La resolución condena la persecución sistemática de la comunidad bahá'í en Irán, que lleva décadas en curso. Se critica especialmente la confiscación arbitraria de propiedades y el uso discriminatorio de leyes como el artículo 49 de la Constitución iraní. Se exige la liberación de bahá'ís encarcelados, incluidas seis mujeres condenadas a largas penas, y la devolución de bienes incautados. La UE busca aumentar la presión diplomática sobre Irán para garantizar la libertad religiosa y los derechos humanos. Se promueve el apoyo a mecanismos de la ONU y a la sociedad civil para documentar y abordar estas violaciones.