Sobre qué Leopoldo ha hablado.

Señora presidenta, señora comisaria, hoy celebramos en esta Cámara el tercer debate sobre Cuba en lo que llevamos del 2021. ¡El tercero! Les recuerdo que, en todos y cada uno de ellos, el tema central objeto de debate ha sido la condena de las diversas formas de violaciones de derechos humanos por parte del régimen cubano. Esta constante refleja que la violación sistémica de estos derechos configura una política de Estado del régimen comunista cubano. Ahora, de nuevo, con mayor gravedad, vemos que la desesperación del pueblo cubano se manifestó el pasado mes de julio. Lo sucedido en aquel momento fue histórico. Los cubanos han salido multitudinariamente a la calle para protestar, cansados de la precariedad que sufren, al grito de «¡Libertad!» exigiendo sus derechos fundamentales. Desafortunadamente, en vez de sumarse por la vía pacífica al diálogo que muchos de esta Cámara proclaman, el Gobierno cubano no dudó en utilizar la represión, la persecución y el uso de la fuerza en la respuesta a las protestas pacíficas. A pesar de que, para algunos grupos políticos, las cifras que voy a recordar no constituyen gravedad, para nuestro Grupo, y para mí personalmente, son una dolorosísima consideración. Se han reportado 5 000 desapariciones a raíz de estas manifestaciones y 1 500 personas con medidas de limitación de libertad y ha habido 381 presos y condenados políticos certificados. Podríamos resaltar de entre los perseguidos, desaparecidos y detenidos los siguientes nombres: el premio Sájarov Guillermo Fariñas, recientemente liberado; José Daniel Ferrer, presidente de la UNPACU, quien actualmente se encuentra en paradero desconocido desde hace más de dos meses; Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro, y Maykel Osorbo, autor de la canción Patria y vida, artistas cuyo único pecado ha sido manifestar un deseo por un elemento que es necesario en la creatividad: su libertad. En un afán por legalizar lo ilícito y criminal, este Gobierno cubano ha promulgado leyes como la Resolución 105 y el Decreto Ley 35, que le permiten registrar domicilios e incautar bienes, cancelar el derecho a comunicaciones, multar y propiciar el inicio de procesos penales de personas que difundan noticias o mensajes con un impacto en el prestigio del país, que atenten contra los preceptos sociales o que promuevan la indisciplina social. Por otro lado, el Decreto 370 multa gravemente el hecho de difundir a través de las redes información contraria a los intereses sociales, la moral o las buenas costumbres, una gran mordaza a toda información que no interesa al régimen. Por último, a pesar de las reiteradas peticiones de este Parlamento para el envío de una misión de visita a la isla, el Gobierno cubano ha impedido esta acción, que es necesaria para conocer los hechos y obtener información de primera mano, veraz y no filtrada. ¿Ustedes realmente piensan que el Gobierno cubano tiene algún interés en avanzar en pro de la libertad y la democracia en su país, tal y como se comprometió en el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con la Unión Europea? Y yo no hablo de después de sesenta años de este régimen; me estoy refiriendo muy específicamente al compromiso contraído con Europa en diciembre de 2016. Es decir, en cinco años no se han movido un ápice por el respeto de los derechos humanos y la libertad mediante el desarrollo de la democracia. Esto nunca ha estado en la agenda cubana. Por ello, los eurodiputados que apoyamos a los demócratas cubanos no podemos seguir esta burla. La Resolución que estamos proponiendo el día de hoy va un paso más allá. Por un lado, pedimos a la Unión Europea la activación del artículo 85 del Acuerdo para que, de esta manera, convoque al Consejo Conjunto, puesto que consideramos que, por todo lo expuesto, nos enfrentamos a una situación de urgencia, tal y como se establece en el Acuerdo. Y pedimos al Consejo que haga uso de la Ley Magnitski de la UE y adopte sanciones contra los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos. Quiero terminar enviando un mensaje de apoyo a todas las víctimas de ese régimen, dentro y fuera de la isla. Y me gustaría recordar que, como pilares de la Unión Europea, se sostienen los principios de respeto a los derechos humanos sin contemplación de nacionalidades.

Señora presidenta, el siglo XXI pasará a ser histórico por sus grandes desafíos y amenazas. Por un lado, la pandemia de COVID—19 ha causado grandes estragos, pero por otro, el cambio climático, los totalitarismos, los conflictos, la desigualdad económica y social, la inseguridad, la pobreza y la corrupción de los múltiples Gobiernos son provocadores, todos ellos, de enormes flujos migratorios. La migración se puede comprender como un desafío, pero también como una oportunidad, tanto para las sociedades receptoras como para aquellos que emigran. Y así lo ha demostrado la historia. Según la OIM, alrededor de 281 millones de personas residen en un país distinto de su país natal. Según ACNUR, existen casi 83 millones de desplazados por la fuerza debido a los conflictos y a las violaciones de los derechos humanos. Hoy conmemoramos el 70.º aniversario de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un tratado que establece los parámetros de protección internacional para aquellos que se han visto obligados a salir de su país porque su vida corría peligro. Para ellos, ser refugiado no fue una elección, fue un imperativo. Hablo con propiedad cuando digo que he visto la cara más amarga de una migración forzada, la de más de cinco millones de venezolanos que, como muchos otros pueblos, se han visto obligados a emprender caminos desesperados fuera de sus fronteras debido a dictaduras inhumanas. Los Estados miembros de la Unión tienen una responsabilidad internacional para con los refugiados, pero también la Unión Europea tiene una responsabilidad moral con los países de origen para acercarlos a la democracia y acompañarlos en ese proceso, y también para sancionar a quienes cometen crímenes en contra de sus poblaciones. Crímenes contra nuestra humanidad.

Señora presidenta, señor alto representante, la situación de desamparo total en la que se encuentran los nicaragüenses nos preocupa profundamente. La represión, la persecución, el acoso, los ataques y asesinatos se han recrudecido alarmantemente durante los últimos meses al acercarse estas próximas elecciones presidenciales. Hoy el Gobierno de Ortega mantiene a más de 120 presos políticos, entre los que destacan Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y, por último, apresado ayer junto con otros líderes sociales y dirigentes estudiantiles, Medardo Mairena. Todos ellos, casualmente, candidatos presidenciales. ¿A qué le teme Ortega? La respuesta es muy sencilla: a la libertad y a la democracia en su país. Por ello, han radicalizado la represión disfrazándola con la legalidad de unas leyes aberrantes. Han transformado las elecciones de noviembre en una farsa para mantenerse en el poder de manera permanente en contra de la voluntad del pueblo nicaragüense. No es injerencia en asuntos internos. Ortega tiene que cumplir sus obligaciones internacionales fundamentales. Europa debe tomar acciones inmediatas ante la evidente violación de derechos humanos y no permitir esta escalada. La Unión Europea debe sancionar a los perpetradores de estos crímenes, que hasta ahora han quedado impunes, comenzando por el propio Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo.