Esta regulación fortalece la cooperación entre autoridades nacionales para combatir prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agroalimentaria. Su objetivo es perseguir de manera más efectiva las infracciones transfronterizas, mejorando el intercambio de información y la asistencia mutua entre Estados miembros. Se centra en prácticas que perjudican a agricultores y proveedores pequeños, como las alianzas minoristas. Las normas incluyen plazos claros para solicitudes de información y mecanismos para ejecutar sanciones. Políticamente, busca garantizar una competencia justa en el mercado interior y reforzar la posición de los participantes más débiles.
