La resolución condena enérgicamente la represión violenta del régimen iraní contra las protestas nacionales, que ha dejado miles de muertos y heridos. Exige la liberación inmediata de los manifestantes detenidos y el restablecimiento del acceso a internet y las comunicaciones. La UE busca imponer nuevas sanciones a los responsables de violaciones de derechos humanos y designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Se pide aumentar el apoyo a la sociedad civil iraní y a los defensores de derechos humanos. El texto subraya el derecho del pueblo iraní a la autodeterminación y a cambios democráticos sin injerencia externa.