La resolución critica la situación postelectoral en Uganda en 2026, centrada en la represión contra la oposición y las violaciones de derechos fundamentales. Exige el cese de la persecución a líderes como Bobi Wine, la liberación de presos políticos y investigaciones independientes sobre abusos. También condena el uso de tribunales militares para civiles y los cortes de internet. Se insta a Uganda a reformar su sistema electoral y judicial. La UE debe garantizar que su cooperación no avale violaciones de derechos humanos.