Sobre qué Karen ha hablado.

Estimados colegas, desde el Tratado de Lisboa, hemos sido testigos de un número cada vez mayor de ciudadanos que interactúan directamente con la Unión. Lo cual es genial. Pero, ¿cómo los conocemos? Muchos de nuestros Estados miembros tienen normas para proporcionar seguridad jurídica y proteger a los ciudadanos que interactúan con las administraciones públicas nacionales. Sin embargo, a partir de ahora, no existen tales normas para la Unión Europea. Nuestra Cámara ya ha abordado estas cuestiones en: la Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una ley de procedimiento administrativo de la Unión Europea; y en la Resolución, de 9 de junio de 2016, sobre una administración de la Unión Europea abierta, eficiente e independiente y la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una administración de la Unión Europea abierta, eficiente e independiente. Solo debe ser desestimado por la Comisión Europea. Necesitamos desesperadamente regulaciones para una administración de la UE abierta, eficiente e independiente, que describa los principios para la digitalización de los procedimientos administrativos y el desarrollo e implementación de soluciones digitales. La petición de normas a nivel de los organismos de la UE se basa en el entendimiento de que dichas normas son necesarias para una buena administración. Se hace hincapié en que estas normas deben incluir disposiciones especiales relacionadas con la digitalización, garantizando que los ciudadanos europeos puedan disfrutar de un acceso fácil y eficiente a los servicios y soluciones digitales, en consonancia con los principios del Estado de Derecho y los derechos de los ciudadanos. La Comisión quiere, una vez más, afirmar que las normas existentes son suficientes y descartar la necesidad de reglamentos adicionales. Las administraciones públicas y la digitalización se destacaron en la reunión anual de defensores del pueblo europeos de este año. Debemos incluir aspectos de la digitalización en los derechos de los ciudadanos cuando se enfrentan a las administraciones. Por lo tanto, nuestro esfuerzo es también incorporar nuevas soluciones digitales para satisfacer las necesidades de las administraciones eficientes, garantizando al mismo tiempo los plenos derechos de los ciudadanos. Con esta votación que estamos a punto de emitir ahora, insto al Parlamento a que mantenga nuestra firme señal a la Comisión contra su incapacidad y renuencia para abordar estas cuestiones. La misma señal que se mostró cuando el expediente se aprobó por unanimidad en todo el espectro político de los grupos en la Comisión JURI el 24 de octubre de 2023. Ha llegado el momento de actuar, y la Comisión debería escuchar esta vez.