Sobre qué João ha hablado.

Señora Presidenta, después de un año, ¿dónde estamos? Ante la pandemia, una UE obstinada en defender los intereses de las multinacionales farmacéuticas, incluso oponiéndose al levantamiento de patentes. La movilización de los fondos comunitarios apenas ha comenzado, de manera condicionada y subordinada a las prioridades definidas por la UE y no partiendo de las realidades y problemas a los que se enfrenta cada país, ni con el objetivo de superar el déficit de países como Portugal. La restauración de las limitaciones draconianas del Pacto de Estabilidad, el retorno a la dictadura del déficit que ha promovido, la degradación de los servicios públicos, particularmente en salud. Lo que se requiere es la derogación definitiva de este pacto. Una cumbre social que confirmó la intención de continuar la convergencia en retrocesos en áreas importantes. El pretexto, bajo el pretexto de la transición verde, la desindustrialización de algunos, el consiguiente desempleo y el aumento de la dependencia. Una PAC que mantiene una distribución injusta y promueve la concentración de la producción. Estas, como otras, son políticas que no sirven al pueblo, es decir, al pueblo portugués.

Señor Presidente, estos informes ponen de relieve la falta de referencias a los servicios de salud pública. Servicios públicos que fueron fundamentales en la respuesta a la COVID-19, a pesar de las políticas sistémicas de desinversión pública impuestas por las políticas neoliberales y las limitaciones económicas y políticas de la Unión Europea a los Estados miembros. No es sorprendente que, dados los objetivos que rodean a la llamada Unión Europea de la Salud, el mercado europeo de la salud, que no tiene como objetivo empoderar y fortalecer los servicios de salud pública, sino que busca abrir el campo a proyectos de liberalización, privatización y concentración de este sector. Al mismo tiempo, insiste en un modelo de contratación pública que busca condicionar la capacidad de los estados para diversificar la compra de medicamentos, la opción que bloqueó el avance más rápido de la vacunación y que vinculó a los estados a los intereses de las multinacionales farmacéuticas, impidiendo la compra de vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Responder a situaciones sanitarias emergentes no puede ser un pretexto para transferir competencias de los Estados a la esfera supranacional. Lo que se necesita es el fortalecimiento de los servicios de salud pública y su carácter universal y gratuito, es el empoderamiento de los Estados en la investigación pública, en la producción de medicamentos y otros productos médicos, eliminando dependencias del exterior. El fortalecimiento de la cooperación en el ámbito de la salud debe promoverse sobre la base del respeto de la soberanía de los Estados y su autonomía, valorando sus autoridades nacionales y tomando como referencia los intereses públicos y públicos.

Señora Presidenta, el marco legislativo macroeconómico de la Unión Europea es una limitación casi absoluta para cualquier proyecto de desarrollo soberano. Un marco que cubre prácticamente todas las esferas de la vida estatal. A través del chantaje y la amenaza de sanciones, las instituciones europeas tratan de condicionar y evitar algo más que la política presupuestaria de los Estados miembros, tratan de vincular las opciones de desarrollo a los intereses del gran capital y las grandes potencias de la Unión Europea. En Portugal, son las políticas macroeconómicas en comparación con la Constitución las que impiden la inversión pública necesaria, la promoción de la capacidad productiva y el control de sectores estratégicos. En resumen, impiden el desarrollo económico y social del país, al tiempo que promueven el crecimiento de las desigualdades, las injusticias sociales y el aumento de la explotación. El camino a seguir exige la liberación de este corsé, en primer lugar derogando, y no reformando, todos los mecanismos que limitan y condicionan a los Estados en la definición y aplicación de sus estrategias de desarrollo soberano.

Señor Presidente, desde la década de 1970, la Unión Europea ha definido directrices de política medioambiental a través de programas de acción medioambiental. Estos programas han integrado consideraciones positivas en áreas clave de la política ambiental, como la biodiversidad, el clima o el suelo, pero también la política comercial o el acceso a la justicia, entre otras. También hay que considerar la cuestión social. Se necesita una acción concreta sobre todas estas cuestiones, y la posición del Parlamento, que estamos debatiendo hoy, contribuye a ello. Los elementos positivos que pueden resultar se enfrentan a las políticas de la Unión Europea de carácter neoliberal y mercantilista, que esta propuesta no rechaza. Ejemplos de ello son los enfoques de mercado perversos e ineficaces que consagran el derecho a contaminar, como el comercio de derechos de emisión. Podrían recordarse muchos otros ejemplos. Un enfoque serio de los problemas ambientales requiere una sociedad que esté orientada a satisfacer las necesidades humanas en lugar de las ganancias.