La resolución critica la represión sistemática de la oposición, la sociedad civil y la libertad de expresión en Túnez, así como el deterioro de la independencia judicial. Se destaca el caso de Sonia Dahmani, condenada a prisión por ejercer su derecho a la libre expresión y sometida a condiciones inhumanas. La UE exige su liberación inmediata y el archivo de todos los cargos en su contra y contra su familia. Además, se cuestiona el acuerdo migratorio con Túnez debido a las graves violaciones de derechos humanos. Las futuras relaciones con Túnez deben vincularse a avances medibles en democracia y estado de derecho.