Se condena enérgicamente el secuestro masivo de escolares en Nigeria, incluido el de la escuela católica St Mary en Papiri. Bandas criminales y grupos armados aprovechan la inestabilidad de seguridad para exigir rescates y atacar instituciones educativas. La resolución exige la liberación inmediata de todos los rehenes y investigaciones exhaustivas sobre los delitos. Se insta a las autoridades nigerianas a implementar la Declaración de Escuelas Seguras y ampliar los sistemas de alerta temprana. La comunidad internacional debe aumentar la ayuda humanitaria para abordar la pobreza y los conflictos por recursos que alimentan la violencia.