Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señora presidenta, defensora O'Reilly, vicepresidente Šefčovič, respaldamos este informe de iniciativa porque apoyamos el desempeño de la institución Defensora del Pueblo Europeo, que está marcando doctrina, con sus 348 informes en el curso del año 2022, contra las malas prácticas en la Administración europea —contra los retrasos, contra el abuso de los silencios— y garantizando acceso a los documentos, transparencia, cultura de servicio público y respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Carta. Por eso, estamos convencidos de que la institución que llamamos Ombudsman u Ombudsperson desempeña un papel complementario al del Tribunal de Justicia en la garantía del respeto del Derecho en la Unión Europea. La invitamos, por tanto, a sistematizar y publicar eso que podríamos llamar la «ombudsprudencia» de la Defensora del Pueblo Europeo en una administración ética y eficaz en todas las instituciones de la Unión Europea.

Señor presidente, señor comisario Reynders, este informe sobre la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales financiadas con cargo al presupuesto de la Unión coincide con la valoración y con los programas que hemos apoyado e impulsado desde la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior para las organizaciones no gubernamentales, reconociendo positivamente su papel, especialmente en el ámbito humanitario, cuando actúan en los ámbitos de migraciones y asilo, tan sensibles. Por supuesto, la visión es positiva, no estigmatizadora, todo lo contrario, y creo que las organizaciones no gubernamentales que han sumado 3 700 millones de euros en 2020—2022 han probado ser coherentes con el Tratado de la Unión Europea y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por tanto, están en disposición de incorporar también un sistema de detección, con un identificador único de los beneficiarios últimos de las subvenciones —incluidas aquellas que se gestionan a través de contratas o subcontratas—. Por tanto, valoramos positivamente las organizaciones no gubernamentales y reconocemos su papel como expresión de la sociedad civil a escala europea, al servicio de los valores europeos.

Señor presidente, señor vicepresidente Šefčovič, en los dos años de la guerra de agresión de la Rusia de Putin contra Ucrania, una clara mayoría de este Parlamento Europeo ha dado señales de su determinación de apoyar a Ucrania desde el punto de vista humanitario —la Directiva de protección temporal—, desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista armamentístico. Pero se escuchan voces críticas. No son mayoría, pero la mejor forma de desactivar cualquier capacidad de persuasión de esa crítica es la senda que esta mañana ha subrayado de nuevo el primer ministro De Croo, en representación de la Presidencia belga: una Unión Europea globalmente relevante con una política exterior de seguridad y defensa común, que —cuando superemos esta fase militar que, cronificada, amenaza con una guerra de desgaste y hasta de agotamiento— sea capaz de saber cuáles serán las condiciones de la contribución de la Unión Europea a una paz aceptable para Ucrania. Es la única forma de salir de esta situación que produce desazón y hasta desesperación en buena parte de la ciudadanía europea.

Señor presidente, señora comisaria, señor presidente en ejercicio del Consejo, en este debate sobre una cuestión aparentemente oscura como es la adhesión de la Unión Europea a convenios internacionales, yo traigo un asunto extraordinariamente importante y, sin embargo, todavía pendiente. El Tratado de Lisboa confiere a la Unión Europea personalidad jurídica única —artículo 47 del Tratado de la Unión Europea— y le da al Parlamento Europeo la última palabra para que entren en vigor los convenios internacionales negociados, por mandato del Consejo, por la Comisión. Y, sin embargo, hay un mandato incumplido: el de que la Unión Europea se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos —artículo 6 del Tratado de la Unión Europea—. Existió un dictamen negativo del Tribunal de Justicia, nada menos que en 2013, hace la friolera ya de once años. Y, sin embargo, todavía no se ha concluido la negociación para superar las objeciones interpuestas en ese dictamen. Y sigue siendo imprescindible para completar el círculo de diálogo entre ordenamientos de protección de los derechos humanos con el estándar más alto del mundo —la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos— y de diálogo entre tribunales —el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea—. Hasta que esa cuestión pendiente no esté resuelta, este Parlamento Europeo no debería descansar.

Señor presidente, señora comisaria, señor presidente en ejercicio del Consejo, en este debate de evaluación de las medidas y de los corredores de solidaridad en favor de Ucrania tras la guerra de agresión de la Rusia de Putin, es pertinente y necesario que resalte la contribución de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, porque activamos —lo exigimos así— la Directiva de protección temporal, que significa libre circulación y establecimiento y acceso al empleo y a todos los servicios vinculados a la residencia en el territorio de la Unión Europea para millones —más de cuatro millones y medio— de ucranianos, que ya pertenecen a la Unión Europea, viven entre nosotros. Además, hemos reforzado la cooperación de Eurojust con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para evitar la impunidad de los crímenes de guerra. Y, recientemente, un último logro que merece resaltarse: ayer mismo pasó a tener carácter permanente la conversión en eurodelito de la violación de las medidas restrictivas de la Unión Europea impuestas, precisamente, para castigar los intereses económicos y financieros rusos en el territorio de la Unión Europea. Esa violación de medidas restrictivas es ya un delito europeo y eso se ha conseguido bajo Presidencia española.

Señor presidente, señor comisario, señor presidente en ejercicio del Consejo, de nuevo Frontex —la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas— en un debate con Resolución en el Pleno del Parlamento Europeo: una Resolución resultante del Grupo de Trabajo para el Control de Frontex que hemos puesto en marcha en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que ha sido precisamente la competente y responsable de reforzar el mandato de Frontex hasta convertirla en la agencia gigante de la constelación europea, con un presupuesto que ha pasado de 114 a 800 millones anuales y con 10 000 agentes uniformados con derecho a portar armas. Y no vamos a parar, en este ejercicio de control de Frontex, hasta asegurarnos de que cumple su mandato de respeto de los derechos fundamentales con el despliegue de sus cuarenta oficiales bajo un responsable de la Agencia de los Derechos Fundamentales, también en la cooperación con países terceros y también en las operaciones de búsqueda y salvamento. Y no vamos a parar hasta que no exista ninguna sospecha de manejo impropio de fondos europeos, como la que condujo por investigaciones de la OLAF a la dimisión de su anterior director. Y no vamos a parar hasta que no tengan ninguna credibilidad informaciones que continúan llegándonos de implicación de Frontex en operaciones de pushbacks —devoluciones ilegales—, no digamos de cooperación con milicias que devuelven a personas aprehendidas en alta mar a países no seguros. Este es el compromiso de este Parlamento Europeo en relación con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Señor presidente, señor presidente en ejercicio del Consejo, comisario Reynders, usted lo sabe y lo sabemos los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior: uno de los grandes logros de esta legislatura reside precisamente en la consolidación del marco del Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales, que examina regularmente a los 27 Estados miembros por lo que respecta a sus desarrollos institucionales o legislativos en los que asome el menor indicio de preocupación para el estándar europeo de democracia y de Estado de Derecho e independencia judicial. Ningún Estado miembro, por tanto, está libre de este examen, y esto pone freno a la retórica victimista de quienes estaban señalados por el artículo 7: decir que estaban siendo señalados por un doble rasero, supuestamente, de la Unión Europea. Ahora el objeto de la preocupación es Eslovaquia, porque está dando un paso en la dirección equivocada. En un país donde existe un alto índice de preocupación y de percepción de corrupción, además de otros problemas como la discriminación de minorías —en el caso de Eslovaquia, la minoría romaní, ciertamente preocupante—, resulta que ahora se decide cerrar la Fiscalía Anticorrupción. Cuando vemos la luz al final del túnel en Polonia, que anuncia, incluso, que va a suscribir la adhesión a la Fiscalía Europea, Eslovaquia camina exactamente en la dirección opuesta: cerrar la Fiscalía Anticorrupción. El mensaje es claro. Por tanto, este Parlamento Europeo dice con toda claridad que la estrategia contra la corrupción forma parte del marco del Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales de la Unión Europea y que lo que intentamos es ejercer toda la presión necesaria para que Eslovaquia renueve su compromiso con los valores europeos y no lo contrario.

Señor presidente Karas, señor comisario Reynders, ponente María Leitão, bien por este Reglamento que crea un certificado único europeo de filiación sobre una base jurídica, que es un mandato del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea —artículo 81, reconocimiento mutuo de documentos jurídicos en materia civil—, y que sirve a la realización de un derecho fundamental, no solo la libre circulación de todas las personas sin discriminación, sino también el interés superior del menor, consagrado como tal en los artículos 24 y 32 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Interés superior del menor que debe ser protegido y reglado en toda la Unión Europea, independientemente de cuál sea la adscripción de la familia. En la medida en que haya una persona con todos sus derechos fundamentales a cuestas, esta tiene que tener derecho no solo a la libre circulación, sino también a la escolarización, a la manutención y a la sucesión en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, independientemente de la familia en la que se inscriba. Por tanto, a ningún menor se le puede hacer responsable de su origen. Sea jurídicamente aceptado en un ordenamiento jurídico o no, es una persona con todos sus derechos fundamentales y, por tanto, también con el derecho a disfrutar de la libre circulación con un certificado único europeo de filiación.

Señora presidenta, señora vicepresidenta Jourová, señora comisaria Šuica, well done for this defence of democracy package! Porque la democracia no puede ser nunca dada por hecha, tiene que estar siempre defendida y reforzada. Y es lo que tenemos la obligación de hacer de cara a las elecciones de 2024. En primer lugar, protegiéndola frente a las interferencias extranjeras y la manipulación y frente a los bulos y las falsas noticias, pero también incrementando la participación de cara a las elecciones de 2024, no solamente con un mensaje claro de promoción de la participación electoral de las personas que puedan tener problemas de movilidad o las personas con discapacidad, sino también, sobre todo, estableciendo estándares mínimos de participación para combatir, precisamente, el declive de la participación que sufrieron las elecciones europeas durante cuarenta años y del que conseguimos rebotar positivamente en 2019. Ahora se trata de poner en común buenas prácticas, una red europea de cooperación electoral. Se trata de poner en marcha un plan de defensa de la democracia con iniciativas concretas que tengan influencia en la participación electoral que esperamos en 2024. Y, sobre todo, se trata de protegerla frente a cualquier forma de interferencia de esta vecindad, cada vez más canallesca, que amenaza a la Unión Europea y de la que claramente en los Estados miembros tenemos noticia. Pero, sobre todo, tenemos que conseguir que el Parlamento Europeo que salga de las elecciones de 2024 sea exactamente la representación de la ciudadanía europea reforzada que tenemos la obligación de representar.

Señora presidenta, bien por este informe constitucional sobre las elecciones de 2024 y bien por las aportaciones del ponente Domènec Ruiz Devesa, porque se trata, en primer lugar, de que las elecciones sean más europeas, en segundo lugar, de que este Parlamento sea más democrático y, en tercer lugar, de que el proceso político que conduce a la elección de la Comisión sea más parlamentario. ¿Cómo va a ser más europea la elección? Si los partidos políticos que presenten candidatura a las elecciones europeas llevan incorporado el logo europeo y se comprometen a participar en un proceso de formación de candidaturas de escala europea. Lo que hemos llamado el sistema de cabezas de lista. Eso, unido al aumento de la participación —incrementando la posibilidad de que puedan votar los residentes en terceros Estados y las personas con discapacidad—, reforzará aún más la legitimación democrática de este Parlamento Europeo, que salió reforzada en las elecciones de 2019, después de declinar durante 40 años desde su primera elección directa en 1979. Pero sobre todo el compromiso de que el proceso sea más parlamentario consiste en que este Parlamento sea determinante en la candidatura a la Presidencia de la Comisión de modo que la primera fuerza representada en este Parlamento pueda presentar una candidatura y sucesivamente las familias políticas puedan presentar una candidatura al Consejo para que surja del Parlamento Europeo la Presidencia de la Comisión.

Señor presidente, señora comisaria, cuando en este Parlamento Europeo estamos precisamente conversando a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es bueno poner en valor que en esta legislatura hemos conseguido, nada menos, que la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul, que es la gran señal de compromiso en la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y creó un estándar común en Europa. Porque hay Estados miembros —y lo digo con satisfacción— que sobresalen, como España, mientras que otros están más atrás. Pero esto hay que ponerlo también en contacto con el trabajo legislativo que estamos haciendo: la actualización de la Directiva sobre la protección de las víctimas y, naturalmente, la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, que tiene que ser completada antes de finalizar este mandato. Y, en paralelo, la actualización de la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, que intenta indicar el camino a los Estados miembros para que sancionen toda forma de consumo de víctimas de trata y de explotación no solamente laboral, sino sexual, con un mensaje claro al paisaje de prostitución que se ensaña en toda la Unión Europea contra víctimas de trata, un ámbito en el que la Unión Europea tiene que legislar con gran determinación. Y termino diciendo que este trabajo es expresivo de un compromiso todavía pendiente: completar la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos de modo que digamos con toda claridad que toda forma de discriminación y violencia contra la mujer es una forma de violación de los derechos humanos.

Señor presidente, señor comisario Reynders, cuando ha escuchado usted en este Parlamento Europeo una polifonía de voces de distintos Grupos parlamentarios, la conclusión es que ha escuchado, en realidad, una sinfonía con una misma partitura en lo esencial. Y es que, después de un año de trabajo en la Comisión de Investigación sobre el programa Pegasus y adoptadas las conclusiones por este Parlamento Europeo, solo cabe legislar para deducir las consecuencias y establecer una norma común que prohíba la utilización de programas espías que violen derechos fundamentales, sin más, y particularmente su utilización de manera perversa para perseguir a adversarios políticos, activistas de derechos humanos, abogados u oponentes de los Gobiernos, como sabemos que ha sucedido en Estados miembros de la Unión Europea. Queremos una norma común en materia de seguridad nacional para que no pueda invocarse ese concepto en vano al objeto de reprimir derechos fundamentales de privacidad de las comunicaciones y de confidencialidad de los datos personales. Por tanto, pongámonos a trabajar cuanto antes, porque es absolutamente urgente una legislación europea que asegure que la Comisión de Investigación sobre el programa Pegasus, con sus conclusiones, ha servido realmente para mejorar el nivel de protección de los derechos fundamentales de los europeos.

Señor presidente, comisario Reynders, Parlamento Europeo, el Partido Popular español se ha cubierto de fracaso en el intento de investir a su candidato a la Presidencia del Gobierno ante el Congreso de los Diputados. No contento con ese amargo sabor de boca, intenta refrescarlo aquí en este Parlamento con un debate forzado sobre una iniciativa legítima adoptada conforme a la Constitución Española. Una proposición de ley orgánica en la que no hay ninguna sombra de control judicial, ni lawfare, ni comisiones de investigación. Una proposición minuciosamente articulada para superar el control de constitucionalidad que —con seguridad— el Partido Popular va a derrochar a través del recurso directo y las cuestiones de inconstitucionalidad y también las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque excluye los delitos financieros de la Unión. Que lo sepa todo el mundo: en esta ley orgánica o proposición, no existe ninguna amenaza contra el Estado de Derecho ni la democracia en España, ni contra el procedimiento legislativo. Menos salvedad hecha del ejercicio filibustero de reforma unilateral con mayoría absoluta en el Senado del Partido Popular para intentar entorpecer su tramitación parlamentaria, contraviniendo las reglas de urgencia descritas en el artículo 90 de la Constitución Española. No hay ninguna amenaza contra la independencia judicial en España que no sea el bloqueo grosero y contumaz del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular hasta la náusea, cinco años caducado por exclusiva responsabilidad del Partido Popular. Por tanto, que lo sepa todo el mundo estamos ante una ley singular, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para atender una crisis excepcional que tuvo lugar durante el tiempo de gobierno del Partido Popular, que no fue capaz de evitarla ni tampoco de defender después adecuadamente la reputación constitucional de España, la misma que ahora ustedes atacan con saña y sin tregua. Y le digo al Partido Popular que deje que su frustración supure hasta el punto de alimentar la rabia de quienes se manifiestan ante las sedes del Partido Socialista con esvásticas y con saludos nazis, porque eso sí que es la negación absoluta de los valores europeos y del Estado de Derecho que nosotros representamos. «Cómo mueren las democracias» es el título de un ensayo más citado que he leído. Mueren cuando se niega la legitimidad de la alternativa, cuando se niega la posibilidad de que otros consigan —de acuerdo con los procedimientos constitucionales— las mayorías absolutas con las que hacerse investir y llegar al Gobierno en los parlamentos democráticamente elegidos por la soberanía popular. Así mueren las democracias. Señores del Partido Popular, déjenme decirles que el Partido Popular no está en el Gobierno, que lo sepa todo el mundo, porque no ha sido capaz de pactar sino con su desprendimiento de extrema derecha. ¿Y sabe por qué? Porque una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados ha decidido que no puede aspirar a gobernar España quien ni la entiende, ni la acepta, ni la ama —por más que se le llene la boca— como realmente es: plural, mucho más diversa y mucho más plural de lo que cabe en el Partido Popular... (el presidente retira la palabra al orador).

Señora presidenta, señora comisaria Johansson, señora representante de la Presidencia española, en la medida en que la Unión Europea —que arrancó hace setenta años con seis Estados miembros— se ha ido extendiendo, expandiendo y haciendo más diversa y compleja, con frontera terrestre nada menos que en el continente africano —Ceuta y Melilla— y, en el otro extremo, con Rusia y con Bielorrusia, las posibilidades de que gobernantes canallas a nuestro alrededor intenten presionar o chantajear al conjunto de la Unión, ejerciendo presión directa sobre algunas fronteras, se han ido incrementando. Y tenemos dos opciones. La primera, entrar en pánico y actuar reactivamente sin estrategia, sin reglas vinculantes y, además, con la prueba y el error que conducen una y otra vez al fallo y, por tanto, al fracaso. La segunda opción es actuar unidos, con respeto por nuestro Derecho —y, por supuesto, por nuestros valores— y construir un sistema de respuesta que le diga a toda nuestra vecindad que la Unión Europea no va a ceder a ninguna presión porque va a actuar unida, de conformidad con sus valores y de conformidad con su Derecho. Esto es lo que estamos intentando denodadamente al construir, por fin, un Pacto sobre Migración y Asilo, que no será la respuesta completa hasta que no consigamos una escala mundial, una estatura mundial y un músculo diplomático, como para poder hablarle de tú a tú a nuestra vecindad y al conjunto de los actores mundialmente relevantes. Hasta que, además, acometamos en origen los tráficos ilícitos y seamos capaces, abriendo vías legales, de incentivar a los Estados terceros para poder, en su caso, negociar con ellos condiciones dignas y voluntarias de retorno de personas que hayan ingresado irregularmente en la Unión Europea. Esa es la respuesta. E insisto en que de ninguna manera se debe entrar en pánico violando las reglas del Derecho europeo: esa tentación se ha probado una y otra vez y conduce al fracaso.

Estimado colega, le agradezco su pregunta. ¿No crees que estoy listo para responder? ¿No ves que precisamente porque en España no ha habido ningún cambio legal en el Tribunal Constitucional, ningún cambio legal en el Tribunal Supremo, ningún cambio legal en el poder judicial, el único desafío, la única amenaza para la independencia del poder judicial en España es precisamente el bloqueo del Consejo Judicial impuesto por el PP, que está negando los votos necesarios para conformar las tres quintas partes? Además, precisamente porque los jueces son independientes en España, son libres de plantear sus cuestiones constitucionales ante el Tribunal Constitucional, que suspende el procedimiento judicial y el procedimiento judicial, que está en curso, y de plantear las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aceptado para hacer lo mismo. ¿Por qué lo hacen en España? Precisamente porque... (El Presidente interrumpe al orador)

Señora presidenta, señor comisario, presidenta en ejercicio del Consejo, el debate sobre la amenaza al Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales, y la idea europea en Hungría, se remonta nada menos que a 2010, trece años atrás. A partir de 2015, la discusión se extiende a Polonia. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es el núcleo causal de esta secuencia? Pues, evidentemente, una mayoría absoluta en uno y otro país que ha impuesto sus programas sin miramientos, sin respeto de las minorías, con restricción del pluralismo y con un especial ensañamiento con la independencia del poder judicial. Exactamente por eso pusimos en pie el marco permanente del Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales. Exactamente por eso, hace cuatro años ya, comisario Reynders, que usted presenta, ante la comisión que yo presido, el informe anual y el informe nacional que los acompaña. Exactamente por eso adoptamos en este Parlamento Europeo un Reglamento sobre condicionalidad para condicionar el acceso a los fondos europeos al cumplimiento estricto de la legislación europea. Porque esa es la regla del juego. Todos nos atenemos a ella y todos los Estados miembros están obligados a cumplirla y, por supuesto, también Hungría. Y, por tanto, no debe levantarse la condicionalidad hasta que no se produzca, por fin, el alineamiento con las sentencias del Tribunal de Justicia como máximo garante de la primacía y la eficacia directa y vinculante del Derecho europeo sobre el de los Estados miembros. (El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»)

Señor presidente, señora comisaria, Presidencia española, esta legislatura 2019-2024 arrancó con grandes expectativas: una Conferencia sobre el Futuro de Europa que reunió aquí, en esta misma Cámara, a representaciones de todos los estratos de las sociedades abiertas, que dibuja la Unión Europea en su diversidad. El Parlamento Europeo retomó esas conclusiones y ha trabajado duramente en ellas durante dos largos años. Y todas las comisiones de este Parlamento se han involucrado, incluida la que presido, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Y el resultado es elocuente (¡qué va a ser!): un refuerzo de la parlamentarización de la política europea y, consiguientemente, de la investidura de la Presidencia de la Comisión; un refuerzo de la iniciativa legislativa para que no sea indirecta, sino directa, en el Parlamento Europeo; un refuerzo de las políticas sociales —claro—, y un refuerzo de la igualdad y, particularmente, de la igualdad de género. Y, ahora, ¿qué es lo que queda? Pues, evidentemente, que el Consejo traslade, por fin, esas conclusiones para activar el procedimiento de reforma de los Tratados contemplado en el artículo 48 a través de una Convención. Y añado: sin una reforma de los Tratados no solamente es imposible, sino inviable e incluso impensable, esa ampliación con la que nos llenamos la boca. La reforma de los Tratados es precondición de la ampliación de la que hablamos.

Señora presidenta, me sumo a los que claman contra el dolor causado por esa tragedia humanitaria en Gaza. Condenan la violencia infligida sobre personas inocentes, sean israelíes víctimas de Hamás, sean palestinos víctimas de la respuesta militar israelí. Pero hablando de tragedias humanitarias que escapan a nuestra jurisdicción, no quisiera tampoco ignorar que hay algunas tragedias humanitarias que sí entran en nuestra jurisdicción y requieren una respuesta de escala europea. La tragedia humanitaria de las vidas que se pierden en el mar y claman por un mecanismo europeo de salvamento y rescate por el que hemos urgido tanto desde este Parlamento Europeo a la Comisión. Del mismo modo que piden una respuesta más humana las personas que tocan a la puerta de la Unión Europea y se encuentran con unas respuestas fragmentarias que llevan a pasos absolutamente equivocados, como el que hemos visto en el acuerdo del Gobierno de Meloni con Albania para crear campos de internamiento fuera del territorio de la Unión Europea. Seamos coherentes, ofrezcamos de una vez una respuesta humanitaria dentro del Pacto sobre Migración y Asilo y completemos dicho Pacto en esta legislatura.

Señora presidenta, vicepresidenta Jourová, señor presidente en ejercicio del Consejo, hace ahora seis años que tuvo lugar el abominable asesinato de Daphne Caruana, una valerosa periodista de investigación en Malta. Y, lamentablemente, no ha sido la única periodista ni el único periodista asesinado en los Estados miembros en los últimos años. Y, sin embargo, este Parlamento ha deducido las lecciones. Ha aprobado la legislación contra la litigación truculenta para intimidar periodistas o silenciar (SLAPP), y la Media Freedom Act. Además, ha puesto en marcha un marco del Estado de Derecho que nos enseña una lección muy clara: la diferencia entre aquellos Estados que han sido señalados por un riesgo claro de violación grave y sistémica de la idea europea de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales con respecto de aquellos otros en los que puede haber algún episodio que suscite preocupación pero que no plantean una amenaza sistémica al Estado de Derecho. Y creo que es injusto señalar a Malta como una amenaza al Estado de Derecho, porque no lo es. De hecho, en Malta se están produciendo reformas orientadas no solamente a poner al día su sistema judicial, sino a incorporar las recomendaciones de la Comisión de Venecia y a proteger la libertad de expresión en el sentido que indican los mandatos de este Parlamento Europeo. Por tanto, si no queremos practicar dobles estándares, empecemos por decir con toda claridad que no es lo mismo una amenaza sistémica al Estado de Derecho que utilizar el Estado de Derecho contra un país miembro de la Unión Europea.

Señor vicepresidente Šefčovič, Presidencia española, de los asuntos de los que se ocupará el próximo Consejo, me centro en la oportunidad de cerrar el compromiso con este Parlamento Europeo de aprobar en este mandato el Pacto sobre Migración hacia los cinco reglamentos. Pero usted, vicepresidente Šefčovič, ha aludido a tres asuntos pendientes que no están en los cinco reglamentos. El primero, combatir las redes de tráficos ilícitos. El segundo, incentivar y potenciar los retornos decretados por los Estados miembros. Y el tercero, legal pathways —abrir vías legales y seguras. Lo que sucede es que usted los ha mencionado consecutivamente, cuando en realidad la relación es causal en orden inverso. Solo abriendo vías legales y seguras será posible desmantelar el modelo de negocio de las mafias que trafican con personas y, además, conseguir que los Estados terceros, de origen y de tránsito, acepten los retornos, lo que actualmente no sucede. Y le digo, además, que he escuchado disparates con respecto al fracaso de la política de inmigración en la Unión Europea. Lo que fracasa es la no política y ya va siendo hora de que cerremos el compromiso con el Parlamento Europeo.

Señor presidente Angel, señora comisaria Dalli, Presidencia española, ustedes mismos han descrito la cuestión. A partir de la brutal guerra de agresión de Putin contra Ucrania, once millones de personas desplazadas han huido del conflicto y han entrado en territorio de la Unión Europea. El 90 % de estas personas son mujeres, niñas y niños en situación de gran vulnerabilidad. Están protegidas por la Directiva de protección temporal, que significa libre circulación, elección de residencia y acceso a los servicios públicos que garantizan derechos fundamentales. Este Parlamento Europeo aprobó una resolución contundente en mayo de 2022 afirmando que entre esos derechos fundamentales están los derechos de salud sexual y reproductiva, incluida la obstetricia —la interrupción del embarazo no deseado de las mujeres ucranianas en cualquier territorio de la Unión. Sucede que el 60 % de esas mujeres están en Polonia, Hungría o Eslovaquia. No por casualidad —son países fronterizos con la zona del conflicto, pero que no garantizan esa obstetricia e interrupción del embarazo y, particularmente, ni siquiera la atención necesaria en el embarazo, en el parto y en el posparto cuando finalmente el embarazo se consuma. Por tanto, este Parlamento hace lo correcto llamando la atención de la opinión pública europea y de la ciudadanía a la que representa diciendo que es necesario garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad en cualquier rincón de la Unión Europea con igualdad. Y, por supuesto, también es necesario garantizar los derechos de salud sexual y reproductiva.

Señor presidente Angel, señora vicepresidenta Jourová, Presidencia española, durante más de un año, este Parlamento Europeo constituyó una comisión de investigación de la que tuve el honor de ser miembro, y trabajamos muy duramente para dar cuenta de los reportados abusos de una tecnología intrusiva de espionaje, en principio incompatible con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Establecimos conclusiones y la Comisión está tardando en cumplir nuestro mandato. La primera conclusión fue, por supuesto, una condena sin paliativos de cualquier abuso de esa técnica de espionaje dirigida a intimidar, chantajear o silenciar no ya a periodistas y libertad de prensa, sino a profesionales del Derecho u oponentes políticos, algo indiscriminadamente incompatible, por tanto, con el Derecho europeo. Pero, además, exigimos que se regulase el uso, venta o adquisición de estos programas de espionaje, y que se reglamentase por la Unión Europea la necesaria autorización judicial con protección de datos, confidencialidad de las comunicaciones personales y también protección especial para aquellas personas que gocen de inmunidad o secreto profesional porque son periodistas. Además, queremos que haya una cláusula de seguridad nacional establecida por el Derecho europeo y que exista también un laboratorio de referencia independiente de la Unión Europea para dar cuenta de cuándo un dispositivo de comunicaciones personales ha sido intervenido de manera intrusiva por esos programas de espionaje de los que disponen numerosos Estados miembros de la Unión Europea.

Señor presidente, vicepresidente Schinas, nos ha gustado mucho oírle comenzar su intervención poniendo en valor Schengen, equivalente a libre circulación, que fue durante mucho tiempo el dominio distintivo de los Estados miembros de la Unión. Pero dejó de serlo cuando pusimos en pie el que resulta ser ahora el activo más preciado de la experiencia europea: la libre circulación, derecho fundamental consagrado por la Carta. Y ahora estamos conectando nada menos que el acervo de Schengen, que integra a 500 millones de personas que se mueven libremente en un espacio sin fronteras interiores, con una competencia que también fue durante mucho tiempo distintiva de los Estados miembros y que dejó de serlo cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa con la Carta de los Derechos Fundamentales la Unión Europea: la competencia sobre visados; es decir, la autorización para entrar en ese espacio de libre circulación. Resulta que, del mismo modo que hemos puesto en vigor desde el Parlamento Europeo un Código de Fronteras Schengen y un Código de Gobernanza Schengen, actualizándolo recientemente, también hay un Código Europeo de Visados — para el que por cierto fui ponente— con un anexo que señala aquellos terceros Estados que están exentos del requisito de visado sobre condiciones de reciprocidad para que sus ciudadanos puedan entrar en la Unión Europea de la misma manera que los nuestros circulan libremente por el mundo. Ahora estamos dándole a la política y a la legislación europea sobre visados una herramienta decisiva porque estamos simplificando, modernizando, unificando y armonizando las condiciones para la expedición de visados. Y, al mismo tiempo, estamos reduciendo los niveles de fraude posible porque los estamos digitalizando, porque estamos poniendo una herramienta digital avanzada, cuya base de datos gestionará la agencia europea especializada, la eu-LISA, con sede en Tallin. Por tanto, es un gran paso —incluso de gigante— en esa armonización europea de la política de visados, de modo que podamos compartir la identificación biométrica actualizada y digitalizada de todas las personas que entran por las fronteras de la Unión, para así reducir los niveles de fraude e incrementar los niveles de seguridad jurídica. No hemos hecho el trabajo completo porque queríamos aprovechar la ocasión para, por fin, mandatar a los Estados miembros a incorporar el visado humanitario que reduzca la inmigración irregular, legal and safe pathways, incluido el visado humanitario. Hemos perdido la ocasión porque el Consejo lo impide, pero no cejaremos en nuestro empeño porque tiene que ver también, efectivamente, con el cambio de mirada que se requiere por parte de toda la Unión Europea hacia la migración regular. Las personas que desean ingresar en la Unión Europea por propósitos legítimos de trabajo deben poder disfrutar también de la libre circulación.

Señor presidente Karas, comisario Reynders, señor presidente en ejercicio del Consejo, ojalá ante otros retos comunes como las migraciones y el asilo, la Unión Europea supiese mostrarse tan unida como se ha mostrado ante la brutal guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Este Parlamento ha adoptado todos los paquetes de medidas que se han ido sucediendo en el tiempo: las humanitarias, con la Directiva de protección temporal; las económicas, con la restricción de importaciones de gas, carbón y petróleo; y las diplomáticas, con la exclusión del Consejo de Europa y hasta del G—8. Pero, después de once paquetes de medidas y con una guerra cronificada que dura más de dos años, ahora queda centrarse en asegurar la implementación correcta para evitar, en primer lugar, que Rusia pueda circunvalar en la economía globalizada y eludir el impacto de las sanciones, y que no acabemos comprando gas ruso a través de la India o exportando coches a Rusia a través de Kazajistán. Y queda, además, tomar dos decisiones pendientes. La primera, asegurar que la confiscación de los bienes y activos rusos sirve a la financiación de la reconstrucción de Ucrania; y, la segunda, implementar medidas de reparación para aquellos sectores económicos más perjudicados por el sostenimiento de las sanciones, como son el portuario o el transportista.

Señor presidente, señor vicepresidente Schinas, señor representante de la Presidencia española del Consejo, ayer celebramos emocionados el 10.º aniversario de un naufragio trágico en Lampedusa y, desde entonces, se han sucedido muchas tragedias y, en cada ocasión, hemos escuchado el grito desesperado de «¿dónde está Europa?» en algún rincón de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Pues bien, Europa está aquí representada y este Parlamento Europeo la representa y ha hecho su trabajo. En los últimos años, hemos reclamado incesantemente un marco europeo de salvamento y rescate y hemos hecho nuestro trabajo para adoptar nuestro mandato negociador con los cinco Reglamentos que componen el Pacto sobre Migración y Asilo, buscando un equilibrio por fin aceptable entre responsabilidad —que queremos que sea compartida— y solidaridad —que queremos que sea vinculante y efectiva— después de las operaciones de salvamento y rescate para evitar las tragedias, en cumplimiento del mandato del Tratado de Lisboa. Este Parlamento se ha puesto de acuerdo consigo mismo, superando sus diferencias. Ya es hora de que el Consejo se ponga de acuerdo consigo mismo, superando sus diferencias. Ya sabemos que este asunto es divisivo, pero ya es hora de que en el Consejo se piense en algo más que en los intereses nacionales en contradicción y se piense en Europa, en los europeos, en la solidaridad entre los Estados miembros y en la solidaridad con los migrantes. Señor representante de la Presidencia española del Consejo, terminar este mandato sin resultados en este Pacto sobre Migración y Asilo sería no solamente un mensaje desalentador, sino demoledor, porque significaría reconocer que Europa es incapaz de cumplir no ya su promesa, sino sus obligaciones en materia de Derecho, de su propio Derecho primario y su Derecho legislado. Por tanto, este Parlamento está dispuesto a trabajar noche y día para buscar el acuerdo con el Consejo. No hay ni un minuto que perder.