Sobre qué Laura ha hablado.

Señor presidente, señor comisario, un 71 % de la población europea compra bienes y servicios en línea. El comercio en línea es cómodo, es barato, pero tiene muchos riesgos. Por ello, regularlo bien es ya inaplazable. Sabemos que plataformas de comercio electrónico, como Amazon, Aliexpress, Temu o Shein, están afectando a nuestro comercio en tres aspectos clave. En primer lugar, en la seguridad de productos que consumimos: juguetes, ropa, etc. Todos conocemos esos productos que nos llegan a casa y que no cumplen las condiciones mínimas. En segundo lugar, en el enorme impacto que tienen sobre el comercio local de nuestros municipios, que está siendo asfixiado por la competencia desleal de estas plataformas a nuestras pymes europeas. Y, en tercer lugar, en el medio ambiente, porque sabemos que estas empresas abandonan a su suerte toneladas de paquetes devueltos por clientes en Europa y en otros continentes, lo que pone en riesgo la salud de todo el planeta. Para eso tenemos leyes, apliquémoslas: más controles en las aduanas, y comercio y consumo responsable para proteger nuestro medio ambiente, a nuestros consumidores y nuestro comercio local.

Señora presidenta, señor Letta, señorías, treinta años después de su creación, el informe Letta nos brinda una oportunidad única para avanzar hacia el futuro del mercado único en tres aspectos clave: En primer lugar, inspirados por Jacques Delors, apoyamos su idea de añadir una nueva libertad a la libertad de movimiento, que es la libertad de permanecer en el rincón de la Unión Europea que queramos. No queremos solo una Unión donde podamos movernos libremente en busca de una vida mejor: también queremos cohesión, oportunidades y desarrollo en todas las regiones de la Unión Europea, y acceso a la vivienda para proteger las zonas rurales y las más pobladas. En segundo lugar, necesitamos profundizar en la integración del mercado de capitales y el de las telecomunicaciones porque, como bien dice el señor Letta, no es coherente que compartamos una moneda única, pero tengamos aún fronteras digitales y prefijos nacionales. Y, en tercer lugar, la quinta libertad, la del conocimiento y la innovación. Nos quedan cinco años para profundizar en el mercado único y hacer que más europeos se enamoren de esta idea, tal como quería Jacques Delors, en contra de la extrema derecha que está aquí en esta Cámara sentada.

Señor presidente, señorías, hoy no va a hablar Laura Ballarín. Me van a permitir que utilice este minuto para ceder mi voz a una mujer afgana que me ha hecho llegar un mensaje desde Afganistán, donde está escondida porque su vida corre peligro: «Me llamo Tooba Hotak. Estudié Derecho y trabajaba en el Tribunal Supremo afgano hasta que los talibanes tomaron Kabul. Desde ese momento se me prohibió trabajar y salir de mi casa sin un hombre y se me obligó a cubrir todo mi cuerpo y cara. Mi profesión, mi identidad y mi voz me han sido arrebatadas. La nueva ley que prohíbe que las mujeres hablen en público nos ha silenciado incluso más. Somos prisioneras en nuestro propio país. No estamos encerradas por muros, sino por leyes diseñadas para oprimirnos y controlarnos. Os escribo con una desesperada y urgente petición de ayuda. Necesitamos una intervención rápida y tener protección lo antes posible. Todo lo que pedimos es la oportunidad de ser libres de nuevo. Os lo suplico: no nos dejéis solas». A todas las mujeres afganas: os vemos, os escuchamos y actuamos. Pedimos a la Unión Europea que use todos los instrumentos para acabar con estas leyes y dar asilo y trabajo a las mujeres afganas que llegan a nuestros países. No, Tooba, no estáis solas.

Señor Elon Musk, su plataforma es un cáncer para nuestras democracias. Pero nosotros, los europeos, dijimos "basta". Meta, TikTok, esto también se trata de ti. Continuaremos investigando y castigando cada ilegalidad que permitas y, por supuesto, cometas. Ya hemos creado una vacuna, un escudo para proteger nuestra democracia de la pandemia de desinformación: la Ley de Servicios Digitales. Porque no hay libertad en las noticias falsas. No hay libertad en el odio y la violencia. En Europa, no hay libertad sin reglas. Pero no nos detendremos aquí. Pedimos a las organizaciones internacionales que promuevan estándares globales, que los hagan responsables en todas partes y que detengan esta espiral de odio. Seguimos vigilantes. La ley de la jungla en línea finalmente ha terminado.

Señor presidente, señorías, ¿es libertad de expresión incitar a linchamientos de inmigrantes tras la acusación falsa de asesinato de un niño, como pasó este verano por parte de una señoría que acaba de intervenir? ¿O acaso es libertad de expresión alimentar falsas teorías de fraude electoral o tesis antivacunas, o decir que las mujeres de presidentes del Gobierno en realidad son hombres trans? No disfracemos de libertad de expresión y de verdad lo que en realidad es apología del totalitarismo: la extrema derecha ha encontrado en las redes sociales el vehículo perfecto para esparcir bulos, de forma masiva, con un triple objetivo. En primer lugar, acabar con nuestra democracia desde dentro llenando los espacios públicos en línea de rabia y de mentiras para favorecer el voto ultra; en segundo lugar, incentivar el odio contra los inmigrantes vinculando criminalidad con lugar de origen, y en tercer lugar, ejercer la violencia sistemática contra las mujeres con deepfakes y alentando el acoso de las mujeres en línea para acallarnos. Las redes sociales, gracias a los algoritmos, es decir, de forma premeditada, se han convertido en el hogar de los sembradores de racismo, de machismo y de negacionismo, pero los europeos hemos dicho basta, y pedimos al resto del mundo, tal como hizo Brasil, que nos acompañen en este camino.

Señora presidenta, en Europa nos faltan medicamentos: tenemos una fuerte dependencia farmacéutica porque muchos laboratorios se han trasladado a China o a la India. Por eso, la revisión de este paquete farmacéutico después de veinte años —en la que he trabajado y que hoy aprobamos— es tan necesaria y relevante. Destaco tres elementos del Grupo S&D: en primer lugar, acabar con el acceso desigual a medicamentos entre los Estados miembros. No puede ser que aquellos países más pequeños o menos ricos no accedan a los mismos medicamentos que los otros. En segundo lugar, crear incentivos para impulsar la investigación de nuevos antibióticos que luchen contra la resistencia antimicrobiana y también de fármacos para enfermedades raras. Y, en tercer lugar, proteger e incentivar las terapias avanzadas desarrolladas en hospitales públicos como los hospitales Vall d'Hebron o Clínic de Barcelona. Después de la pandemia de COVID-19, somos más conscientes que nunca de la necesidad de apoyar la sanidad pública y avanzar en la Unión Europea de la Salud. Por eso, es importante no sobrecargar los presupuestos públicos con costes derivados y excesivos de las patentes de los medicamentos y así favorecer también la industria y la innovación, siempre poniendo el foco en el paciente.

Señora presidenta, señorías, la Europa que protege es la Europa que se preocupa por sus 450 millones de consumidores. Los consumidores de la Unión tienen derecho a acceder a procedimientos para resolver sus reclamaciones a las empresas de forma fácil, rápida y menos costosa que ir a los tribunales, independientemente de si el litigio es nacional o transfronterizo o de si la compra se realizó en la tienda de su barrio o por internet. Necesitamos realizar mayores esfuerzos para invertir y capacitar a las empresas y a los consumidores para el comercio digital, que ha crecido de forma exponencial tras la pandemia de COVID-19, lo que implica muchos riesgos. Con este informe sentamos las bases para una resolución alternativa de litigios mejor y más popular; para que la mediación en los litigios de consumo se adapte por fin a la realidad, donde el comercio digital es cada vez mayor; para luchar contra la publicidad engañosa, los patrones oscuros o el bloqueo geográfico injustificado. Por todo eso, señorías, nos sobran los motivos para votar a favor de este informe: para que defender nuestros derechos como consumidores no salga tan caro y para que usar la resolución alternativa de litigios sí valga la pena.

Señor presidente, señor comisario Reynders, cuando como consumidores tenemos un problema con una empresa y queremos reclamar los daños que nos ha podido causar, tenemos solo tres opciones. Una, reclamar directamente a la compañía a través de formularios. Dos, presentar una reclamación ante un organismo público de consumo. Y tres, acudir a una entidad alternativa de resolución de litigios para que medie entre el consumidor y la empresa. Seguro que a todos les suenan estas situaciones: una aerolínea que nos ha cancelado un vuelo poco antes de la salida sin ninguna explicación, una factura telefónica desorbitada por servicios que no habíamos contratado o un paquete que no ha llegado nunca a pesar de haberlo pagado. Cuando nos pasa esto nos sentimos indefensos y pensamos que si queremos defender nuestros derechos solo podemos ir a juicio y sabemos que eso es tiempo y dinero que no tenemos. Para eso existen las entidades de resolución alternativa de litigios, para disponer de una herramienta más fácil, rápida y menos costosa que ir a los tribunales para resolver nuestros litigios como consumidores. Desafortunadamente, esta herramienta es todavía demasiado desconocida por parte de consumidores y empresas. Según los datos de la Comisión Europea, en 2019 solo el 30 % de los comerciantes de la Unión conocían estos mecanismos y eran capaces de usarlos, mientras que solo el 6 % de los consumidores que experimentaron un problema con un comerciante presentaron una queja ante estas entidades. Pese a la falta de conocimiento, la realidad es que la resolución alternativa de litigios da resultados, y muy buenos. La tasa de acuerdos positivos entre ambas partes cuando hay mediación es del 50 % en la Unión Europea; en el caso de España, hasta el 56 %. Entonces, ¿qué ha hecho Europa? Desde 2011 tenemos una Directiva que pone las bases de este modelo, pero sabemos que el marco no está alcanzando su máximo potencial debido a la falta de conocimiento y de confianza por ambas partes. Además, el comercio electrónico y la publicidad digital han crecido de forma desorbitada a raíz de la pandemia y, por ejemplo, en el caso de España más del 44 % de las compras se hacen ya por internet. Para poner coto a esta situación, la Comisión decidió el año pasado presentar una propuesta para actualizar y simplificar las normas, especialmente para adaptarlas a los mercados digitales, y ampliar el ámbito de aplicación a la publicidad engañosa o al bloqueo geográfico injustificado. Desde este Parlamento, como ponente, he trabajado para dotarnos de una revisión que proporcione a consumidores y a empresas unos mecanismos de resolución alternativa de litigios que sean más útiles, y por eso me felicito por haber alcanzado avances en tres aspectos clave. En primer lugar, mejorar la participación de los comerciantes, especialmente en aquellos sectores que más quejas y reclamaciones generan, estableciendo la participación obligatoria de los operadores y líneas aéreas. Tal como ya pasa en el sector energético, los Estados deben ofrecer una alternativa pública y eficiente ante la vulneración de los derechos de los pasajeros en el sector aéreo, que ha provocado una proliferación de empresas privadas de gestión de reclamaciones que proponen a los consumidores unas tarifas privadas. En segundo lugar, aumentar el conocimiento de los consumidores de estas herramientas obligando a las empresas a incluir en sus facturas y en sus páginas web secciones específicas para que los consumidores puedan acceder a estos mecanismos. Y, en tercer lugar, obligar a las empresas a que se adhieran a un sistema para responder siempre en un plazo de veinte días desde la reclamación. Y, sobre todo, pedimos a los Estados que ofrezcan más recursos a estas entidades para que puedan hacerlo. Para finalizar, quiero dar las gracias a la Comisión por la iniciativa de revisar esta Directiva y a los ponentes alternativos por haber trabajado con una actitud constructiva y alcanzar un buen compromiso. Con el voto favorable de este informe, el Parlamento Europeo se dota de un mandato ambicioso y responsable. Pedimos al Consejo que adopte pronto su mandato y podamos negociar para que antes de final de año tengamos una ley que proporcione una mejora en el sistema de mediación y resolución de conflictos. Los derechos de los consumidores son una seña clave de la Unión Europea y con esta legislación damos un paso más allá.

Señor presidente, señor comisario, «ecológico», «verde», «sostenible» o «camiseta hecha con botellas de plástico recicladas» son algunas de las muchas alegaciones que se han puesto de moda y que encontramos cada vez más cuando hacemos una compra de ropa, lavadoras o incluso un billete de avión. En la lucha contra el cambio climático, los consumidores queremos aportar nuestro granito de arena y por ello muchas veces optamos por productos respetuosos con el medio ambiente. Del lado de los comerciantes nos encontramos a muchos que también quieren hacer bien las cosas y contribuir a esta transición haciendo sus productos más sostenibles. Sin embargo, también hay aquellos que quieren aprovecharse de que «lo verde vende» con reclamos falsos. Porque nos encontramos ante una pandemia llamada ecoblanqueo o greenwashing, ya que en Europa sabemos que más del 50 % de las alegaciones ecológicas dan información vaga, engañosa o infundada. Por ello, como ponente alternativa socialista para esta propuesta de Directiva, he trabajado con los otros grupos para erradicar de nuestras estanterías el greenwashing a través de más transparencia y más verificación en tres aspectos: en primer lugar, obligando a las empresas a que certifiquen ante un verificador independiente y acreditado todas sus alegaciones, también en los mercados en línea; en segundo lugar, empoderando a los consumidores con información y transparencia en los productos que compren para tomar decisiones conscientes y responsables; y, en tercer lugar, estableciendo por primera vez sanciones para aquellas empresas que incumplan las normas o que hagan trampas para que no nos la cuelen con sus alegaciones falsas. Queremos proteger el medio ambiente y a aquellas empresas que hagan bien las cosas. Con esta legislación, Europa se dota de herramientas necesarias para combatir a aquellos que quieren utilizar, con mentiras y falsedades, a una ciudadanía responsable que reclama que todos actuemos con el medio ambiente. Quiero agradecer al comisario Breton la iniciativa de poner encima de la mesa esta propuesta de Directiva, y dar también las gracias a todos los negociadores por que hayamos llegado a un buen acuerdo. Hay que proteger el medio ambiente y proteger a los consumidores, porque nos jugamos nuestro futuro. Y, señorías, la policía del greenwashing por fin ha llegado.

Señora presidenta, en primer lugar, como jefa de Delegación de la Misión de Observación Electoral de este Parlamento en la República Democrática del Congo, lamento que no se dieran las circunstancias para llevarla a cabo el pasado diciembre. Una oportunidad perdida para recuperar la frágil confianza de los congoleños en sus instituciones. La República Democrática del Congo tiene más de dos millones y medio de personas desplazadas y millares han sido asesinadas por el conflicto entre el grupo rebelde M23 y las fuerzas del Estado en el este del país, una zona rica en recursos naturales que lleva décadas sufriendo violencia intensa. Ante esta situación, la Unión Europea debe adoptar un papel positivo y coherente en tres aspectos. Uno, reforzar la gobernanza regional y de seguridad humana y apoyar plenamente los procesos de Luanda y Nairobi. Dos, desarrollar una agenda positiva de comercio e inversión. Nuestras cadenas de valor han de ser limpias y justas y nuestros acuerdos para obtener materias primas críticas, como es el caso del acuerdo con Ruanda, no pueden alimentar su desestabilización. Tres, impulsar la cooperación transfronteriza entre los cuatro Estados de los Grandes Lagos para estimular el desarrollo económico y proteger el medio ambiente.

Gracias por su pregunta, señoría. Mis padres me educaron en que la independencia económica de las mujeres era la base de nuestra libertad y de nuestra seguridad. Por supuesto que respeto la decisión que tomen individualmente, de forma autónoma y sin ningún tipo de condición, las mujeres que quieran quedarse en casa. Pero yo estoy hablando de un fenómeno en redes sociales que alienta que vivamos de nuestras parejas y que aprovechemos ese tiempo para dedicarnos al cuidado, sobre todo a nuestro cuidado físico, para estar bellas para nuestros hombres que nos mantienen. Yo estoy absolutamente en contra y sí que veo esto como un retroceso claro y evidente.

Señor vicepresidente, tras más de medio siglo trabajando por la igualdad de género en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, nos encontramos hoy ante un panorama alarmante. En España, más del 65 % de las mujeres jóvenes creen que el feminismo es importante para lograr la igualdad de género, mientras que más del 35 % de los varones consideran que el feminismo promueve el odio y la discriminación hacia los hombres. A la vez, vemos cómo crecen en las redes sociales tendencias como el «novia, quédate en casa» (stay at home, girlfriend), un fenómeno viral que promueve alejar a las mujeres jóvenes de la figura de la mujer trabajadora para devolverlas al siglo pasado con la ayuda de las grandes plataformas y de la extrema derecha. Tenemos un reto colosal ante nosotras. Así que, ¿cuáles son nuestras prioridades para esta Comisión de Naciones Unidas? La Unión Europea debe liderar el empoderamiento de las mujeres y de las niñas, garantizando la igualdad de oportunidades en todas las esferas de nuestras vidas, también en el entorno digital. Pero también debe dar respuesta a las enormes brechas ideológicas que no paran de crecer, con hombres y mujeres jóvenes que habitan en espacios culturales y sociales cada vez más separados. No permitamos retroceder en avances logrados tras siglos de lucha feminista. Ante los que quieren involucionar, avancemos, avancemos siempre hacia un futuro más justo y más igualitario. (La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 171, apartado 8, del Reglamento interno)).

Señora presidenta, señor comisario Breton, usted inició una investigación a X por la propagación de contenido violento y discursos de odio durante la guerra de Gaza. Sigue sin dar respuesta. Por su lado, Meta ha sido denunciada en Estados Unidos por perjudicar la salud mental de los jóvenes a través de sus diseños adictivos, que promueven trastornos alimentarios y autolesiones. La respuesta de Zuckerberg a las familias ha sido «lo siento». Las redes están infectadas de pornografía ultrafalsa o bulos que criminalizan a colectivos y distorsionan nuestras campañas electorales. Es una verdadera pandemia en forma de intoxicación informativa y odio, que la extrema derecha utiliza con un vehículo de transmisión común: las grandes plataformas digitales. Nuestra vacuna en Europa es clara: la Ley de Servicios Digitales, para poner coto a la desinformación, el odio y también al acceso de los menores a la pornografía. Señor Zuckerberg, en Europa no queremos su perdón. Queremos que venga a dar la cara, tome responsabilidades y ponga remedio a esta pandemia que amenaza la salud de nuestros jóvenes y de nuestras democracias. La ciudadanía europea reclama un entorno digital basado en la confianza y la verdad. No podemos esperar más.

Señor presidente, señorías, a los consumidores les importa el medio ambiente y, en muchos casos, realizan sus compras basadas en sellos que ponen ecológico, sostenible, reciclable, pero ¿realmente lo son? En Europa el 78 % de los ciudadanos cree que las empresas ofrecen reclamos verdes engañosos. Y la verdad es que la mitad de ellos lo son. Por eso, desde este Parlamento, con el gran trabajo realizado por mi compañera Biljana Borzan, hemos conseguido una legislación que permita, en primer lugar, acabar con la obsolescencia programada, alargando la vida útil de los productos. En segundo lugar, poner fin a las prácticas tan engañosas para los consumidores como incitar a reemplazar consumibles como los cartuchos de tinta o presentando actualizaciones de software antes de lo estrictamente necesario. Y, en tercer lugar, empezar a erradicar los sellos verdes —como sostenible, biodegradable— falsos y poner las bases de la legislación en la que estamos trabajando ahora mismo: la Directiva de alegaciones ecológicas. Empoderemos a nuestra ciudadanía y ayudemos a las empresas a reducir su impacto medioambiental luchando a la vez contra el ecoblanqueo.

Señor presidente, señor comisario, señorías, estamos ante una crisis social sin precedentes para la juventud española y europea. Los jóvenes españoles se emancipan de sus familias a la edad de treinta años, cuatro más que la media europea, y emplean más del 59 % de su sueldo en pagar sus alquileres. En el caso de mi ciudad, Barcelona, esto asciende a un 85 %. Mientras tanto, los fondos inmobiliarios en la zona del euro han alcanzado la asombrosa cifra de un billón de euros, lo que triplica lo registrado en 2010. Esta situación es insostenible y sigue agravándose. Por todo ello, desde el Grupo Socialista de este Parlamento —porque no veo a nadie de la derecha europea en esta Cámara ahora mismo— pedimos un plan europeo basado en tres pilares. En primer lugar, un mayor impulso a la construcción de vivienda social limitando su privatización y mejorando los instrumentos para su financiación. En segundo lugar, medidas que pongan coto a la especulación: incrementar la transparencia de los mercados inmobiliarios, acabar con la concesión de visados dorados o reducir la reventa a corto plazo son pasos necesarios. Y, en tercer lugar, hay que seguir avanzando en la regulación sobre los alquileres de corta duración para garantizar que nuestras ciudades no se vuelvan en contra de sus ciudadanos. La vivienda es un derecho y un bien universal que no puede tratarse como una mercancía más. Una generación entera nos está esperando. No les defraudemos.

Señora vicepresidenta, vicepresidente Šefčovič, señorías, ¿por qué legislamos? Legislamos porque queremos proteger la salud de nuestros ciudadanos, avanzar en materia de estándares sociales e impulsar el crecimiento de nuestras empresas. Legislar es dar respuestas a una realidad cambiante por el progreso tecnológico a crecientes demandas ciudadanas o al deterioro del medio ambiente. Por ello, creemos que la derecha de esta Cámara tiene una actitud irresponsable y que alimenta el euroescepticismo con debates como este. Después de cuatro años de cooperación constructiva entre las grandes fuerzas de este Parlamento, ahora el Partido Popular Europeo pide una moratoria legislativa, que no avancemos tanto ni tan rápido. Esta postura encierra otra agenda, y es la de aprovechar para impulsar la desregulación. Como familia socialdemócrata, mostramos nuestro rechazo a este camino. En el grupo S&D, siempre hemos defendido una regulación equilibrada y basada en la ciencia, porque es imposible garantizar la competitividad futura de la Unión Europea si no apostamos —con compromisos vinculantes y medidas de apoyo— por las tecnologías del futuro y luchamos para evitar el desastre climático. No es serio simplificar y decir que regulación equivale a menos competitividad. Es más, la competitividad nos permite crear oportunidades económicas en línea con nuestras prioridades estratégicas como continente. Eso sí, los métodos de trabajo de la Comisión deben avanzar hacia una regulación simplificada, profundizar en nuestro mercado común e incorporar las propuestas de sectores afectados garantizando siempre que la carga regulatoria sea digerible para las pymes. Ahí sí que nos van a encontrar. En resumen, optimizar la carga regulatoria, sí. Impulsar la desregulación para disimular el negacionismo climático, no.

Señor presidente, señor comisario, señor ponente del informe, crecí escuchando que el frigorífico de mi abuela era irrompible o que la batería del nuevo iPhone iba a durar mucho más que la del anterior. No es nostalgia del pasado, es la reivindicación imprescindible para que se produzca un cambio en el mercado actual para tener productos duraderos. Por su lado, los gigantes tecnológicos usan su software para controlar y encarecer las reparaciones de sus aparatos electrónicos con el llamado emparejamiento de piezas. Según la Comisión Europea, producimos 35 millones de toneladas de residuos por la eliminación prematura de bienes. Los consumidores que optan por el reemplazo en lugar de la reparación pierden 12 millones de euros al año. Para proteger a las familias y al medio ambiente debemos mejorar el sistema de garantías de estos productos, promover puntos de reparación independientes y, en tercer lugar, asegurar que los recambios lleguen de forma rápida y asequible. En Europa, queremos un mercado que proteja la vida útil de los productos y acabar con la obsolescencia prematura. Con la aprobación de este informe, damos un paso más allá en el derecho a reparar para que lo noten el medio ambiente y también nuestros bolsillos.

Señora vicepresidenta, ¿quién de nosotros no hemos visto estos días viralizarse bulos y noticias falsas sobre Israel y Gaza? Imágenes que no son reales, de conflictos del pasado e incluso generadas por videojuegos, que añaden horror al horror. Nuestras democracias viven hoy una nueva amenaza, una pandemia de desinformación que la extrema derecha lleva años explotando gracias a un vehículo de transmisión común: las grandes plataformas digitales. Y es que, al igual que la pandemia de COVID—19, la pandemia de la desinformación se esparce a gran velocidad. Es altamente dañina para la salud de nuestras democracias. Pero Europa también tiene una vacuna, que es la Ley de Servicios Digitales, porque la difusión de bulos y de odio es siempre grave. Pero en conflictos como el que estamos viviendo hoy en Oriente Medio lo es todavía más. Con esta nueva ley, como ha dicho el comisario Breton, podremos exigir a X, Meta o TikTok que verifiquen la verdad y que limiten los contenidos ilícitos. Hoy quiero lanzar un mensaje a estas grandes plataformas, a estos grandes gigantes: les estamos vigilando. La seguridad pública y cívica están en juego.

Señora presidenta, la edad media de inicio del consumo de la pornografía es a los once años. El 85 % de los padres con hijos de esa edad creen que sus hijos no consumen pornografía. Puede que no queramos creerlo, pero ellos sí lo están viendo. Estos datos recogidos por la asociación Dale Una Vuelta son tremendamente preocupantes y tienen unas consecuencias muy claras en España: el aumento de las agresiones sexuales en manada por parte de menores, el uso de la inteligencia artificial para crear pornografía sintética y una educación sexual afectiva completamente distorsionada basada en la violencia. Y es que las estadísticas nos dicen que el 80 % de los jóvenes que consumen porno tienen conductas sexuales agresivas. Para frenar este abuso hacia los menores, saludamos la nueva Estrategia de la Comisión Europea para una Internet Mejor para los Niños, que pretende asegurar proteger a los niños y las niñas frente a los nuevos retos digitales. También frente al ciberacoso, del cual es víctima uno de cada tres niños a escala mundial. De la mano de la Ley de Servicios Digitales, del Espacio de Educación Europeo, de los Estados miembros, de las familias y de los educadores, debemos abordar con recursos y determinación el enorme reto que supone la internet para los niños.

Señora presidenta, «Y yo le dije: “¿Un piquito?” Y ella me dijo: “Vale”». Estas infames palabras forman parte ya de la historia del deporte. Representan lo peor del machismo y la discriminación contra las mujeres. Y ensombrecieron una hazaña histórica conseguida a pesar de la discriminación salarial, de la falta de apoyo técnico e incluso del peor calzado respecto a sus compañeros. Sin embargo, también han provocado un rechazo en nuestro país y una ola de feminismo y sororidad a nivel global que han arrasado con parte de la cúpula de la Federación Española de Fútbol. Porque Rubiales no ha dimitido. A Rubiales le hemos echado todas. Las campeonas del mundo dijeron: «Se acabó». Porque no fue solo un beso, fue abuso sexual y de poder. Porque «solo sí es sí». Pero esto va mucho más allá del fútbol. También va de abusos sexuales a deportistas de todas las disciplinas, incluso siendo menores, como denunciaron Simone Biles o también la tenista Angélique Cauchy. También del resto de profesiones: periodistas, abogadas, políticas, camareras... Debemos acabar con la cultura de la impunidad. Y este Mundial ha marcado un antes y un después. Lo de toda la vida ya no vale. Lo de no era para tanto ya no tiene lugar. Hoy en este Parlamento decimos alto y claro: «Se acabó».