Sobre qué Isabel ha hablado.

Señora presidenta, felicidades a la ponente por su trabajo. Esta visión a largo plazo para las zonas rurales era tan esperada como necesaria y supone una oportunidad única para poner a las zonas rurales en el centro de la agenda europea. El Pacto Verde y la pandemia han revelado el potencial que la Europa rural tiene para conseguir un nuevo modelo económico más sostenible, con producción de energía renovable, haciendo uso de la economía circular y la innovación, y desempeñando, por tanto, un papel activo en las transiciones ecológica y digital a las que aspira la Unión Europea. Pero, para poder exprimir todo este potencial, hay que hacer frente a los desafíos que presentan, de modo que sirvan para retener y atraer población que quiera disfrutar de la calidad de vida en las zonas rurales. Hablamos de infraestructuras, de conectividad, de servicios de calidad y, por supuesto, de oportunidades de empleo. Oportunidades que van más allá de la agricultura. Nuevas formas de trabajo, nuevas tecnologías, que, además, deben involucrar a las mujeres y a los jóvenes y, así, frenar la despoblación. Para ello es indispensable un pacto rural con el compromiso de todos e instrumentos como el mecanismo de verificación rural, para evaluar el impacto de las políticas europeas en las zonas rurales.

Señor presidente, señor comisario, gracias, presidente Murphy, por la presentación del informe anual de 2021. Sin duda nos preocupa que el nivel de error estimado por el Tribunal de Cuentas sea un 3 %, aunque la Comisión lo sitúe en un 1,9 %. Pero, más allá del porcentaje, lo que sí creo que es importante y necesario es identificar errores concretos para poder solucionar los problemas que los originan. Por otro lado, esta es la primera vez que se incluye la auditoría del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un instrumento novedoso con un modelo de ejecución basado en el cumplimiento de objetivos e hitos. España fue el primer y único país que recibió un pago en 2021 tras la evaluación favorable de la Comisión, porque se habían cumplido satisfactoriamente todos los hitos, y así lo ha confirmado la Comisión. Ser el primero de la clase a veces significa asumir un mayor escrutinio y control, pero también sirve para que podamos adelantarnos a los retos que puedan presentarse en el futuro. Aunque España haya cumplido, puede ocurrir que otros países no cumplan todos los hitos comprometidos y habrá que ver cómo se actúa en esos casos. La buena colaboración de todos, sin duda, hará que mejore la gestión del presupuesto europeo.

Señora presidenta, la defensa de los valores fundacionales de la Unión Europea y el estricto respeto del Estado de Derecho deben estar por encima de todo. Nos alegra que la Comisión haya activado, después de tanto tiempo y gracias al empeño del Parlamento, el mecanismo de condicionalidad contra el Gobierno de Orbán. 7 500 millones de euros es lo único que ha conseguido que el Gobierno húngaro se tome en serio las advertencias. Las continuas violaciones del Estado de Derecho en materia de lucha contra la corrupción y el fraude en la contratación pública, las deficiencias en el tratamiento de los conflictos de intereses y los ataques a la independencia del sistema judicial suponen un riesgo para el presupuesto europeo, por lo que es imprescindible tomar medidas para protegerlo. Hungría es uno de los mayores beneficiarios de los fondos regionales europeos, por lo que si quiere estar en nuestro club tendrá que cumplir las normas establecidas. No solo se está para recibir ayudas, también hay condiciones que cumplir. Por ahora solo tenemos un compromiso de reformas, así que habrá que seguir presionando hasta que sean una realidad. En el Consejo, por su parte, solo tienen que decidir si defienden la democracia y el Estado de Derecho o si prefieren mirar hacia otro lado.

Señora comisaria, ya lo hemos hablado en otras ocasiones; el reto demográfico de la despoblación es un reto democrático que merece la cooperación de todas las instituciones a todos los niveles y, por supuesto, a escala europea. Usted ha hecho referencia a las estrategias a escala nacional y regional. Pues bien, mi región, Aragón, ha sido pionera al aprobar una Ley de Dinamización del Medio Rural que recoge políticas activas similares a las que proponía la Comisión en la Comunicación para una visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión; medidas dinamizadoras que pretenden luchar contra el desfallecimiento del entorno rural; iniciativas para aumentar el número de empresas y servicios en territorios demográficamente disminuidos; y también otros instrumentos, como la descentralización administrativa o la elaboración de un programa de gestión territorial de dinamización económica que promueva la cultura emprendedora, así como una de las novedades principales, que también habíamos pedido aquí, desde el Parlamento; la aplicación del principio de la verificación rural para evaluar la repercusión de las principales normativas sobre las zonas rurales. Además de esas acciones a que usted hacía mención, a escala regional o nacional, por separado, mi pregunta es la siguiente: ¿se plantea una estrategia europea común para la lucha contra la despoblación con medidas vinculantes, y, en esa estrategia, incorporar la aplicación del principio de la verificación rural a los Fondos Estructurales?

Señor presidente, este verano ha sido, muy a nuestro pesar, el verano del fuego. A finales de agosto, en España, se habían registrado más de 63 grandes incendios que superaban las 300 000 hectáreas quemadas. Algunos de los más preocupantes han sucedido en mi tierra, en Aragón. Los incendios de Ateca y Añón de Moncayo han causado pérdidas incalculables, ciudadanos desplazados de sus casas, daños irreparables en la agricultura, la ganadería, las infraestructuras, pérdida de biodiversidad..., sin olvidarnos de los profesionales que han trabajado sin descanso para sofocar las llamas arriesgando sus vidas. Una de las mayores causas de estas catástrofes naturales tiene nombre y apellido: emergencia climática. Los instrumentos de financiación y coordinación con los que contamos en Europa para abordar estas catástrofes no se adaptan a la gravedad y a la intensidad de las catástrofes naturales de los últimos años. El Mecanismo de Protección Civil de la Unión y el Fondo de Solidaridad, creados hace veinte años, fueron un acierto europeo, pero se quedan cortos ante la realidad de la emergencia climática mundial. La Comisión debe replantearse reforzarlos y revisar al alza su presupuesto en beneficio del planeta y de la ciudadanía.

Señora presidenta, la invasión de Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia de tener desarrollada una cadena logística resiliente preparada para hacer frente a posibles disrupciones. Es imprescindible para ello reforzar los corredores ferroviarios europeos y fortalecer puertos, aeropuertos y el resto de infraestructuras. Putin sabía perfectamente lo que hacía al atacar los puertos ucranianos desde el primer momento, bloqueándolos, rompiendo la cadena de suministros europea y global y provocando una crisis alimentaria internacional que está desestabilizando el orden mundial. Necesitamos soluciones a corto plazo que mejoren la conectividad entre Ucrania y el continente europeo, como los corredores solidarios, y que permitan sacar productos agrícolas, pero también llevar ayuda humanitaria y productos básicos. El Gobierno de España se ha puesto a la cabeza de uno de estos proyectos solidarios para sacar por ferrocarril el cereal almacenado en Ucrania y llevarlo a puertos españoles, desde donde se podrá exportar a otros países. Solidaridad y responsabilidad es lo que se espera de la Unión Europea y es lo que ya está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Señora presidenta, señor comisario, en 2020 la Unión Europea estuvo a la altura y frente a una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, concibió los fondos Next Generation EU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como una oportunidad única para impulsar la recuperación de Europa; esta vez sin dejar a nadie atrás. Ahora son los Estados miembros los que tienen que demostrar que están a la altura, cumpliendo sus planes de reformas nacionales aprobados por la Comisión. Y a medida que los países alcanzan los objetivos fijados en esos planes, la Comisión debe garantizar que las ayudas siguen llegando. Es imprescindible que se lleve a cabo de una forma rápida, pero esto no quiere decir que tenga que haber menos control. La implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debe ser transparente, eficaz y rigurosa, para lo que necesita mecanismos de vigilancia y control que aseguren que el dinero se utiliza según las reglas establecidas y que ni un solo euro se pierde por culpa del fraude o la corrupción. Solo así sacaremos el máximo provecho a los fondos para la recuperación, lograremos la transición ecológica y digital de Europa y mantendremos la confianza de los ciudadanos. Con estos objetivos, desde el Parlamento, continuaremos realizando la supervisión democrática del mecanismo que nos corresponde.

Señora presidenta, la carta que envió ayer el Tribunal de Cuentas, con los últimos cambios de su Código de conducta, nos decía que estas reformas son la prueba de su compromiso con un proceso riguroso de descargo. Me alegra saber que coincidimos en la búsqueda de esa rigurosidad que yo he mantenido desde el principio. También me alegra que el Tribunal haya ido modulando su posición respecto al borrador de informe inicial y la Resolución aprobada en la Comisión de Control Presupuestario, haya admitido la necesidad de cambios y se haya puesto manos a la obra en la revisión del Código de conducta, de modo que se garanticen las normas éticas más estrictas. El Tribunal de Cuentas decidió no contestar algunas preguntas concretas de algunos ponentes alternativos, y es lo que yo le trasladé, pero esta no es la razón para no dar el descargo. La razón está en la información que sí nos han dado. Y la clave está en la ética. Usted lo ha dicho, señor Lehne: debemos aplicar el mismo rasero. Pues eso es lo que estamos haciendo: nuestra labor de control por el bien de mantener la credibilidad de las instituciones. Por último, señor Kuhs, lo que me daría vergüenza es hacer lo contrario. Lo difícil ha sido mi posición. Lo fácil hubiera sido ponerme de perfil.

Señora presidenta, señora ministra, comisario Hahn, presidente Lehne, el año 2020 fue un año complicado para todos, con un fuerte impacto en el funcionamiento de todas las instituciones europeas. Fue un año en el que la Unión tuvo que demostrar su capacidad de reacción y de adaptación, además de poner sobre la mesa una respuesta política histórica, el paquete de estímulo Next Generation EU. Las instituciones tuvieron que encontrar fórmulas para seguir cumpliendo con su mandato, adaptarse a un entorno de trabajo cambiante y, al mismo tiempo, proteger a su personal. Me congratula poder decir, como ponente del descargo de 2020 para las otras instituciones, que las instituciones europeas superaron esta prueba con creces, además de tener un papel crucial durante la pandemia, como es el caso del SEAE con la repatriación de ciudadanos europeos o el Supervisor de Protección de Datos con la evaluación de las aplicaciones de rastreo, por poner dos simples ejemplos. Los informes que hoy votamos ponen en valor las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia y que han permitido continuar con la actividad de las instituciones, proponiendo soluciones innovadoras y sin sacrificar la buena gestión presupuestaria y administrativa y los controles internos. También identifican una serie de desafíos y oportunidades para el futuro de la Unión, como la necesidad de garantizar la resiliencia de nuestras instituciones, revisando los planes de continuidad; continuar y mejorar el proceso de digitalización interno, imprescindible para una administración pública europea moderna, eficiente y capaz de funcionar en cualquier circunstancia; sin olvidarnos del deber de cuidado para con el personal, que incluye la seguridad y la salud tanto física como mental. Lamentamos, sin embargo, que diferentes razones hayan llevado a la Comisión de Control Presupuestario a votar que se posponga el descargo de tres instituciones: el Consejo, un año más —y ya van doce años consecutivos—, por la falta de cooperación y la falta de consideración hacia este Parlamento; el Comité Económico y Social, porque aún quedan pendientes algunas recomendaciones del Parlamento solicitadas en años anteriores —aunque me consta que se está haciendo un avance importante, necesitamos comprobar que son una realidad, sobre todo los acuerdos con las víctimas del grave caso de acoso del anterior presidente del Grupo 1 y la revisión del marco ético que está en marcha— y, por último, el Tribunal de Cuentas Europeo, la institución encargada de fiscalizar y controlar las cuentas de la Unión Europea, el encargado de velar por los intereses financieros de los ciudadanos europeos que, sin embargo, hemos podido comprobar que ha permitido ciertos comportamientos de algunos de sus miembros, pero sobre todo del presidente, que no corresponden con los más altos estándares éticos y de buena gestión financiera que se le exige. ¿Quién vigila, en este caso, al vigilante? La confianza, la credibilidad y la transparencia son fundamentales en la relación interinstitucional que existe entre el Parlamento y el Tribunal de Cuentas. No se pone en duda la labor que realiza la institución como auditora del presupuesto europeo. Eso quiero que quede muy claro. Pero como embajadores de la institución, el comportamiento de sus miembros y la gestión que hagan de su propio presupuesto debe ser ejemplar e intachable. ¿Es un ejemplo ético que el presidente del Tribunal de Cuentas Europeo reciba una dieta para instalarse en Luxemburgo y dietas de residencia mensuales, mientras comparte y subalquila una casa a los miembros de su propio gabinete? ¿Es un ejemplo ético que los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo utilicen los coches oficiales para usos personales a cambio de 100 € mensuales o que se usen las misiones para asistir a eventos del partido, cuando se presupone imparcialidad e independencia? ¿Es un ejemplo de transparencia que no se mantengan publicadas en la web las misiones oficiales de los miembros del Tribunal ni se tenga un registro de asistencia que permita saber en qué medida cumplen su mandato? Quizá para algunos puedan parecer comportamientos adecuados, pero de lo que estoy segura es que no lo son para los ciudadanos europeos. Estos comportamientos han dañado enormemente la imagen del guardián de los intereses financieros de la Unión Europea y debemos, entre todos, ayudar a restaurarla. Pero no podemos mirar hacia otro lado como si nada hubiera pasado. No podemos permitir que exista el mínimo cuestionamiento del Tribunal. Por eso hemos pedido normas claras que aúnen la buena gestión financiera y el comportamiento ético ejemplar de sus miembros. Algo que va más allá de la regularidad o la legalidad. Por cierto, quiero agradecer sinceramente todo el trabajo y el apoyo de los ponentes alternativos y de sus equipos, también del Secretariado, para llegar a unos compromisos que refuerzan nuestra defensa del control presupuestario riguroso e imparcial. Me alegra que, a raíz del primer borrador de informe, se iniciara un proceso diligente y exprés de modificación de las normas internas del Tribunal, que ha durado hasta ayer mismo, cuando teníamos conocimiento de la última reforma. Doy la bienvenida a estas nuevas normas, que resolverán muchos de los problemas encontrados en 2020 y contribuirán a mejorar la reputación de la institución. Pero esto demuestra que esos patrones de conductas permitidos en 2020 no eran los adecuados y debían ser modificados. Por eso recomendé posponer el descargo en la Comisión de Control Presupuestario y por eso vuelvo a recomendar posponerlo ahora al Pleno. Les recuerdo que evaluamos la gestión de 2020 y, si somos coherentes y justos, el Tribunal de Cuentas no pasa la evaluación. Sé que ha habido una intensa labor de presión para que aprobemos el descargo, tanto a Grupos como a diputados. Pero llegados a este punto, cada cual que vote en conciencia. Pero tengan presente que la imagen del Parlamento va a verse marcada por el resultado de esta votación.

Señor presidente, quiero felicitar al ponente y poner en valor el trabajo que se ha hecho durante todos estos años y, sobre todo, durante las complicadas negociaciones, que ha hecho posible conseguir un compromiso equilibrado que permite responder a los principales intereses nacionales. La modificación de la Directiva establece un marco normativo europeo que refuerza el principio de «quien contamina paga», en línea con el Pacto Verde, y que es un pasito más del sector del transporte en la lucha contra el cambio climático. Este marco europeo garantizará la uniformidad de directrices en la Unión, dando seguridad jurídica y asegurando una competencia leal entre las empresas europeas de transporte. El acuerdo no impone obligaciones en la tarificación vial a los Estados miembros; estos siguen manteniendo su competencia. Y, además, proporciona la flexibilidad de instrumentos necesaria para que los Estados puedan adaptarse y responder a sus particularidades territoriales, socioeconómicas y de distribución de población, así como a las necesidades de su sistema de transporte por carretera. En definitiva, el acuerdo final combina el compromiso climático con el compromiso socioeconómico y territorial para seguir avanzando hacia una transición verde y justa para todos los territorios de la Unión.

Señor presidente, señor comisario, hace dos años, los Estados miembros de la Unión Europea empezaron a establecer las primeras medidas restrictivas y de contención del virus COVID-19. Entre ellas, las restricciones de viaje, con el propósito de proteger la salud y la seguridad de todos. Desde el primer momento, en el Grupo de Trabajo sobre Turismo del Parlamento hemos pedido medidas uniformes y vinculantes en toda la Unión para viajar de manera segura. Cada cierto tiempo, volvemos a traer al Pleno este tema y volvemos a pedir el apoyo y el impulso de la Comisión. El pasado otoño, cuando creíamos que la situación estaba más o menos controlada, aparece la nueva variante ómicron, creando de nuevo incertidumbre, cancelaciones de vuelos y en otros medios de transporte, de reservas de alojamiento, así como estrés en los pasajeros europeos, en las empresas y en los trabajadores del sector del turismo. No podemos adelantarnos a la aparición, y su efecto, de nuevas variantes, pero lo que sí podemos hacer es establecer desde las instituciones europeas un protocolo de actuación conjunto. La situación en cada momento es diferente, pero la capacidad de reacción debería ser inmediata y eficaz, siempre. La industria europea del turismo ha sido ejemplar todos estos meses: ha planteado soluciones en los momentos más difíciles, como el sello europeo de certificación higiénica y el mismo certificado COVID digital; se ha unido, ha creado, incluso, clusters de turismo sostenible, como ha hecho en mi región, Aragón, modelos de gobernanza compartida que demuestran que para avanzar en un modelo de turismo más resiliente, sostenible e innovador, es necesario el entendimiento transversal de todas las partes del sector. Sigamos su ejemplo, trabajemos al unísono y establezcamos medidas europeas que beneficien a todos.

Señor presidente, señora comisaria, la verdad es que coincido con gran parte de su intervención. Hace justo un año celebrábamos un debate sobre nuestras expectativas para el Año Europeo del Ferrocarril y hoy tenemos la oportunidad de hacer balance de esta iniciativa europea y podemos decir que ha servido para trasladar a la ciudadanía las ventajas del ferrocarril, pero también para poner en evidencia los retos que se han de superar para alcanzar ese ansiado espacio ferroviario europeo único. La iniciativa más tangible de este año europeo ha sido Connecting Europe Express, un tren que recorrió veintiséis países, cruzó treinta y tres fronteras y nos deja muchas lecciones aprendidas, pero también una lista de deberes por hacer para superar la actual falta de interoperabilidad de la red transeuropea de ferrocarril: en su recorrido, este tren tuvo que hacer frente a tres anchos de vía diferentes, usar cincuenta y cinco locomotoras por los distintos sistemas de señalización y tipos de tensión eléctrica e incluso cambiar varias veces de maquinista. Hacer patentes estos desafíos solo pretende servir para que renovemos nuestro compromiso con el ferrocarril europeo, un compromiso que llega en un momento oportuno para incluir muchas de estas enseñanzas en la revisión del Reglamento de la red transeuropea de transporte, cuya propuesta presentó ayer la Comisión. Pero necesitamos su ayuda, señora comisaria, y el compromiso de los Estados miembros: hace falta aumentar la colaboración público—privada para invertir en infraestructuras, avanzar en proyectos y cumplir con los plazos; hay que crear incentivos al ferrocarril para hacerlo más competitivo, más atractivo y más asequible; se debe hacer un eficaz uso de los fondos europeos, de Next Generation EU, de forma complementaria a otros Fondos europeos, como el FED o el FEDER, y se debe apostar por una visión europea. Hace falta voluntad política —y la cooperación transfronteriza en proyectos de alto valor añadido europeo— para impulsar y para continuar la implementación del Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo, del ancho de vía europeo y de la electrificación de la red. El Año Europeo del Ferrocarril se acaba, pero nuestro empeño ha de seguir intacto para que el próximo Connecting Europe Express sirva, como su nombre indica, para conectar a los europeos y europeas de una forma eficaz y rápida.

Señor presidente, señora comisaria, no hay duda de que una mayor ambición climática es necesaria para luchar contra el cambio climático y que la contribución del sector del transporte a la reducción de emisiones es ineludible. Pero no hay que olvidar que esa transición debe ser justa y, algo muy importante: debe ser percibida por la ciudadanía europea como una oportunidad. Y eso pasa porque la descarbonización del transporte vaya acompañada de un aumento de su competitividad y de la conectividad de todos los territorios. El transporte es un sector internacional y el compromiso climático debe ser global. Por eso, la Unión Europea debe de ser líder en de la OMI y la OACI. Hay que evitar que se creen paraísos fiscales de CO2 en terceros países donde seguir contaminando sin ninguna consecuencia y en detrimento de muchos puestos de trabajo y empresas europeas. Necesitamos acompañar esta transición con recursos económicos suficientes para mitigar los posibles impactos adversos, sobre todo entre los colectivos más vulnerables y las regiones más afectadas. Un fondo social para el clima sin condicionamientos va a ser indispensable para garantizar la asequibilidad y la accesibilidad del transporte, para impulsar el transporte público, también en el medio rural, y para incentivar la compra de vehículos de cero emisiones. Nuestra apuesta: un sector verde responsable social y territorialmente en línea con el Pacto Verde con corazón rojo que defendemos.

Señora presidenta, señora comisaria, presidente Lehne, el informe anual del Tribunal de Cuentas es la base para el procedimiento de aprobación de la gestión del presupuesto europeo. Para la Comisión de Control Presupuestario este informe es de máxima importancia, y así debería ser para todo el Parlamento. Así que solo espero que el próximo año podamos tener este debate en prime time. Pero bueno, el año 2020 fue un año complicado para todos, pero me gustaría destacar la resiliencia demostrada por las instituciones europeas durante la pandemia, que han sabido adaptarse rápidamente para seguir cumpliendo su mandato mientras protegían la salud de sus trabajadores e introducían nuevas e innovadoras formas de trabajar, algunas de las cuales han venido para quedarse. El Tribunal de Cuentas es un ejemplo. Ha podido continuar con su labor de auditoría, en la que ha estimado la misma tasa de error global que en 2019, lo que evidencia que las cosas se han hecho bien a pesar de las dificultades. Por eso no deberíamos valorar las políticas europeas únicamente con parámetros como la tasa de absorción, porque estas políticas tienen una proyección plurianual y lo verdaderamente importante es su resultado final y su impacto a largo plazo, no la foto fija al final del año y, mucho menos, la comparación con el marco financiero plurianual anterior. El año 2020 es un claro ejemplo. Simplificar la burocracia, dar reglas claras, digitalizar los sistemas: todo esto mejorará ese dato global de error.

Señora presidenta, señora comisaria, los partidos políticos europeos tienen un papel fundamental que desempeñar representando la voluntad y la diversidad de la ciudadanía europea y acercándola a las instituciones europeas. Por eso es importante que tengan una adecuada financiación pública. Esta financiación debe ser transparente y cumplir con el principio de buena gestión financiera, puesto que forma parte del Presupuesto General de la Unión Europea. Para esto se necesitan normas claras, simples pero estrictas, que contribuyan a evitar errores y siempre bajo controles eficaces que permitan detectar cualquier abuso. Nos satisface que la Autoridad para los partidos políticos haya desarrollado un conjunto de principios para hacer operativo el derecho a hacer campaña en las elecciones europeas, como solicitábamos en la Resolución de 6 de abril de 2011, por la importancia que tienen en el futuro de la Unión. Por otro lado, debemos garantizar que los criterios de registro y afiliación permitan una representación democrática, genuina e inclusiva. Y, lo más importante, los partidos políticos europeos deben respetar los principios fundacionales de la Unión recogidos en el Tratado de la Unión Europea y toda infracción debe ser sancionada de forma efectiva para evitar que actitudes antidemocráticas entren en las instituciones. Como ponente de opinión de la Comisión de Control Presupuestario me complace ver que se ha recogido ampliamente nuestra opinión.

Señora presidenta, comisario Hahn, todos sabemos el gran impacto que ha tenido la COVID—19 en el transporte y el turismo europeos, sectores importantísimos para el buen funcionamiento de nuestro mercado interior. El transporte supone alrededor del 5 % del PIB europeo y el turismo cerca del 10 %, y ambos emplean a millones de europeos y europeas; por si fuera poco, se hace imperiosa la necesidad de avanzar hacia un modelo de economía más sostenible, y eso implica un gran esfuerzo de estos sectores en inversión y en planificación a nivel europeo y nacional, así que no queda otra: el presupuesto de 2022 debe ser el presupuesto de la recuperación socioeconómica europea. En transporte tenemos retos importantes: desarrollar los corredores europeos, desplegar infraestructuras de combustibles alternativos, mejorar el transporte de pasajeros y la distribución de mercancías a través de la multimodalidad, hacer las infraestructuras más resilientes al cambio climático y adaptarlas a los avances tecnológicos como los coches autónomos; por suerte, contamos con las agencias europeas de transporte —AFE, AESA y AESM—, cuyo papel es clave en este proceso transformador, y necesitamos que así lo refleje su presupuesto.

Señora presidenta, señor comisario, Next Generation, la campaña de vacunación o el certificado COVID son logros europeos de los que podemos estar muy orgullosos. Se trata de medidas conseguidas gracias a la colaboración, la coordinación y la buena gestión de las instituciones europeas y nacionales. El certificado COVID de la UE ha logrado su objetivo de facilitar e incentivar la movilidad transfronteriza y, sumado al sello de certificación sanitaria, ha permitido que este verano el turismo se empiece a recuperar en cierta medida, y, aunque lejos de los volúmenes anteriores a la pandemia, arroja algo de luz al terrible escenario que dejó la pandemia. Por ejemplo, España, donde casi el 80 % de la población adulta está vacunada, ya se percibe como un destino seguro y las cifras de turistas están aumentando. Además, ha supuesto un éxito de homologación tecnológica, ya que los controles del certificado han funcionado sin contratiempos. Y me gustaría poner en valor el trabajo que se está haciendo desde la Comisión en esa hoja de ruta para preparar el sector hacia la transición verde y digital. Pero necesitamos hacer más. Sabe, comisario Breton, que desde nuestra Comisión de Transportes y Turismo le venimos pidiendo acciones más ambiciosas y que la respuesta a esta crisis sea más Europa, al igual que lo ha sido en el terreno sanitario. A pesar de no tener competencias en materia sanitaria, hemos sido valientes y hemos apostado por una Unión Europea de la salud. Por eso, me pregunto por qué no se plantean establecer del mismo modo una Unión Europea del turismo que desarrolle una verdadera política europea que permita crear mecanismos de prevención y gestión anticipada ante posibles futuras crisis. Veintisiete millones de personas trabajan directa o indirectamente en la Unión Europea en el sector de turismo y se han visto gravemente perjudicadas. ¿A qué esperamos?

Señor presidente, señora comisaria Dalli, cada año mueren alrededor de 22 700 personas y 120 000 resultan heridas de gravedad en las carreteras europeas. El compromiso de mi Grupo S&D con el objetivo de «visión cero» es firme, y para conseguirlo se necesita una clara apuesta por la inversión en seguridad vial. Hay que proteger a los usuarios de las vías públicas, sobre todo a los más vulnerables, hay que promover una actitud responsable al volante y hay que reforzar la seguridad de los vehículos y, sobre todo, invertir en las infraestructuras. Es clave para reducir la mortalidad en las carreteras. Pero también necesitamos planes de movilidad que apuesten por modelos de transporte más sostenibles y seguros, como el transporte público, y que apoyen la movilidad activa. Es imprescindible abordar prácticas que se han intensificado con la pandemia, como el aumento de trabajadores de reparto, cuya seguridad y salud habría que garantizar desde un marco europeo, o el aumento de nuevos dispositivos de micromovilidad, como patinetes y bicicletas eléctricas, cuyo uso habría que regular también, así como habilitar zonas de aparcamiento que eviten que estos entorpezcan la vía pública. Como ven, este informe propone medidas ambiciosas y, por eso, espero que la Comisión lo estudie a conciencia.

Señor presidente, señora comisaria, la COVID-19 ha supuesto un golpe sin precedentes en el sector de la aviación. Todos somos conscientes de ello, y es urgente trabajar en su recuperación. Además, llevamos años pidiendo una agenda social para la aviación y la revisión del Reglamento (CE) n.º 1008/2008, que está abierta y en stand-by desde 2015, algo incomprensible. Si las condiciones de trabajo del sector ya eran precarias, con formas de empleo atípicas, dumping social y competencia desleal, tras la pandemia aún lo son más. Hay que actuar ya. La propia Comisión reconocía en 2019 la existencia de prácticas abusivas que burlan la legislación social nacional y europea. Y, como ha dicho, comisaria, en la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, prometió una propuesta de revisión para finales de este año. Necesitamos que la aviación se recupere para asegurar la conectividad y la cohesión de todos los territorios europeos, pero debe hacerse de una manera sostenible y socialmente responsable. Hay que asegurar unas condiciones de trabajo decentes para todo el personal. Y me gustaría pedirle a la Comisión que sea una verdadera aliada en este camino y que actúe en consecuencia. Responsabilidad y competitividad no tienen que estar reñidas.

Señor presidente, comisaria Vălean, me alegra que por fin podamos aprobar definitivamente el nuevo Mecanismo «Conectar Europa» 2021-2027. Han sido meses de mucho trabajo, duras negociaciones, y me gustaría felicitar a los ponentes por el buen resultado obtenido. El próximo MCE continuará impulsando la inversión en infraestructuras sostenibles y la descarbonización del transporte, creando valor añadido europeo y reforzando la cohesión socioeconómica y territorial de la Unión. El Pacto Verde Europeo exige una movilidad más sostenible, inteligente y resiliente, y hemos conseguido que este nuevo MCE responda a estas necesidades y sea marcadamente verde, al destinar el 60 % del presupuesto a proyectos que favorezcan los objetivos climáticos de la Unión y al priorizar modos de transporte más sostenibles, como el ferrocarril, las vías navegables y las autopistas del mar. La financiación del transporte en los próximos siete años ayudará a mejorar la movilidad de los europeos, haciéndola más segura, innovadora y accesible para todos, incluidos los pasajeros con movilidad reducida. También favorecerá la multimodalidad, reforzando la conexión con los puertos y aeropuertos. Al mismo tiempo, mejorará también la eficiencia del transporte de mercancías por ferrocarril, haciendo especial hincapié en los nodos urbanos, cuellos de botella, enlaces pendientes y proyectos transfronterizos. Como se pueden imaginar, este acuerdo supone una oportunidad para avanzar en el desarrollo de las redes y los corredores transeuropeos, como el atlántico y el mediterráneo, que recorren España, y un importante impulso socioeconómico para nuestras regiones, como la mía ⸺Aragón⸺, con el paso del corredor cantábrico-mediterráneo. Por otro lado, el acuerdo sobre las «RTE-T inteligentes», que también aprobamos en este Pleno, ayudará a acelerar la ejecución de la red, gracias a una mayor claridad y simplicidad en los procedimientos de autorización y contratación pública, de especial importancia para los proyectos transfronterizos. Esto proporcionará seguridad jurídica a los promotores y, por tanto, será también un mecanismo de atracción de inversión privada esencial. Por último, el nuevo MCE hará hincapié en las sinergias entre los sectores del transporte, de la energía y el digital, lo que promoverá un esfuerzo intersectorial más eficiente en ámbitos como la movilidad conectada y automatizada y los combustibles alternativos, y beneficiará a toda la ciudadanía europea.