su labor de investigación. Porque es inaceptable que se haya producido un asesinato de un periodista y sea escasamente mentado en los debates de esta Cámara, como es el caso de Georgios Karaivaz, en 2021, todavía no esclarecido. Porque es completamente inaceptable que no se esté velando en cada Estado miembro por la anticipación de lo que tiene que ser el cumplimiento estricto del Derecho europeo, que en estos momentos está en curso: la Directiva Anti-SLAPP, que, para que todo el mundo lo entienda, es una Directiva para prevenir la intimidación a través de litigación o interposición de querellas contra los periodistas independientes; la legislación europea de libertad de los medios de comunicación —Media Freedom Act—, que pretende proteger, precisamente, no solo la libertad de información, sino el pluralismo informativo; y lo que esperemos que sean las conclusiones de la Comisión de Investigación Pegasus —de la que soy miembro—, que ojalá establezca un marco, no ya regulatorio, sino de prohibición de unas herramientas tan intrusivas para la confidencialidad de los datos personales y de las comunicaciones personales, como son Pegasus y Predator.

Señor presidente Karas, llevamos un año de guerra injusta y criminal de Putin contra Ucrania. Pero hay que remontarse muchos años para recordar un Parlamento cuya mayoría amplia esté tan unida en el ejercicio del liderazgo frente a ella por parte del alto representante Borrell y de la presidenta von der Leyen. Este Parlamento ha apoyado las medidas humanitarias para las personas desplazadas, ha apoyado la apuesta por la autonomía estratégica y la autonomía energética, ha apoyado las sanciones contra Rusia y también respalda la ayuda militar a Ucrania. No warmongering. Efectivamente, no hay ninguna contradicción. Al contrario, reafirma la apuesta europea por la paz: apoyar al agredido frente al agresor. Pero me encuentro entre quienes, cuando se habla de Zeitenwende —de cambio de época—, confían en que la Unión Europea también vaya a aprovechar este liderazgo para estar más unida en la construcción de una política exterior, de defensa y de seguridad común cohesiva para reparar el coste social y económico que tienen las sanciones, también para los más vulnerables, en la Unión Europea; y para recuperar el lema perdido de cuando ratificamos el Tratado de Lisboa: «Una Unión más perfecta».

Señor presidente Karas, señora comisaria Jourová, señora presidenta del Consejo, en septiembre de 2021, este Parlamento Europeo adoptó una Resolución requiriendo un acuerdo interinstitucional que ponga en marcha un organismo ético que dé transparencia y accesibilidad a las declaraciones de intereses económicos y de incompatibilidades de los miembros del Parlamento Europeo. Pero ahora pide más. Pide un acto legislativo: una ley europea que garantice que, de la falta de veracidad de esas declaraciones de intereses, se deduzcan consecuencias; que establezca la protección de los denunciantes que denuncien cualquier acto irregular o de corrupción que pueda tener lugar en alguna institución europea; que coordine ese organismo con la OLAF, la Fiscalía, Europol, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas, y, sobre todo, que refuerce el principio de confianza de la ciudadanía en el Parlamento Europeo y que diga con toda claridad que, si hay en las instituciones europeas alguien que asuma la responsabilidad penal individual de cometer un delito, un acto de corrupción, en ningún caso podrá señalarse que los mecanismos de transparencia, verificación de autenticidad y sanciones de un organismo independiente son los que han fallado, porque ahora ha sido así.

Señor presidente, comisaria Dalli, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior ha legislado penalmente esta legislatura contra la ciberdelincuencia y el ciberacoso contra las mujeres. Esa es una prioridad de la Unión Europea en todos los foros internacionales, también en las Naciones Unidas. Pero hay que decir, además, que ninguna resolución de las Naciones Unidas puede tener la fuerza de obligar de la legalidad internacional si no la asumen como tal la Unión Europea y sus Estados miembros. En su momento hablamos del Convenio de Estambul, en el que el Parlamento Europeo mandató a la Comisión que, con el Consejo, ratificarse con personalidad jurídica única y, sin embargo, la tarea no está completa. A pesar de que el mandato fue de 2017, todavía la Presidencia sueca no ha conseguido arrancar la ratificación por seis de los Estados miembros. Y eso que el Tribunal de Justicia ha dicho que puede hacerse sin unanimidad. Por tanto, para que tenga fuerza de obligar el mandato de la Unión Europea en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo importante es hablar con una voz propia y que todos los Estados cumplan con sus obligaciones de protección de las mujeres.

Señora presidenta, el año pasado, 2022, celebramos setenta años de la Constitución de la Primera Asamblea Parlamentaria de las Comunidades Europeas. Este Parlamento Europeo es un salto adelante en la medida en que es la única institución democráticamente electiva, legislativa y supranacional del mundo. Pero es imprescindible saber que la participación electoral en los cuarenta años que este Parlamento ha sido directamente elegido por sufragio universal ha declinado, rebotando al alza, y debemos celebrarlo, en las elecciones de 2019. Es mucho lo que tenemos que hacer para continuar estimulando la participación electoral y este derecho electoral de los ciudadanos móviles, es decir, de esos trece millones de ciudadanos europeos que residen en algún otro país del que no son nacionales. Es un paso en la dirección correcta y hay que hacerlo con todas las garantías: información, campaña, lengua que les sea comprensible, remoción de todos los obstáculos burocráticos y facilitación del voto anticipado y del voto por correo, particularmente para las personas con discapacidad. Es un paso, por tanto, correcto. Termino diciendo que he escuchado decir en este debate que no existe la ciudadanía europea. Eso es negar el Derecho europeo. La ciudadanía europea existe porque la consagra la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Derecho de la Unión. Y este Parlamento la representa.

Señora presidenta, comisario Hahn, cuando se cumple un año de la guerra de agresión ilegal, ilegítima e injustificable de Putin contra Ucrania, este Parlamento Europeo ha hecho cuanto ha estado en su mano para mostrar su compromiso con las sanciones contra Rusia y su solidaridad con el pueblo ucraniano que padece esta guerra. Hemos apoyado la confiscación de bienes de oligarcas. Hemos apoyado, por el procedimiento de urgencia, el refuerzo de Eurojust para la cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con el fin de evitar la impunidad de los crímenes de guerra. Y, además, hemos apoyado que la Unión Europea adopte la iniciativa de poner en marcha un tribunal especial para el crimen de agresión. Pero, de los 11 millones de desplazados que huyen del terror, al menos 4 millones han decidido permanecer en la Unión Europea indefinidamente. Y eso requiere, además, el refuerzo de las líneas presupuestarias europeas para apoyar la solidaridad que existe en los Estados miembros, para atender las situaciones vulnerables y, particularmente, la escolarización de los menores. Y créame que para ello va a contar, desde luego, con el apoyo del Grupo Socialista.

Señora Presidenta, señora presidenta en ejercicio del Consejo, todo lo que sea fortalecer la unión de la Unión Europea en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo es ir en la dirección correcta y tiene el apoyo decidido de este Parlamento Europeo. Por supuesto, lo tiene el acto delegado, la lista de terceros países de alto riesgo a efectos de blanqueo de dinero. Pero importante es también que la Presidencia sueca se emplee a fondo en impulsar el nuevo paquete antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo, que consiste nada menos que en cinco nuevos reglamentos, incluida la autoridad europea contra el blanqueo. Pero el trabajo no estará completo hasta que no seamos capaces de cumplir el mandato persistente de este Parlamento Europeo de acabar también con todo lo que posibilite blanquear el dinero procedente de negocios ilícitos en el territorio de la Unión Europea, a través del margen de maniobra de sus Estados miembros. Hablamos de golden visas y de golden passports, que han sido prohibidos terminantemente por este Parlamento Europeo. Y el trabajo no estará completo hasta que no los saquemos por completo de la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea.

Señor presidente, señora presidenta en ejercicio del Consejo, desde el inicio de la guerra de agresión de Putin contra Ucrania, once millones de personas desplazadas del horror han entrado en el territorio de la Unión Europea y, al menos, cuatro millones han decidido permanecer en él indefinidamente. Y nada de eso ha cuestionado el modelo social europeo ni nuestra capacidad de inclusión. Por tanto, señora presidenta en ejercicio del Consejo, ¿por qué no cambiar la mirada predominantemente negativa hacia el hecho migratorio y hacia los demandantes de asilo, que es la única manera eficaz, no solamente de desactivar la explotación electoral del pánico y del rechazo a los migrantes y a los demandantes de asilo, sino de desmantelar el modelo de negocio de los traficantes que explotan la desesperación de los seres humanos? El Pacto sobre Migración y Asilo y su hoja de ruta son una oportunidad para establecer por fin el equilibrio entre solidaridad vinculante y responsabilidad compartida. Pero la tarea no estará completa hasta que no abramos vías legales y establezcamos visados humanitarios y un mecanismo europeo de salvamento y rescate en la mar que permitan cumplir a todos los Estados miembros —y les obligue a hacerlo— sus obligaciones de Derecho internacional humanitario.

Ese es un punto. Lamentablemente, no se aprobó por sólo dos votos. Un voto muy apretado fue decisivo en este caso particular. Mi suposición es que la mayoría de los diputados que votaron en contra deberían tener motivos para reconsiderarlo, y en particular algunos que votaron en contra deben tener motivos para lamentarlo, porque existe la situación tal como la describe: Algunos gobiernos están haciendo todo lo posible e invirtiendo enormes recursos públicos para salvar vidas en el mar, mientras que otros se están comportando mal. Y este gran desprecio de la importancia de la vida humana y sus obligaciones internacionales de acuerdo con el derecho internacional humanitario se debe precisamente a la falta de un marco europeo vinculante, que es el objetivo de esa resolución. Mi mensaje es que no debemos parar hasta que hayamos terminado el trabajo.

Señor presidente, comisaria Johansson, ¿debería ser posible y tolerable en la Unión Europea criminalizar la asistencia humanitaria, incluida la operación de salvamento y rescate en la mar? La respuesta es no, y, sin embargo, sucede, porque depende demasiado todavía de la legislación de los Estados miembros y, aún peor, del comportamiento de los Gobiernos nacionales, en ausencia de un marco europeo vinculante. Esta legislatura arrancó con un voto ajustado —por apenas dos votos— de una Resolución, de la que fui ponente, buscando un marco vinculante, un mecanismo europeo de salvamento y rescate que coopere con los esfuerzos de los Estados miembros, que los hay, pero que además ataque en origen el modelo de negocio de las mafias que trafican con personas y que explotan, por tanto, la desesperación de los que están dispuestos a todo y a dejar la vida en el empeño y perderla con tal de llegar a la Unión Europea. Por tanto, este esfuerzo hay que complementarlo con vías legales —legal pathways—, los visados humanitarios con los que terminó la pasada legislatura, con una Resolución aprobada de la que también fui ponente. Concluyo afirmando lo obvio: salvar vidas en la mar no puede ser un delito. Es una obligación del Derecho internacional humanitario y debe ser también una obligación —y no podemos parar hasta conseguirlo— del Derecho europeo. (El orador acepta responder a una intervención realizada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»)

Señora presidenta, comisaria Johansson, celebramos que un debate en el Pleno del Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción y el fraude que afectan a los intereses financieros de la Unión sea ya una costumbre: está institucionalizado. No hace mucho era impensable; recuerdo bien que la primera estrategia contra la corrupción la puso en marcha su predecesora, la comisaria Malmström. Siendo yo presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, fui ponente para la Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, que actúa como base jurídica de la competencia atribuida a la Fiscalía Europea; que nadie se alarme si la considero una institución, en sentido federal, capaz de ejercer acusación después de haber investigado supranacionalmente los atentados financieros contra los intereses financieros de la Unión. Pero ninguna institución europea reemplaza a los Estados miembros, ni a sus poderes judiciales, ni a sus fiscalías. Por tanto, los defectos de ajuste que pueda experimentar la Fiscalía Europea con respecto a las fiscalías nacionales y los poderes judiciales nacionales exigen formación constante, velada por la Comisión como guardiana de los Tratados, en relación con la lucha contra el fraude y los intereses financieros de la Unión.

Señora presidenta, señor comisario Reynders, para quienes tenemos el honor de representar a la ciudadanía en este Parlamento Europeo, cualquier presidencia semestral del país del que procedemos en el año en curso es una ocasión preciada para mostrar unidad en un compromiso europeísta desde objetivos de país compartidos. Señores del Partido Popular, ¿no les da vergüenza perder míseramente esa oportunidad para mostrar aquí su confrontación con el Gobierno de España? ¿A quién quieren engañar ocultando que el problema señalado en los informes de la Comisión sobre el Estado de Derecho en relación con España es el bloqueo, el secuestro de los órganos constitucionales que requieren mayorías parlamentarias de tres quintos —cualificadas, por tanto— para su renovación? El ejemplo peor es el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano de gobierno de la Judicatura, bloqueado, este año 2023, desde hace cinco años por la exclusiva responsabilidad del Partido Popular, que no acepta los resultados de las urnas. Cinco años en los que el Partido Popular ha pretendido perpetuar la mayoría absoluta que tuvo en 2011, pero que perdió en 2015, hace la friolera, este 2023, de ocho años. No engañan absolutamente a nadie. Lo hacen en grave perjuicio del poder judicial, de la administración de justicia y de los derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos el acceso a la tutela judicial de la ciudadanía, perjudicado por el bloqueo y el secuestro del Consejo General del Poder Judicial. Les digo más, señores del Partido Popular: la idea europea de democracia efectivamente exige gobernar con la mayoría que te inviste en el Parlamento del Estado miembro, respetando a las minorías. Sí, la idea europea de democracia exige saber gobernar respetando a las minorías, pero hay algo más importante todavía: la idea europea de democracia exige saber perder reconociendo el resultado cuando pierdes las elecciones y el Partido Popular no ha sabido perder y ese es el origen del problema. No ha sabido perder las elecciones y, por tanto, está deslizándose por la misma pendiente que los seguidores de Trump y Bolsonaro —tenemos que deplorar aquí que nunca les oímos criticarlos—, que no han sabido perder, no han sabido reconocer el resultado de las urnas. La democracia europea exige reconocer el resultado, saber perder. Pero no perdamos la esperanza, todavía tienen ustedes una oportunidad de aprender a perder después de nada menos que cuarenta años de convivencia en la democracia constitucional española, saboreando la derrota de nuevo este diciembre de 2023.

Señora presidenta Picierno, presidente Michel, vicepresidente Šefčovič, no se recuerda un solo debate de conclusiones del Consejo en esta legislatura que no haya hablado del hecho migratorio y de la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea. Es cierto que la brutal, ilegal y criminal guerra de Putin contra Ucrania los ha redimensionado a los dos. En cuanto al hecho migratorio, la respuesta humanitaria desplegada por la Unión Europea impone, sin embargo, una oportunidad para, por fin, trazar el equilibrio adecuado entre solidaridad vinculante y responsabilidad compartida, que está pendiente de la finalización, conforme a la hoja de ruta, del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea. En cuanto al Estado de Derecho, celebramos el anuncio efectuado por la Presidencia sueca de que va a retomar las audiencias respecto del procedimiento del artículo 7, que concierne a dos Estados manifiestamente incumplidores de las reglas del Estado de Derecho: Hungría y Polonia. Celebramos que Polonia haya reformado su Cámara Disciplinaria y sus leyes judiciales conforme a los mandatos de este Parlamento, presionada por el Reglamento de condicionalidad del Estado de Derecho. Pero me permito subrayar el papel decisivo que ha tenido el Parlamento Europeo en conseguir este paso adelante, que significa la dirección correcta en el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho.

Señora presidenta, señor comisario, me cuento entre quienes concluyen que los reveses y las crisis de las que venimos, como es esta guerra de agresión ilegal, injusta y criminal, deben hacer crecer a la Unión Europea en su proclamada vocación de ser globalmente relevante y, por tanto, contribuir a la globalización no solo de la inteligencia artificial, de la agenda digital y de la lucha contra el cambio climático, sino también del Derecho penal y de la justicia penal contra la impunidad de los crímenes de guerra. No es fácil, porque la Unión Europea tiene que mantener su unidad, no solamente apoyando a Ucrania hasta que Putin sea finalmente derrotado, sino también mantener su unidad para actuar en la comunidad internacional y crear finalmente ese tribunal especial que complemente el Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los crímenes de guerra. Y, porque no va a ser fácil, va a haber que echar mano de mucha voluntad política unitaria del conjunto de los Estados miembros y de la Unión Europea para actuar en la comunidad internacional y en las Naciones Unidas hasta crear un tribunal penal especial contra los crímenes de agresión. When there is a will, there is a way.

Señora presidenta, comisario Reynders, efectivamente, un año ya desde la brutal guerra de agresión que llamamos la guerra de Putin contra Ucrania, que ha tenido consecuencias sísmicas sobre la vecindad europea en su conjunto desde el punto de vista social y económico, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista humanitario, pero también desde el punto de vista geoestratégico, que ha conducido a un ejercicio de unidad por el que Rusia ha sido castigada políticamente. Se dice poco que ha sido expulsada del Consejo de Europa. Es la primera vez que esto sucede en una organización internacional que tenía cuarenta y siete Estados miembros y ahora tiene cuarenta y seis; Rusia, fuera. Pero ha habido sanciones económicas contundentes, con el apoyo de los procedimientos de urgencia del Parlamento Europeo, y sanciones jurídicas también, con el apoyo de este Parlamento Europeo; procedimiento de urgencia: la reforma de Eurojust para que colabore con la Fiscalía Penal Internacional y con los equipos conjuntos de investigación que aseguren que no habrá ninguna impunidad para los criminales de guerra. Pero para ello hacen falta dos condiciones. La primera, que Putin no se salga con la suya, es decir, que salga derrotado de esta guerra de agresión. La segunda, que mantengamos la unidad hasta que, efectivamente, traigamos al banquillo de la justicia penal, en alguno de sus formatos, a los criminales de guerra que están perpetrando crímenes de agresión y crímenes contra la humanidad en territorio ucraniano.

Señora presidenta Metsola, señor primer ministro Kristersson, la Presidencia sueca tiene lugar en este año 2023, decisivo para el balance de realizaciones de esta legislatura 2019-2024. Ha escuchado usted las muchas expectativas depositadas en la Presidencia sueca, pero también expresiones de preocupación por verlas devaluadas en un asunto principal, como al que se ha aludido como una «amenaza migratoria de emigración masiva», lo que contradice lo que la mayoría de este Parlamento ha acordado en la hoja de ruta suscrita con las Presidencias hasta el final de esta legislatura, incluida la sueca, que quiere hacer del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo una oportunidad histórica para dar una respuesta al asunto migratorio que sea europea, esto es, consistente con sus valores, y, sobre todo, la única manera de que sea realmente eficaz. Esto exige el equilibrio, al cumplir el mandato del artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, entre solidaridad vinculante y responsabilidad compartida, es decir, no dar la espalda a los Estados de primera línea en el Mediterráneo o a aquellos que tienen línea en el Mediterráneo y que además también la tienen en el Atlántico, como es el caso de España con Canarias.

Señora presidenta, comisaria, se cumplen treinta años de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es evidente que, pasados estos treinta años, hay millones y millones de personas pertenecientes a minorías que siguen sufriendo asimilación forzada, persecución, prejuicios, discriminación, estereotipos, odio y violencia. Y la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior se preocupa singularmente por esa presión sobre personas pertenecientes a minorías en los procesos de inmigración y asilo: apátridas, menores, personas especialmente vulnerables y, cómo no, las mujeres pertenecientes a minorías, siempre perjudicadas de manera singular por la violencia de género, por violencia de todo tipo y, por tanto, por agresiones inasumibles a sus derechos fundamentales y a su dignidad. Y, por eso, las Naciones Unidas siguen insistiendo en la necesidad de que la Unión Europea muestre liderazgo político, de acuerdo con los valores proclamados en el artículo 2, que prohíben especialmente la discriminación por pertenencia a minorías y que, además, incluyen como un valor fundamental de la Unión Europea la protección de las minorías. Y, por eso, el Parlamento Europeo aprobó en 2018 una Resolución terminante que exige normas mínimas europeas de protección de las personas pertenecientes a minorías. De modo que el Parlamento Europeo pide legislación, con una definición precisa del concepto europeo de minorías y los estándares de protección, que serán, por tanto, exigibles a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Este será un modo de honrar este 30.º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

Señora presidenta, señor presidente en ejercicio del Consejo, señor comisario Hahn, el informe del Estado de Derecho, el tercero de este año 2022, acierta plenamente al recibir un punto subrayado por la Comisión LIBE: libertad de prensa y libertad de pluralismo en el contexto del Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia. Porque no hay libertad que no tenga como corolario el pluralismo. Pero para asegurar el pluralismo hacen falta dos requisitos. El primero, transparencia en la propiedad de los medios y en la inversión en publicidad de esos medios. El segundo, asegurar a los periodistas frente a demandas truculentas para intimidarlos o querellas para meterles miedo —ya se llame Ignacio Cembrero, periodista español, o de cualquier otro Estado miembro— y, por supuesto, protegerles frente a atentados contra su vida. Hay una sala en este Parlamento Europeo que lleva el nombre de Daphne Caruana, pero no se habla tanto de Yorgos Karaivaz, un periodista griego igualmente asesinado en el año 2021. Por tanto, dos iniciativas fundamentales: la legislativa, para proteger a los periodistas frente a la instigación intimidatoria, y la segunda, la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, para establecer estándares europeos de protección de la libertad de prensa y del pluralismo informativo.