Sobre qué Antoni ha hablado.

Señor Presidente, la respuesta al resurgimiento mundial de la pandemia y la cumbre con la Unión Africana a principios de 2021 están estrechamente relacionadas en el próximo Consejo Europeo. De hecho, la pandemia reaparece en gran medida debido a la variante ómicron, que comenzó en África, donde la tasa de vacunación es del 7%. Y sabemos que la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes del virus donde la tasa de vacunación es tan baja, es inmensa. África, y especialmente Sudáfrica, insta a la UE a que levante temporalmente las patentes sobre vacunas y tecnologías conexas. Pero la Unión Europea dice que no. ¿Es esta nuestra propuesta de asociación con la Unión Africana? El argumento de que el levantamiento no acelerará los procesos de vacunación del continente es falso. África tiene al menos seis plantas listas para producir vacunas mensajeras de ARN en cuestión de meses, lo que permitiría un acceso masivo a vacunas rentables y dedicaría los recursos del continente a mejorar sus redes logísticas. Pero si este argumento fuera cierto, sería una razón más para suspender las patentes. Porque en este caso, la industria farmacéutica no tiene nada que temer, porque nadie podrá competir con ella. La variante ómicron forzó la suspensión de la reunión de la OMC, donde la Unión Europea iba a violar el mandato de este Parlamento. Todavía tenemos tiempo para rectificar y hacer lo que nos exigen los intereses globales del planeta, los intereses de África y los intereses de la propia UE.

Señora Presidenta, señor Comisario, la Comisión, para garantizar el acceso a las vacunas en todo el mundo, propone que los Estados miembros de la OMC utilicen las licencias obligatorias previstas en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC en lugar de abogar por la suspensión temporal de las patentes. Se trata de un grave error, señor Comisario, es irresponsable, porque esta propuesta de la Comisión no aumentará la producción y la disponibilidad mundial de vacunas en la misma medida, por tres razones. La primera es que los gobiernos que utilizan licencias obligatorias pueden ser demandados por los titulares de patentes. Por el contrario, la suspensión de patentes les proporciona la seguridad jurídica necesaria para aumentar la producción local. La segunda razón es que las licencias obligatorias no darán lugar a una disminución significativa del precio que debe pagarse por las vacunas a nivel mundial, contrariamente a lo que sucedería con el fin del monopolio implícito en la patente. La tercera razón es que las licencias obligatorias no incluyen todos los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor, secretos comerciales, diseños industriales, etc.) y, por lo tanto, no permiten a los países en desarrollo obtener la tecnología necesaria para producir vacunas de ARN mensajero. Como prueba de ello, la OMS aún no se ha beneficiado de ninguna transferencia de esta tecnología, porque las compañías farmacéuticas no la comparten voluntariamente. En conclusión, la UE debe apoyar la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas en la próxima Conferencia Ministerial de la OMC.

Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la COP26 confirmó que el ritmo de la política y el ritmo de la naturaleza están dramáticamente disociados. Sabemos que, antes de la COP26, el pronóstico de calentamiento para 2100 era de 2,7 °C, pero estos pronósticos ahora son de 1,8 °C, en caso de que se implementen todos los acuerdos. Esto todavía está demasiado lejos de los 1.5 ° C que la ciencia requiere que evitemos el colapso. Es cierto que no todos son fracasos. El acuerdo para reducir las emisiones de metano y la inclusión explícita del carbón en los compromisos son buenas noticias, pero, como dijo el Secretario General de la ONU, esto no es suficiente. Es imprudente haber pospuesto hasta 2023 la financiación de 100 000 USD al año para la transición ecológica de los países en desarrollo. Como el informe de la Laboratorio de Desigualdad Global, el mapa de la contaminación por carbono encaja perfectamente con el de las desigualdades económicas mundiales. El 2 % más rico de la población mundial emite casi el 48 % de las emisiones mundiales y el 1 % más rico produce el 17 % del total, mientras que la mitad más pobre solo es responsable del 12 %. No podemos salvar el planeta si no actuamos más rápido, pero sobre todo no podemos salvar el planeta si no lo hacemos más justo.

Señora presidenta, señor Garicano, le agradezco que haya esperado al fin del debate para escuchar esta intervención y permita que hable con todo el respeto, pero con toda contundencia. Ya sé que a algunos de ustedes no les gusta nada la historia, pero la historia dice que el nazismo fue derrotado en Alemania; el fascismo fue derrotado en Italia; el salazarismo, en Portugal; el estalinismo, en los países del Este… Pero el franquismo no fue derrotado en España, y España es la excepción de la Unión Europea, y quien vulneró los principios y los valores europeos en el año 2017 no fue el Gobierno catalán poniendo urnas y permitiendo que las personas fuesen a votar, fue el Estado español pegando a votantes que iban a votar pacíficamente, encarcelando a un Gobierno inocente y ahora persiguiéndonos a nosotros contra lo que exige el Consejo de Europa. Por cierto, yo acabo con una pregunta: ¿a usted le parece que el Tribunal Supremo español y el Tribunal Constitucional español deben someterse a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Sí o no? Porque no lo están haciendo, y a ustedes les parece bien.

Señora Presidenta, señora Presidenta de la Comisión, en el próximo Consejo Europeo demostrará hasta dónde quiere llegar para que Polonia acepte la primacía del Derecho europeo. Pero, probablemente, Polonia le dirá: «España puede ignorarlo, ¿y nosotros no?» Y no podrá responder, porque España ignora la decisión del Tribunal de Luxemburgo que ha afectado a nuestra inmunidad durante meses. Como resultado, Polonia se sentirá legitimada para seguir desafiando a la UE. Y luego podría ser Hungría. Y luego otro país, y otro... ¿Realmente vale la pena amenazar seriamente los proyectos europeos, señora Presidenta, sólo para proteger al Estado español y su deriva autoritaria a través de la inacción de las instituciones europeas? Y conoces el origen del problema; Lo sabes perfectamente bien. España es, insisto, el único Estado europeo con un pasado totalitario fascista que no ha sido capaz de construir su democracia sobre la derrota del fascismo, el totalitarismo. Me gustaría subrayar: Es el único. Esto no es una opinión, es un hecho histórico, sino un hecho histórico con consecuencias dramáticas, tan dramáticas que si no se detienen pronto las violaciones del Estado de Derecho que España continúa perpetrando hoy, el mal ejemplo de este país terminará hiriendo fatalmente al proyecto europeo.

Señor presidente, señora comisaria, el autoritarismo del régimen de Beijing desafía nuestro concepto de democracia. Lo estamos diciendo todos. Sus minorías (los uigures, los tibetanos, los ciudadanos de Hong Kong y también los demócratas que desde el régimen chino luchan por un país mejor) sufren una vulneración sistemática de sus derechos fundamentales. Europa debe abandonar la política «de una sola China» o, mejor dicho, debe reconocer que China y Taiwán son, a todos los efectos, dos países distintos, y tratarlos como tales. Así se ha expresado en las urnas el pueblo de Taiwán de forma repetida, y, por tanto, tenemos que respetarlo desde las instituciones europeas. Desde Cataluña, Taiwán tiene todo nuestro apoyo y ojalá en los próximos meses volvamos a votar en esta Cámara sobre Taiwán, pero esta vez sobre un tratado de inversión que refuerce las relaciones entre Europa y Taiwán. Europa debe priorizar las alianzas con otras democracias. Si Europa quiere ser una potencia global, debe hacer apuestas geopolíticas que refuercen los sistemas democráticos con derechos civiles, políticos, laborales, ambientales, etcétera. Ojalá esta Resolución sea un hito hacia unas relaciones mucho más estrechas entre Taiwán y la Unión Europea.

Señora Presidenta, Señorías, para que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» alcance los objetivos propuestos, es necesaria la coherencia con otras políticas de la UE, todas las cuales son: agricultura, comercio, biodiversidad, etc., lo que no es el caso en la actualidad. Tenemos la herramienta teóricamente clave, la PAC, pero perdimos una oportunidad con la última revisión que no está en consonancia con los objetivos del Pacto Verde. Todavía tenemos que aplicar los principios «de la granja a la mesa» a la política pesquera, con el Código Europeo de Conducta de los Líderes de la Cadena Alimentaria y hacer que vayan más allá de las medidas voluntarias. En lo que respecta a la política comercial de la Unión, también queremos coherencia con respecto a las importaciones y exportaciones de alimentos, productos químicos y OMG, y debemos dar una señal muy clara para promover la eliminación gradual de los plaguicidas altamente peligrosos en todo el mundo. Por último, la Comisión debe garantizar que los acuerdos de libre comercio creen sistemas alimentarios sostenibles y justos. Si no actuamos de manera coherente, esta estrategia será ineficaz y pagaremos caro por los errores que este Parlamento todavía puede corregir.

Señora Presidenta, Señorías, en noviembre Polonia tiene previsto recibir 24 000 millones de euros del Fondo de Recuperación, pero, de conformidad con el mecanismo de condicionalidad que acompaña a este fondo, la Comisión informó a Polonia de que primero tendrá que cumplir las disposiciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando el Tribunal Constitucional polaco impugnó al Tribunal de Luxemburgo y dictaminó que el Derecho interno tenía primacía sobre el Derecho comunitario, la Comisión bloqueó la liberación de fondos. En España, el Tribunal Supremo, en particular el juez Llarena, también interpuso recurso de apelación contra el Tribunal de Luxemburgo, que el 30 de julio había declarado que se suspendían los Euroórdenes emitidos por este juez contra tres miembros de esta Sala —la presidenta Puigdemont, Clara Ponsatí y yo—. Sin embargo, la semana pasada este juez informó a las autoridades judiciales italianas que no tiene la intención de suspender la orden de detención europea, ignorando la decisión del tribunal europeo. Señor Gentiloni, ¿aplicará la Comisión a España la misma norma que a Polonia? La próxima entrega de la Fondo de Recuperación ¿Se congelará en España hasta que el Tribunal Supremo cumpla con la decisión del Tribunal Europeo? Y si no lo hace, ¿por qué este doble rasero? ¿Requerimos que algunos estados cumplan con la ley europea si quieren fondos europeos y no otros? ¿En serio? ¿Es esta la Europa que queremos?

Señor presidente, ¿qué caracteriza el modelo de vida europeo? O, mejor dicho, ¿qué debería caracterizarlo? Lo sabemos muy bien: la defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos; pero, muy especialmente, aquello que es específico de Europa es la defensa de los derechos sociales y económicos. Es decir, no hay modelo de vida europeo sin Estado del bienestar. Pero no hay Estado del bienestar sin una base fiscal suficiente y equitativa. ¿Cómo podemos, si no, financiar los servicios públicos que garanticen nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos sociales sin una base fiscal sólida? Por tanto, la existencia de paraísos fiscales es una amenaza directa al modelo de vida europeo. Las prácticas de planificación fiscal agresiva y la competencia fiscal desleal son una amenaza. La Comisión calcula que cada año se desvía a través de paraísos fiscales el equivalente al 10 % del PIB europeo. Y el informe de 2021 decía que cada año perdemos entre 36 000 y 37 000 millones de euros del impuesto de sociedades. Este dumping fiscal se da a tres niveles: entre Estados de la Unión, entre la Unión y terceros países y, dentro de los Estados, entre regiones. La Comunidad de Madrid, en este sentido, es un ejemplo dramático con sus políticas de planificación fiscal agresiva. Tenemos que combatir a estos tres niveles y, efectivamente —lo sabemos muy bien—, la armonización fiscal es el capítulo pendiente del proyecto económico europeo.

Señora presidenta, este Parlamento se preocupa mucho de los problemas del Estado de Derecho en Polonia o en Hungría, y hace bien; pero se preocupa muy poco de la degradación del Estado de Derecho en España... Y hace mal, muy mal. La libertad de prensa debe ser protegida a toda costa, en todos los rincones de la Unión. No podemos mirar hacia otro lado cuando es amenazada en Polonia, pero la independencia del poder judicial también es fundamental para nuestras democracias, y la Unión no debe mirar hacia otro lado cuando es España quien la atropella. Hace muy pocos días, el responsable de Justicia del PP español abría una entrevista con este titular: «El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial». No sean ingenuos. En España, los políticos que quieren que los jueces elijan su gobierno, no lo hacen para tener un poder judicial más independiente, sino para todo lo contrario, para controlarlo. Otro responsable del PP, ya confesó, en 2018, que el objetivo de su partido era «controlar la Sala Penal del Tribunal Supremo por detrás». ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando con el doble estándar? ¿No se dan cuenta de que callando ante las vulneraciones del Estado de Derecho en España, estamos dando barra libre para que el resto de Estados de la Unión, como Polonia, sigan el mismo camino? Si siguen jugando con fuego, un día no sabrán cómo apagar el incendio de la vulneración de los derechos civiles y políticos a lo largo y ancho de la Unión.

Señor Presidente, Señorías, el último informe del IPCC del pasado mes de agosto deja muy claro que para acabar con el calentamiento global tenemos que dejar de emitir carbono con carácter de urgencia. Estamos en un punto de no retorno, hay margen pero es un margen concreto e inequívoco. Los treinta años que nos hemos fijado hasta 2050 no pueden ser una prueba, el reto es enorme porque se trata de todo: la agricultura, la industria, el transporte, la electricidad y el sector energético en general. Tenemos un primer plazo, 2030, en el que los gobiernos y la Unión al timón deben especificar lo que harán: los planes y objetivos actuales son insuficientes si no queremos superar el aumento acordado en París. Celebramos la adopción del «Objetivo 55» pero somos conscientes de que los cambios a promover son radicales y que se necesita una transformación total y justa. Por eso lucharemos para garantizar que los cambios que tenemos que emprender no perjudiquen a los ciudadanos y las regiones más vulnerables. Seguiremos de cerca la creación del Fondo Social. Además, los recursos que obtendremos de la aplicación del MAFC deben dedicarse a estos sectores más frágiles de la población.

Señor Presidente, la pandemia ha sido sin duda una enorme tragedia humana, con consecuencias sociales y económicas de las que todos somos conscientes. Sin embargo, la UE ha aprendido lecciones útiles para el futuro. Entre ellas, la necesidad de avanzar en la construcción de una política sanitaria europea común, en los ámbitos específicos en los que una mayor integración nos permitirá hacer más y mejor. Este reglamento sobre las amenazas transfronterizas es, por supuesto, uno de los pilares de esta nueva Unión Europea de la Salud y estamos satisfechos con la cantidad y la calidad de las contribuciones que hemos podido hacer. Estas incluyen la definición de las necesidades sanitarias reales en todas las políticas, la ampliación de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles a sus consecuencias sobre las enfermedades no transmisibles, en particular la salud mental, la inclusión de las regiones, y en particular las regiones transfronterizas, en los planes de prevención y transparencia, y la publicación de la lista de miembros del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE, con el fin de evitar cualquier conflicto de intereses con la industria farmacéutica. En conclusión, más Europa en el ámbito de la salud para que los Estados miembros y las regiones de la UE puedan garantizar más y mejor el derecho a la salud de sus ciudadanos.

Señora Presidenta, Señorías, hoy es un gran placer para mí pronunciar este discurso en italiano. En el último Consejo, el presidente Michel afirmó que la no discriminación contra las personas LGBTI forma parte del ADN de la Unión. Por lo tanto, ningún país puede pretender formar parte de la Unión si no respeta este principio. Sin embargo, Hungría aprobó recientemente una ley homofóbica que prohíbe hablar de homosexualidad en libros de texto y programas de televisión para menores. En Polonia hay municipios que se declaran libres de personas LGBTI. Esta semana en España, el Tribunal Supremo prohibió a los edificios públicos ondear la bandera LGBTI. Estas acciones públicas animan a los sectores más intolerantes de nuestra sociedad a intensificar su discurso de odio contra la comunidad LGBTI, que termina legitimando la violencia física, las amenazas, las palizas, las agresiones grupales e incluso los asesinatos, como en el caso de Samuel, el gay de 24 años brutalmente golpeado hasta la muerte en Galicia hace apenas unos días. Necesitamos una Unión que actúe enérgicamente contra la fobia a las personas LGBTI. No solo necesitamos palabras y discursos, necesitamos hechos concretos y políticas valientes.

Señora presidenta, el acoso contra disidentes en Nicaragua es inaceptable, y es muy triste constatar cómo aquellos que se dicen herederos de una revolución que en 1979 generó tantas esperanzas en América Latina, en Europa, en el mundo entero, hoy encarnan exactamente lo contrario de lo que aquella revolución simbolizó. La Unión Europea tiene que exigir al Gobierno nicaragüense que libere a los candidatos a las elecciones presidenciales, a los numerosos activistas y periodistas que han sido detenidos desde el pasado mes de junio, que posibilite el derecho de manifestación y que garantice unas elecciones verdaderamente libres en noviembre. En caso de que Daniel Ortega se niegue, efectivamente, el Consejo debe prolongar las sanciones contra él y contra otros altos cargos del Gobierno de Nicaragua. Sin embargo, cuando la Unión exige todo esto a Ortega, él responde ⸺cito⸺: «¿Acaso nosotros les hemos pedido a los europeos que pongan en libertad a los presos políticos que tienen en Europa? No se nos ocurre a nosotros ir a pedir que les pongan en libertad porque son situaciones internas de ellos». Y lo dice en referencia a los líderes independentistas catalanes represaliados por el Estado español. Rusia, Turquía, Nicaragua: nuevamente, señor Borrell, el silencio de la Unión Europea ante las violaciones de los derechos humanos en Cataluña es utilizado por regímenes autoritarios para negar la legitimidad de la Unión Europea en su defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Sigan el ejemplo del Consejo de Europa, por favor. El silencio de la Unión ante lo que pasa en Cataluña nos sale muy caro.