La resolución exige el cese inmediato de la violencia contra civiles en el noreste de Siria y condena las violaciones del derecho humanitario internacional, incluidos ataques a infraestructuras. Critica el desequilibrio de poder en los acuerdos de alto el fuego y advierte sobre la disolución de estructuras de autogobierno democrático sin garantías legales. Políticamente, busca proteger la 'experiencia de Rojava', multiétnica y feminista, y promover soluciones inclusivas con todas las comunidades. La UE es instada a garantizar corredores humanitarios y ejercer presión diplomática sobre las partes en conflicto. Además, solicita investigaciones independientes sobre crímenes de guerra y el reconocimiento de la autonomía kurda dentro de una Siria democrática.