La resolución respalda la Iniciativa Ciudadana Europea «My Voice, My Choice», que aboga por el acceso a abortos seguros en la UE. Propone un mecanismo financiero voluntario para apoyar a los Estados miembros en la prestación de estos servicios sin interferir en sus legislaciones nacionales. El objetivo político es garantizar la salud reproductiva como derecho fundamental y eliminar barreras en algunos países. La UE debe fomentar la solidaridad y evitar la discriminación en el acceso a la atención sanitaria. Además, se exige la inclusión del derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.