El informe analiza el deterioro global de los derechos humanos y la democracia, instando a la UE a priorizar su protección en la política exterior. Destaca el retroceso de los sistemas democráticos, la reducción de los espacios cívicos y el aumento de prácticas autoritarias como la vigilancia y la censura. La UE debe fortalecer la cooperación multilateral para apoyar instituciones como la Corte Penal Internacional y combatir la impunidad. Los fondos para la promoción de los derechos humanos y la democracia deben asegurarse y dirigirse a proteger a grupos vulnerables, incluidas mujeres, minorías y periodistas. También se subraya la necesidad de cláusulas vinculantes sobre derechos humanos en acuerdos comerciales y una mayor participación de la sociedad civil.