Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señor presidente Wieland, Consejo, comisario Reynders, el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Koen Lenaerts, ha declarado que la Unión Europea está viendo amenazados sus cimientos, esto es, sus valores, lo que pone en riesgo su propia existencia. La deriva de Polonia ha sido objeto de resoluciones en este Parlamento Europeo desde el año 2018. Y nos encontramos aquí ante una vuelta de tuerca inaceptable con una ley que pretende hostigar penalmente, a través de una comisión de investigación, a los adversarios de la actual mayoría de Gobierno y del partido de Gobierno. Sencillamente inaceptable. Solo tengo que exponer tres consideraciones al respecto. En primer lugar, que el hecho de que el presidente Duda haya anunciado que va a remitir dicha ley al Tribunal Constitucional, lamentablemente, no es ninguna garantía, porque ese Tribunal Constitucional ha sido declarado no conforme con el Derecho europeo del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no conforme con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 47, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2021. Además, en segundo lugar, ese Tribunal Constitucional se ha declarado en rebeldía frente al principio de primacía del Derecho europeo. En tercer lugar, es una triste ironía que, con el pretexto de prevenir la influencia rusa, Polonia esté intentando poner en vigor —el Gobierno polaco esté intentando poner en vigor— nada menos que una ley putinesca, una ley que putiniza el procedimiento legislativo en Polonia. Por tanto, comisario Reynders, tiene que emplearse a fondo para evitar que esa ley entre en vigor.

Señor presidente, Estado de Derecho en Polonia. Este Parlamento Europeo adoptó su primera Resolución nada menos que en 2016; en ella exigía la activación del procedimiento extraordinario de sanción contemplado en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea ante la constatación de un riesgo claro de violación grave de los valores comunes del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Desde entonces, he perdido la cuenta del número de resoluciones adoptadas por este Parlamento Europeo. Seis audiencias monográficas en el Consejo de Asuntos Generales. Veinticinco hitos clamorosamente incumplidos todavía por el Gobierno de Hungría. Por tanto, solo caben tres caminos: en lo inmediato, mantener la presión, lo que significa mantener el bloqueo del acceso al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En lo mediato, hay que estudiar la posibilidad de restringir la agenda de la Presidencia húngara para evitar que aborde asuntos de Estado de Derecho y que, en lugar de cumplir con su responsabilidad, intente disolverla. Pero, en el medio plazo, es responsabilidad de la Comisión difundir una idea de lo que está en juego. Lo que está en juego no es una relación intergubernamental ni interinstitucional entre el Parlamento y el Gobierno, sino la ciudadanía húngara, que debe asumir la responsabilidad de exigir de sus gobernantes el cumplimiento del Estado de Derecho.

Señor Presidente, señor Comisario Reynders, estamos aquí para debatir la decisión de la Comisión Europea de poner en marcha el proceso para adoptar una decisión de adecuación en cuanto al marco de privacidad de datos UE-EE.UU. Por tercera vez, tenemos el expediente en mente, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias pertinentes 2015 y 2020 invalidó dos instrumentos anteriores: Puerto Seguro y Escudo de Privacidad. ¿Qué es diferente ahora? La administración Biden. El presidente Biden ha adoptado, en realidad, una orden ejecutiva —que es un decreto presidencial— que introduce pasos significativos para acercarse a las normas europeas, lo que habría sido completamente impensable bajo la administración Trump. Y ciertamente reconocemos esas mejoras en cuanto a salvaguardas y garantías. Pero en cuanto a la mayoría de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que adoptó una resolución sobre el asunto, todavía no estamos allí porque falta un punto en cuanto a la independencia judicial, la transparencia y el acceso a la justicia y los recursos legales que deben cumplir los estándares del Reglamento Europeo de Protección de Datos de acuerdo con su interpretación por parte del Tribunal de Justicia Europeo. Por lo tanto, pedimos a la Comisión que no pierda ningún punto esta tercera vez y que aborde adecuadamente las negociaciones en curso. Esto nos concierne al recurso judicial y al acceso a la justicia de los ciudadanos europeos para que esta vez adoptemos un mecanismo que realmente proporcione garantías y protección adecuadas para los datos de los ciudadanos y las empresas de la UE.

Señor presidente, comisario Reynders, este Parlamento Europeo ha mostrado su determinación para combatir penalmente todas las formas de cibercriminalidad que crecieron geométricamente a propósito de la pandemia, pero el ciberacoso que hoy nos ocupa existía antes de la pandemia, como pone trágicamente de manifiesto la muerte de la joven irlandesa Coco, a cuya madre Jackie rendimos tributo hoy aquí. Porque hay muchos y muchas niñas expuestos a esa persecución de la que no pueden escapar. Y nos interpela esa amenaza no solamente a quienes somos padres y madres de hijos menores sino a todos los grupos de esta Cámara y, consiguientemente, a este Parlamento Europeo, para no solamente dar contenido a la estrategia contra el ciberacoso en la red con medidas de prevención, de educación digital, de autodefensa, de tutoría emocional frente a la depresión, el aislamiento y la tentación del suicidio, sino también con Derecho penal, porque hay que garantizar que el ciberacoso no quede impune. Siguiendo el ejemplo de la legislación penal irlandesa, es imprescindible que una directiva penal europea sea capaz de ordenar a todos los Estados miembros que transpongan esa legislación penal a sus ordenamientos internos.

Señora presidenta, comisario Schmit, estamos debatiendo la actualización de la estrategia europea contra la corrupción. Muy bien. Es un compromiso de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en esta legislatura y que además trae causa del impulso que le dimos en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior a luchar contra la corrupción, como recuerda bien la comisaria Malmström. Y, por tanto, está completamente fuera de lugar el intento al que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, y particularmente el Partido Popular Español, de intentar mezclar el cumplimiento de este objetivo europeo con la situación en ningún Estado miembro de la Unión. Está bien definir con criterios comunes el soborno, el tráfico de influencias, la apropiación indebida, el abuso de funciones, la obstrucción de la justicia y el enriquecimiento ilícito, e imponerles sanciones mínimas, como hace precisamente el Código Penal español. Y creemos, además, que esto sirve para establecer un criterio claro de que la lucha contra la corrupción es un principio básico de la idea europea de Estado de Derecho, democracia y promoción de los derechos fundamentales. Porque es un criterio que se exige a todos los Estados miembros en su acceso a la Unión: ser capaces de garantizar, con independencia judicial y con fiscalía la investigación de los delitos, superando así las diferencias entre los plazos de prescripción y las enormes heterogeneidades de recursos disponibles para la investigación de los delitos que se constatan actualmente en los Estados miembros, no ya digamos entre los Estados candidatos a la Unión.

Señora presidenta, señora presidenta en ejercicio del Consejo, señor comisario, ¿por qué llevamos tantos años discutiendo con tanta intensidad sobre migraciones y asilo? Por tres razones muy poderosas. La primera, porque el Tratado de Lisboa ordena una política y legislación común europea en materia de inmigración y asilo y hace de este Parlamento legislador, con lo que hace tiempo pretérito el pasado en que los Estados tenían competencia exclusiva en la materia. La segunda, porque una mayoría clara de este Parlamento Europeo, con muchas resistencias, viene sosteniendo un enfoque integral completo que dé cuenta de la dimensión exterior, con cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, pero también de la dimensión fronteriza, atacando el tráfico ilícito y combatiendo a los traficantes de personas, y que, al mismo tiempo, dé cuenta de la dimensión interior, con un trato respetuoso y digno y conforme al Derecho europeo de las personas que llegan a la Unión Europea, con una distribución que esté regida por los principios de responsabilidad compartida y de solidaridad. Solidaridad vinculante cuando sea necesaria. Y la tercera razón es que tenemos precisamente una oportunidad de hacerlo con el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Y esto sale al paso de las respuestas siempre parciales, fragmentarias y en la dirección equivocada que pretenden que la solución estaría en la externalización de las demandas de asilo o la condicionalidad de los fondos europeos a retornos que sean indignos y no voluntarios. Los retornos son parte del sistema, pero tienen que ser retornos dignos y voluntarios y respetuosos con el Derecho internacional humanitario, con la legalidad europea, con los valores europeos. Porque es la única forma de construir una respuesta europea y eficaz.

Señora presidenta, señora comisaria Dalli, ¿por qué estamos debatiendo en el Parlamento Europeo la ratificación final de un convenio del Consejo de Europa adoptado nada menos que en 2011, hoy, 9 de mayo de 2023, Día de Europa, firmando un compromiso contra toda forma de violencia ejercida sobre las mujeres? Pues, en primer lugar, porque este Parlamento tiene el poder de hacerlo. Tiene la última palabra para que pueda entrar en vigor cualquier convenio internacional negociado en nombre de la Unión Europea. En segundo lugar, porque es el estadio final de un largo trabajo, superando muchas dificultades, después de una sentencia en la que el Tribunal de Justicia le dice al Parlamento Europeo que la Unión Europea puede ratificarlo, a pesar de que no lo hayan ratificado la totalidad de los Estados miembros, lo que es en sí lamentable. Un trabajo que hemos compartido desde la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que tengo el honor de presidir, con los presidentes de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, sucesivamente Evelyn Regner y Robert Biedroń. Pero añado que este trabajo no estará completo si no decimos con claridad que los derechos de las mujeres son derechos humanos. En segundo lugar, que la Unión Europea debe ayudar financieramente a la ejecución de este Convenio y apoyar financieramente a todas las organizaciones que protegen a las mujeres, y particularmente a las víctimas de violencia de género. Y que, por supuesto, el trabajo no estará completo hasta que no ratifiquemos una directiva penal que haga delito europeo cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Señora Presidenta, estimados colegas, les doy las gracias porque les pido un breve minuto de atención. Lamento hacerlo, pero tengo que hacerlo, porque en el ejercicio de sus derechos, dos grupos políticos han impugnado la votación que se aprobó en la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior de los expedientes de los que el nuevo pacto de migración y asilo consta de cinco reglamentos, incluido el reglamento del que soy ponente, el Reglamento de Crisis. Teníamos un mandato claro, sólido y sólido para entrar en las negociaciones interinstitucionales en todos y cada uno de los expedientes, incluido este, el Reglamento de Crisis. Hemos trabajado muy duro a lo largo de los años y agradezco, por supuesto, a las sombras y a todos los demás ponentes, porque hemos trabajado mano a mano para garantizar el llamado enfoque «paquete», que era esencial. Ahora es el momento de entablar negociaciones institucionales para que la solidaridad tenga una oportunidad. La solidaridad cuando se trata de situaciones de crisis de emergencia, ese es precisamente el punto de este Reglamento. Por ello, le ruego que apoye el mandato de negociación votando a favor de este Reglamento.

Señor presidente, esta ley de Uganda, aprobada en marzo de este mismo año 2023, que condena a muerte por homosexualidad, sacude la conciencia del Parlamento Europeo, como pone de manifiesto este debate con la Comisión y con el Consejo. Es un hecho inaceptable en un país que recibe ayuda masiva por parte de la Unión Europea, y la diplomacia debe servir para que esta ley no pueda aplicarse en ningún caso. Pero esta mañana hemos escuchado un alegato apasionado del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, en defensa de la no discriminación y del respeto a la identidad sexual y de género de todas las personas. El Sr. Bettel nos ha recordado que también en la Unión Europea hay tarea por hacer. Este Parlamento protestó ante una ley húngara de junio del año 2021 en que se prohibía, nada más y nada menos, la difusión de contenidos homosexuales en los medios de comunicación y en la escuela, como si la homosexualidad fuese un mal o fuese contagiosa, lo que es completamente inaceptable. El Parlamento Europeo, con quince Estados miembros, ha decidido unirse a la demanda de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se declare la ilegalidad de esta ley de acuerdo con el Derecho europeo por contradecir el Derecho europeo. Lo contradice, del mismo modo, la última ley adoptada por el Parlamento húngaro, que permite denunciar a las familias homosexuales que tengan hijos a su cargo; algo completamente inaceptable y contrario al Derecho europeo. Por tanto, esa ley también deberá ser recurrida por la Comisión con el apoyo de este Parlamento Europeo.

Señor presidente, vicepresidenta Jourová, la Duma de la Federación Rusa ha decidido tipificar como delito cualquier forma de cooperación con la Corte Penal Internacional, a la que Putin no reconoce. No es solamente un paso más en su galopada frontal contra la legalidad internacional, sino una señal clara de que la Unión Europea tiene también aquí una razón para apoyar a la Corte Penal Internacional, que ha decidido una orden de detención contra Putin como responsable de delitos de guerra, genocidio y lesa humanidad, así como contra la comisaria de los Derechos del Niño vinculada a la administración de Putin. Y la razón es que, además de los crímenes de guerra, se suma la deportación forzosa de al menos 1 400 niños, artificialmente declarados como huérfanos, de los más de 6 000 que han sido trasladados a Rusia como consecuencia de la guerra y sustraídos de sus familias. La Unión Europea está apoyando enteramente el esfuerzo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por el restablecimiento de la legalidad internacional. También en este ámbito, en el ámbito de la persecución implacable contra todos los crímenes de guerra que se vienen perpetrando, particularmente contra las personas más vulnerables, los niños desplazados.

Señor presidente, comisario, explotar electoralmente la agobiada sensación de soledad o de ausencia de solidaridad frente a una situación de emergencia en el Mediterráneo está al alcance de cualquier populismo, de cualquier nacionalismo escorado a la extrema derecha. Pero es una respuesta lamentablemente equivocada y conducente a la frustración y al fracaso. Ese es el decreto de Meloni. El problema es real, pero la respuesta no puede ser una solución nacional ante un desafío paneuropeo. La respuesta es la construcción, por fin, de una responsabilidad compartida y de una solidaridad efectiva, creíble y vinculante en casos de emergencia y situaciones de crisis, como ordena el pacto que acaba de recibir su mandato de negociación aprobado por la Comisión de Libertades, Justicia e Interior. Por eso, produce asombro y tristeza que ese pacto haya sido desafiado en este Parlamento por el Grupo ECR, del que Meloni es vicepresidenta. Una contradicción absolutamente insostenible, porque lo que quiere ese pacto es precisamente crear un régimen en el que sea obligatoria la solidaridad y se traduzca en programas de realojamiento después de operaciones de salvamento y rescate, que dé por fin una respuesta de alcance europeo a un problema que es, por definición, europeo: responsabilidad compartida y solidaridad vinculante.

Señora presidenta, señor vicepresidente Schinas, comisario Breton, ante la guerra de agresión de Putin contra Ucrania, la Unión Europea ha respondido unida en el plano humanitario, en la defensa de la legalidad internacional evitando la impunidad de los crímenes de guerra, y también en la defensa de la ciberseguridad, es decir, en la defensa de nuestra seguridad y de nuestras infraestructuras críticas. Y por eso saludamos esta iniciativa de la Comisión, este llamado paquete cibernético consistente en una Ley de Cibersolidaridad, una Ley de Ciberseguridad de la UE y el establecimiento de la Academia de Cibercapacidades de la Unión Europea, que no es, como su nombre podría indicar, una iniciativa puramente escolar, sino que está financiada por el programa Europa Digital y va dirigida exactamente a garantizar la formación, la certificación y la comunicación necesarias para los trabajadores especializados en el sector de la ciberdefensa. Bien, pero además me permito subrayar la importancia de que todo esto se haga de acuerdo con el respeto debido a los derechos fundamentales garantizados por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, particularmente, por la normativa europea de protección de datos, que se precia de ser la más estricta del mundo. Si nos preocupamos de que esto sea así en la Agenda Digital, hagámoslo también en la Agenda de la ciberseguridad europea.

Señor presidente, vicepresidenta Jourová, tercera Resolución del Parlamento Europeo sobre el tercer informe sobre el Estado de Derecho. Tengo el honor de ser autor de esta Resolución como presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, y el informe recoge algunas de las peticiones de este Parlamento Europeo, recomendaciones específicas de país, pluralismo informativo y cumplimiento de sentencias de tribunales supranacionales. Pero pedimos más. Que se expanda todo el alcance a los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: Estado de Derecho, derechos fundamentales y democracia, y las políticas de igualdad y no discriminación, que son tan importantes para la Comisión de Venecia. Y un acuerdo interinstitucional —entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión— para el seguimiento del marco del Estado de Derecho. Pero, lamentablemente, este debate general se extravía una vez más como consecuencia de la inquina obsesiva del Partido Popular español contra la reputación de su propio país. España no tiene un problema de Estado de Derecho, señora vicepresidenta. España tiene un problema con su oposición, de conformidad democrática de la oposición del Partido Popular cada vez que la izquierda gana las elecciones, que nunca ha sabido perder ni reconocer las victorias electorales ni la legitimidad de su acción de Gobierno. Y vuelve a traer, una vez más, de modo irresponsable, sus ataques contra su propio país, con la complicidad acrítica del Partido Popular Europeo. Sobre el Consejo General del Poder Judicial, está claro. Lo sabe todo el mundo. Si no se renueva desde hace cinco años es porque lo tiene secuestrado el Partido Popular, que es el único que se niega a aportar los votos necesarios para la conformación de 3/5, incumpliendo la Constitución y la Ley Orgánica Española. Pero, que lo sepa todo el mundo también: España es un país profundamente europeísta y comprometido con los valores y con el Derecho europeo. El 1 de julio empieza la Presidencia española. Y muchos hemos perdido toda esperanza de esperar nada del Partido Popular, salvo desinformación, palos en las ruedas y obstáculos. Pero trabajaremos sin desmayo, por mucho que les pese, para que la Presidencia española sea el éxito que merece España y la Unión Europea... (el presidente retira la palabra al orador).

Señor Presidente. Buenas noches, Concejal. Presidencia sueca, buenas noches. Una vez más, Comisario Dalli, buenas noches. Estimados colegas, tengo el honor de presentarles esta pregunta oral en nombre de la Comisión. También tengo el honor de presidir la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior. Se trata de una pregunta oral sobre la igualdad: Directiva horizontal contra la discriminación. Por buenas razones, la Comisión Europea publicó en el verano de 2008 una propuesta de Directiva relativa a la igualdad de trato de las personas independientemente de su religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, la denominada Directiva horizontal contra la discriminación. Así que va a ser pronto 15 años ahora. Fue hace 15 años. Este Parlamento Europeo adoptó su posición hace 14 años. Ha pasado mucho tiempo desde que la legislación europea cambió sustancialmente. El Tratado de Lisboa entró en vigor, junto con la Carta de los Derechos Fundamentales, y el procedimiento legislativo ha pasado de la consulta sobre este asunto a la aprobación, que tiene un voto positivo de este Parlamento Europeo. Pero, sin embargo, este largo tiempo no ha permitido hasta ahora al Consejo llegar a un acuerdo sobre el asunto y permitir que la iniciativa de la Comisión Europea se convierta finalmente en ley efectiva, ley ejecutable, que era el objetivo de la misma. Y por eso nos preocupamos tanto por ello. No se trata solo de una cuestión de procedimiento legislativo estancado en los debates, debates interminables, que no parecen encontrar ningún tipo de salida concluyente de su túnel. También estamos presenciando aquí una incapacidad de toda la toma de decisiones europea, un proceso legislativo para aportar una respuesta de la UE para resolver una cuestión política importante, que es la discriminación en aumento en todos los Estados miembros y en toda la Unión Europea. En estos 15 años, nuestro tejido social no ha superado el debate sobre la discriminación. Por el contrario, siempre ha ido en aumento contra categorías, categorías enteras de personas. Por supuesto, las mujeres, los derechos de las mujeres, hemos hablado de ellos hoy, justo hoy, recordando que los derechos de las mujeres son importantes en todas las sociedades y, por supuesto, en la Unión Europea. Pero también va a personas discapacitadas, minorías LGBTIQ, romaníes, comunidades judías, fobias en todo el lugar. Por lo tanto, destacar la importancia de no solo contar con un Derecho aplicable, respetando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en todos los Estados miembros y en toda la Unión Europea, ese es un propósito hoy, con las dos preguntas orales que presentamos a la atención de este Parlamento Europeo, centrándose en las vías de acción a nivel de la UE para desbloquear este trabajo legislativo para siempre. Es por eso que el Parlamento Europeo, que hasta ahora no ha recibido ninguna posición sobre el Consejo al respecto, y que no es una oportunidad para desempeñar realmente su papel de colegislador con el Consejo sobre este asunto relevante, tiene este mandato del Parlamento Europeo que comienza 2019 nombrado un nuevo ponente sobre el expediente, nuestra colega Alice Kuhnke, y junto con los ponentes alternativos sobre el expediente, estamos esperando y esperando una resolución que se aprobará en la próxima sesión plenaria aquí en Estrasburgo. En la próxima sesión estamos aprobando una resolución que envía un mensaje. Así que es más que suficiente. Es más que hora de que la Unión Europea actúe aquí. El Parlamento ha decidido plantear dos preguntas. En primer lugar, a la Comisión: ¿Tiene la intención de desbloquear la adopción de la Directiva contra la discriminación y adoptar finalmente un marco jurídico para los ciudadanos, respetando sus derechos contra todas las formas de discriminación, que ha estado esperando durante demasiado tiempo? Y la misma pregunta va con seguridad al Consejo, a la Presidencia sueca. No estamos hablando aquí de procedimientos desde la consulta hasta el consentimiento. Estamos hablando de plena responsabilidad, 15 años de nuestra incapacidad para concluir este archivo tan relevante realmente importa. En realidad, algunos Estados miembros han tomado la iniciativa siguiendo el ejemplo de la iniciativa europea, aunque hasta ahora no ha sido concluyente, y han promulgado legislación, legislación antidiscriminatoria y legislación horizontal antidiscriminatoria en algunos Estados miembros, incluido el mío, España. Estamos esperando el marco jurídico de la Unión Europea. Por eso esperamos escuchar la respuesta tanto de la Comisión como del Consejo sobre este expediente pendiente tan importante desde hace nada menos que quince años.

Señor presidente, señora comisaria Dalli, es cierto que el debate sobre las adopciones transfronterizas a nivel global debe reflejar algunas preocupaciones, particularmente en un contexto en el que tiene lugar el incremento de delitos contra los menores, incluso el tráfico de niños y el tráfico de órganos. Pero en la Unión Europea, el hecho de que haya Derechos sustantivos y Derechos procesales muy diferentes entre sí en todos los Estados miembros no puede dar lugar a ninguna discriminación de la filiación adoptiva, que debe hacerse con igualdad de derechos y sin discriminación. Se trata de un derecho fundamental en la Unión Europea, recogido en los artículos 24 y 32 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que protegen a los menores sin discriminación, haciendo prevaler, en todo caso, su interés superior. Por tanto, hay que saludar la iniciativa de la Comisión de una nueva legislación europea en materia de filiación parental que cumpla la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de reconocimiento mutuo, basada en la confianza mutua entre los Estados miembros y sus respectivos sistemas judiciales de la filiación adoptiva sin discriminación. Creo, por tanto, que esto concierne de manera muy particular a las situaciones especialmente vulnerables, no solamente los menores, sino también de los propios padres adoptivos, independientemente de su orientación sexual y de su género.

Señora presidenta, en el orden del día defendíamos una enérgica posición de la Unión Europea en favor de los activistas de los derechos fundamentales en la Unión Europea —en el caso de una activista por los derechos al libre desarrollo de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos, perseguida precisamente por proporcionar una píldora abortiva de interrupción del embarazo en Polonia—. ¿Cómo no vamos a trasladar esos criterios, como propone con claridad el informe de nuestra colega Neumann, a la política exterior, cuando deben estar exactamente en el mismo eje? Pero previniendo dos tentaciones: la primera, hacer pasar por un debate sobre derechos humanos lo que es un debate sobre objetivos políticos, que pueden ser discutibles y legítimos, pero que no tienen nada que ver con los derechos humanos como eje conductor de la política exterior de la Unión Europea. Y la segunda, acabar con este debate sobre la naturaleza de la política exterior de la Unión Europea con actores terceros cuyos estándares de derechos fundamentales son incomparablemente peores que los de la Unión Europea, mediante la defensa enérgica, decidida y determinada de la Unión Europea de los derechos humanos.

Señora presidenta, cuando se ve la rúbrica de este debate, «Activismo de las mujeres: defensoras de los derechos humanos relacionados con la salud sexual y reproductiva y derechos conexos», parece abstracto, pero no lo es. Está hablando de ciudadanas europeas de carne y hueso: Justyna, en Polonia, amenazada con una pena de hasta tres años de cárcel por un fiscal sometido directamente al fiscal general, que resulta ser el mismo ministro de Justicia que solicitó al Tribunal Constitucional polaco, intervenido políticamente, que declarase que Polonia ya no está sujeta a la primacía del Derecho europeo. El mismo Tribunal Constitucional que restringió gravísimamente la libre determinación de las mujeres polacas a la hora de decidir libremente sobre su embarazo. Por lo tanto, es el momento de recordar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos vinculados a derechos fundamentales preciosísimos, como la privacidad, como el libre desarrollo de la personalidad y, por supuesto, la integridad física y moral de las mujeres. Por ello, este Parlamento Europeo hace bien en lanzar un mensaje no solamente de preocupación, sino de rechazo de cualquier persecución penal contra mujeres que decidan libremente sobre su embarazo y, por tanto, sobre sus propias vidas.

Señora presidenta, señora presidenta en ejercicio del Consejo, señora comisaria, el crimen organizado es el crimen de nuestro tiempo. Más del 75 % de la delincuencia que tiene lugar en la Unión Europea es organizada y transfronteriza. Y, por eso, celebramos que el Consejo haya establecido con claridad sus diez prioridades en la evaluación de esta amenaza, que incluyen, por supuesto, el terrorismo, el tráfico de drogas, la delincuencia económica y medioambiental y el tráfico de armas de fuego. Pero, como socialistas, nos importa particularmente el combate frontal contra el tráfico de seres humanos y la explotación sexual y laboral de personas especialmente vulnerables, como las mujeres y los niños, y el abominable tráfico de órganos. Pero, además, como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, subrayo en este debate que estamos tramitando la propuesta de Directiva sobre recuperación y decomiso de activos y el paquete contra el lavado de dinero procedente de negocios ilícitos, o blanqueo de capitales. Es imprescindible completarlo y establecer, además, la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Pero concluyo diciendo que es importante que todo esto se haga preservando el activo más preciado de la construcción europea, la libre circulación de personas. De modo que no lo hagamos introduciendo restricciones innecesarias o desproporcionadas a la libre circulación y, por ende, erosionando o dañando el espacio Schengen que es, sin duda, el activo más precioso. Respetémoslo en la lucha contra el crimen organizado.

Señor presidente, señora comisaria Johansson, este es el quinto debate en los dos últimos años en el Parlamento Europeo sobre muertes en el Mediterráneo y la necesidad de vías legales y seguras y de un mecanismo europeo de salvamento y rescate. Setenta y dos muertos en las costas de Calabria, cerca de Crotone. De acuerdo con el testimonio de los supervivientes, se hacinaban en el viejo barco pesquero al menos doscientas personas. ¿Y sabe qué? Frontex había avisado de la presencia de ese barco pesquero cerca de las costas. ¿Y sabe qué? Que el Gobierno de Giorgia Meloni ha hecho la vida imposible a las organizaciones no gubernamentales, de modo que no había ninguna cerca del naufragio. La consecuencia es que no intervino la Guardia Costera. No intervinieron ni respondieron las autoridades italianas, y por eso, hay una investigación penal dirigida por la Fiscalía italiana para determinar las responsabilidades. Pero hay más. Se suman esas setenta y dos víctimas, de ellas dieciocho niños, a las veintiséis mil muertes en el Mediterráneo en los últimos diez años, procedentes de Irak, de Irán, de Siria, de Afganistán, de Pakistán, de Somalia, de nuestra vecindad torturada, y esto exige una respuesta. Esta puede venir del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, con solidaridad efectiva y realojamientos, mandatos de reubicación vinculantes y también, por supuesto, con obligaciones para los Estados miembros de atender el Derecho internacional humanitario en un mecanismo europeo de salvamento y rescate. Por tanto, créanlo, no puede parar este Parlamento Europeo hasta que haya solidaridad vinculante de los Estados miembros, cumplimiento estricto del Derecho internacional humanitario y del Derecho europeo por parte de todos los Estados miembros y un mecanismo europeo de salvamento y rescate, además de vías legales y seguras y visados humanitarios para llegar a la Unión Europea.

Señora presidenta, la migración es un hecho. No es una amenaza ni contra nuestra seguridad ni contra nuestra identidad y, desde luego, los muros no son la respuesta. La respuesta debe ser europea en su alcance, en sus valores, pero también en su Derecho legislado conforme a los principios de solidaridad vinculante y responsabilidad compartida. Este Parlamento ha puesto en vigor ese Derecho legislado en migración y en asilo. Si estamos negociando un nuevo Pacto es porque ha habido incumplimientos por parte del Derecho de los Estados miembros, de los Gobiernos de los Estados miembros, y falta de solidaridad y de responsabilidad compartida. Pero aún tenemos una oportunidad. Para ello es imprescindible que exista solidaridad vinculante y responsabilidad compartida desde las fronteras expuestas, desde Canarias hasta Lesbos, por parte de los Estados miembros. El Parlamento Europeo va a hacer su trabajo. Por eso hemos asumido la hoja de ruta, el calendario antes del final de este mandato para que se aprueben esos cinco reglamentos. Es imprescindible, sencillamente, que el Consejo haga su parte del trabajo. When there is a will, there must be a way.

Señora presidenta Regner, señora comisaria, señora presidenta del Consejo, una vez más debatimos en el Parlamento Europeo la erosión del Estado de Derecho y del pluralismo informativo. Y lo hacemos con fundamento. Desde que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior mandató a la Comisión —al Comisario de Justicia Didier Reynders— que trajera anualmente un informe sobre el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en la Unión Europea, sabemos que hay Estados en los que se detecta un riesgo claro de violación sistémica de los valores comunes de la Unión. Pero en todos los Estados miembros pueden, efectivamente, darse problemas de erosión del Estado de Derecho y retrocesos de libertades que consideramos fundamentales. Es el caso de la concentración de medios informativos, debatida hoy, en Grecia. Es importante que se sepa que este debate no concierne solo a un Estado miembro, sino al conjunto de la Unión. Desde luego, concierne al conjunto de la Unión la violación de los derechos fundamentales consagrados en la Carta, en el artículo 8, de nuestro colega Androulakis. Es inverosímil tratar de alegar que puede haber una amenaza a la seguridad que justifique una interceptación masiva de sus comunicaciones telefónicas y personales con un instrumento tan intrusivo y, a mi juicio, tan incompatible con la garantía de los derechos fundamentales de la Carta, como la herramienta Pegasus y, en el caso griego, la herramienta de spyware Predator. Considero completamente inaceptable que se produzca en un Estado miembro una concentración de medios de comunicación en muy pocas manos y, particularmente, próximas al Gobierno. Porque es inaceptable que existan periodistas amenazados en la Unión Europea por ejercer su labor de investigación. Porque es inaceptable que se haya producido un asesinato de un periodista y sea escasamente mentado en los debates de esta Cámara, como es el caso de Georgios Karaivaz, en 2021, todavía no esclarecido. Porque es completamente inaceptable que no se esté velando en cada Estado miembro por la anticipación de lo que tiene que ser el cumplimiento estricto del Derecho europeo, que en estos momentos está en curso: la Directiva Anti-SLAPP, que, para que todo el mundo lo entienda, es una Directiva para prevenir la intimidación a través de litigación o interposición de querellas contra los periodistas independientes; la legislación europea de libertad de los medios de comunicación —Media Freedom Act—, que pretende proteger, precisamente, no solo la libertad de información, sino el pluralismo informativo; y lo que esperemos que sean las conclusiones de la Comisión de Investigación Pegasus —de la que soy miembro—, que ojalá establezca un marco, no ya regulatorio, sino de prohibición de unas herramientas tan intrusivas para la confidencialidad de los datos personales y de las comunicaciones personales, como son Pegasus y Predator.

Señor presidente Karas, llevamos un año de guerra injusta y criminal de Putin contra Ucrania. Pero hay que remontarse muchos años para recordar un Parlamento cuya mayoría amplia esté tan unida en el ejercicio del liderazgo frente a ella por parte del alto representante Borrell y de la presidenta von der Leyen. Este Parlamento ha apoyado las medidas humanitarias para las personas desplazadas, ha apoyado la apuesta por la autonomía estratégica y la autonomía energética, ha apoyado las sanciones contra Rusia y también respalda la ayuda militar a Ucrania. No warmongering. Efectivamente, no hay ninguna contradicción. Al contrario, reafirma la apuesta europea por la paz: apoyar al agredido frente al agresor. Pero me encuentro entre quienes, cuando se habla de Zeitenwende —de cambio de época—, confían en que la Unión Europea también vaya a aprovechar este liderazgo para estar más unida en la construcción de una política exterior, de defensa y de seguridad común cohesiva para reparar el coste social y económico que tienen las sanciones, también para los más vulnerables, en la Unión Europea; y para recuperar el lema perdido de cuando ratificamos el Tratado de Lisboa: «Una Unión más perfecta».

Señor presidente Karas, señora comisaria Jourová, señora presidenta del Consejo, en septiembre de 2021, este Parlamento Europeo adoptó una Resolución requiriendo un acuerdo interinstitucional que ponga en marcha un organismo ético que dé transparencia y accesibilidad a las declaraciones de intereses económicos y de incompatibilidades de los miembros del Parlamento Europeo. Pero ahora pide más. Pide un acto legislativo: una ley europea que garantice que, de la falta de veracidad de esas declaraciones de intereses, se deduzcan consecuencias; que establezca la protección de los denunciantes que denuncien cualquier acto irregular o de corrupción que pueda tener lugar en alguna institución europea; que coordine ese organismo con la OLAF, la Fiscalía, Europol, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas, y, sobre todo, que refuerce el principio de confianza de la ciudadanía en el Parlamento Europeo y que diga con toda claridad que, si hay en las instituciones europeas alguien que asuma la responsabilidad penal individual de cometer un delito, un acto de corrupción, en ningún caso podrá señalarse que los mecanismos de transparencia, verificación de autenticidad y sanciones de un organismo independiente son los que han fallado, porque ahora ha sido así.

Señor presidente, comisaria Dalli, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior ha legislado penalmente esta legislatura contra la ciberdelincuencia y el ciberacoso contra las mujeres. Esa es una prioridad de la Unión Europea en todos los foros internacionales, también en las Naciones Unidas. Pero hay que decir, además, que ninguna resolución de las Naciones Unidas puede tener la fuerza de obligar de la legalidad internacional si no la asumen como tal la Unión Europea y sus Estados miembros. En su momento hablamos del Convenio de Estambul, en el que el Parlamento Europeo mandató a la Comisión que, con el Consejo, ratificarse con personalidad jurídica única y, sin embargo, la tarea no está completa. A pesar de que el mandato fue de 2017, todavía la Presidencia sueca no ha conseguido arrancar la ratificación por seis de los Estados miembros. Y eso que el Tribunal de Justicia ha dicho que puede hacerse sin unanimidad. Por tanto, para que tenga fuerza de obligar el mandato de la Unión Europea en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo importante es hablar con una voz propia y que todos los Estados cumplan con sus obligaciones de protección de las mujeres.

Señora presidenta, el año pasado, 2022, celebramos setenta años de la Constitución de la Primera Asamblea Parlamentaria de las Comunidades Europeas. Este Parlamento Europeo es un salto adelante en la medida en que es la única institución democráticamente electiva, legislativa y supranacional del mundo. Pero es imprescindible saber que la participación electoral en los cuarenta años que este Parlamento ha sido directamente elegido por sufragio universal ha declinado, rebotando al alza, y debemos celebrarlo, en las elecciones de 2019. Es mucho lo que tenemos que hacer para continuar estimulando la participación electoral y este derecho electoral de los ciudadanos móviles, es decir, de esos trece millones de ciudadanos europeos que residen en algún otro país del que no son nacionales. Es un paso en la dirección correcta y hay que hacerlo con todas las garantías: información, campaña, lengua que les sea comprensible, remoción de todos los obstáculos burocráticos y facilitación del voto anticipado y del voto por correo, particularmente para las personas con discapacidad. Es un paso, por tanto, correcto. Termino diciendo que he escuchado decir en este debate que no existe la ciudadanía europea. Eso es negar el Derecho europeo. La ciudadanía europea existe porque la consagra la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Derecho de la Unión. Y este Parlamento la representa.