Sobre qué Nora ha hablado.

Señora presidenta, Cuba es el ejemplo vivo del fracaso absoluto del comunismo. No hay otra forma de decirlo: el comunismo ha destrozado el país y ha traicionado los principios fundamentales del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. La reciente revocación de la libertad condicional de los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro no es aislada, sino parte de una represión sistemática contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. No podemos ser cómplices de esta injusticia. Cuba se ha convertido en una cárcel gigante donde el pueblo sobrevive día a día bajo el control de una élite corrupta mientras los cubanos mueren de hambre. La Unión Europea tiene que reevaluar su relación con Cuba. No podemos seguir apoyando a un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos.

Señor presidente, hoy quiero hablarles de un error que está empobreciendo a España y a Europa: subir el salario mínimo a golpe de decreto mientras se asfixia a las empresas medianas y pequeñas con impuestos. En España la izquierda ha aumentado el salario mínimo en más de un 80 % desde 2016, sin que nuestra economía haya crecido al mismo ritmo. ¿Cuál es el resultado? Pues salarios cada vez más bajos, en términos reales, y pequeñas empresas cerrando y un desempleo que no deja de subir. Y, para rematar, más impuestos, más burocracia, más costes laborales. Esto no favorece a los trabajadores, los hunde. Mientras las grandes corporaciones siguen protegidas por el poder político, los autónomos y las pymes, que son las que crean la mayoría del empleo, no pueden ni contratar. Nos hablan de justicia social, pero están construyendo un modelo de miseria y dependencia. Si de verdad queremos una Europa fuerte, necesitamos menos intervencionismo, menos impuestos y más libertad para quienes generan riqueza. Es hora de cambiar el rumbo. Es hora de devolver a los ciudadanos su derecho a prosperar.

Señor presidente, señora vicepresidenta, hoy hablamos de reducir la burocracia para mejorar la competitividad europea, pero hablemos claro: el cuello de botella más grave para la reindustrialización de España y de Europa es la energía, y no por falta de generación, sino por incapacidad o la negativa deliberada de garantizar el suministro donde se necesita. Por ejemplo: en España, el 50 % de las solicitudes de alta de potencia para industria fueron rechazadas en 2024; el resultado: 60 000 millones de euros de inversión privada perdidos. Mientras nos inundan de normativas y discursos sobre transición energética, la realidad es que no hay infraestructuras suficientes ni voluntad política para modernizar. Sin energía fiable y accesible no hay industria, no hay empleo y no hay soberanía económica. Mientras otros países multiplican su inversión en redes eléctricas, en España seguimos atrapados entre intereses políticos y burocracia asfixiante. Si queremos un futuro industrial competitivo, es hora de acabar con esta parálisis: menos trabas, más infraestructura y más libertad para crecer.

Señora presidente, la Comisión nos vende su nuevo plan como un gran paso hacia la simplificación, pero lo que tenemos delante es más de lo mismo: retórica vacía y medidas insuficientes que llegan tarde y mal. Nos prometieron menos burocracia y más competitividad, pero lo que vemos es un parche que mantiene intacto este lastre regulatorio que asfixia a nuestras empresas. Europa sigue enredada en su propia telaraña de normativas mientras que la industria china avanza con agilidad y sentido práctico. En lugar de crear un entorno flexible para la innovación y la inversión, seguimos añadiendo más reglas, más condiciones, más obstáculos... Y, mientras tanto, nuestras empresas pagan el precio en forma de pérdida de competitividad, deslocalización y destrucción de empleo. Un ejemplo claro es la reciente normativa sobre la prohibición definitiva de la venta de motores de combustión para el 2035, que pone en jaque a la industria automotriz europea. Esta imposición está empujando a nuestras empresas al cierre. Es hora de devolver la libertad a nuestras empresas y dejar de castigar al progreso con burocracia.

Señor presidente, señor comisario, hoy me dirijo a usted con la firmeza de rechazar la incorporación de productos que no cumplan con las mismas condiciones y requisitos que se les exige a los nuestros, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores y a nuestros agricultores. Este Acuerdo con el Mercosur impulsa la competencia desleal. ¿De verdad nos compensa el precio que vamos a pagar: consumir alimentos sin garantías, con pesticidas y productos fitosanitarios no permitidos en la Unión, poniendo en riesgo nuestra salud? ¡Qué hipocresía, señores! Asfixiamos a nuestros ganaderos y agricultores con reglamentaciones y normativas para favorecer a terceros países que no juegan con las mismas reglas. Es lamentable. ¿Quién se beneficia? Es hora de revertir esta situación y crear acuerdos ventajosos para todos y, sobre todo, defender la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos. Y les recuerdo que nuestro campo no quiere vivir de limosnas.

Señor presidente, la Comisión Europea nos promete crecimiento, pero en realidad no trae más que gasto, regulaciones y más impuestos. ¿Hasta cuándo Bruselas seguirá ignorando la realidad? El expresidente del BCE, Mario Draghi, ya lo dejó claro en su informe: Europa se empobrece frente a los Estados Unidos porque no tenemos un mercado de capitales dinámico. Las empresas que quieren crecer se ven devoradas por impuestos y regulaciones y las que lo logran huyen. Este plan no resuelve nada. No habla de eliminar barreras fiscales, ni de reducir impuestos a la inversión, ni de permitir la flexibilidad laboral, ni de lo que las empresas necesitan para adaptarse a la era de la inteligencia artificial. Mientras Europa sigue soñando con soluciones burocráticas, el dinero y la innovación se van a otros países. La verdadera competitividad no se logra con subvenciones y regulaciones, sino con libertad económica y menos impuestos.

Señor presidente, señorías, es indignante observar cómo el régimen de Nicolás Maduro sigue consolidándose impunemente, mientras que la comunidad internacional —incluida la Unión Europea— se muestra incapaz de ejercer una presión efectiva. Pero lo verdaderamente asombroso es la complicidad implícita del Gobierno español liderado por Pedro Sánchez y sus aliados de la izquierda, que han contribuido a facilitar los movimientos de esta dictadura. ¿Qué hacen los representantes de la izquierda, conociendo que el gobierno de Maduro reprime, encarcela y chantajea a sus ciudadanos venezolanos y a extranjeros? Pues nada, solo su silencio cómplice. Es intolerable que, bajo el pretexto de solidaridad internacional, el Gobierno de Sánchez mantenga relaciones oscuras con una dictadura que amenaza a los derechos humanos fundamentales. España y la Unión Europea no deben ser el refugio de dictadores ni cómplices de sus crímenes. Tenemos que exigir transparencia y, sobre todo, justicia para el pueblo venezolano.

Señor presidente, señor comisario, no nos podemos alinear con los intereses de las grandes industrias y abandonar a quienes han sostenido a nuestras naciones: los agricultores, los ganadores y los pescadores. El Acuerdo con Mercosur condena al sector primario español a competir en desigualdad. ¿Se imaginan por un momento que a partir del día 1 de enero su sueldo anual se limitara a veintisiete días trabajados? Nuestro sueldo sería de unos 7 400 euros. Pues, distinguidos compañeros, esto es lo que se les está exigiendo a los pescadores: que vivan con limosnas, pagando además redes nuevas y gasoil disparado y soportando una burocracia imposible. Bruselas, ¿que será lo próximo? Están asfixiando a nuestros pueblos y condenando a la España rural a desaparecer. Europa no puede ser sostenible si destruimos sus raíces. Pero claro, ¿qué podemos esperar? A nuestros colegas de la izquierda no los vemos hablando del sector primario. Para ellos lo único importante son las cuotas de género. ¿Dónde estará el Ministerio de Igualdad cuando los agricultores y pescadores vean cómo los pueblos quedan vacíos y sin oportunidades? La única igualdad que les ofrecen es desaparecer juntos.

Señor presidente, señora comisaria, la plena integración de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen es incuestionable. ¿Saben ustedes a los desafíos que se enfrentan los transportistas rumanos y búlgaros cada vez que tienen que trabajar en la Unión Europea? ¿Saben de qué manera esta exclusión afecta a la igualdad de derechos y oportunidades en comparación con otros ciudadanos de la Unión Europea? En un momento en el que hablamos permanentemente de unidad no tiene sentido mantener las barreras internas entre europeos. Tanto Rumanía como Bulgaria cumplen con todos los criterios técnicos desde hace más de una década. Entonces ¿cuál es la justificación para seguir bloqueando su acceso completo? ¿No estamos fallando a los valores que tan repetidamente dicen que compartimos? Integrar a Rumanía y a Bulgaria plenamente no es solo una cuestión técnica o económica, es un reconocimiento a su papel como aliados clave en esta estabilidad del este de Europa. Y por eso les pido que apoyen esta medida y doten de ayudas a estos países para reforzar sus fronteras exteriores.

Señor presidente, ¿cómo vamos a tener una vivienda asequible en España si los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado son los principales fondos buitres de la vivienda, los que la encarecen de verdad, y no la actividad privada? La vivienda tiene que dejar de ser la fuente de financiación de las administraciones. En España, el 32 % del precio de la vivienda es el suelo y el 25 % son impuestos: tasas municipales, tasas autonómicas, licencias, impuestos estatales… Es más de la mitad del precio lo que va directamente a las administraciones públicas, que necesitan toda esta financiación para soportar su estructura; eso sin contar con la especulación de suelos municipales, que degenera en corrupción política en la mayoría de los casos. Y es que, en España, al contrario que en el resto de Europa, encabezamos el ranking de países que más municipios tienen y, lejos de fusionar y reducir ayuntamientos, los hemos ampliado. Las administraciones son más eficientes cuando hay cohesión. Tenemos que abordar todos estos problemas de manera urgente fomentando las iniciativas privadas en el sector con estrategias efectivas. La fusión obligatoria de municipios en España es la asignatura pendiente.

Señor presidente, hablan ustedes del problema de la vivienda. ¿Acaso es lógico que quieran hacer de Europa el hogar de millones de africanos, mientras que los europeos no tienen ni una casa en la que poder desarrollar sus vidas? Aclárense. En algunas de las ciudades de España, los jóvenes y las familias viven en caravanas, zulos o balcones por no poder pagar o alquilarse una y tenemos la mayor crisis de ocupación ilegal de nuestra historia. Mientras tanto, los turistas europeos que invertís en la vivienda española agraváis aún más la solución y el problema. Ya hay zonas en España, como Canarias, Málaga o Baleares, en las que tres de cada cuatro viviendas son adquiridas por extranjeros y eso es un problema para sus ciudadanos. Solo en lo que llevamos de 2024, el precio de la vivienda en España se ha disparado el doble que en la zona euro y más del 35 % del precio son impuestos. El Banco de España asegura que se necesitan 600 000 viviendas hasta 2025 para suplir el déficit de inmuebles en nuestro país, pese a que hay casi cuatro millones de viviendas vacías o desocupadas por la inseguridad jurídica a la que están sometiendo a los propietarios. Por eso, solicitamos a la Comisión Europea que, en su anunciado «plan de vivienda asequible», haga que la vivienda deje de ser la caja recaudatoria de las administraciones públicas y que se proteja el acceso a la vivienda a los autóctonos en las zonas de alta demanda.