La resolución condena la condena del activista prodemocracia de Hong Kong Jimmy Lai por considerarla motivada políticamente y violar los estándares internacionales de derechos humanos. Exige su liberación inmediata junto con la de todos los detenidos por ejercer derechos fundamentales. Se muestra preocupación por su salud y condiciones de detención, pidiendo acceso médico independiente y respeto a sus derechos legales. Se insta a derogar la Ley de Seguridad Nacional y restaurar la libertad de expresión, prensa e independencia judicial en Hong Kong. Una posible cadena perpetua se considera inaceptable, con graves consecuencias para las relaciones UE-China y repercusiones internacionales.
