La resolución condena las expulsiones selectivas de periodistas y cristianos extranjeros en Turquía bajo pretextos de seguridad nacional, vulnerando la libertad de prensa y los derechos religiosos. Estas medidas, basadas en códigos de seguridad como N-82 y G-87, se aplican sin pruebas ni proceso judicial transparente. Periodistas como Kaveh Taheri son detenidos y amenazados con deportación sin justificación clara. La UE insta a Turquía a detener estas prácticas, restaurar permisos y ajustar sus leyes a los estándares europeos de derechos humanos. La persistencia de estos abusos podría afectar el proceso de adhesión a la UE.
