Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señor presidente, representante de la Presidencia española del Consejo, no muy lejos de donde hablamos se encuentra la sede del Consejo de Europa, cuyo producto más granado es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, garantizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también con sede en Estrasburgo. El enorme prestigio que disfrutó durante un tiempo el Consejo de Europa fue promover el Estado de Derecho, los derechos humanos y la paz en el continente europeo. Todo se torció cuando ingresaron simultáneamente Ucrania, Georgia... y Rusia, que libró una guerra contra Georgia primero, y luego contra Ucrania, hasta ser expulsada el año pasado. Y ahora vemos esa guerra intermitente entre Armenia y Azerbaiyán, ambos también miembros del Consejo de Europa. La Unión Europea tiene no solamente el desafío de emplearse a fondo en la ayuda humanitaria para las personas que huyen de la opresión en uno de los enclaves en juego, Nagorno Karabaj, sino también el desafío de restablecer la seguridad en Europa a través de la diplomacia para que Europa sea no solamente un continente libre de la pena de muerte, sino también garante de la paz.

Señor presidente, señor vicepresidente Schinas, Schengen es el bien más preciado, seguramente la mejor consecución de la experiencia europea y el derecho fundamental que los europeos disfrutan más. Por tanto, basándose en la confianza mutua, cualquier violación de las reglas de ese espacio sin fronteras interiores —que necesita una gobernanza— debe ser tomada muy en serio por la Comisión, que es guardiana de los Tratados y del Derecho europeo. Y estamos hablando nada menos que de una venta corrupta a gran escala de visados para entrar en el espacio Schengen. Por tanto, la Comisión tiene todo el deber de llegar absolutamente hasta el fondo de esa investigación, cualquiera que sea el país al que afecte y cualquiera que sea el número de visados —y ¡vaya si es alarmante lo que publican algunos medios de comunicación!— que han estado expuestos a esta trama corrupta. No estamos hablando solamente del derecho fundamental a la libre circulación y del acceso a una Europa sin fronteras y de la gobernanza correcta de Schengen de acuerdo con la confianza mutua; estamos hablando de la lucha contra la corrupción. Y, si este Parlamento Europeo ha puesto el acento pidiéndole a la Comisión que elimine los programas de ciudadanía y de residencia para inversores, ¿cómo no va a pedirle a la Comisión que se tome en serio esta trama corrupta de venta de visados de acceso al espacio Schengen, algo absolutamente inaceptable e incompatible con el derecho fundamental a la libre circulación, y exija todas las responsabilidades al respecto?

Señora presidenta, sin libre acceso a la información ni pluralismo informativo no hay democracia que merezca ese nombre. Se sabe desde el debate constituyente en los Estados Unidos hace 250 años, y lo sabe la Unión Europea por el carácter vinculante de esta libertad de información y esta libertad de prensa por la que, por fin, este Parlamento Europeo está haciendo una apuesta legislativa. Transparencia, independencia de los medios de comunicación públicos, protección y blindaje de los periodistas frente a litigaciones truculentas para intimidarlos o amordazarlos, y no digamos espiarlos o perseguirlos judicialmente. Este es un paso en la dirección correcta de la historia y un paso en la dirección correcta del cumplimiento completo del mandato vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y, por tanto, hay que decir que ahora es el momento de que la libertad de información y el pluralismo informativo sean parte también del marco del Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales del que regularmente informa la Comisión ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior para que todos los Estados miembros sepan que este Parlamento habla absolutamente en serio.

Señor presidente, comisaria Ferreira, ciudadanía y democracia. Escuchamos hablar de ello en un debate con la presidenta Von der Leyen, lamentablemente minado por intervenciones en español que, despreciando la agenda europea, solo tenían como obsesión denostar al Gobierno de España y a la Presidencia española. Pero lo cierto es que ninguno de los grandes objetivos de profundización democrática, incluido el reconocimiento de la diversidad incluso lingüística, será practicable si no despejamos las dificultades del método de decisión y la regla de la unanimidad, con la consiguiente reforma de los Tratados. Y desde luego es el caso de la ampliación a una Unión Europea de hasta treinta y tres miembros de la que habló también la presidenta Von der Leyen. Pero, además, le escuchamos decir que el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo es una combinación de soberanía, solidaridad y seguridad. Lo cierto es que la soberanía y la seguridad son las aspiraciones y las reivindicaciones de los Estados miembros, mientras que la solidaridad y la cohesión —no solamente entre Estados miembros, sino también solidaridad con los ciudadanos de terceros países que intentan llegar a la Unión Europea huyendo de la desesperación—, esas son el verdadero reto y esa es la cuenta pendiente no solo del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, sino de la profundización democrática en la Unión Europea.

Señor presidente, señora vicepresidenta Jourová, intervengo en este debate sobre una iniciativa europea de regulación de la prostitución, que lleva el impulso de nuestra compañera, la señora Noichl, para apoyarlo. Porque entronca con una realidad que describe un paisaje de explotación de mujeres en un fenómeno de dimensión transnacional y conexo con redes de criminalidad transfronteriza. Por tanto, sí merece un tratamiento penal que está además conectado con la Directiva contra la trata, en la que tengo el honor de ser el ponente del Grupo socialista. La iniciativa apunta a tres objetivos: prevención, programas de salida, pero, también muy importante, reducción de la demanda lanzando un mensaje a los Estados miembros de penalización del consumo de prostitución y que, por tanto, se criminalice la compra de sexo que se ensaña sobre el cuerpo, la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres. Y se debe hacer, además, porque esta penalización es la única manera de desmantelar el modelo de negocio de las redes que trafican con personas, de los tráficos ilícitos y de la explotación de mujeres. Y es un objetivo no solamente perfectamente coherente con los que sostiene el Partido Socialista en España y su Gobierno, sino también al alcance de la generación viva de ciudadanas y ciudadanos europeos.

Señor presidente Angel, señor comisario Hahn, desafíos tan enormes como la pandemia y la ilegal guerra de Rusia contra Ucrania han acelerado la proclamada voluntad de la Unión Europea de alcanzar cuanto antes su autonomía estratégica. Y aquí la tenemos. Una iniciativa hace poco impensable, una ley europea para asegurar el suministro de materias primas fundamentales, que tiene como objetivo reducir nuestra dependencia de un reducido número de países, entre ellos China, del que proviene el 90 % de las importaciones. Pero un capítulo esencial de esta ley europea es precisamente el que compromete financiación e inversiones en la investigación del suministro de materias fundamentales en la Unión Europea. He conocido que existen proyectos de investigación en curso en los Estados miembros, entre ellos, un proyecto pionero de dos universidades canarias que ha encontrado dos yacimientos de tierras raras y materias primas fundamentales en Fuerteventura. Proyectos tan innovadores como este merecen todo el apoyo de la Unión Europea. Sea en este rincón insospechado, Fuerteventura, como en cualquier rincón de la Unión Europea, tenemos que hacer lo posible para que se cumpla el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales.

Señor presidente, resuenan en este Parlamento Europeo, en todas las lenguas, las protestas frente a este acuerdo con Túnez, inconsistente con la legislación europea y con la estrategia que nos hemos dado —un pacto de migraciones y asilo coherente con nuestros valores, única oportunidad de que sea eficaz—. 700 millones para una involución autoritaria en Túnez que intentan paliar el flujo migratorio que está padeciendo Italia. ¿Qué vamos a decir ante el flujo migratorio que está padeciendo Canarias en estos momentos como consecuencia de la inestabilidad en Senegal, a raíz del intento de autorreelección del presidente Macky Sall? Canarias está padeciendo en estos momentos la embestida de nada menos que 2 000 personas prácticamente cada fin de semana —en un contexto de migración irregular— que, una vez más, huyen de la desesperación. ¿Qué coherencia guarda todo esto con el compromiso que hemos adquirido de que todos los elementos de la ecuación —incluida la dimensión externa, pero también, por supuesto, la solidaridad vinculante en la redistribución de esas personas que llegan procedentes de países inestables, inseguros o absolutamente invivibles— tengan, por fin, una respuesta a escala europea? ¿Hasta cuándo vamos a continuar poniendo parches frente a lo que requiere una política europea que merezca ese nombre?

Señor presidente, señora vicepresidenta Jourová, en 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyos artículos 40 y 41 consagran derechos fundamentales de última generación: el derecho a la transparencia, al acceso a los documentos y al buen gobierno. Hay todo un historial de resoluciones de este Parlamento Europeo que ordenan que por fin se actualice la Directiva actualmente en vigor —que es nada menos que de 2001, la 1049/2001— manifiestamente obsoleta. Hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: las sentencias De Capitani 1 y De Capitani 2 garantizan el derecho de acceso incluso a la información que se maneja en los trílogos, en la fase definitiva del procedimiento legislativo entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Y la Defensora del Pueblo, Emily O'Reilly, señala siempre que existe un retraso inconcebible, intolerable, en el acceso a los documentos, incluso por parte de los ciudadanos que lo solicitan. Por tanto, no se trata solo de plataformas y portales, ni solamente de utilizar las herramientas tecnológicas disponibles. Se trata de asegurar una actualización —como propone el informe de nuestra compañera Evin Incir— de la legislación europea, que garantice la realización efectiva del derecho a la información, al acceso a los documentos y a la transparencia como componente esencial de la democracia. Y añado más. Este Parlamento se ha preocupado mucho de combatir la desinformación, la intoxicación, las fake news y los bulos. Es un componente esencial para combatir la desinformación el que los ciudadanos tengan derecho a un acceso a la información correcta del modo en que operan las instituciones europeas, lo que afecta incluso a la cúspide de las instituciones europeas y de la Comisión Europea, como aquí se ha recordado. Hay un asunto político que concierne a las comunicaciones de la presidenta de la Comisión con grandes farmacéuticas. Este Parlamento tiene derecho a conocer. Es una cuestión de democracia, señora vicepresidenta.

Señora presidenta, señor presidente en ejercicio del Consejo, señora comisaria Johansson, en 2019 tuve el honor de ser ponente de una resolución de este Parlamento Europeo que exigía un marco europeo de salvamento y rescate. Cuatro años después sumamos miles de muertos —personas fallecidas en naufragios y tragedias— no solamente en la ruta mediterránea, sino también en la atlántica, por la vía de Canarias hacia la Unión Europea. Un marco europeo de salvamento y rescate daría a las guardias costeras y a los Estados miembros esa red europea con un mandato reforzado de Frontex para coordinar las operaciones de salvamento en la mar, y no solo esas, también las de desembarco en puerto seguro y las de asistencia humanitaria, identificación y protección internacional una vez en tierra. Ese es el valor añadido del marco europeo de salvamento y rescate: vías legales y seguras, desembarco seguro, no criminalización de las organizaciones no gubernamentales y una red de solidaridad en la que puedan descansar, de modo que ni las guardias costeras ni los Estados miembros sean abandonados a su suerte, que es el lamento que se ha convertido en una salmodia repetitiva cuatro años después de la primera vez que este Parlamento Europeo debatió sobre el salvamento y el rescate a escala europea.

Señor presidente, vicepresidente Šefčovič, de las conclusiones del Consejo me centraré en el punto en el que dice lamentar la sucesión de muertes, tragedias y naufragios en el Mediterráneo. Quiere buscar una solución europea que acometa sus causas profundas —la migración irregular— y anota que Hungría y Polonia invocan el consenso, eufemismo con el que pretenden reclamar la unanimidad que les permita seguir bloqueando cualquier solución europea al respecto. Pues hay solución europea, y este Parlamento la exige en un debate monográfico: un mecanismo europeo de salvamento y rescate que permita coordinar los esfuerzos, ahora fragmentarios e insuficientes, de las guardias costeras de los Estados miembros y que cree una red de solidaridad que obligue a prestar asistencia no solo a esas guardias costeras, sino al conjunto de la Unión Europea en las situaciones humanitarias que se plantean en la identificación y asistencia de los migrantes irregulares y, por supuesto, en la protección que merecen los demandantes de refugio. Esa, y no otra, es la respuesta europea eficaz que atiende a las causas profundas de la inmigración irregular, además de la apertura de vías legales y seguras.

Señor presidente, señor comisario, una vez más este Parlamento Europeo insiste, con una polifonía coral, en que Rumanía y Bulgaria se incorporen finalmente a Schengen y disfruten plenamente de ese derecho fundamental tan preciado por la ciudadanía europea que es la libre circulación en igualdad de condiciones con todos los demás. Han cumplido con todos los criterios, han hecho sus deberes, su tarea para disfrutar de Schengen, y aún no lo disfrutan pese a que este Parlamento Europeo ha apoyado esa pretensión justa desde hace mucho tiempo. Pero uno este debate con el que sosteníamos en este Pleno hace veinticuatro horas: la necesidad de superar la regla de la unanimidad y sustituirla por la mayoría cualificada. Porque —que se entere todo el mundo— si Rumanía y Bulgaria aún no están en Schengen es porque hay dos Estados miembros de veintisiete que todavía se oponen, y uno solo de ellos a uno de los dos países. Por tanto, resulta inconcebible que, porque dos Estados de veintisiete todavía se opongan, Rumanía y Bulgaria tengan pendiente esa cuenta con el pleno disfrute de su ciudadanía europea que es Schengen.

Señora presidenta, Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, comisario Reynders, por cuarta vez debatimos en el Parlamento Europeo el informe sobre el Estado de Derecho, que intenta poner un marco europeo a las insuficiencias mostradas por la activación del artículo 7, por riesgo grave de violación del Estado de Derecho, contra Hungría y contra Polonia. Precisamente es un marco permanente, periódico, anual y objetivado en sus parámetros que arroja ya enseñanzas claras. La primera es la necesidad de distinguir aquellas situaciones de riesgo sistémico contra los valores comunes del Tratado de la Unión Europea frente a aquellas otras que pueden presentar problemas que merezcan comentario, pero no representan una amenaza sistémica. Dado que se acompaña el informe de veintisiete exámenes del Estado de Derecho en los Estados miembros —en todos y cada uno—, no puedo evitar hacer referencia a una mención sobre España, la que le acabo de escuchar a mi colega el portavoz del Partido Popular, el señor Rangel. España ha hecho progresos en materia de eficiencia y calidad de la justicia —que reconoce el informe—, en materia de transparencia y registro de intereses y también en materia del derecho a la defensa. España no tiene ningún problema de pluralismo en los medios que dependen del sistema de radiotelevisión pública española. Sí tiene un problema con el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que la Constitución ordena que se renueve íntegramente cada cinco años. La última vez que se renovó fue en 2013 con mayoría absoluta y Gobierno del Partido Popular. Caducó en 2018. Estamos en 2023; han pasado cinco años. Por tanto, el Consejo General del Poder Judicial lleva nada menos que cinco años caducado, con grave perjuicio del prestigio de la Justicia, de la Administración de Justicia, de la cobertura de vacantes en el sistema judicial, del derecho a la justicia, del acceso a la justicia, de la tutela judicial efectiva de 47 millones de españoles. Y hay un único responsable, que es el único actor político, que en las Cortes Generales se niega a formar parte de los tres quintos necesarios para renovar de una vez el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, el mensaje es muy claro: primero, hay que renovar de acuerdo con las reglas vigentes; es lo que dice el informe del Comisario Reynders. Segundo, hay que debatir y reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo, los doce de extracción judicial y los doce juristas de reconocida competencia. Primero, renovar de acuerdo con las reglas vigentes y después, en su caso, debatir y reformar. Pero primero renovar. Esa es la obligación, de acuerdo con las reglas y de acuerdo con las lecciones del informe sobre el Estado de Derecho del comisario Reynders.

Señora presidenta, comisario Schmit, no ha sido solamente la Conferencia sobre el Futuro de Europa, cuando se ha escuchado a la ciudadanía, sino que también este Parlamento Europeo se ha rebelado, una y otra vez, contra la unanimidad que deriva en bloqueo no solamente de decisiones cruciales, sino de legislación europea, como es el caso penoso de la Directiva contra la discriminación, la llamada Directiva horizontal contra toda forma de discriminación. Por eso, tiene pleno sentido este informe que propone, por fin, utilizar la cláusula pasarela, que, por lo menos, permite pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada y, consiguientemente, al procedimiento legislativo ordinario. El primer paso es el marco financiero plurianual. El segundo paso: la política exterior de seguridad y de defensa común, que no puede estar bloqueada por la regla de la unanimidad. Después, los recursos propios fundamentales para que la Unión Europea pueda honrar las ambiciones que proclama y, finalmente, la legislación antidiscriminación y, por supuesto, la legislación que afecta a la democracia y a la calidad de la democracia en la Unión Europea, incluido el sistema electoral, que se va a debatir en este mismo Pleno del Parlamento Europeo. Tiene pleno sentido: cláusula pasarela para evitar la unanimidad.

Señor presidente, ¿por qué llevamos dos años debatiendo sobre la necesidad de proteger a organizaciones no gubernamentales, periodistas, editores de prensa, activistas de derechos humanos o de medio ambiente contra procesos manifiestamente infundados o abusivos? Porque en toda Europa la libertad de expresión y de comunicación está retrocediendo. Y este Parlamento Europeo, con el informe de nuestro compañero Tiemo Wölken, está haciendo lo correcto obligando a los Estados miembros a adoptar legislación que permita rechazar inmediatamente, al no admitir a trámite, o de manera rápida en un procedimiento, con todas las garantías, aquellas demandas manifiestamente infundadas que tengan el objetivo de intimidar o de reprimir la libertad de expresión y de comunicación. Es la apuesta correcta en el momento correcto. Y además es imprescindible que evitemos la búsqueda de foros de conveniencia (forum shopping), es decir que, a la hora de interponer demandas abusivas o manifiestamente infundadas, además se elija la jurisdicción más represiva al servicio de aquellos gobiernos iliberales que están retrocediendo en libertad de expresión.

Señora Presidenta, señor Comisario Reynders, una vez más tengo el honor de presentar, en nombre de la Comisión de Justicia y Asuntos de Interior, esta pregunta oral al Consejo y a la Comisión sobre la ampliación del mandato del Fiscal Europeo en relación con el delito de violación de las medidas restrictivas de la UE. Ya sabes cómo es: desde que el régimen de Putin —el presidente ruso, Vladimir Putin— lanzó su guerra de agresión contra la vecina Ucrania, nosotros, desde el Parlamento Europeo, la Unión Europea, hemos hecho todo lo posible para mostrar no solo solidaridad sino también apoyo activo a Ucrania y a los ucranianos. En cuanto a la dimensión militar, que está fuera de nuestra jurisdicción, hay poco que decir, pero en cuanto a la dimensión humanitaria, por supuesto, hemos apoyado todo el camino hasta la activación final de la Directiva de protección temporal, hemos apoyado el esfuerzo de solidaridad, hemos pedido que se actúe, para que la Comisión Europea coordine esa solidaridad con el fin de prevenir la trata de seres humanos en las fronteras de los países vecinos. Hemos apoyado, en la dimensión jurídica y penal del conflicto, todos los esfuerzos por establecer equipos conjuntos de investigación para cooperar con el fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya. Por último, acordamos poner en marcha un procedimiento de urgencia en relación con un nuevo acto legislativo iniciado por usted, Comisario Reynders, para poner en marcha la ampliación, en el ámbito del artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, definiendo los denominados «delitos de la UE», los delitos que figuran como delitos pertinentes de la UE, la violación de las medidas restrictivas de la UE, es decir, añadir esa violación a la lista de delitos de la UE. El primer paso permitió a la Comisión basarse en la propuesta de la Directiva para armonizar en toda la Unión Europea la definición —ese es el objetivo— y las penas, definiciones y penas comunes en relación con este nuevo delito de la UE. Actualmente estamos trabajando en esta propuesta en el Parlamento Europeo, y vamos a adoptar rápidamente, eso es seguro, un mandato para permitir lo antes posible que finalmente se establezca en toda la UE el enjuiciamiento y la condena de la violación de las medidas restrictivas. No obstante, también somos conscientes de que la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos seguirán siendo en su mayoría responsabilidad de los Estados Miembros y sus leyes nacionales. Muy pocos infractores de las medidas restrictivas de la UE son realmente responsables. La razón es que muchos Estados Miembros no tienen suficiente prioridad para enumerar esos delitos. Esta aplicación incoherente de las medidas restrictivas menoscaba su eficacia. Es realmente lamentable, en realidad, una pena que el Fiscal Europeo no pueda enjuiciar estos delitos hasta el momento. De hecho, están relacionadas con la protección de los intereses financieros de la UE. Esa es la competencia del Fiscal Europeo. En la actualidad, en virtud del llamado PIF, la protección de los intereses financieros de la Directiva de la Unión Europea, de la que fui ponente y para la que es competente el fiscal europeo, el fiscal europeo ya ha demostrado su eficacia en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos comprendidos en su mandato. Está ahí. Está en acción. Lleva allí casi dos años. Esta nueva Agencia de la Unión para la Aplicación de la Ley. ¡Un gran éxito! Estamos orgullosos de su entrega. Por lo tanto, es hora de que la Unión Europea actúe en este sentido. Esta es la razón por la que este Parlamento Europeo está decidido a actuar, pero la configuración institucional ha limitado hasta ahora el papel del Fiscal Europeo en este ámbito de actuación. Por lo tanto, formulamos a la Comisión y al Consejo las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿está de acuerdo en que ampliar la competencia del fiscal europeo para incluir el delito de violación de las medidas restrictivas de la Unión ayudaría a garantizar que los delitos se investiguen y persigan de manera homogénea y más eficiente en toda la Unión Europea? En segundo lugar, ¿apoyan el Consejo y la Comisión la iniciativa de varios Estados miembros, que ya son nueve, en este sentido? En tercer lugar, ¿qué medidas van a adoptar la Comisión y el Consejo con este fin? Espero con interés sus respuestas y reacciones: Consejo, Presidencia sueca, Comisión y Comisario Reynders.

Señora presidenta, señor comisario Reynders, está usted echando muchas horas en este pleno del Parlamento Europeo. Más horas echamos aún los que fuimos miembros de la Comisión de Investigación sobre los Papeles de Pandora, que arrojó algunas lecciones conclusivas, algunas de las cuales voy a subrayar. La primera es la necesidad de transparencia y, por tanto, de evitar que se produzcan conflictos de intereses y que, bajo la rúbrica de empresas de contabilidad financiera, se escondan verdaderos chiringuitos de evasión de capitales. La segunda es la necesidad de acabar con las prácticas predatorias de fiscalidad competitiva entre los Estados miembros de la Unión Europea, particularmente en el ámbito de la fiscalidad del patrimonio y de sociedades. Esto incluye también poner fin a los programas de residencia para inversores y a los programas de ciudadanía para inversores, como tantas veces hemos requerido en este Parlamento Europeo. Y la tercera es la necesidad de combatir los paraísos fiscales. La única forma de que la Unión Europea sea relevante en ese combate es que lo haga de forma unida, consistente, persistente en el tiempo y en todas las organizaciones de la gobernanza de la globalización, con el fin de acabar con esa práctica sencillamente inaceptable que tanto se manifestó durante nuestra investigación de los Papeles de Pandora.

Señor presidente, señor comisario Reynders, durante un largo año la Comisión de Investigación Encargada de Examinar el Uso del Programa Espía de Vigilancia Pegasus y Otros Programas Equivalentes ha trabajado duramente y ha sacado conclusiones. ¿Cuál es el sentido de las conclusiones? Que la Comisión tome la iniciativa y pongamos en vigor el Derecho europeo para que algunos hechos investigados no puedan volver a ocurrir. En primer lugar, es necesario condenar cualquier utilización de un programa espía para intimidar o chantajear a la oposición, los activistas de derechos humanos, los abogados, los jueces, los fiscales y los periodistas y, por supuesto, a la prensa libre. En segundo lugar, hay que prohibir la exportación de programas espía a regímenes represivos y solicitar una moratoria de hecho para la exportación de esos programas o la revocación de las licencias mientras establecemos algunos estándares comunes que aseguren, primeramente, el recurso judicial efectivo y el control judicial de cualquier utilización de programas espías que viole los derechos fundamentales para cualquier causa que no sea la investigación de delitos muy graves. Por supuesto, un estándar europeo de seguridad nacional para que esta no pueda ser invocada para reprimir los derechos fundamentales sin los principios de necesidad y proporcionalidad que establece la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para cualquier medida intrusiva en cuanto a los derechos fundamentales.

Señora presidenta, señor comisario de Justicia Reynders, en ejercicio de su derecho, un grupo ultraconservador de este Parlamento Europeo que copreside Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, trae a este debate su propuesta de criminalizar la gestación subrogada y el reconocimiento de la filiación. Al comisario de Justicia le hemos escuchado decir que la Unión Europea no tiene competencia al respecto, que la tienen los Estados miembros. Procedo de un Estado miembro que prohíbe la gestación subrogada. Es una solución que defiendo porque cosifica el cuerpo de la mujer y, por tanto, considero nulo de pleno derecho cualquier contrato que pretenda comercializar esa transacción, además de abusar y explotar a personas vulnerables. Normalmente es una situación insoportable de desigualdad económica. Pero la propuesta en Italia de Giorgia Meloni se acompaña, además, de un señalamiento de las familias de personas del mismo sexo, haciendo como si esa fuera la única situación causal de la gestación subrogada. No solamente es falso, sino que eso es contrario también al Derecho europeo. Es cierto que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe comercializar con partes del cuerpo, del mismo modo que prohíbe la clonación, pero también prohíbe la discriminación por cualquier razón de género u orientación sexual, además de prohibir, por tanto, cualquier discriminación de menores, cuyo interés superior debe prevalecer independientemente de su origen. Porque la discriminación por origen, aunque el origen de la filiación sea ilegal, también es contrario al Derecho europeo. Por tanto, tenemos que decir que no contará con el apoyo de la mayoría de este Parlamento Europeo para sacar adelante una propuesta para la que no tiene competencia y que no se explica por lo que afirma, sino más bien por lo que oculta.

Señor presidente, Consejo, Comisión, estamos en el año 2023 y pronto hará 14 años que entró en vigor el Tratado de Lisboa, que ordenó que pusiéramos en pie no solamente una política común de migración y asilo, sino una legislación común. Y este Parlamento ha trabajado muy duro para cumplir esa promesa con cinco Reglamentos vinculantes para los Estados miembros sobre la base, por fin, de los principios de responsabilidad compartida y solidaridad vinculante. El último Consejo de Ministros de Justicia e Interior en Luxemburgo supuso un paso adelante en la dirección correcta —un principio de solidaridad vinculante—, bajo la Presidencia sueca y con el liderazgo de España, que asume la Presidencia del 1 de julio. A pesar de las insidias, los ataques incesantes, injustos y, desde luego, poco patrióticos del Partido Popular español, que no pierde ni una ocasión ni un turno de palabra para hablar mal de su país, la Presidencia española puede producir resultados. Y no producirlo en esta legislatura sería un gran fracaso. Pero, para conseguir el éxito, es necesario que el sistema sea europeo en sus valores, en su legislación y en la escala de sus respuestas.

Señora presidenta, en una legislatura iluminada por la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que no ha habido un solo pleno en el que no hayamos discutido sobre el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en los Estados miembros, y en un pleno en el que hemos debatido el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea, tiene todo el sentido que le pidamos al Consejo y a la Comisión que inicien las negociaciones para adoptar de una vez esa ley electoral europea que promueve el Parlamento Europeo. En esta ley hay mensajes tan claros como la necesidad de listas transnacionales, de la recuperación del cabeza de lista de cada familia política para presidir la Comisión —el principio de Spitzenkandidat— y del establecimiento de bases electorales homogéneas para que haya igualdad de género en las listas, se incorpore la discapacidad y se establezcan permisos de maternidad, de paternidad y de enfermedad reglados en el Derecho europeo, que no dependan de la discreción de la Presidencia del Parlamento Europeo, así como la creación de un umbral homogéneo para acceder a los escaños del Parlamento Europeo. Haciendo todo esto estaremos reforzando la ciudadanía, la participación de la ciudadanía en las elecciones europeas y nuestra propia representación. En definitiva, estaremos reforzando la calidad de la democracia en Europa.

Señora presidenta, señora vicepresidenta Vestager, estamos aprobando nada menos que una ley europea de inteligencia artificial, uno de los grandes objetivos de legislatura. Una inteligencia artificial que nos va a acechar el resto de nuestras vidas y el esfuerzo de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en su informe ha tenido como objetivo hacerla compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no solo desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista jurídico y normativo. A tal fin, ha establecido usos prohibidos como, por ejemplo, la inteligencia predictiva, policial y judicial o el reconocimiento biométrico indiscriminado y ex ante a la comisión de ningún delito, y, por supuesto, los usos discriminatorios incompatibles con la igualdad y el principio de no discriminación que están consagrados en la Carta. Esto va a situar a la Unión Europea a la vanguardia de un desarrollo tecnológico imparable, al que seguramente la norma llegará siempre un poco tarde con respecto a los vertiginosos desarrollos futuros y potenciales, pero que está lanzando un mensaje al mundo: la Unión Europea tiene la firme determinación de controlar la agenda de la inteligencia artificial.

Señora presidenta, señora vicepresidenta Vestager, nada menos que hace cinco años, en 2018, la Comisión Europea adoptó una iniciativa novedosa que fue saludada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Se trataba de poner en marcha nada menos que una orden judicial directamente ejecutable de obtención de pruebas electrónicas en la investigación y el enjuiciamiento de la delincuencia transnacional, particularmente de la ciberdelincuencia, la pornografía infantil y la falsificación de métodos de pago, que son delitos que se han disparado durante la pandemia, sobre todo la ciberdelincuencia. Cinco años después, este procedimiento por fin ha llegado a su término al ser debatido hoy en este Pleno del Parlamento Europeo. Lo celebro porque significa un paso adelante para que las autoridades judiciales puedan ordenar directamente a los servidores y proveedores en la red que retiren y obtengan pruebas electrónicas relevantes para las investigaciones penales. Y, además, lo hagan en tiempo perentorio: diez días, y, en casos de emergencia, hasta en ocho horas. Si no lo hacen, deberán pagar una multa que puede suponer hasta el 2 % de su volumen de negocio. Además, deben designar a una autoridad o una persona encargada de mantener contacto con las autoridades judiciales europeas en el territorio europeo. Es un paso adelante. Por fin contamos con un procedimiento de obtención de pruebas electrónicas de alcance paneuropeo.

Señora presidenta, este debate en el Pleno acerca de la implantación de la iniciativa ciudadana europea —lo que conocemos en el Derecho de los Estados miembros como «iniciativa legislativa popular»— está conectado con la preocupación que mostró la Conferencia sobre el Futuro de Europa acerca la calidad de la democracia en la Unión Europea, entendida como una unión de Estados y de ciudadanos en la que hay cabida para la reforma del sistema electoral. Sobre esta reforma se debate también en este Pleno, precisamente para crear una lista transnacional y una circunscripción paneuropea en las elecciones europeas o para recuperar el principio de Spitzenkandidat, que implica que la persona que aspira a presidir la Comisión debe haber competido por ello en las urnas. Pero, con respecto al Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea, lo que queda patente es que, hasta ahora, su rendimiento ha sido manifiestamente mejorable y que no han sido pocas las ocasiones en que se han recabado firmas —en siete Estados miembros de la Unión se recabó un millón de firmas— con un propósito antieuropeo, es decir, manifiestamente reaccionario, contrario a los valores europeos. Por tanto, si queremos marcar el mensaje, tenemos que ir en la dirección correcta: el refuerzo de la ciudadanía y la correcta utilización de la iniciativa ciudadana en la Unión Europea.

Señora presidenta, este informe, que responde a la iniciativa de la Comisión de 2022, cambia el tono con respecto a las estrategias anteriores para las regiones ultraperiféricas y acierta porque, aun reconociendo las especificidades y la singularidad de la base jurídica (artículo 349), llama la atención sobre problemas que se han puesto de manifiesto en los últimos tiempos —como la vulnerabilidad frente al volcán y al fenómeno migratorio, y las dificultades para incorporar energías renovables— y sobre las fortalezas relacionadas con la aptitud de las regiones ultraperiféricas para incorporar la economía azul, la biodiversidad, la innovación y la importancia de la formación y la investigación para que, por fin, las regiones ultraperiféricas puedan generar un empleo que aporte valor añadido al conjunto de la Unión. Y, por eso, señalo con esperanza que esta Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea—que ahora preside Canarias y en la que su presidente, Ángel Víctor Torres, intervino con acierto— marca un cambio de tono, de futuro, de esperanza y de optimismo que las regiones ultraperiféricas pueden aportar al conjunto de la Unión Europea.

Señora presidenta, durante su mandato, esta comisión, que ha estudiado las interferencias extranjeras en los procesos democráticos, ha producido un documento de conclusiones muy relevante. Me interesan sobre todo sus conclusiones tercera y quinta porque son las que conectan las plataformas tecnológicas —y la necesidad de someterlas a un marco regulatorio europeo— con la defensa ante las injerencias extranjeras. Porque las grandes empresas tecnológicas no tienen como objetivo producir una opinión pública libre a través de un debate pluralista, sino exclusivamente explotar algoritmos que radicalizan y confrontan a sus usuarios. Es por eso que la inteligencia artificial supone una vuelta de tuerca en una revolución tecnológica que amenaza con poder fabricar y difundir imágenes y voces falsas con apariencia de veracidad. La Unión Europea tiene que estar a la vanguardia en la defensa de su idea de democracia, no solamente por ella misma, sino por la democracia en el mundo. Y a ello apunta el documento de conclusiones.