Sobre qué Juan Fernando ha hablado.

Señor presidente, señora comisaria, señor representante de la Presidencia húngara, la cuestión es geopolítica, más de lo que parece su enunciado: un examen al sistema de tarjetas nacionales establecido por el Gobierno húngaro de Viktor Orbán para la ciudadanía de Rusia y Bielorrusia, lo que les permite la entrada y residencia en el territorio Schengen de la Unión Europea. Por tanto, plantea dos problemas que merecen respuesta. El primero, el riesgo de elusión de las medidas restrictivas que tanto nos ha costado adoptar y poner en marcha y de las sanciones contra Rusia y Bielorrusia después de la guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Y, en segundo lugar, la integridad del propio espacio Schengen, que tiene que ser inmune al blanqueo de capitales, los flujos financieros ilícitos y las amenazas a nuestra seguridad interior. De modo que hay que resolver estas dudas, que tienen que ver, efectivamente, con la sorprendente decisión del Gobierno de Orbán de establecer la entrada privilegiada y la residencia de ciudadanos de Rusia y Bielorrusia en la Unión Europea, con el alegato del mercado de trabajo, cuando estamos hablando de un Gobierno que se ha distinguido por su oposición radicalmente contraria a toda forma de responsabilidad compartida y solidaridad en materia migratoria, a pesar del trabajoso pacto que conseguimos sacar adelante en la pasada legislatura, que se funda precisamente sobre esos pilares: responsabilidad compartida y solidaridad. Pero, además, se conecta con un problema que este Parlamento Europeo ha señalado y denunciado: la generalización de los golden visas y los golden passports. Una práctica absolutamente execrable, por lo que le pedimos a la Comisión que ponga no solamente orden sino fin. El Gobierno de España se ha distinguido derogando los golden visas, que fueron establecidos por el anterior Gobierno conservador a propósito de la crisis de la Gran Recesión, porque veía en ello una amenaza no solamente a la estrategia contra el blanqueamiento de capitales, sino por generar desigualdad en términos de acceso y residencia. Por tanto, la Comisión tiene que responder a dos preguntas. La primera, ¿qué medidas considera para abordar todos los riesgos, no ya potenciales sino actuales, para la seguridad de la Unión Europea de las tarjetas nacionales establecidas por el Gobierno de Hungría? Y la segunda, ¿cuál es la estrategia que tiene la Comisión para cumplir el mandato del Parlamento Europeo de que se deroguen en todos los Estados miembros que todavía los tienen los golden visas y los golden passports, como ha hecho el Gobierno de España.

Señora presidenta, señor comisario, en el primer debate temático de esta legislatura del Parlamento Europeo debatimos sobre la delincuencia organizada como una importante amenaza para la seguridad y la ciudadanía de la Unión. Un enunciado con el que podemos estar de acuerdo. Y, desde luego, no contribuye ningún discurso alarmista —como se ha escuchado en esta tribuna— que intente generar pánico en la ciudadanía para luego explotarlo electoralmente, y menos utilizando datos falsos y mal interpretados. No, seamos serios, la seguridad es un derecho fundamental de la ciudadanía europea, en paridad con la libertad, y la seguridad está amenazada por la criminalidad organizada que es la criminalidad en nuestro tiempo de globalización. Y resulta que Europol pone de manifiesto que la criminalidad organizada produce beneficios de 140 000 millones de euros al año, es decir, el 1 % del PIB. Y lo hace en ámbitos que entran de lleno en el Derecho penal europeo (artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Criminalidad organizada es el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos, es la corrupción, son los tráficos ilícitos, sean de personas o sean de armas, es la ciberdelincuencia y, por supuesto, son las drogas. Y, para ello, es imprescindible una Unión Europea más robusta y más eficaz de lo que lo que somos en este momento. En la pasada legislatura pusimos en marcha algunas leyes europeas principales en este ámbito: la Directiva contra el tráfico de seres humanos, que, por cierto, ordena convertir en Derecho penal en los Estados miembros la explotación laboral o sexual de las víctimas de trata, pero también la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos y el paquete contra el blanqueo. Y contamos además en Europol con una unidad especializada: la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas, la llamada Empact, de acuerdo con la cual se han llevado a cabo el año pasado 15 000 investigaciones, 20 000 detenciones y la incautación de 800 millones de euros y 200 toneladas de droga. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Reforzar la cooperación con actores terceros. Interpol. Reforzar la cooperación policial y judicial (mandato de la Unión Europea, artículos 82 y 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Y, por supuesto, una mejor relación de las instituciones y agencias actualmente disponibles. La CEPOL, además de Interpol, se dedica a la formación especializada de policía, que merece todos los medios y toda la atención. Además, debemos luchar contra el blanqueo y el terrorismo. Y contamos con la Fiscalía Europea. Todo ello de modo que realmente honremos que libertad y la seguridad son derechos fundamentales en paridad.

Señor presidente, señora comisaria, ¿por qué sube la extrema derecha en Estados miembros de la Unión Europea con un historial de cohesión social? Parte de la respuesta está en la ascendencia de esas redes sociales cuyos algoritmos están diseñados no solamente para difundir bulos y mentiras, sino machismo, negacionismo, toda forma de discriminación. No es libertad de expresión, es un modelo de negocio que pone las redes sociales como herramienta de comunicación política y del lenguaje con que se hace al servicio de la ideología de sus propietarios. Por eso es tan relevante el Reglamento de Servicios Digitales que aprobamos en este Parlamento Europeo, pero, sobre todo, una Comisión que garantice su cumplimiento imponiendo obligaciones y sanciones a las plataformas digitales que practiquen esa forma, no ya de desinformación, sino de ataque directo a los valores fundantes de la Unión Europea, a la convivencia y al pluralismo del que se compone la Unión Europea. Por tanto, lo esencial es que los servicios digitales aseguren que las redes sociales están al servicio de los valores y de la legislación europea.

Señor presidente, señora comisaria, hablo de Canarias, territorio exterior de frontera de la Unión Europea sometido a un flujo incesante de operaciones de salvamento y rescate de personas desesperadas que vienen del continente africano y con una presión de menores no acompañados que satura sus capacidades de respuesta y que requiere el mecanismo de responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria que aprobamos en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. Por cierto, algo que debe tener su correspondencia también en España y que, sin embargo, encuentra la oposición de la derecha en el Congreso de los Diputados y de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha en España. Pero esa es la respuesta correcta, no suspender Schengen, no restringir la libre circulación de personas, no confrontar con un enfoque abyecto, seguritario, la migración con la ciudadanía europea en el disfrute de la libertad más apreciada, que, sin duda ninguna, es la de libre circulación. Esa es la estrategia correcta y, lamentablemente, es la respuesta que hemos visto en Alemania al atentado criminal en Solingen que, sin duda ninguna, merece condena, como merecen solidaridad sus víctimas. Pero la respuesta adecuada es la implementación del Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo.

Señor presidente, señora comisaria, este Parlamento ha hecho de todo en la pasada legislatura para poner en la agenda la estrategia europea adoptada por la Comisión para el período 2021-2030 contra el discurso del odio y contra toda forma de discriminación entre las categorías de europeos. Es la estrategia para luchar contra el antisemitismo —porque estamos hablando de las comunidades judías que forman parte integral de la Unión Europea— pero también del antigitanismo y del odio antimusulmán. Es más, aprobamos en este Parlamento extender la base jurídica del artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para hacer del delito de odio y de la incitación al odio —que, sin duda alguna, es instigación a la violencia criminal— un delito europeo que se incorpore a los códigos penales de todos los Estados miembros. Y es el Consejo el que tiene ahora la tarea de cumplir la resolución y el mandato del Parlamento Europeo. Pero es la Comisión, guardiana de los Tratados, la que tiene que estar al frente en esta legislatura. Es el primer pleno útil, el primer pleno legislativo del Parlamento Europeo en esta nueva legislatura, y ya tenemos en la agenda nada menos que un debate sobre la ola creciente de antisemitismo, discurso del odio y crimen de odio. Pero lo pongo en conexión con un debate que tendremos mañana: la regulación de las plataformas digitales con la nueva Ley de Servicios Digitales, porque es en los algoritmos de las redes, en los algoritmos de las plataformas digitales, donde se alimenta el odio que conduce al crimen de odio que tiene que pasar a ser un delito europeo.

Señora presidenta, señor comisario, en el último día útil de la última sesión plenaria de esta legislatura del Parlamento Europeo 2019—2024, este Parlamento Europeo continúa incrementando y reforzando su balance de rendimiento, que ha sido sobresaliente en esta legislatura. Lo hace adoptando un acuerdo interinstitucional con la Comisión y el Consejo, cuyo objetivo es reforzar las normas de dación de cuentas, de transparencia y, por consiguiente, de responsabilidad en el comportamiento ético exigible a todos sus miembros. Y lo hace de forma decidida. Pero este Parlamento, que se distingue por ser la única institución directamente electiva, supranacional y legislativa del mundo, tiene muchas razones para estar orgulloso en el momento de afrontar su reencuentro con las urnas —sufragio universal el próximo 9 de junio, en el que los ciudadanos tienen la palabra— porque, a lo largo del proceso de integración supranacional, este Parlamento no ha dejado de crecer. Es la institución que ha salido fortalecida de cada reforma de los Tratados y hemos apostado por incrementar su poder de investigación. Ayer lo exigimos en un debate intenso. Este Parlamento no ha terminado su trabajo, pero desde luego tiene razones para decir que mantiene su sensibilidad y su capacidad de respuesta ante cualquier asunto que pueda preocupar a la ciudadanía —y en esta legislatura los hemos conocido—. Por eso, está respondiendo de nuevo ante un reto de fortalecimiento de las normas éticas. Pero este es el momento de decir que vamos al encuentro con las urnas el próximo 9 de junio con la cabeza muy alta, porque los ciudadanos tienen la palabra. Ellos decidirán directamente esa composición democrática, porque este Parlamento los representa y les pertenece.

Señor presidente, mil millones de personas entran y salen de la UE o viajan dentro de ella cada año y esta Directiva supone un avance en la transmisión de esa información anticipada sobre los pasajeros, que puede ser relevante para asegurar a los europeos la conjugación de su libertad y su seguridad y, por tanto, servir a favor de la lucha contra la criminalidad grave transnacional y contra el terrorismo. La preocupación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en la participación en este procedimiento legislativo ha sido, como siempre, mantener el estándar europeo de protección de datos, que es el más alto del mundo, de modo que los datos cumplan los principios de proporcionalidad y necesidad y su transmisión esté asegurada por una agencia centralizada, eu-LISA, que es la que garantiza el cumplimiento del derecho en un ámbito tan sensible. El Parlamento Europeo, que hoy celebra su último pleno en esta legislatura 2019-2024, no ha dejado de crecer a lo largo de todo el proceso de integración supranacional y, por tanto, solo cabe concluir que el Parlamento Europeo continúa creciendo. El mensaje es claro para los que van a las urnas el próximo 9 de junio: The Parliament is still growing. You ain’t seen nothing yet and the best is yet to come.

Señor presidente, en esta sesión hemos escuchado en español llamamientos a la rebelión contra la legalidad democrática que equiparan a sus portavoces con los enemigos de la democracia con la que tanto se llenan la boca. En esta sesión no hemos venido a hablar de llamar por su nombre al terrorismo de ETA que desapareció de nuestras vidas derrotado por la democracia bajo el liderazgo del presidente Zapatero. No. Hemos venido a hablar de unas leyes aprobadas en comunidades autónomas gobernadas por la derecha española con la extrema derecha, en rebelión virtual contra la legalidad democrática, contra la Ley de Memoria Democrática, cuya única intención es reconocer el derecho a exhumar esos miles de cadáveres enterrados en fosas comunes y restituir a sus descendientes la posibilidad de que sus seres queridos reciban una sepultura digna. Y pretende la derecha que no existe diferencia histórica, moral ni jurídica entre la dictadura y la legalidad democrática de la Segunda República. La hay. Desde el punto de vista histórico y moral, por supuesto que la hay. Pero también desde el punto de vista jurídico, porque va directamente en contra de las Resoluciones aportadas por este Parlamento Europeo que prohíben la equiparación de dictadura y democracia, además de contra el Derecho internacional sobre paz y legalidad internacional.

Señor presidente Pedro Silva Pereira, quiero dar la enhorabuena al equipo negociador del Parlamento Europeo —cuyos nombres no puedo enunciar uno a uno— por este trabajo bien hecho; por haber puesto en hora el sistema normativo contra el blanqueo del dinero procedente de negocios ilícitos y contra la financiación del terrorismo y toda forma de criminalidad organizada. Han puesto fin así a las divergencias nacionales, creando una autoridad europea con capacidad de supervisión y refuerzo de la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera que identificarán a los beneficiarios finales con un registro compartido, además de apuntar a la verdadera identidad de los clientes de las transacciones financieras. Con este sistema normativo europeo contra el blanqueo, el Parlamento Europeo no podía poner un mejor broche final a una legislatura plena de rendimientos útiles para la ciudadanía. Un mensaje contra el blanqueo, contra la financiación del crimen organizado, y con una autoridad europea que esperamos que se ponga en marcha cuanto antes.

Estoy de acuerdo y aprecio su sugerencia: todo está a la mano, pero empezando por nosotros tomando una decisión. ¡Ya es hora! Sí, por supuesto, nos encontramos con requisitos técnicos y dificultades de todo tipo, naturalmente, porque esta es la primera vez que vemos una situación como esta. No tiene precedentes. Todo esto no tiene precedentes. Pero sí, estamos en movimiento. Sólo tenemos que tomar la decisión de congelar los activos, sino también para conseguir que esos activos en movimiento en la ayuda real, la ayuda activa a Ucrania. Se necesita confiscación y se necesita la traducción de esos activos congelados en ayuda real a Ucrania, tanto en términos de municiones como de armas, pero también en términos de financiación de la reconstrucción. Gracias por su pregunta.

Señora presidenta, señor alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión, sabe usted que desde el inicio de la ilegal y criminal agresión de Putin contra Ucrania ha contado usted con una clara, contundente y sostenida mayoría de este Parlamento Europeo en favor de todo lo que se pueda hacer contra los intereses rusos en la Unión Europea, empezando por la confiscación de sus bienes. La primera medida fue congelarlos y, por supuesto, la apoyamos: 300 000 millones EUR. Pero el Consejo ha tardado su tiempo y hasta febrero no decidió que es posible aprovechar los intereses de esos 300 000 millones EUR en los próximos cuatro años —unos 17 000 millones EUR— para, por fin, confiscarlos y utilizarlos en ayuda efectiva para Ucrania, tanto en armamento y munición —que tanto necesita— como en financiación para su reconstrucción. Y, por tanto, es imprescindible eliminar todas las dificultades bancarias, diplomáticas y técnico-jurídicas que vamos a encontrar para movilizar todo el activo financiero congelado, confiscarlo efectivamente y movilizarlo en favor de Ucrania. Quizás no consigamos disuadir lo suficientemente a Putin en su agresión criminal, pero sin duda alguna, será muy útil la ayuda en acciones por Ucrania, que tanto las necesita. (El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul»)

Señora presidenta, señora Dalli, cien millones de personas con discapacidad no aspiran a obtener de este Parlamento Europeo una respuesta de trato preferencial, sino una remoción de toda forma de discriminación, como ordena el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, específicamente, el artículo 26, en relación con las personas con discapacidad. Y este Parlamento Europeo, al aprobar por fin este instrumento legislativo, la Tarjeta Europea de Discapacidad —que asegura derechos de movilidad, asistencia personal, transporte público y gratuidad en el acceso a servicios públicos en función del grado de discapacidad—, está cumpliendo con su deber removiendo barreras de discriminación. Ya iba siendo hora, porque la primera vez que lo hizo se remonta nada menos que a 1998 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea entró en vigor nada menos que en 2009. Por tanto, es un instrumento absolutamente oportuno y pertinente que merece ser saludado, especialmente en este último período parcial de sesiones en el que estamos marcando el mensaje de compromiso del Parlamento Europeo con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en violencia de género y en la lucha contra los tráficos ilícitos, pero también en los derechos de las personas con discapacidad.

Señor presidente, comisaria Dalli, es el último pleno de la legislatura 2019—2014 y estamos aprobando, nada menos, que la primera ley europea contra la violencia de género, violencia sobre las mujeres. Es un orgullo, habiendo sido ministro de Justicia de un Gobierno que hizo historia poniendo en vigor una ley muy comprometida contra la violencia sobre las mujeres en España, hacerlo ahora en esta sesión solemne que aprueba definitivamente una ley en la que tanto hemos trabajado. Si me hubieran dicho —no al inicio de esta legislatura, sino al inicio de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea— que esto iba a ser posible, me habría costado creerlo, pero lo hemos hecho posible: una ley penal que introduce el delito de violencia contra las mujeres en coherencia con el Convenio de Estambul, que además criminaliza la mutilación genital, el ciberacoso y la ciberviolencia contra las mujeres y protege a las víctimas de manera reforzada con mecanismos de prevención especial, y particularmente a las personas vulnerables. El trabajo no estará completo hasta que no consigamos remover el obstáculo que hemos encontrado para que sea calificada como violación cualquier forma de relación sexual no consentida y, por tanto, calificar como violación cualquier forma de acceso sexual a las mujeres que no se base en el libre consentimiento. Gracias a quienes lo han hecho posible. Ha sido un honor trabajar en esta Directiva penal contra la violencia sobre las mujeres.

Señor presidente, comisaria Johansson, la semana pasada se reunieron en Canarias los ministros del Interior de los cinco países que integran el denominado grupo Mediterráneo (Med5) —Italia, España, Malta, Chipre y Grecia—, con la intención de coordinar respuestas frente al hecho migratorio que tanto afecta a las islas Canarias. Hay un balance de muertes que hace de Canarias la ruta más peligrosa, más mortífera —más insufriblemente mortífera— de inmigración irregular hacia la Unión Europea, que afecta particularmente a personas vulnerables y a menores, cuyo reparto solidario se está discutiendo también a nivel ministerial en España. Pero el mensaje que quiero lanzar es precisamente el de la necesidad de que se ponga fin a esa mortandad en la ruta canaria hacia a la Unión Europea con un mecanismo europeo de salvamento y rescate. Hace tan solo unos días se descubrió en Brasil un cayuco repleto de cadáveres. Las personas que viajaban a bordo no habían muerto de forma natural, sino que murieron uno a uno de forma agónica, después de haber lanzado al mar a todos aquellos que pudieron hasta que les faltaron las fuerzas para todo. Tiene que ponerse fin a esa tragedia con un mecanismo europeo de salvamento y rescate.

Señora presidenta, comisaria Johansson, en 2011 tuve el honor —junto con una coponente de la Comisión de Derechos de la Mujer, Soraya Rodríguez— de ser el ponente de Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del informe de evaluación sobre los diez años de vigencia de la actual legislación europea contra la trata. Y ahora tengo el honor de ser, efectivamente, ponente alternativo en esta legislación europea actualizada que responde a un mandato claro de este Parlamento Europeo. Miles de personas caen cada año víctimas de la explotación de personas y de los tráficos ilícitos. El 70 % son mujeres. Y el 70 % —fíjense qué casualidad— son víctimas de explotación sexual; el otro 20 %, laboral. Del 70 % que son víctimas de explotación sexual, el 20 % son menores. Por tanto, estamos ante un paisaje brutal que tenemos que acometer. El informe sobre la implementación pone de manifiesto defectos en la protección de las víctimas, defectos en la coordinación de las autoridades nacionales, escasez de demandas, escasez de denuncias y, por tanto, la necesidad de acometer la demanda de servicios laborales y sexuales. Ese es el punto esencial de esta legislación: invitar a los Estados miembros a tipificar penalmente el uso de servicios laborales o sexuales de las víctimas de trata, además de tipificar penalmente el matrimonio forzado, la adopción ilegal, la extracción de órganos y, por supuesto, la explotación de la gestación subrogada. Se trata de un avance de la legislación europea, una Directiva penal contra los tráficos ilícitos que da un mandato claro de compromiso del legislador europeo contra esta insoportable forma de explotación de personas como son los tráficos ilícitos y la trata de seres humanos.

Señor presidente, efectivamente enésimo debate —un clásico lamentablemente de cada Pleno del Parlamento Europeo— sobre el síndrome de Hungría, que es un síndrome general de incumplimiento y, aún más, de desprecio del Derecho europeo. Basta escuchar a quienes defienden a Viktor Orbán y su Gobierno. No lo hacen porque haya una discrepancia de interpretación respecto de lo que es cumplir el Derecho europeo, sino porque sencillamente reivindican que Hungría está exenta de cumplir el Derecho europeo, que Hungría desprecia el Derecho europeo. Por tanto, invito a la Comisión a mantener muy alta la guardia y en acción todos los instrumentos disponibles. Por supuesto el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho y su cumplimiento para el acceso a los fondos europeos y al Fondo de Cohesión. Porque suman la represión a los medios de comunicación, la represión a la libre formación de la opinión pública, la represión al pluralismo informativo, la persecución individualizada de periodistas independientes y de oponentes políticos: todo el acervo de incumplimientos masivos del Derecho europeo que ha caracterizado la actuación de Víctor Orbán. Por lo tanto, adelante, Comisión.

Señora presidenta, el Parlamento Europeo es la única institución directamente electiva supranacional y legislativa del mundo. Somos expresión democrática de la diversidad irreductible y de la complejidad de la integración europea. Procedemos de nuestros 27 Estados miembros, que no se han disuelto con la Unión Europea, y vamos a elecciones el próximo 9 de junio. Y digo esto para recordar que el procedimiento legislativo del que venimos ha sido extremadamente difícil. ¿Cómo no iba a serlo? De ningún modo los negociadores que hemos participado en él podemos estar enteramente satisfechos, y yo no lo estoy. He escuchado críticas legítimas, y las respeto. Por supuesto, he escuchado también desinformación con argumentos refutables en cuanto se lea el contenido de los Reglamentos europeos que vamos a aprobar —espero— en esta sesión, que es histórica. Pero profeso mucho respeto a quienes lo han criticado desde organizaciones humanitarias. Quiero recordarles que hay organizaciones internacionales de primer rango —el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones— que han saludado el Pacto como un paso adelante y positivo. Pero a aquellas organizaciones humanitarias que lo han criticado, les digo: sus críticas las he hecho mías, he combatido por ellas en cada negociación, he peleado con todas mis fuerzas por hacer valer sus puntos de vista. Pero, al mismo tiempo, afirmo: somos miembros del Parlamento Europeo y no somos activistas. En este Parlamento hemos sido elegidos para decidir y legislar, no para proferir indefinidamente discursos encendidos, pero estériles. Hemos sido elegidos para asumir la responsabilidad de tomar decisiones. Y quiero decir que la alternativa a no votar cada uno de los Reglamentos de este Pacto es peor. No es solamente condenar a que las cosas sigan como están, con todas nuestras protestas, con cada Pleno diciendo «vergüenza, qué vergüenza que la Unión Europea sigue sin hacer nada con respecto al hecho migratorio y al derecho de asilo». No es reconocer que lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Es algo mucho peor y más desalentador de cara al futuro porque será decirles a los electores: olvídense, la Unión Europea no es capaz de responder ni siquiera cuando se lo propone y cuando emplea tantos años en el esfuerzo. Por eso digo: no perdamos la oportunidad. Es ahora o nunca. Después de todos estos años de trabajo, merece la pena dar un paso adelante, con todas sus limitaciones, pero también poniendo orden, garantías y reglas comunes donde hasta ahora no los ha habido. Vamos a votar favorablemente cada uno de los Reglamentos de este Pacto europeo.

Señor presidente, señor vicepresidente, señora comisaria, señores diputados al Parlamento Europeo, estamos hoy acometiendo una votación decisiva, ciertamente dirimente, no solamente mirando hacia el pasado y el presente del Parlamento Europeo, sino, sobre todo, mirando hacia el futuro. Porque se trata, para empezar, de cumplir un mandato del Derecho europeo, del Tratado de Lisboa y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: el de que haya un sistema común de migraciones, con una política y una legislación comunes europeas de migraciones, y un sistema común de asilo, con una política y una legislación de asilo que aporten un valor añadido a las soluciones unilaterales, fragmentarias e insuficientes de los Estados, que hemos calificado como insostenibles, además de injustas. Se trata, por tanto, de poner en vigor, por fin, un derecho europeo y de hacerlo, además, con respeto a nuestros valores y aportando una aproximación conjunta a los cinco Reglamentos, que son cinco leyes directamente vinculantes. Uno de ellos es el Reglamento relativo a las situaciones de crisis, que no es la respuesta ordinaria, sino la respuesta ante las situaciones en que un Estado miembro se declara sobrepasado por una llegada masiva o cuantitativamente muy importante, muy impactante de emigrantes irregulares, sobre todo después de operaciones de salvamento y rescate, también a escalas regional e insular. Esto requiere, por tanto, un mecanismo articulado de solidaridad europea, un colchón de respuesta europea, una solidaridad europea que implica a la Comisión con un acto de ejecución y también al Consejo a través de la Recomendación de la Comisión para elevar sus ofertas de solidaridad al conjunto de los Estados miembros, ya sea mediante programas de realojamiento ordenados, por fin, por un coordinador europeo, o mediante contribuciones al Fondo de Asilo y de Migración, que ayudan a los Estados miembros a equiparse para ofrecer una respuesta adecuada ante esas situaciones de emergencia. Se trata, por tanto, de promulgar, por fin, legislación europea predecible y con seguridad jurídica en ámbitos donde solo ha habido hasta ahora acción-reacción. Se trata, además, de hacerlo con garantías comunes, en particular mediante la protección de las personas en las situaciones más vulnerables, como mujeres, mujeres con niños a cargo, menores no acompañados y, por supuesto, víctimas de trata. Estas situaciones requieren un tratamiento diferenciado, y es por lo que hemos peleado duramente en la negociación con este Consejo. Por supuesto, somos conscientes de que este asunto no ha sido fácil. De hecho, es el más divisivo y espinoso de la agenda europea desde hace demasiado tiempo. Por tanto, la negociación no ha sido fácil en este Parlamento Europeo y, desde luego, no ha sido fácil con los 27 ministerios del Interior, que es el Consejo con el que hemos abordado la fase definitiva. Cabe decir que en toda negociación hay que hacer concesiones y el resultado tiene limitaciones. Pero el resultado, si ofrece seguridad jurídica y garantías, siempre es mejor que ningún resultado en absoluto. Desde luego, es mejor que dejar las cosas como están. Es mejor que abandonar a los Gobiernos de los Estados miembros a su suerte. Es mejor que lanzar el mensaje de que, cada vez que existe una situación migratoria de emergencia en situaciones insulares como en Canarias, Lampedusa o las islas griegas, la respuesta simplemente tiene que ser estrictamente nacional y no cabe esperar ninguna solidaridad de la Unión Europea. No, no ese no puede ser el futuro de la Unión Europea ni puede ser el mensaje ante las elecciones del 9 de junio. Tiene que ser que hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano. ¿Lo hemos hecho todo? No. Queda, por supuesto, cumplir nuestro propio mandato de poner en pie un mecanismo europeo de salvamento y rescate coordinado, y de luchar de manera conjunta y eficaz contra las organizaciones criminales que trafican con personas y las explotan, además de continuar abriendo vías legales y seguras que den una oportunidad a las personas que huyen de la desesperación para llegar a Europa sin arriesgar la vida en el empeño o perderla trágicamente, como lleva sucediendo demasiado tiempo. Las dos opciones están claras: o se establecen reglas con garantías, con todos los límites y con todas las críticas que haya podido suscitar un punto u otro concreto, lo cual inevitable en una negociación tan compleja, o sencillamente se abandona a los Estados miembros a su suerte. La situación podría empeorar todavía si, después de todo el trabajo acumulado y de toda la energía y el tiempo que hemos consumido en esto, el mensaje fuera que no lo hemos conseguido, porque mucho peor que la situación tal y como es —que ya es insoportable— es haberlo intentado y no conseguirlo. Conseguir un paso adelante, con todas sus limitaciones y también con garantías, está a nuestro alcance si votamos a favor de cada uno de los Reglamentos, de las leyes europeas que componen este pacto.

Señor presidente, señora comisaria, el derecho al buen gobierno, a la buena administración, a la transparencia y al acceso a los documentos son derechos fundamentales protegidos por los artículos 40 y 41 de la Carta. Y aún más, resulta que hay un Reglamento —vinculante, por tanto, para los Estados miembros— de 2001 que este Parlamento ha intentado actualizar en consonancia con la Carta durante años y que lleva nada menos que trece años bloqueado por el Consejo. Pero, afortunadamente, también es un derecho fundamental acceder al Defensor del Pueblo y, de manera todavía más afortunada, resulta que tenemos una defensora del pueblo europea elegida por este Parlamento, Emily O’Reilly, que ha puesto en marcha una investigación de iniciativa que pone de manifiesto que hay un retraso sistémico e inaceptable en el acceso a los documentos de las administraciones e instituciones europeas que debe ser corregido. Deben proporcionarse, por tanto, los recursos necesarios y el personal necesario para corregir este inaceptable nivel de retraso sistémico y generalizado en el acceso a los documentos, para que se cumpla de una vez ese derecho fundamental protegido por la Carta que es el acceso a los documentos y, ojalá, en la próxima legislatura veamos desbloqueado el Reglamento relativo al acceso del público a los documentos de las instituciones europeas, para que podamos de una vez actualizar también ese Reglamento europeo.

Señor presidente , señora comisaria, señorías, gracias por estar aquí a estas altas horas de la noche dando testimonio de un compromiso puesto por escrito por la Comisión en la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ 2020-2025, pero, sobre todo, honrando mandatos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entró en vigor con el Tratado de Lisboa con el mismo valor jurídico que los Tratados, y cuyo artículo 21 prohíbe cualquier forma de discriminación por razón de sexo u orientación sexual. Y, por tanto, cuando hemos hablado aquí esta noche de derechos en Venezuela, de derechos en Afganistán, ¿cómo no vamos a hablar de derechos fundamentales a la no discriminación, a la igualdad de trato y al respeto de todas las personas, sean quienes sean, sean quienes hayan decidido ser, amen como amen, en la Unión Europea, en sus Estados miembros? Estaríamos fallando a nuestro deber si no estuviéramos debatiendo que en Salónica, en Grecia, un Estado miembro de la Unión Europea, dos jóvenes de veintiún años han sido acosados brutalmente por una horda fascista con las hechuras y las apariencias características de la intolerancia fascista. Y esto nos pone de nuevo sobre aviso de que la libertad, la igualdad de trato, la dignidad, la igual dignidad de todas las personas en su orientación sexual y hasta en sus diferencias, no está nunca asegurada para siempre y desde luego, no lo está en la Unión Europea. Y nos recuerda el deber que tenemos cada vez que esto suceda de señalar con el dedo a los Gobiernos de la Unión Europea que miran para otro lado, que no incoan las acciones penales y depuran todas las responsabilidades y que no sientan ante la justicia penal a quien falta al respeto a ningún ser humano por ser lo que es, por su identidad, por su orientación sexual, por amar a quien ame.

Señor presidente, sí, ya lo sabemos, señoras y señores de la derecha española. No les gusta la ley de amnistía que requiere para su aprobación la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados: todos los grupos menos el PP y su extrema derecha. Y no les gusta el Gobierno de España, que ha reducido a un mínimo histórico el independentismo, el apoyo al independentismo, cuando ustedes lo tuvieron en un máximo, con dos declaraciones unilaterales de independencia. Y tienen el descaro de traer aquí un debate sobre corrupción con su historial de sobresueldos, de dinero negro, de caja B, con cuatro exministros del Partido Popular hoy mismo sentados ante la justicia penal, además de los que ya han sido condenados y han pasado por la cárcel, incluido el gerente de su partido. Y sin pedir hoy mismo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¡Qué cara más dura! Galope de Gish, enormidades y falsedades cansinas. Pero yo les hago una pregunta ¿qué harían ustedes con España de estar en el Gobierno? Además de la corrupción que derrocharon en su tiempo de gobierno, además de meter en la cárcel a todos esos cientos de funcionarios y trabajadores que tienen alguna relación con los hechos de 2017 y cuyas familias están arruinadas por las responsabilidades civiles. Yo se lo diré. No tienen ni idea de qué hacer con España porque ni la aceptan ni la entienden. Solo les obsesiona regresar al Gobierno de España. Y déjenme decirles, la realidad de España puede no ser la que a ustedes les gusta y a lo mejor tampoco es exactamente la que me gustaría a mí, pero es la que está representada en el Congreso de los Diputados, cuya mayoría absoluta les rechaza... (el presidente retira la palabra al orador).

Señora presidenta, señora presidenta en ejercicio del Consejo, señora comisaria, se han cumplido dos años de la criminal guerra de Putin contra Ucrania durante los cuales este Parlamento Europeo ha debatido y constatado crímenes de guerra imprescriptibles con decenas de víctimas civiles inocentes y entre ellas, por supuesto, también niñas y niños. Pero aquí estamos hablando de otro crimen de guerra calificado como tal por la Corte Penal Internacional, que ha emitido orden de búsqueda y captura no solo contra Putin, sino contra la comisaria rusa de los Derechos del Niño, de acuerdo con el informe del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas de enero y con las Resoluciones de este Parlamento Europeo que condenan el traslado forzoso de más de veinte mil niñas y niños a Rusia. Exige su regreso, su retorno inmediato a donde pertenecen. Y, por supuesto, califica como crimen de guerra lo que lo es: es un crimen de genocidio de acuerdo con el Derecho internacional, además de un crimen de guerra, el privar de identidad y sustraer de la cultura a la que pertenecen a veinte mil niñas y niños inocentes. Y este Parlamento emite un mensaje muy claro. Puede que no sea mañana ni pasado mañana, pero los crímenes de guerra no prescriben y este Parlamento no va a parar hasta que los responsables de crímenes de guerra sean traídos ante la justicia de la Corte Penal Internacional.

Señora presidenta, señora comisaria Johansson, este Parlamento Europeo lleva años solicitando cambiar la mirada hacia el hecho migratorio y abrir vías legales y seguras para entrar en la Unión Europea. Y aquí tenemos por fin un instrumento, la Directiva sobre el permiso único, dentro del paquete de medidas sobre capacidades y talento aprobado durante la Presidencia española (¡bien hecho, Javier Moreno, ponente para esta iniciativa!), que permite acortar los plazos para la solicitud del permiso, mejora las condiciones en relación con el desempleo, proporciona reglas jurídicas claras para el permiso de residencia, con salvaguardias seguras, y, por supuesto, incrementa la igualdad de trato, con un énfasis en esa igualdad de trato que ha sido introducido también por nuestra compañera Agnes Jongerius. Por tanto, aquí tenemos, por fin, una herramienta que sirve a la migración regular en la Unión Europea, que habrá que complementar con otras para que, por fin, la Unión Europea se precie no solamente de tener un estándar de respeto de los derechos fundamentales de las personas migrantes —y no digamos de los de las demandantes de asilo— sino también de respetar sus derechos como trabajadores en la Unión Europea.

Señora presidenta, señora vicepresidenta Jourová, estamos en el turno de preguntas del Parlamento Europeo sobre las injerencias rusas en procesos democráticos. Este Parlamento Europeo ha dedicado muchos debates a seguir paso a paso a la Comisión y al Consejo los últimos nueve años, desde la Brújula Estratégica hasta los grupos especializados de trabajo StratCom, el Centro de puesta en común y análisis de la información, el Observatorio Europeo de los Medios de Comunicación Digitales —que los obliga a la rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad por sus actos— y el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación. Bien, tenemos todos los elementos para un análisis y un diagnóstico, pero se trata de dar una respuesta. Señora vicepresidenta Jourová, en el caso de que se produzca una injerencia rusa en el próximo proceso electoral conducente a las elecciones europeas de junio de 2024, ¿cuál será la garantía de una respuesta eficaz en defensa de la integridad y credibilidad de las elecciones europeas? ¿Cuál será la sanción a quienes se injieran en el proceso democrático? ¿Cuál será, en definitiva, el marco de respuesta europea —disuasorio y represivo— a las injerencias extranjeras en los procesos democráticos?